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Modo: Corpus Pro

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LOS ARTÍCULOS 64-A A 64-E DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL DECRETO DEL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD POR EL QUE SE ESTABLECE COMO ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL "EL BAJÍO", CON UNA SUPERFICIE DE 980.89 HECTÁREAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EN EL QUE FUERON APLICADOS, VIOLAN EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 153/2023. · Registro digital (IUS): 31714
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-09-01
Promovente: DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OTROS.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, Pág.5135.

AMPARO EN REVISIÓN 153/2023. DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OTROS. 30 DE MAYO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GERARDO VÁZQUEZ MORALES. SECRETARIO: MANUEL GUTIÉRREZ DE VELASCO MUÑOZ.

CONSIDERANDO:

VIII.—Estudio. Los agravios vertidos tanto en el recurso del gobernador del Estado de Jalisco como en el medio de defensa de la parte quejosa son ineficaces. Cabe mencionar que por cuestión de método se analizarán en orden diverso al propuesto.

En la resolución recurrida, se reitera, el Juez de Distrito:

- Concedió el amparo contra los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, toda vez que se transgrede en perjuicio de la parte quejosa la garantía de audiencia prevista por el precepto 14 constitucional;

- Hizo extensiva esa concesión contra el acto de aplicación (en donde participó para su emisión el titular de la secretaría ahora recurrente) en concreto, el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el Municipio de Zapopan, Jalisco y su ejecución, toda vez que resultan también inconstitucionales por su origen; y,

- Precisó que el efecto de la protección concedida es para que se deje insubsistente ese decreto, el que establece a "El Bajío" como zona de recuperación ambiental y su ejecución, únicamente por lo que hace al predio de la parte quejosa.

• Estudio de los agravios formulados por el gobernador del Estado de Jalisco.

- En el quinto de ellos, solicita que se ejerza la facultad de atracción con la finalidad de que el presente asunto se remita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No es dable remitir el presente asunto para que sea resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo solicitan las autoridades recurrentes.

Con el fin de mayor claridad en tal aseveración, es menester mencionar que el artículo 40 de la Ley de Amparo establece que el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer de manera oficiosa o a solicitud del procurador General de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los Tribunales Colegiado de Circuito, cuando por su interés y trascendencia lo amerite.

Dicho precepto es del tenor siguiente: "Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa o a solicitud del procurador General de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento: I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por el Procurador General de la República, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción de la solicitud; II. Recibidos los autos se turnará el asunto al ministro que corresponda, para que dentro del plazo de quince días formule dictamen a efecto de resolver si se ejerce o no dicha facultad; y III. Transcurrido el plazo anterior, el dictamen será discutido por el tribunal pleno o por la sala dentro de los tres días siguientes. Si el pleno o la sala decide ejercer la facultad de atracción se avocará al conocimiento; en caso contrario, devolverá los autos al tribunal de origen."

Por su parte, el diverso numeral 85 de la Ley de Amparo dispone que cuando el Máximo Tribunal del País estime que un amparo en revisión por sus características especiales debe ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento que establece el artículo 40 de esa misma ley y que el tribunal del conocimiento podrá solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza la facultad de atracción expresando las razones en que funde su petición y remitirá los autos originales a ésta, quien dentro de los treinta días siguientes al recibo de los autos resolverá si ejercita o no dicha facultad.

Ese arábigo dispone de forma literal lo siguiente: "Artículo 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión, por sus características especiales deba ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 40 de esta Ley.—El tribunal colegiado del conocimiento podrá solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejercite la facultad de atracción, para lo cual expresará las razones en que funde su petición y remitirá los autos originales a ésta, quien dentro de los treinta días siguientes al recibo de los autos originales, resolverá si ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos del párrafo anterior."

Así, conforme a los preceptos legales citados queda de manifiesto que sólo existen dos vías para que el Máximo Tribunal del País atraiga el conocimiento de un asunto que no es de su competencia, a saber:

1) Por ejercicio oficioso del Más Alto Tribunal del País; y,

2) Por solicitud expresa fundada y motivada del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto o del procurador General de la República; de modo que no está previsto que se pueda plantear el ejercicio de la facultad de atracción a petición de parte en el juicio de amparo.

Las consideraciones anteriores encuentran sustento en el criterio que dice: "FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos ‘interés’ e ‘importancia’ como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto ‘trascendencia’ para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (Tesis 1a./J. 27/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de dos mil ocho, página ciento cincuenta, registro digital: 169885).

Asimismo, sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada P. CXLIX/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ATRACCIÓN, FACULTAD DE. LAS PARTES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, PERO ESTO NO IMPIDE QUE AL CONOCER DEL ASUNTO RELATIVO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA LA EJERZA DE OFICIO. De lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 84, fracción III y 182, de la Ley de Amparo, se desprende que sólo son dos vías por las que la Suprema Corte de Justicia puede atraer el conocimiento de un asunto que no corresponda a su competencia ordinaria, una es la oficiosa, y otra, la derivada de la petición fundada del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto, o del procurador general de la República; no encontrándose previsto que pueda decidir en cuanto al ejercicio de esa facultad a solicitud de las partes a que se refiere el artículo 5o. de la citada legislación, por lo que éstas carecen de legitimación para formular esa petición, la que de realizarse, necesariamente, debe ser desechada, circunstancia que no impide que la Suprema Corte de Justicia, al tener a la vista el asunto que se solicita atraer, advierta de oficio su interés y trascendencia y, entonces, ejerza dicha facultad, pues el conocimiento que requiere para poder ejercer de oficio la atracción le puede ser proporcionado por cualquier medio, ya que de otra manera sería difícil y excepcional que pudiera percatarse de que un asunto que no es de su competencia ordinaria reviste las mencionadas características que autorizan la atracción, precisamente porque no de todo tipo de asuntos tiene conocimiento." (Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, página ciento ocho, registro digital: 199794).

Así, en el presente caso este Tribunal Colegiado considera que no es el caso solicitar el ejercicio de la facultad de atracción, dado que la intención de las autoridades recurrentes es que se inaplique una jurisprudencia de carácter obligatorio que resuelve un tema de mera legalidad con base en el principio de seguridad jurídica, que garantiza la protección de derechos humanos de los usuarios de servicios financieros.

En ese orden de ideas, si en el caso que se analiza no existe solicitud escrita del procurador General de la República ni decisión expresa de este Tribunal Colegiado en que se proponga la referida facultad de atracción, como tampoco obra instrucción de la Suprema Corte para remitirle el asunto, la solicitud de las autoridades recurrentes deviene improcedente, en tanto que las partes carecen de legitimación para solicitarlo.

Además, no constituyen obstáculo para la conclusión anterior las manifestaciones vertidas en el escrito de agravios a través de las cuales sostiene esencialmente que el asunto es de importancia y trascendencia, en virtud de que no existe criterio del Máximo Tribunal del País respecto a la constitucionalidad de los decretos reclamados, ya que lo cierto es que resulta innecesaria la intervención de ese Alto Tribunal a efecto de resolver lo conducente, toda vez que se insiste, este Tribunal Colegiado tiene competencia delegada para conocer el presente recurso de revisión y decidir en relación con la materia del mismo, que estriba en lo considerado por el Juez Federal respecto a la constitucionalidad de los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De lo hasta aquí expuesto es claro que no es el caso solicitar el ejercicio de la facultad de atracción.

En similares términos, este Tribunal Colegiado resolvió, entre otros, por unanimidad de votos el amparo en revisión 115/2022, en sesión de tres de mayo de dos mil veintidós.

• En el primero de los agravios, la autoridad recurrente aduce que las normas reclamadas no son inconstitucionales; que el estudio realizado por el Juez Federal al respecto es incorrecto, porque confunde entre área natural protegida (acto privativo) y zona de recuperación ambiental (acto de molestia temporal); que hay falta de estudio de los precedentes invocados en el informe justificado, así como la falsa premisa de que el acto reclamado priva de la posesión a los particulares; que la sentencia recurrida debe revocarse, ya que se sustenta en la premisa equivocada de que el decreto reclamado resulta un acto privativo de derechos de posesión, lo cual realizó con apoyo en las inaplicables jurisprudencias, de rubros: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CAPÍTULO II DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA." (tesis P./J. 79/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y "DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN 23 LUGARES COMO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, CON EL CARÁCTER DE ZONAS SUJETAS A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2000. CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO." (jurisprudencia, del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito); que dichas jurisprudencias llevaron al a quo a concluir incorrectamente que el acto reclamado era inconstitucional y que por ello debía concederse el amparo, haciendo para ello un estudio deficiente e insuficiente; que en oposición a lo considerado por el juzgador de amparo, no es verdad que el decreto reclamado en el que se aplicaron los numerales de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco también impugnados, no implica ni autoriza un acto privativo de derechos de posesión, lo cual se puede comprobar de la simple lectura que se realice de los preceptos reclamados, así como del acto concreto de aplicación; que tanto es así que no es privativo de la posesión a la parte quejosa, que en su demanda de amparo jamás manifestó haber sido desposeída ni alegó que pudiera serlo en virtud del acto reclamado; de ahí que la resolución recurrida es incongruente; que los numerales reclamados establecen los supuestos de procedencia de las zonas de recuperación ambiental en el Estado de Jalisco, pero en ninguna de sus porciones ni en el decreto reclamado se menciona absolutamente nada relativo a pretender desposeer o tomar posesión de las superficies declaradas como tal por parte de las autoridades administrativas como equívocamente lo consideró el Juez Federal; que la posesión conforme al artículo 840 del Código Civil del Estado de Jalisco es un poder de hecho que se ejerce directa e inmediatamente sobre una cosa; que en ese sentido, el derecho de posesión sobre los bienes sujetos a una declaratoria de recuperación ambiental está intocado, pues el poder de hecho que los propietarios y/o poseedores de los predios que se encuentren dentro del área de aplicación del decreto impugnado lo seguirán ejerciendo directa e inmediatamente sobre los terrenos que posean; de ahí el yerro en que incurrió el a quo al estimar que el decreto reclamado constituye un acto privativo de derechos de posesión; que al partir el juzgador de amparo de una premisa equivocada, las jurisprudencias citadas en las que se apoyó resultan inaplicables, por referirse a supuestos en los que los actos reclamados que fueron materia de análisis en los precedentes de donde emanaron, sí privaban de la posesión a los propietarios, contrario a lo que sucede en el caso aquí analizado; que de la lectura de la jurisprudencia P./J. 79/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que parte de la base de que los actos reclamados analizados "tienen como efecto jurídico la privación de la posesión en perjuicio de los propietarios o poseedores de los predios afectados", cuestión por la que con justa razón los tribunales consideraron que la garantía de audiencia debió concederse a la parte quejosa; que, sin embargo, en el caso en estudio la parte quejosa no fue privada de la posesión ni tampoco se ordenó la desocupación del inmueble objeto del decreto impugnado, por lo que es evidente que los criterios en los que se apoyó el Juez de Distrito para conceder el amparo no tienen aplicación en el asunto, por tratarse de tópicos distintos, pues la parte quejosa conserva la propiedad y posesión del inmueble, toda vez que el decreto reclamado se concretó sólo a establecer modalidades a la propiedad en beneficio obvio y claro del interés público, siendo que en los amparos en revisión de los cuales emanó la jurisprudencia P./J. 79/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el acto reclamado ahí analizado ordenó una inmediata desocupación, como puede advertirse del artículo tercero transitorio del decreto emitido por el gobernador del Estado de Sonora analizado en la jurisprudencia mencionada, lo que no sucedió en el particular aquí estudiado y que, por ello, insiste, la jurisprudencia en que se apoyó el Juez de Distrito para conceder el amparo es inaplicable al caso, puesto que en el decreto reclamado no se abordan temas inherentes a la propiedad o posesión de los predios, sino únicamente se imponen modalidades y limitaciones a la propiedad privada en beneficio de la colectividad.

• En una parte del segundo motivo de agravio, en lo que interesa, el gobernador recurrente señala que en todo caso el decreto de zona de recuperación ambiental "El Bajío", lo único que podría constituir es un acto de molestia, por lo que se rige por lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no por el artículo 14; de ahí que el decreto reclamado para ser constitucional únicamente debe constar por escrito, emitirse por autoridad competente y encontrarse debidamente fundado y motivado, aspectos que se encuentran debidamente colmados en el decreto.

• En la parte final del tercer motivo de inconformidad, la autoridad recurrente argumenta que la protección del medio ambiente es un tema de interés público que no puede aguardar a que se litiguen miles de amparos, razón por la cual no se estableció la garantía de audiencia previa, no por una omisión legislativa, sino cuidando y velando por el interés colectivo.

• En el cuarto de los agravios, el gobernador recurrente aduce que con la aplicación del decreto que declara cierta zona como de recuperación ambiental no se afecta el derecho de propiedad de los quejosos, sólo el goce y disfrute del inmueble, ya que imponen diversas limitaciones a la propiedad con el fin de cuidar el medio ambiente en pro de la naturaleza, pero los temas relativos a la propiedad y posesión quedan intocados; que se debe ponderar el derecho de la colectividad a un medio ambiente sano sobre el derecho particular de los quejosos, respecto a la propiedad; que de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución la autoridad puede imponer a la propiedad privada diversas modalidades que sean de interés público, en aras del bien común (como lo son la preservación del medio ambiente y del equilibrio ecológico), sin que ello sea sinónimo de expropiación o confiscación, y que por tanto, en el juicio de amparo no existe prueba a efecto de desestimar el estudio técnico de impacto ambiental, el cual sustenta la emisión del decreto reclamado. En esencia, el decreto que establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío" tiene su origen en preservar el medio ambiente sano, por ende, es un acto de molestia que se emitió con el fin de proteger esa zona, para lo cual la autoridad está facultada a actuar para evitar una contingencia ambiental, preservando y cuidando las áreas naturales. Por eso debe subsistir el decreto reclamado, por el cual se declara cierta zona como de recuperación ambiental.

• En una parte del quinto de los agravios, la autoridad recurrente aduce que el Juez Federal debió realizar una interpretación conforme y sistemática, atendiendo a los principios pro persona y de progresividad, así como al derecho al medio ambiente sano y a la obligación de la autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, para determinar que el decreto que establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío" sólo es un acto de molestia y no afecta los derechos de posesión y propiedad de los quejosos; que los derechos de la colectividad a un medio ambiente sano, a la vida, a la salud y a la ciudad son prioritarios al derecho del particular (de los quejosos), el cual sólo es económico, a saber, la propiedad y la posesión; el decreto reclamado no los priva definitivamente de los derechos de propiedad, sino que se trata del dictado de medidas de recuperación del equilibrio ecológico, como parte de la formulación de la política ambiental; que el decreto establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío" y tiende a respetar y garantizar los derechos fundamentales y de manera destacada el derecho al medio ambiente sano, el cual es de interés público. Decisión. Los motivos de inconformidad sintetizados son ineficaces.

Debe mencionarse que de acuerdo con lo expuesto el tema a dilucidar es inherente a si el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el Municipio de Zapopan, Jalisco, publicado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, el cual constituye el primer acto de aplicación de los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, constituye un acto privativo conforme al primer párrafo del artículo 14 constitucional o un acto de molestia en términos del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República.

A efecto de definir los puntos a debate expuestos en los agravios, especialmente los de la autoridad responsable sobre si el decreto reclamado que se funda en las normas cuya inconstitucionalidad se reclama es violatorio de la garantía de audiencia por constituir un acto privativo, precisa fijar el alcance de las restricciones a la propiedad que son autorizadas por el artículo 27 de la Constitución.

Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado sobre la propiedad y sus modalidades lo siguiente:

"Precisado lo anterior, toda vez que en el presente caso el artículo impugnado se refiere a la expropiación, institución que se encuentra prevista en el artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se debe determinar, en primer lugar, qué dispone tal numeral sobre ese tópico.—‘Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares, constituyendo la propiedad privada.—Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.—La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. ... La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, se regirá por las siguientes prescripciones: ... VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los Municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.—Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente.—El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.’.—De este precepto destaca, en primer término, que la nación tiene la propiedad originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y que puede transmitir el dominio de ella a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.—Pero si bien es cierto que el Texto Constitucional en diversas disposiciones (artículos 14, 16 y el propio 27) reconoce como derecho fundamental el de propiedad privada, la propia Norma Fundamental, como ocurre con casi todos los derechos fundamentales, lo delimita, fijando su contenido y sus fronteras, a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como son el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Las limitaciones a los derechos fundamentales sólo puede establecerlas la propia Constitución, o bien, autorizar al legislador para hacerlo en determinados casos, pero sin que afecte la esencia del derecho, ni impida su ejercicio.—Así, tratándose del derecho de propiedad, la Constitución le impone como limitación su función social, toda vez que de acuerdo con el propio numeral 27, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad por causas de interés público, o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, es el Texto Fundamental el que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo, por lo que es claro que ese derecho no es oponible frente a la colectividad, sino que por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de la propiedad privada del individuo, en los términos que dispone expresamente la Norma Fundamental.—Ahora, como se observa, la Constitución Federal prevé la expropiación de la propiedad privada en caso de utilidad pública y mediante indemnización, así como que corresponde a las leyes de la Federación y de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, determinar precisamente los casos en que sea de utilidad pública expropiar un bien, correspondiendo a la autoridad administrativa realizar la declaración respectiva. Asimismo, el mismo precepto da las reglas generales sobre fijación del precio e indemnización.—Por tanto, la expropiación se constituye como un acto de carácter administrativo mediante el cual se priva a los particulares de la propiedad de un bien inmueble, en aras del interés, necesidad o utilidad social, es decir, se trata de una figura a través de la cual el Estado logra determinados fines relacionados con el interés colectivo; de ahí que se sujete la expropiación a causas de utilidad pública; sin embargo, la Norma Fundamental no prevé ningún otro aspecto concerniente a la expropiación, sino que deja a la Federación y a los Estados la facultad de establecer las causas de utilidad pública para que opere la expropiación de determinado bien, esto es, el Constituyente no fija un concepto de utilidad pública, sino que confirió la facultad a las Legislaturas de las entidades federativas y al Congreso de la Unión para que determinen los casos de utilidad pública en sus respectivas competencias, dados sus propios requerimientos sociales, económicos, de desarrollo, etcétera.—Lo anterior, dado que la ‘utilidad pública’ es un concepto abstracto o relativo y, por ello, difícil de definir, en tanto que no es inmutable ni universal, sino que habrá de determinarse según el tiempo y el espacio, es decir, de acuerdo con las condiciones políticas, sociales y económicas que imperen en determinada época y lugar; de ahí que el Constituyente dejara al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Estatales la facultad de determinar en la ley las causas de utilidad pública que sustenten el acto expropiatorio dentro de sus respectivas jurisdicciones, siempre y cuando tales causas se justifiquen en el bien común, pues sólo en ese supuesto debe sacrificarse el derecho fundamental de propiedad privada.—Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al concepto de utilidad pública ha sustentado diversos criterios, en los que en un primer momento señaló que las causas de utilidad pública no podrían sustentarse en dar a otro particular la propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, a través de cualquiera de sus tres niveles, quien se sustituyera co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31714-90dda57d/equilibrio-ecologico-y-la-proteccion-al-ambiente-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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