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Modo: Corpus Pro

POSESION DE VEHICULOS. VALOR PROBATORIO DE DOCUMENTOS, PARA ACREDITAR LA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 8/95. · Registro digital (IUS): 3165
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HECTOR LUIS REYNA RUIZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, , Pág. 368.

AMPARO EN REVISION 8/95. HECTOR LUIS REYNA RUIZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son infundados los agravios.

El recurrente, esencialmente señala que la resolución combatida es violatoria de la garantía de legalidad tutelada por el artículo 16 constitucional, porque concedió el amparo al quejoso sin advertir que no existía identificación entre el bien mueble que dice el quejoso de garantías Javier Morales Valdez, es propietario, y aquél que legalmente fue embargado al padre de éste José Blas Morales en el juicio de donde emana el acto reclamado, que con la documentación que adjunta el quejoso de garantías antes citado (sin precisar qué documentación) no acredita idónea ni jurídicamente que el citado Javier Morales Valdez sea titular del derecho de propiedad y posesión del vehículo antes señalado; además de que, agrega el recurrente, al momento de practicarse la diligencia de requerimiento y embargo fue legal y materialmente entregado dicho vehículo por José Blas Morales Muñoz, padre del quejoso, sin que éste mencionara que el mismo pertenecía a su hijo Javier Morales Valdez, presumiéndose que José Blas tenía el carácter de dueño y legítimo propietario, del bien mueble mencionado.

Como se dijo, son infundados los anteriores argumentos por lo siguiente.

En principio de cuentas debe destacarse que los jueces de Distrito cuando obran como órganos de control constitucional, sus actos no pueden estimarse que violan garantías individuales, ya que precisamente éstos tienen a su cargo el deber de preservar esos derechos subjetivos públicos.

Por otro lado, y respecto a la falta de identidad que alega el recurrente sobre el vehículo citado, debe decirse que el juez de Distrito estuvo en lo correcto al conceder el amparo al quejoso, ya que al analizar la documentación que fue aportada por el impetrante de garantías arrojan que se trata del mismo vehículo objeto de esta controversia, por ello, llegó a la conclusión de que estos elementos de prueba demuestran para los efectos del amparo que el quejoso Javier Morales Valdez, es tercero extraño al juicio mercantil, de donde se deriva el acto reclamado y que además es el legítimo propietario del vehículo, por lo que se deduce que el embargo fue practicado sobre un bien que no es propiedad del deudor, violentándose las garantías al referido Javier Morales Valdez.

Efectivamente, el quejoso de garantías probó debidamente ser el legítimo propietario de la camioneta pick-up, modelo 1970 número de motor V0221TMT, con placas de circulación VV29624, del Estado de Tamaulipas, con las documentales que allegó al juicio constitucional consistentes en la declaración del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos expedida el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres a nombre del quejoso por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, tarjetas de circulación expedidas por el gobierno de la citada entidad federativa, la primera el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres con vigencia hasta el día último de ese año, y la segunda expedida el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro con vigencia también hasta el día último de ese año y a nombre también del peticionante de amparo, solicitud de registro dirigida al Director del Registro Federal de Automóviles del once de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, en la que se solicita la legalización del referido bien mueble, así como dos recibos oficiales números 0537954 y 0537955 expedidos por la Oficina Federal de Hacienda de General Bravo, Nuevo León, el quince de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, que amparan el pago por concepto de legalización de ese bien, en los que se aprecia al reverso de los mismos que están cedidos los derechos, que amparan esa legalización a favor del quejoso.

Ahora bien, esas documentales como bien lo decretó el juez a quo, son idóneas para acreditar que el quejoso tiene la posesión y como consecuencia la propiedad del vehículo embargado en el juicio ejecutivo mercantil de donde emanan los actos reclamados, procedimiento en el cual ciertamente acreditó ser tercero extraño al mismo, al advertirse que ese juicio se intentó contra persona diversa del quejoso, de ahí que la resolución por esta vía recurrida está ajustada a derecho.

Finalmente, en cuanto a lo que alega el recurrente que al hacer la entrega material del vehículo del señor José Blas Morales Muñoz a la autoridad judicial, al momento de practicarse la diligencia, se presume que éste lo hacía en carácter de dueño y legítimo propietario, no es determinante ya que esto no es motivo de litis en el presente juicio de amparo, porque en este procedimiento se discutió exclusivamente sobre el derecho de posesión que alegó el quejoso respecto del vehículo que fuera embargado en el juicio ejecutivo mercantil de donde se hacen derivar los actos reclamados.

En las condiciones apuntadas, siendo infundados los agravios examinados, los cuales no demostraron la ilegalidad de la sentencia recurrida, lo que procede es confirmarla en sus términos.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 91, de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier Morales Valdez, contra los actos que reclama de las autoridades que menciona en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, licenciados: Juan Miguel García Salazar, Ramiro Barajas Plasencia y Enrique Cerdán Lira, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3165-a672af64/posesion-de-vehiculos-valor-probatorio-de-documentos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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