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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LOS PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES O RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 51, FRACCIÓN I BIS, 60, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN III, Y 65 BIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 122/2023. · Registro digital (IUS): 31696
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-08-25
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.3659.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 122/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS (PRESIDENTA) Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIOS: CLAUDIA PATRICIA PERAZA ESPINOZA E IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados en el territorio en el que este Pleno Regional ejerce jurisdicción. Además, la materia de ambas ejecutorias versa sobre la especialidad de este Pleno Regional, que es la administrativa.

SEGUNDO.—Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, quien conoció del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 80/2023, que a su vez dio origen al recurso de queja 55/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito con residencia en La Paz, Baja California Sur, el cual constituye uno de los criterios contendientes en la presente contradicción.

TERCERO.—Criterios denunciados. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación se realiza una síntesis de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

A. Recurso de queja 55/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur.

Juicio de amparo indirecto 80/2023.

• Mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, una persona moral, por conducto de su apoderado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

"EL C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

"IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIONES RECLAMADOS:

"Del C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se reclama: la expedición promulgación del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DE TABACO, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 16 de diciembre de 2022, que se impugna por su sola entrada en vigor, es decir, de manera AUTOAPLICATIVA.

"En particular, y como sistema normativo, al constituir una verdadera unidad, se reclaman los artículos 2o., 51, 53, 55, 59, 60 y 65 Bis del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, y sus artículos primero y tercero transitorios, los que reclamo por su sola entrada en vigor, es decir, de manera AUTOAPLICATIVA."

La parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes:

"X. CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN.

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 129, 148 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Amparo, se solicita la suspensión provisional y definitiva para impedir los efectos y consecuencias del acto reclamado consistente en la entrada en vigor del ‘Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco’, en su carácter de autoaplicativa, en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que dichos actos por su sola entrada en vigor generan un rompimiento con el Estado Constitucional de Derecho, y se trata de actos de imposible reparación que, de ejecutarse, ponen en peligro la materia del presente juicio de amparo; lo anterior, específicamente por lo que hace a su artículo 60, hasta tanto no se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. ..."

Correspondió conocer del asunto al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, cuyo titular, por auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda. En esa misma fecha se formó el cuaderno incidental en el que el a quo negó la suspensión provisional solicitada, por considerar que no se cumplía la exigencia prevista en el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo.

• Recurso de queja 55/2023. Inconforme con dicha negativa, la quejosa interpuso recurso de queja, el cual se turnó al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur y, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, el Pleno de ese órgano colegiado resolvió:

"ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesta por ********** en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********, índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz."

Entre los motivos que sustentaron esa decisión, se encuentran los siguientes:

a. Que los agravios relacionados con la acreditación del interés eran sustancialmente fundados, en virtud de que los artículos 125 y 169 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, permitían a quienes tuviesen licencias de funcionamiento, revalidarlas en los meses de enero, febrero y marzo del año siguiente; por lo que si existía un derecho para revalidar la licencia en ese lapso, entonces la correspondiente a dos mil veintidós, para la actividad de "restaurante bar", acreditaba de manera indiciaria el interés para impugnar las normas que impactaran su actividad comercial, puesto que demostraban su funcionamiento en ese lapso.

b. Que la constitución de la sociedad también tenía como objeto el manejo de actividades comerciales relativas a la gastronomía y bebidas alcohólicas, lo que coincidía con la actividad autorizada de "restaurante bar", por lo que en ese punto la negativa del Juez de Distrito era incorrecta.

c. Que el Juez de Distrito había negado la suspensión provisional bajo la consideración de que el reglamento perseguía como finalidad salvaguardar el derecho a la salud de las personas y al medio ambiente, así como que de concederse la medida cautelar se causaría perjuicio al orden público y al interés social. Sin embargo, no realizó un análisis del contenido normativo que fue objeto de reforma, sino que se pronunció de forma general.

d. Que los agravios dirigidos a sostener que existía apariencia del buen derecho eran fundados, toda vez que, en primer orden, la norma que se pide suspender es un reglamento que jerárquicamente está por debajo de la ley y no puede prevalecer con un contenido limitante de derechos superior a ésta; además de que los artículos impugnados tenían contenido de naturaleza autoaplicativa, pues desde su entrada en vigor obligaban a que las personas que tuvieran como actividad comercial los giros de restaurante bar, debían acatar ciertas medidas que se les imponían.

e. Que los efectos de una norma autoaplicativa eran susceptibles de suspenderse, bajo la óptica de la ponderación que establece el artículo 107, fracción X, constitucional.

f. Que, en el caso, existía la apariencia del buen derecho, lo que conducía a considerar que la afectación al orden público e interés social eran de menor entidad, ya que tanto la Ley General para el Control de Tabaco y su reglamento (norma impugnada) perseguían fines constitucionalmente válidos, entre ellos, garantizar el derecho a la salud y el medio ambiente. Sin embargo, ello no conducía a negar la suspensión en forma genérica, pues para ello se debía atender punto por punto al contenido de los preceptos del reglamento cuestionado.

g. Que del contenido de dichas disposiciones se observaba básicamente que, a diferencia del anterior reglamento, (i) a las personas que tuvieran restaurantes se permitiría únicamente a los fumadores estar al aire libre (conceptuando "aire libre" al espacio donde no haya techo y tampoco paredes), por tanto, se estaba eliminando que los restaurantes tuviesen lugares cerrados (sin paredes) asignados para los fumadores; y, (ii) también se especificaba una prohibición, en tanto que se podía tener espacio al aire libre de fumadores, pero se prohibía que en ese sitio se sirvieran alimentos y bebidas, así como servicios de entretenimiento.

h. Que bajo esa óptica la interrogante a resolver era si el orden público y el interés social en verdad se veían beneficiados con dichas medidas y si, en todo caso, podían estar por encima de una apariencia de inconstitucionalidad.

i. Que desde un análisis provisional de algunas de las disposiciones cuestionadas, bajo la apariencia del buen derecho, al circunscribir únicamente espacios al aire libre para fumadores en restaurantes y prohibir dar el servicio correspondiente en esos espacios, se podrían contravenir los derechos de libertad de comercio, libre desarrollo de la personalidad y principio de reserva de ley; mientras que no se advertía que el orden público y el interés social se vieran beneficiados en grado superior por esas medidas.

j. Que si bien podrían tener un fin constitucionalmente válido, como lo eran los derechos a la salud y al medio ambiente sano, la medida en comento no era idónea ni necesaria para alcanzar este fin, pues no conducían a maximizar esos fines.

k. Que por el contrario, en lo inmediato se vería afectada la libertad de comercio al obligar a los destinatarios a realizar nuevas reformas físicas en sus establecimientos con la consiguiente erogación, además de que impactaría en su clientela, porque si una persona no podía recibir comidas y bebidas en el espacio en donde puede fumar, entonces carecería de razón asistir a ello, lo que también traería impacto económico. Especialmente porque se delimitó que dicho espacio no tuviese techos ni paredes y que no rebasara el 10 % del espacio del establecimiento.

l. Que debía tenerse en cuenta, como hecho conocido, que la gran mayoría de establecimientos de restaurante bar no pertenecían a grandes empresas, sino que se trataba de pequeñas y medianas empresas que eran las que proporcionan empleos, y de ahí que se podría impactar en forma desproporcionada a la libertad de comercio.

m. Que las medidas restringían el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual tutela la libertad de las personas para elegir su modo de ser, sentir y pensar, con la única limitante de no lesionar a terceros, así como que ese derecho antecede al contrato social, puesto que las personas en libertad absoluta se congregan en un Estado, para lo cual ceden parte de esa libertad, esperando que dicho ente garantice precisamente ese y otros derechos, la seguridad y otros aspectos de la vida en sociedad.

n. Que, bajo ese contexto, el Estado podía regular las libertades para permitir la convivencia en armonía de su pueblo, pero no llegar al exceso de un prohibicionismo, pues se transformaría en un ente totalitario que le dice a las personas qué hacer o dejar de hacer, bajo la premisa de que es bueno o de mayor valía para la colectividad o el propio Estado.

o. Que cada persona era libre de ser y hacer con su cuerpo lo que desee, de fumar la cantidad de cigarrillos que considerara acertada en los lugares en donde desarrolle su vida social; por ello, el hecho de que se prohibiese a restaurantes proporcionar el servicio en su espacio, materializaba en una restricción injustificada para las personas que acudían a esos sitios, quienes veían restringido de forma innecesaria su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

p. Que las prohibiciones a los restaurantes para no servir alimentos y bebidas a quien fume, implicaban una medida prohibicionista para el fumador, lo cual se acercaba a un estado autoritario que, con el pretexto de un fin común de bienes de mayor entidad, cada vez iba acortando las libertades de las personas bajo una sola cosmovisión. Asimismo, dicha medida se alejaba de un Estado constitucional y democrático, por lo que el Juez constitucional debía velar por la textura abierta del derecho a efecto de permitir el mayor grado de libertades.

q. Que si bien era importante proteger los derechos de los niños, de las personas embarazadas y de los no fumadores, a no estar percibiendo el humo del cigarro, se estimaba que las medidas materia de la litis no eran necesarias ni idóneas para maximizarlos o protegerlos, más allá de lo que la propia ley ya regulaba.

r. Que en la ley de la materia no existía expresamente la prohibición en el sentido de que en los espacios destinados al consumo del tabaco en esos establecimientos, no debieran servirse alimentos y bebidas, de modo que si la legislación no lo establecía y el reglamento sí, podría también violarse el principio de reserva de ley.

s. Que del análisis preliminar de las normas, atinente a la actividad de la quejosa, aparentemente no soportaban el "test de constitucionalidad", puesto que no parecían necesarias ni idóneas para lograr el fin legítimo al que aspiraban; por el contrario, podrían contravenir la libertad de comercio, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el principio de reserva de ley y, por tanto, el perjuicio al orden público e interés social que podría traer la medida cautelar, recibiría una afectación en grado menor.

t. Que de concederse la suspensión provisional para el efecto de que ciertas porciones no se le aplicaran a la quejosa, no se lesionaría el derecho a la salud, porque este derecho ya estaba asegurado en la ley, además existía un reglamento anterior que establecía espacios delimitados entre fumadores y no fumadores, sin afectar los derechos de los no fumadores, los cuales podían quedar al aire libre pero bajo una conceptualización distinta, por ejemplo: sin techo, con techo parcial, con techo pero sin paredes u otra análoga que permitiese la libre salida del humo.

u. Que por ello y, bajo la apariencia del buen derecho, se debía conceder la suspensión provisional en lo relativo a las porciones normativas de la reforma a los artículos 2, fracciones IV y IV bis, 51, fracción I bis, 60, párrafo primero y fracción III y 65 bis del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, únicamente en la parte que: (i) establecían que las zonas exclusivamente para fumar en los restaurantes bar debían ubicarse solamente en espacios al aire libre, entendiendo en forma limitativa por éste, aquel que no tiene techo, ni está limitado por alguna pared o muro; (ii) limitaban las zonas exclusivas para fumar a un espacio que no fuera mayor del 10 % del establecimiento; y, (iii) prohibía brindar la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimientos en la zona exclusiva para fumar.

v. Que la medida provisional otorgada no eximía a la parte quejosa de cumplir con sus obligaciones en términos de la Ley General para el Control de Tabaco y que mientras se resolvía el fondo del asunto debería continuar respetando los contenidos normativos del reglamento antes de su reforma, así como que dicha suspensión sólo se concedía para el establecimiento respecto del cual se acreditó la existencia de la licencia.

B. Recurso de queja 47/2023 del índice del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Juicio de amparo indirecto 99/2023.

• Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, una persona moral, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

"a) El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo Federal;

"b) El Secretario de Salud del ámbito federal.

"c) El Director del Diario Oficial de la Federación.

"IV. ACTOS RECLAMADOS:

"A) El presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo Federal, se reclama:

"Por la aceptación, promulgación y expedición a nivel nacional del decreto publicado el 16 de diciembre de 2022, en el Diario Oficial de la Federación de las adiciones y modificaciones realizadas al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, los cuales se tildan de inconstitucionales ... particularmente los artículos que restringen o prohíben la prestación de servicios de alimentos y bebidas a comensales que se encuentren fumando dentro de las instalaciones de la hoy quejosa, pues esta última es un restaurante bar cantina con áreas para fumar y no fumar. El cual entró en vigor el 16 de enero de 2023, como norma auto y heteroaplicativa.

"B) El secretario de salud del ámbito federal;

"Por la aceptación, promulgación y expedición a nivel nacional del decreto publicado el 16 de diciembre de 2022, en el Diario Oficial de la Federación de las adiciones y modificaciones realizadas al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, los cuales se tildan de inconstitucionales ... particularmente los artículos que restringen o prohíben la prestación de servicios de alimentos y bebidas a comensales que se encuentren fumando dentro de las instalaciones de la hoy quejosa, pues esta última es un restaurante bar cantina con áreas para fumar y no fumar. El cual entró en vigor el 16 de enero de 2023, como norma auto y heteroaplicativa;

"C) El director del Diario Oficial de la Federación.

"Por la publicación del decreto por el que modifica y adiciona preceptos legales al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado el pasado 16 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, particularmente los artículos que restringen o prohíben la prestación de servicios de alimentos y bebidas a comensales que se encuentren fumando dentro de las instalaciones de la hoy quejosa, pues esta última es un restaurante bar cantina con áreas para fumar y no fumar. El cual entró en vigor el 16 de enero de 2023, como norma auto y heteroaplicativa."

La parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes:

"... se solicita la suspensión provisional y en su momento definitiva, de la aplicación de las modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en atención de que éstas son desmedidas y que mi representada cumplía con las disposiciones de salud insertadas en la Ley General para el Control del Tabaco, así como las asentadas al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco antes de la entrada en vigor de las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022.

"Es decir, hasta antes de la entrada en vigor del acto reclamado, mi representada cumplía con todas las normas de salud impuestas para salvaguardar el derecho a la salud de la población, sin contrariar el orden público ni el interés social. ..."

Por razón de turno conoció de la demanda el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, por auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, ordenó su registro con el número 99/2023 y la admitió a trámite. En esa misma fecha se formó el incidente de suspensión, en el que se solicitó a las autoridades responsables su informe previo; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental y concedió la suspensión provisional. • Recurso de queja 47/2023. Inconforme con la resolución anterior, la subdirectora de Recursos Administrativos de la Oficina del abogado general de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del secretario de Salud, mediante oficio presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, interpuso recurso de queja del cual conoció el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y en sesión de ocho de febrero de dos mil veintitrés, el Pleno de ese órgano colegiado resolvió:

"PRIMERO.—Es fundado el recurso de queja.

"SEGUNDO.—Se niega la suspensión provisional solicitada."

Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:

a. Que era fundado el agravio de la autoridad, puesto que el artículo 107, fracción X, de la Constitución dispone las bases para permitir que los actos reclamados en un juicio de amparo puedan ser objeto de suspensión, a saber, en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, es decir, hace una remisión expresa a lo que en su caso disponga la Ley de Amparo; sin embargo, precisaba que para tal efecto el órgano jurisdiccional de amparo debía, en principio, examinar la naturaleza del acto y si ésta lo permitía, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

b. Que era necesario considerar que el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, preveía como una de las exigencias que colmar, tratándose de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, aquella referente a que con su otorgamiento no se contravengan disposiciones de orden público o se perjudique el interés social.

c. Que correspondía a los juzgadores de amparo la determinación de las condiciones de aplicación de dichos conceptos, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, lo cual se deberá hacer incluso cuando se esté en presencia de cualquiera de las hipótesis previstas en los diferentes incisos del artículo 129 de la Ley de Amparo, a menos que la afectación al orden público e interés social sea manifiesta, en el entendido que en todo caso se deberá razonar tal determinación.

d. Que la apariencia del buen derecho consistía en determinar hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que en la sentencia se declarara la inconstitucionalidad del acto, análisis que debía hacerse considerando, además, el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de la medida pueda ocasionar a la parte quejosa.

e. Que era conveniente recordar que la sociedad mercantil quejosa solicitó la suspensión del decreto reclamado, para el efecto de que no se materializaran las consecuencias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, específicamente los artículos 51, fracciones I, I Bis, II y IV, 53, 55, 59, 60 y 65 Bis.

f. Que tomando en cuenta que la parte quejosa reclamaba un conjunto de disposiciones en materia de salud que regulan esencialmente la prohibición de brindar la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento en las zonas exclusivamente para fumar; así como las obligaciones de las personas propietarias, administradoras y organizadoras de eventos en espacios cien por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, de implementar, cumplir y hacer cumplir esas disposiciones; adverso a lo estimado por el juzgador recurrido, de concederse la suspensión se transgredirían disposiciones de orden público e interés social, ya que las normas combatidas tenían como finalidad:

• Proteger a la población en general contra la exposición al humo de tabaco y emisiones en cualquier área física con acceso al público, en los espacios cerrados, en todo lugar de trabajo, en transporte público, en espacios de concurrencia colectiva, o en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

• Proteger al personal laboralmente expuesto al humo de tabaco y emisiones en los lugares de trabajo;

• Promover el desarrollo de acciones tendientes a reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco y emisiones en la población, así como la morbilidad y mortalidad ocasionadas por dicho consumo y exposición.

g. Que el artículo 4o. de la Constitución General de la República preveía el derecho a la salud, el cual establecía la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas. En esa medida, las autoridades responsables deberán tener como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física para lo cual deberán atender su obligación inmediata de asegurar el pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga, a fin de garantizar la práctica de todas las medidas necesarias que permitan la óptima salud de los ciudadanos.

h. Que el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco reconoce que la propagación de la epidemia de tabaquismo es un problema mundial con graves consecuencias para la salud pública y en su artículo 8 se establece el compromiso de los Estados parte, entre ellos México, de adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras eficaces contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte públicos, lugares públicos cerrados, y según proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y aplicación de esas medidas.

i. Que los objetivos o finalidades de la norma sobre control del uso y consumo del tabaco que se examinan son precisos: garantizar el derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente digno. Y frente a tales objetivos, las normas combatidas prohíben el consumo de tabaco o nicotina en los espacios de concurrencia colectiva, tales como restaurantes, en aras de proteger el derecho a la salud, tanto de las personas fumadoras como de las no fumadoras.

j. Que dichas medidas se traducían en la protección del derecho a la salud desde una dimensión pública o social, a través de la cual el Estado debe atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general y emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin.

k. Que lo anterior ponía de relieve que de concederse la medida suspensiva para los efectos a que hace referencia la parte quejosa, se causaría perjuicio al interés social, en tanto que los preceptos reclamados establecen medidas de control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, orientándose a proteger la salud de las personas.

l. Mientras que el derecho a la protección a la salud supone una diversa gama de acciones dirigidas a promover las condiciones en las cuales se desarrollan las personas, para que puedan llevar una vida sana, implicando un estado de bienestar físico, mental y social.

m. Por lo que al sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas, con la paralización de los actos reclamados y sus consecuencias, con el posible daño a la parte quejosa –de incidir en su esfera de derechos los actos reclamados– y el eventual monto de la afectación, obliga a que estos últimos cedan ante aquéllas.

n. Que de suspenderse las disposiciones de carácter general reclamadas, aunque la medida solamente opera en relación con la quejosa, sí se trastocaría el interés de la sociedad que está interesada en la expedición de ordenamientos que tengan como objeto la prevención y disminución de las consecuencias derivadas del consumo y de la exposición al humo del tabaco en cualquiera de sus formas. Es decir, los perjuicios o daños que pudieran ser ocasionados con la aplicación de las disposiciones reclamadas, son de menor trascendencia que las consecuencias que pudieran generarse con el otorgamiento de la medida cautelar en el amparo.

o. Que de concederse la suspensión para el efecto de que no se apliquen los preceptos reclamados, se afectaría el interés social y disposiciones de orden público, en razón de que la sociedad tiene interés en que el Estado implemente los mecanismos necesarios para erradicar la epidemia de tabaquismo que es un problema mundial con graves consecuencias para la salud pública.

p. Que no resultaba útil analizar la apariencia del buen derecho debido a que la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público es manifiesta, por lo que aunque se ponderara la apariencia del buen derecho y la afectación al interés social, en este caso es mayor la afectación al interés social.

q. Máxime que el estudio preliminar de la constitucionalidad del decreto reclamado con el que el Juez Federal había sustentado la apariencia del buen derecho que advirtió, parte de una premisa incorrecta, a saber, que el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco va más allá de lo que se dispuso en la ley de la materia, pues –afirma– que en ésta se "... Dejó claramente abierta la posibilidad de que en cualquier lugar, incluso en algunos de los denominados ‘de concurrencia colectiva’ se puedan instalar áreas exclusivas para fumadores; mientras que en el reglamento se ha dispuesto una prohibición absoluta sobre el particular."

r. Sin embargo, el reglamento reclamado no impedía de forma abs

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31696-c53af60c/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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