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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 105, FRACCIÓN I, INCISO L) Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA CONSEJERÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER EN EL JUICIO (ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO FORMAL Y MATERIALMENTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESE ESTADO (OFICIO SH/620/2021, ATRIBUIDO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS). VII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO DEBE GARANTIZARSE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES AUTÓNOMOS FRENTE A OTROS PODERES PÚBLICOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN V, APARTADO C Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS A), B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. EL HECHO DE QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLAS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. AUTONOMÍA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. IMPLICA QUE SU RÉGIMEN INTERIOR Y EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS NO QUEDEN SUPEDITADOS A LA VALORACIÓN Y ACTUACIÓN DE OTRO PODER U ÓRGANO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN II, Y 14, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "AL COPLADEMOR Y", FRACCIÓN VIII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y EL COPLADEMOR", Y ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y EL COPLADEMOR", DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ESTADO DE MORELOS). XIII. AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. IMPIDE ACEPTAR LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MORELOS "COPLADEMOR" EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE DICHO INSTITUTO Y QUEDAR SUPEDITADO A LAS DECISIONES DE OTRO PODER U ÓRGANO DEL ESTADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN II, Y 14, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "AL COPLADEMOR Y", FRACCIÓN VIII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y EL COPLADEMOR", Y ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y EL COPLADEMOR", DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ESTADO DE MORELOS). XIV. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LA FACULTAD OTORGADA AL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MORELOS "COPLADEMOR" PARA ELABORAR Y APROBAR EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO ELECTORAL DEL E

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2021. · Registro digital (IUS): 31601
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-07-07
Promovente: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo I, Pág.691.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2021. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 7 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 84/2021, promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la Secretaría de Hacienda, todos del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El dos de julio de dos mil veintiuno, Mireya Gally Jordá, en su carácter de consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (de ahora en adelante, "IMPEPAC" o "Instituto Electoral") y en representación de dicho órgano, promovió una demanda de controversia constitucional en la que impugnó lo siguiente:

a) De los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, la aprobación, publicación y promulgación, respectivamente, de la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de febrero de dos mil veinte; en específico, los artículos 4, fracciones VII, IX y XI; 5, fracciones I, III, IV y V; 11; 13, y 14 (con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el oficio SH/620/2021 emitido por la Secretaría de Hacienda).

b) De la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, el oficio SH/620/2021.

2. Antecedentes del asunto. En la demanda se expusieron como antecedentes que, el veintisiete de enero de dos mil veinte, fue aprobada por la LIV Legislatura del Congreso Estatal la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos, la cual se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 5786, el veintiséis de febrero del mismo año. Siendo que con base en dicha legislación, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, fue recibido el oficio SH/620/2021, suscrito por la secretaria de Hacienda y dirigido a la consejera presidenta del Instituto Electoral Local, a través del cual se detalló que derivado de la emisión de la referida ley de presupuesto (en la que se enlistaba a las autoridades participantes y se señalaban las atribuciones que les corresponden), se adjuntaba la Ley de Presupuesto Participativo y el proyecto de programa de trabajo con las actividades por realizar en ese año por todas las autoridades involucradas.

3. Conceptos de invalidez. En desacuerdo con este oficio y la ley, el Instituto Electoral morelense planteó los siguientes razonamientos de invalidez:

a) Se vulneran los artículos 14, 16, 17, 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, así como el artículo 23, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Morelos; esto, con motivo de los artículos de los cuales se solicita su invalidez: numerales 4, fracciones VII, IX y XI; 5, fracciones I, III, IV y V; 11; 13 y 14 de la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos.

b) En principio, el Congreso Local transgrede la autonomía e independencia del instituto actor, toda vez que se otorga la facultad al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos de ordenar y someter a las decisiones de dicho Poder, las atribuciones y fines del instituto.

c) Para el instituto actor, el hecho de que la ley lo faculte a actuar de manera conjunta con los Poderes Ejecutivo y Legislativo Locales, los Ayuntamientos del Estado, entre otros, y que ellos a su vez formen parte del Comité de Planeación del Estado de Morelos (de ahora en adelante "COPLADEMOR"), constituye una subordinación a los entes señalados a través de la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos.

d) Los organismos autónomos cuentan con garantías constitucionales; de forma que no podría llegarse al extremo que un poder público interfiera de manera preponderante en sus atribuciones, pues de lo contrario se violentaría el principio de división de poderes.

e) Además, en torno a esto se precisa que dentro del ámbito de autonomía es relevante la relativa a la materia presupuestaria y, dentro de ésta, la facultad que tienen para fijar los tabuladores de sus funcionarios públicos. De esta manera, si su autonomía está protegida constitucionalmente por desempeñar una función estatal específica para atender eficazmente las demandas sociales, entonces, el acto cuya invalidez se demanda resulta violatorio de la autonomía, ya que transgrede su ejercicio.

f) Así, con la expedición de Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos, se invade su esfera competencial por cuanto hace a la autonomía e independencia; así debe declararse la invalidez de los artículos 4, fracciones VII, IX y XI; 5, fracciones I, III, IV y V; 11; 13 y 14 de la ley impugnada, toda vez que en los artículos 41, base III, apartado C, de la Constitución Federal, 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 23, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como el 63, 65 y 66 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se encuentran delimitadas sus funciones y atribuciones; sin embargo, no se encuentra lo previsto que su actuar pueda estar supeditado a las decisiones de otros Poderes del Estado.

g) En todo caso, el Poder Legislativo debió reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de que pudiese regular las competencias del instituto; ello, sin supeditar las mismas al actuar del gobernador, de la Secretaría de Hacienda, del Congreso y de los Ayuntamientos, todos del Estado de Morelos.

h) Derivado de lo anterior, la forma en que se obliga al instituto a actuar conforme a la multicitada Ley de Presupuesto, no se sujeta a las disposiciones determinadas por la normativa aplicable a la materia electoral. Por otra parte, el Congreso Local no puede determinar que las atribuciones de un organismo autónomo deben quedar al arbitrio del Poder Ejecutivo Local, lo que se traduce en una subordinación al Gobierno del Estado.

i) Consecuentemente, se solicita la suspensión del acto de aplicación que motiva la controversia.

4. Trámite y admisión de la demanda. El siete de julio de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 84/2021 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

5. Prevención. El ocho de julio de dos mil veintiuno, el Ministro instructor emitió el primer acuerdo de instrucción. En principio, consideró que se actualizaba el supuesto de irregularidad establecido en el artículo 28 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que no existía claridad sobre la materia y supuestos de impugnación planteados en la demanda; por tanto, previno al actor para que: i) indicara si impugnaba los artículos señalados en su demanda de la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos por virtud de su aplicación o con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el oficio SH/620/2021, así como que ii) manifestara si dicho oficio lo cuestionaba a su vez por vicios propios, señalando la fecha en que se le notificó y la autoridad a la que se le atribuía dicho acto. Asimismo, solicitó que se remitiera copia certificada del "proyecto de cronograma de trabajo con las actividades por realizar este año" que refiere el oficio SH/620/2021, suscrito por la secretaria de Hacienda de Morelos.

6. Cumplimiento de la prevención. El veintiuno de julio de dos mil veintiuno, el instituto actor cumplió con el requerimiento manifestando lo siguiente:

a) Con relación a que si se impugnaban los artículos señalados en la demanda de la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos por virtud de su publicación o con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el oficio SH/620/2021, se señaló que se reclamaban los artículos 4, fracciones VII, IX y XI; 5, fracciones I, III, IV y V; 11; 13 y 14 de la Ley de Presupuesto Participativo con motivo de su primer acto de aplicación.

b) Adicionalmente, se precisó que se interponía la controversia constitucional con motivo de la emisión de ese acto, ya que se invade la autonomía e independencia, así como la esfera de atribuciones y funciones del instituto, al pretender subordinar su esfera de funciones a las determinaciones del Poder Ejecutivo Estatal; por lo que se considera como autoridades demandadas al Congreso, a la Secretaría de Hacienda y al Poder Ejecutivo, todos del Estado de Morelos.

c) Por otro lado, en torno a la petición de que manifestara si dicho oficio lo cuestionaba a su vez por vicios propios, así como que se debía señalar la fecha en que se le notificó y la autoridad a la que se le atribuía dicho acto, el órgano actor manifestó que sí impugnaba el citado oficio por vicios propios y que le atribuía el acto a las autoridades señaladas en el inciso anterior. Además, señaló que el oficio impugnado fue hecho de su conocimiento el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.

d) Resaltándose a su vez que con posterioridad a la emisión del acto reclamado, a través del diverso oficio SH/938/2021, le enviaron para su visto bueno el Proyecto de Reglamento para la Organización de las Asambleas, Elaboración de Proyectos y Ejecución de los mismos en Materia de Presupuesto Participativo; lo cual demuestra la inconstitucionalidad apuntada en la demanda.

e) Finalmente, acompañó a su escrito copia certificada del "proyecto de cronograma de trabajo con las actividades por realizar este año".

7. Admisión. El veintidós de julio de dos mil veintiuno, tras el referido desahogo de la prevención, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil veintiuno, admitieron a trámite la demanda de controversia constitucional, considerando como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como a la Secretaría de Hacienda,(1) todos del Estado de Morelos. Consecuentemente, se ordenó dar vista del asunto a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación correspondiera. Finalmente, respecto a la suspensión solicitada, se mandó integrar el cuaderno incidental respectivo con copia certificada de las constancias que integran el expediente.

8. Incidente de suspensión. El mismo veintidós de julio de dos mil veintiuno, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil veintiuno, dictaron un diverso acuerdo en el que concedieron la medida cautelar solicitada para suspender todos los efectos y las consecuencias del oficio SH/620/2021 impugnado; ello, a fin de que la Secretaría de Hacienda de Morelos se abstuviera de materializar en la esfera jurídica del instituto actor el proyecto de cronograma de trabajo para el presupuesto participativo de dos mil veintiuno, hasta tanto se resolviera el fondo del asunto.

9. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. Seguido el trámite de instrucción de la controversia constitucional, el Poder Ejecutivo Local dio contestación a la demanda por medio de su consejero jurídico, exponiendo en síntesis lo siguiente:

a) Aclaración previa. Es cierto que el veintiséis de febrero del dos mil veinte fue publicada la Ley de Presupuesto Participativo de Morelos y que tiene conocimiento del oficio SH/620/2021, signado por la secretaria de Hacienda de la entidad, mediante el cual se adjuntó la referida ley, así como el proyecto de reglamento de dicha ley y el proyecto de cronograma de trabajo con las actividades para realizar este año. Ello, con la finalidad de iniciar trabajo de manera conjunta.

b) Causas de improcedencia. En primer lugar, se actualiza la prevista en la fracción VII del artículo 19, concatenado con el diverso 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, debido a que el IMPEPAC no impugnó la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos a partir de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el 26 de febrero de 2020; por lo que el plazo de treinta días previsto en la ley reglamentaria de la materia para su reclamó transcurrió del 27 de febrero al 17 de marzo de 2020. En consecuencia, si la demanda de controversia constitucional fue presentada el dos de julio de dos mil veintiuno, resulta notoriamente improcedente por ser extemporánea.

c) Asimismo, señala que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción VIII del artículo 19, relacionada con la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, debido a que el IMPEPAC impugna una norma que es autoaplicativa y no heteroaplicativa como lo estima el instituto actor.

d) A su parecer, el IMPEPAC esgrime en su demanda inicial y en su escrito de aclaración que el primer acto de aplicación de la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos se materializa con la notificación del oficio SH/620/2021; sin embargo, dicha ley es una norma general, de orden público e interés social y de observancia general en materia de presupuesto participativo en el Estado de Morelos y no requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.

e) En ese sentido, si el IMPEPAC estuvo inconforme con la asignación de facultades por parte del Congreso Local en la ley de referencia, tuvo la posibilidad de inconformarse a partir de la emisión de dicha norma así como de su publicación en el periódico oficial; por lo que la hipótesis en la que se encuadra la norma general impugnada recibe el nombre de autoaplicativa.

f) La naturaleza de una norma jurídica deriva de su contenido y no de la forma, momento o modo en que se impugna. Cita en apoyo las tesis, de rubros: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." y "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA."

g) Por otro lado, advierte que del examen realizado a la demanda de la controversia y su escrito aclaratorio, se colige que el instituto actor reclama la invalidez de diversas porciones normativas de la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos, al considerar que son inconstitucionales y que vulneran su autonomía; en específico, los artículos 4, fracciones VII, IX y XI, 5, fracciones I, III, IV y V, 11, 13 y 14 de la citada ley.

h) A su juicio, se insiste, dichos artículos pertenecen a normas de carácter autoaplicativo, porque su sola entrada en vigor no requieren de un acto de autoridad; esto, en razón de que el Congreso Local otorgó el carácter de autoridades en materia de presupuesto participativo, entre otras, al IMPEPAC como al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, para que dentro de su ámbito competencial y en las atribuciones que tiene conferidas cada una de ellas, lleven a cabo acciones coordinadas y conjunta relativas a la difusión, capacitación, realicen sesiones de información a la comunidad, la organización de las asambleas, para que intervengan en la organización de la elección del consejo comunitario, así como para coadyuvar en las asambleas subsecuentes; asignando al IMPEPAC la facultad de ser el encargado de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las elecciones de los representantes del Consejo Comunitario.

i) Bajo ese contexto, señala que las obligaciones conferidas al instituto actor en la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos surten efectos a partir de la publicación y vigencia de la norma normativa, sin que exista la necesidad de un acto de aplicación posterior a la misma, como lo fue la emisión y notificación de diversos oficios suscritos por la secretaria de Hacienda del Estado; por lo que en caso de estimar lo contrario, se considera que existe una aceptación por parte del instituto a estar subordinado al Poder Ejecutivo Local.

j) Así, debe sobreseerse la controversia, pues los oficios no deben ser considerados como primer acto de aplicación: únicamente constituyen una comunicación entre autoridades derivado de los principios de coordinación y colaboración institucional entre el Poder Ejecutivo Estatal y el IMPEPAC; sin que del contenido de los mismos se desprenda que exista una presunta subordinación del instituto ante el Ejecutivo Local. Cita en apoyo la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO."

k) Participación en la promulgación y publicación. En cuanto a los actos de promulgación y publicación atribuidos al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a pesar de que el instituto actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combata dicha disposición por vicios respecto de dichos actos, es evidente que el Poder Ejecutivo Estatal se encuentra llamado a la presente controversia constitucional para cumplir con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido, promulgado o publicado el decreto impugnado. Cita en apoyo la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."

l) En ese sentido, se informa que el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad de promulgar y publicar las leyes y decretos a través del Periódico Oficial de Morelos, por lo que no incurrió en ninguna violación de las disposiciones constitucionales invocadas por el actor.

m) Respuesta a conceptos de violación. Sobre los artículos impugnados, contrario a la postura del instituto actor, se afirma que no existe la vulneración competencial apuntada por parte del Ejecutivo Estatal o de la Secretaría de Hacienda, en razón que los oficios impugnados, así como los proyectos que fueron anexados a los mismos, se dictaron con la finalidad de que se emitiera un pronunciamiento acorde a sus atribuciones en materia electoral, sin que por ello se trastocara el principio de división de poderes. Citando por aplicación la jurisprudencia de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."

n) Del anterior criterio señala que se desprenden tres mandatos prohibitivos del artículo 116 constitucional y que, a su vez, no se actualiza ninguno de ellos; es decir, no se actualiza la intromisión en tanto que el legislador no estableció ni en los preceptos reclamados, ni en ningún otro de la ley impugnada, que el Poder Ejecutivo Local o la Secretaría de Hacienda, a través de COPLADEMOR, realizara funciones que correspondan al IMPEPAC. Más bien, cada uno actuará en atención a su ámbito de competencia, y aun y cuando se prevé que las actividades las realizarán en coordinación, ello no significa intromisión en las atribuciones del instituto.

o) No existe pues intromisión con la emisión de los oficios impugnados, toda vez que fueron elaborados para obtener el visto bueno del IMPEPAC para coordinarse con éste en cumplimiento de las tareas encomendadas y tampoco hay dependencia de dicho Poder a través de la Secretaría de Hacienda; en virtud de que no ha impedido que tome decisiones o actúe de manera autónomo en el ejercicio de sus funciones, toda vez que las obligaciones establecidas al instituto en la ley impugnada son inherentes a su naturaleza jurídica, sin que implique la imposición de nuevas atribuciones. p) Con la emisión de los oficios impugnados se advierte que el objetivo de la Secretaría de Hacienda era iniciar los trabajos en coordinación y de manera conjunta con el instituto actor, en cumplimiento a lo mandatado por el artículo 14 de la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos; y en ningún momento fue con el ánimo de subordinar o interferir en su autonomía.

q) Finalmente, señala que el argumento del instituto actor en el sentido de que no se determina con claridad las atribuciones de los órganos del gobierno del Estado, con las propias del instituto, mezclando sus facultades, es inoperante. Ello, porque el artículo 14, fracciones I y II, de la ley impugnada, establece al COPLADEMOR y al IMPEPAC la atribución de coadyuvar en el ámbito de sus facultades, con dichas autoridades y con los órganos de representación ciudadana, según lo dispuesto en la presente ley, así como elaborar el reglamento correspondiente para la organización de las asambleas, elaboración de proyectos y ejecución de los mismos; disposiciones legales que señalan que actuarán en el ámbito de sus facultades y de acuerdo con sus atribuciones en términos de la normatividad que las rige y conforme a la Ley de Presupuesto Participativo y con base en el reglamento que ambos organismos emitan.

r) Por último, en cuanto a las constancias que guardan relación con los conceptos de invalidez como lo son los oficios SH/620/2021 y SH/938/2021, éstas cuentan con valor probatorio pleno; sin embargo, las constancias relativas a los proyectos de Reglamento de la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos, de cronograma de trabajo con las actividades por realizar en este año y de Reglamento para la Organización de las Asambleas, Elaboración de Proyectos y Ejecución de los mismos, en materia de Presupuesto Participativo, carecen del alcance probatorio que se pretende atribuirle a cada una de ellas, ya que no se demuestra la violación a la autonomía e independencia al instituto actor; por el contrario, sólo se acredita que la Secretaría de Hacienda buscó un acercamiento para trabajar en conjunto y realizar las acciones y obligaciones que impuso la ley a ambas instituciones en materia de presupuesto participativo desde su publicación y entrada en vigor.

s) Cita en apoyo la tesis de rubro: "VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCIÓN CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCIÓN TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRÁ EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVÉS SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO."

10. Contestación de la demanda de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Local dio contestación, a su vez, a la demanda por medio de su titular, exponiendo en síntesis lo siguiente:

a) En principio, señala que carece de legitimación pasiva, toda vez que la Secretaría de Hacienda forma parte integral de la estructura del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que mantiene una relación de subordinación con el titular de dicho Poder, pues forma parte de éste y, por ende, no debió ser llamada a la presente controversia y se encuentra impedida para confrontar los actos que demanda el instituto actor. Cita en apoyo la tesis de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."

b) No obstante, ad cautelam, da contestación a la demanda en el sentido de que es cierto que, el 26 de febrero de 2020, fue publicada la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos. Además, es cierto la emisión del oficio SH/620/2021 y que el mismo, le fue notificado a la consejera presidenta del IMPEPAC el 21 de mayo de 2021.

c) En relación con las causales de improcedencia, conceptos de invalidez, así como de las constancias que guardan relación con los conceptos de invalidez, formuló los mismos planteamientos que el Poder Ejecutivo Local.

11. Contestación de la demanda del Poder Legislativo. El Poder Legislativo demandado contestó la demanda por medio del presidente de su mesa directiva en los siguientes términos:

a) En cuanto a los hechos, aduce que es cierto que el 27 de enero de 2020, el Congreso Local aprobó la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos. Por otro lado, no afirma ni niega el hecho de la emisión y notificación del oficio SH/620/2021 al no ser propio del Poder Legislativo Local.

b) En torno a la causal de improcedencia de la extemporaneidad de la demanda y de los conceptos de invalidez, el Congreso Local formuló similares planteamientos que el Poder Ejecutivo Estatal.

12. Referencia a la opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal se abstuvieron de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

13. Cierre de instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante, la "ley reglamentaria de la materia") y se puso el expediente en estado de resolución.

I. COMPETENCIA

14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, la "Constitución Federal") y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Instituto Electoral morelense y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

15. En términos del artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(2) esta Suprema Corte debe fijar los actos y normas efectivamente cuestionadas; obligación que, entre otros aspectos, debe cumplirse a través de una valoración integral del escrito inicial de demanda.

16. En ese sentido, de una apreciación holística de la demanda y del escrito de desahogo de la prevención, se estiman como normas y acto impugnados:

a) Los artículos 4, fracciones VII, IX y XI; 5, fracciones I, III, IV y V; 11; 13, y 14 de la Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos, publicada el veintiséis de febrero de dos mil veinte (con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el oficio SH/620/2021 emitido por la Secretaría de Hacienda).

b) El oficio SH/620/2021, signado por la secretaria de Hacienda de Morelos y entregado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.

III. EXISTENCIA DEL ACTO Y NORMAS RECLAMADAS

17. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria, se advierte la existencia tanto de las disposiciones normativas cuestionadas como del diverso oficio de la Secretaría de Hacienda Estatal.

18. La Ley de Presupuesto Participativo del Estado de Morelos es una norma vigente y su existencia se acredita con su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el veintiséis de febrero de dos mil veinte. Por su parte, el acto reclamado también existe y consta en el expediente en copia certificada.

IV. OPORTUNIDAD

19. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, en sus fracciones I y II, establece el plazo para promover, respectivamente, una controversia constitucional en contra de actos y/o normas generales;(3) aclarándose en el propio artículo 3 de la ley que en dichos plazos sólo se contarán los días hábiles.(4)

20. En ese tenor, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, dividiendo este apartado según el tipo de materia cuestionada.

Impugnación del oficio SH/620/2021 por vicios propios

21. Tal como se deriva de la citada fracción I del artículo 21, cuando se trata de actos, el plazo de treinta días para presentar la controversia transcurrirá del día siguiente al que: (a) surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo impugnado; (b) se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, (c) el actor se ostente sabedor.

22. En el caso, el instituto sostiene que se hizo sabedor del oficio SH/620/2021 el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (lo cual no fue debatido por la autoridad demandada). El plazo impugnativo corrió entonces del veinticuatro de mayo al dos de julio siguiente.(5) Por ende, si la demanda de controversia se presentó el dos de julio de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que se interpuso dentro del tiempo previsto constitucional y legalmente.

Impugnación de la ley local

23. Por su parte, conforme a la ley reglamentaria de la materia, cuando se reclama la regularidad constitucional de normas generales, el plazo para cuestionarlas comenzará a correr a partir del día siguiente: (a) a la fecha de su publicación o (b) al que se produzca su primer acto de aplicación.

24. Respecto al segundo supuesto, la condición que se ha exigido por esta Suprema Corte es que el respectivo acto actualice las hipótesis normativas correspondientes. Sin que este análisis sea meramente formal. No es necesario, por ejemplo, que el acto cite expresamente las normas; lo que en realidad importa es que se pueda apreciar la materialización por parte de la autoridad de los supuestos normativos impugnados.

25. En este caso, este Tribunal Pleno llega a la conclusión que la demanda fue presen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31601-4e231267/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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