I. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PLENOS REGIONALES ESTÁN LEGITIMADOS PARA FORMULAR LA SOLICITUD RESPECTIVA (ARTÍCULOS 233 DE LA LEY DE AMPARO Y 42, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). II. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE LA SOLICITUD FORMULADA POR UN PLENO REGIONAL CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE SU REGIÓN EMITE UNA JURISPRUDENCIA EN LA QUE SE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS NO TRIBUTARIOS. III. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PREVIO A DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL DE LAS DISPOSICIONES MATERIA DEL ASUNTO, ES NECESARIO VERIFICAR QUE, UNA VEZ NOTIFICADA LA AUTORIDAD QUE LAS EMITIÓ, HAN TRANSCURRIDO LOS NOVENTA DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE AQUÉLLAS HAYAN SIDO MODIFICADAS O DEROGADAS. IV. DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI NO SE ALCANZA LA MAYORÍA CALIFICADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBERÁ DESESTIMARSE (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 64-A, 64-B, 64-C, 64-D Y 64-E DE LA LEY ESTATAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE JALISCO).
DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2023. PLENO REGIONAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN CENTRO-SUR (ACTUALMENTE PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR). 6 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la declaratoria general de inconstitucionalidad 9/2023 con motivo de la jurisprudencia establecida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que declara la inconstitucionalidad de los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco.
TRÁMITE
1. Solicitud. Por oficio remitido por conducto del MINTERSCJN el uno de diciembre de dos mil veintitrés, recibido físicamente el siete siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur (actualmente Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur), remitió testimonio de la ejecutoria que declaró procedente solicitar el inicio del procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2023 de su índice, respecto de los artículos 64-A a 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, por virtud de la reiteración del criterio asumido al resolver por unanimidad de votos los amparos en revisión 5/2021, 205/2022, 544/2022, 584/2022 y 153/2023, que dio origen a la jurisprudencia III.1o.A. J/8 A (11a.), intitulada: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LOS ARTÍCULOS 64-A A 64-E DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL DECRETO DEL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD POR EL QUE SE ESTABLECE COMO ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL "EL BAJÍO", CON UNA SUPERFICIE DE 980.89 HECTÁREAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EN EL QUE FUERON APLICADOS, VIOLAN EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA."(1)
2. Admisión. Por auto de once de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la declaratoria general de inconstitucionalidad 9/2023, mandó notificar al Congreso del Estado de Jalisco, como autoridad emisora de la norma declarada inconstitucional, adjuntando copia de las resoluciones respectivas y turnó el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán.
3. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, quedó establecido, conforme a la certificación agregada al sumario, que el plazo de noventa días a que se refiere el párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional y el numeral 232 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve de enero al dieciséis de mayo de esa anualidad; y no habiendo trámite pendiente por desahogar, el asunto se remitió al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
I. COMPETENCIA
4. Este Tribunal Pleno es competente para conocer de la declaratoria general de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) en relación con los diversos 233 de la Ley de Amparo,(3) y 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) así como en los puntos primero y cuarto del Acuerdo General número 15/2013,(5) de veintitrés de septiembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al procedimiento para la declaratoria general de inconstitucionalidad.
II. LEGITIMACIÓN
5. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur (actualmente Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur), está legitimado para formular la solicitud de declaratoria general de inconstitucionalidad, acorde con lo dispuesto en los artículos 233 de la Ley de Amparo, y 42, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) así como en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario número 15/2013.
III. PROCEDENCIA
6. En tanto que la procedencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad se justifica, al tener como sustento la jurisprudencia III.1o.A. J/8 A (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se determinó la inconstitucionalidad de los artículos 64-A a 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, por transgredir la garantía de audiencia previa contenida en el artículo 14 constitucional, conforme lo prevé el diverso 233 de la Ley de Amparo.
7. Numerales que no corresponden a la materia tributaria, dado que prevén las características que deben tener los predios para ser declarados zona de recuperación ambiental, las autoridades competentes para realizar esa declaratoria y el procedimiento a seguir.
IV. ANTECEDENTES
8. Los datos que dieron origen a la jurisprudencia III.1o.A. J/8 A (11a.), son los siguientes:
8.1. El dos de octubre de dos mil ocho se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el Decreto número 22280/LVIII/08 por el que se adicionó el Capítulo III al Título Segundo con los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E, y se reformaron los artículos 177 y 178, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
TÍTULO SEGUNDO
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
CAPÍTULO III
De las zonas de recuperación ambiental
Artículo 64-A. Se podrán declarar zonas de recuperación ambiental estatal o municipal aquellos predios que reúnan alguna de las características siguientes:
I. Predios que contengan áreas verdes, cuya biodiversidad no sea suficiente para obtener declaratoria de alguna de las categorías de área natural protegida previstas por la presente ley y que presenten procesos acelerados de degradación o desertificación, que impliquen la pérdida o afectación de recursos naturales o generen grave desequilibrio ecológico, a fin de que se realicen acciones necesarias para su mitigación, recuperación y restablecimiento en las condiciones que mantengan su biodiversidad y propicien la continuidad de los procesos naturales que ahí se desarrollaban, o
II. Predios que circunden a las áreas naturales protegidas, cualquiera que sea su clasificación o categoría, como medida de sustentabilidad ambiental y de seguridad contra el impacto ambiental que reciban del exterior, así como que asegure su conservación, protección, restauración y recuperación de las condiciones de su biodiversidad.
Artículo 64-B. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, así como los ayuntamientos, podrán declarar zonas de recuperación ambiental a efecto de:
I. Asegurar jurídicamente el uso y destino de aquellas áreas verdes o superficies territoriales cuya biodiversidad sea escasa o reducida, de tal manera que no reúna los requisitos o las características necesarias para ser susceptible de alcanzar declaratoria de área natural protegida, en los términos de la presente ley;
II. Asegurar jurídicamente el uso y destino de aquellas áreas verdes o superficies territoriales que no estén sujetas a algún régimen de protección ambiental, cuya biodiversidad presente procesos acelerados de degradación o desertificación, que impliquen la pérdida o afectación irreversible de recursos naturales o generen grave desequilibrio ecológico, evitando cambios de uso de suelo que alteren irreversiblemente el entorno;
III. Asegurar la restauración, recuperación y protección de las condiciones de biodiversidad de aquellos predios que contengan áreas verdes que no estén sujetas a algún régimen de protección ambiental, para que mantengan y propicien la continuidad de los procesos naturales que ahí se desarrollaban, o
IV. Asegurar jurídicamente el uso y destino de aquellas áreas verdes o superficies territoriales que no estén sujetas a algún régimen de protección ambiental, que circunden a las áreas naturales protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, como medida de sustentabilidad ambiental y de seguridad contra el impacto ambiental que reciban del exterior, así como que asegure su conservación, protección, restauración y recuperación de las condiciones de su biodiversidad.
Artículo 64-C. Las zonas de recuperación ambiental de competencia estatal se establecerán mediante decreto expedido por el titular del Ejecutivo del Estado; las zonas de recuperación ambiental de competencia municipal se establecerán mediante iniciativa del municipio correspondiente y decreto del Congreso del Estado; las declaratorias se harán conforme a éste y los demás ordenamientos aplicables.
Las declaratorias deberán publicarse en el periódico oficial El Estado de Jalisco así mismo, deberán ser inscritas en el registro público de la propiedad que corresponda.
Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:
I. La delimitación precisa del área sujeta a recuperación ambiental, precisando superficie, coordenadas geográficas de cada vértice, ubicación y deslinde;
II. Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona;
III. Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad;
IV. El programa de recuperación ambiental correspondiente;
V. Para el caso de zonas que circunden con un área natural protegida, el programa de recuperación ambiental deberá considerar exclusivamente acciones compatibles con el decreto que establece el área natural protegida y con su programa de manejo o de aprovechamiento, según sea el caso, y
VI. La causa de utilidad pública que fundamente la expropiación de terrenos, para que el Gobierno del Estado o los gobiernos municipales adquieran su dominio, en su caso.
Artículo 64-D. Los programas de recuperación ambiental de competencia estatal o municipal, deberán contener, por lo menos, la siguiente información:
I. La justificación, mencionando el criterio bajo el cual se propone el establecimiento de la zona de recuperación ambiental;
II. Los objetivos específicos de la zona de recuperación ambiental;
III. La delimitación del área con coordenadas geográficas de todos los vértices de sus perímetros;
IV. Descripción detallada de las acciones a realizar para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona;
V. Los responsables del manejo de la zona, así como las fuentes de financiamiento para realizar las obras y acciones que correspondan;
VI. Los plazos para la ejecución de dicho programa, y
VII. El manejo integral que se dará al área, una vez que se considere plenamente restaurada, priorizando siempre la conservación.
Artículo 64-E. Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las zonas que fueren materia de las declaratorias a que se refiere el artículo 64 bis quedarán sujetas a la aplicación de las modalidades previstas en las propias declaratorias.
Los fedatarios públicos que expidan instrumentos públicos en los que conste una escritura, convenio contrato o cualquier otro acto de naturaleza análoga, deberán hacer constar tal circunstancia.
Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo establecido en la mencionada declaratoria. [...]
8.2. El tres de septiembre de dos mil diecinueve se publicó en el Periódico Oficial el "Decreto del Gobernador del Estado de Jalisco por el que se establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco".
8.3. Derivado de lo anterior, diversos quejosos promovieron sendos juicios de amparo indirecto en contra del Gobernador y el Congreso del Estado de Jalisco, entre otras autoridades, de quienes reclamaron la inconstitucionalidad de los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de esa entidad federativa, con motivo de su primer acto de aplicación en el Decreto señalado en el párrafo que antecede, asuntos de los que conocieron los Jueces Sexto, Octavo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco que, en su momento, emitieron las sentencias correspondientes; mismas que fueron impugnadas.
8.4. Los recursos de revisión fueron enviados al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde quedaron registrados como amparos en revisión 5/2021, 205/2022, 544/2022, 584/2022 y 153/2023, fallados por unanimidad de votos, respectivamente, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, veinte de septiembre y tres de mayo, ambos de dos mil veintidós, treinta y uno de enero y treinta de mayo, ambos de dos mil veintitrés, concluyendo que los artículos reclamados son inconstitucionales por transgredir la garantía de audiencia previa, a partir de que el Decreto reclamado como primer acto de aplicación es un acto privativo conforme al párrafo primero del artículo 14 constitucional, a partir de las razones que sustenta la jurisprudencia P./J. 40/96, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION."(7)
8.5. Así, en la revisión principal número 5/2021, en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado se limitó a confirmar la inconstitucionalidad de las normas generales decretada por la juez de amparo, porque las razones que le sustentaron no fueron combatidas por la autoridad recurrente, por ende, debían seguir rigiendo en ese aspecto el sentido del fallo recurrido,(8) en el entendido de que la juzgadora sí tomó en cuenta las razones de la ley y decreto reclamados, sobre la base del interés social de proteger los ecosistemas y fortalecer la actuación de las instituciones responsables en el cuidado y protección de los recursos naturales, pues al efecto señaló:
Sin que se desconozca la legitimidad de los fines que puede perseguir el legislador con las normas cuestionadas para proteger predios que contengan áreas verdes, impedir la pérdida o afectación de recursos naturales, evitar el desequilibrio ecológico o salvaguardar áreas que circunden a las áreas naturales protegidas y asegurar su conservación, protección restauración y recuperación, de las condiciones de su biodiversidad, pues si bien el artículo 27 de la Constitución Federal permite imponer a las autoridades modalidades a la propiedad privada, en aras de un interés público y social constitucionalmente justificado, tal potestad no puede ser irrestricta.—Es decir, la posibilidad que el estado tiene de limitar o de restringir un derecho individual, como lo es el de la propiedad, sólo implica que este derecho de propiedad puede verse limitado en beneficio de un interés mayor, como lo es el de la sociedad; pero no así respecto de otros derechos individuales como lo es de le (sic) audiencia previa, previsto en el artículo 14 constitucional.—En efecto, en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, se sigue que los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por regla general, mediando un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, porque en éste deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento, que son las que, según la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.—Por ende, tratándose de actos privativos, la defensa, para que sea adecuada y efectiva, debe ser previa, en orden a garantizar eficazmente los bienes constitucionalmente protegidos a través del artículo 14 constitucional.—No se soslaya que los artículos 46, 55 y 57 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevean la participación de habitantes, poseedores y propietarios del área en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, pues como lo refieren los numerales 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E del mismo cuerpo de leyes, las declaratorias de zonas de recuperación ambiental estatal o municipal constituyen una categoría diferente, con reglas específicas contenidas en un capítulo diverso, de modo que no son aplicables de manera directa tales preceptos, por lo que tal falencia en la ley no puede considerarse subsanada con una regulación que contempla la garantía de audiencia para otro tipo de declaratorias.—Por las razones expuestas, y dado que los preceptos legales que regulan las declaratorias de zonas de recuperación ambiental en el Estado de Jalisco, mismos que fueron transcritos con antelación, no prevén la posibilidad de que, previamente a su emisión los afectados sean oídos en defensa, estando en aptitud de aportar las pruebas que estimen conducentes, es fundado el motivo de disenso hecho valer por la parte quejosa. [...](9)
8.6. En la revisión principal número 205/2022, en sesión de veinte de septiembre de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado de Circuito revocó la sentencia donde el Juez Federal negó el amparo solicitado, al considerar:
En efecto, a pesar de que con la finalidad destacada, el juzgador federal de origen vertió diversas consideraciones conforme a las cuales concluyó que la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente debe analizarse de forma holística y armónica y que de ahí que los artículos 64-A al 64-E de la misma que reclama la parte quejosa, no generen una privación o afectación a la propiedad, sin respetar la garantía de audiencia previa del interesado, ya que la legislación en comento sí prevé un procedimiento específico para la declaratoria de áreas naturales protegidas, lo que también debe ser observado tratándose de zonas de recuperación ambiental estatal o municipal, ya que en el fondo versan sobre áreas naturales protegidas, lo cierto es que, como lo señalan dichos inconformes, no puede estimarse que las zonas de recuperación ambiental constituyan cuando menos en sentido estricto áreas naturales protegidas, ni por ende, que resulte aplicable a las primeras, el procedimiento previsto para éstas últimas, a través de los artículos 54 a 58 de la legislación en cita.
Para demostrarlo, basta destacar que aun cuando los artículos tildados como inconstitucionales por la parte quejosa, artículos 64-A al 64-E, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, conforman el Capítulo Tercero, denominado: "De las Zonas de Recuperación Ambiental", se encuentra comprendido en el Título Segundo, relativo a las "ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS", lo cierto es que, la propia legislación, efectúa una distinción, cuando menos en sentido estricto entre tales figuras, lo que permite diferenciarlos entre sí.
Tal conclusión deriva de que por una parte, en el citado Título Segundo, a través del Capítulo I, regula lo relativo a las categorías, declaratorias y ordenamiento de las áreas naturales protegidas, en cuya sección primera, refiere a los tipos y caracteres de las áreas naturales protegidas (artículos 42 a 53); en tanto que en su sección segunda, establece lo relativo a las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas (artículos 54 a 62); y, en su Capítulo II, establece el sistema estatal de áreas protegidas (artículos 63 y 64); y, posteriormente, en su Capítulo III, se contienen las normas relativas a las zonas de recuperación ambiental (artículos 64-A a 64-E).
Por tanto, lo destacado pone de manifiesto que la legislación impugnada, establece disposiciones distintas para las áreas naturales protegidas y para las zonas de recuperación ambiental –como lo sostienen los quejosos e inconformes–, entre las cuales se encuentran reglas diferentes para su conformación, incluso al describir procedimientos y requisitos distintos para tal efecto, sin que se establezca que aquéllas previstas para las primeras resulten aplicables total o parcialmente para los restantes.
Así es, lo anterior demuestra que, aun cuando el juzgador federal de origen en la sentencia recurrida destacara que la legislación impugnada prevé el derecho de audiencia para los afectados en el procedimiento para establecer áreas naturales protegidas (en términos de la parte final de su artículo 57), lo cierto es que tal conclusión resulta insuficiente para demostrar como lo pretendió, que dicha disposición legal resulte aplicable en lo relativo a las zonas de recuperación ambiental, supuesto que se actualiza en la especie; y, por ende, para acreditar que en el procedimiento previsto para establecer tales zonas, cobre aplicación lo establecido en el numeral en comento.
En tal virtud, queda sin sustento la conclusión del juzgador federal para desestimar los conceptos de violación hechos valer contra la legislación de referencia; y, en consecuencia, para negar el amparo por lo que a los actos relativos se refiere.(10)
8.7. Enseguida, reasumiendo jurisdicción, el órgano de amparo emprendió el análisis que le llevó a declarar la inconstitucionalidad de los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, en tanto no prevén un mecanismo o procedimiento en el cual, previamente a declarar una zona de recuperación ambiental estatal o municipal, sean notificadas y escuchadas las personas que resulten afectadas con esa determinación y se les permita ejercer su derecho de defensa, en contravención al contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues incluso señaló que, al no prever la posibilidad de que los quejosos tuvieran intervención en el procedimiento correspondiente en forma previa a que se emitiera el Decreto del Gobernador del Estado de Jalisco por el que se establece como Zona de Recuperación Ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el Municipio de Zapopan, Jalisco, que incluso se reclama como acto de aplicación de los numerales tildados como inconstitucionales, superficie de la que se demostró en el juicio de origen, forma parte el predio propiedad de los quejosos y que por ende, resultó afectado por este último.(11)
8.8. En la revisión principal número 544/2022, resuelta el tres de mayo de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Tercer Circuito, revocó el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito(12) y, en lo conducente, declaró fundados los conceptos de violación expuestos en torno a los temas de inconstitucionalidad, conforme a las razones siguientes:
En efecto las normas como el Decreto reclamado son violatorios de derechos fundamentales en la medida que las primeras no proveen la garantía de audiencia en tanto el decreto reclamado constituye un acto privativo respecto del cual opera la garantía de audiencia previa prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal y, en el caso, no se prevé ni se otorgó dicha prerrogativa a los quejosos en su calidad de propietarios del inmueble afectado por dicho Decreto. [...]
En las relatadas condiciones, si bien, la autoridad emisora del Decreto de que se habla, tuvo como sustento principal una cuestión ambiental que es de orden público y de interés social, por traducirse en medidas tendentes a la conservación de los servicios ambientales de la zona afectada, así como garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, sobre todo, en lo atinente a la infiltración de agua y a su función como zona de protección al Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera; sin embargo, no por ello puede dejar de observarse que su naturaleza es la de un acto privativo, tal como se define en la jurisprudencia P./J. 40/96, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN." que ya se encuentra transcrita al inicio del presente estudio.
Es así, porque claramente se ve que los efectos del Decreto reclamado son los de imponer limitantes, restricciones y prohibiciones que generan un menoscabo o reducción con carácter definitivo de los derechos posesorios de los particulares afectados con la declaratoria antes indicada.
A esa conclusión se arriba, con motivo de que el apuntado Decreto menoscaba o reduce directamente la posibilidad de uso y disfrute de los inmuebles como el de la parte quejosa, al vincular a todos los propietarios y poseedores a las restricciones, limitaciones y prohibiciones ahí establecidas, en atención a que se restringe el tipo de uso de los predios inmersos en la zona afectada; además, impone la obligación de participar en actividades de conservación, restauración y restablecimiento de los elementos naturales; aunado a eso, prohíbe la realización de diversas actividades y obras, como las nuevas construcciones o edificaciones, entre otras.
Adicionalmente, esas restricciones, limitaciones y prohibiciones que menoscaban o reducen los derechos posesorios al afectar la capacidad de goce y disfrute de los inmuebles incluidos, se hicieron sin que quedara definida una temporalidad o transitoriedad, o bien, que se entendiera como una medida provisional o preventiva específica, de modo que se diera certeza a los particulares sobre cuándo quedarían liberados de su observancia o cumplimiento; por tanto, se entienden hechas con carácter definitivo.
Cabe mencionar que las propias disposiciones que conforman el marco normativo con base en el cual se emitió el Decreto reclamado, esto es, los numerales 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, tampoco son suficientes para interpretar que se trata de una medida provisional o preventiva, ya que actualmente señalan: [...](13)
8.9. En la revisión principal 584/2022, fallada en sesión del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, en lo conducente, confirmó la concesión de amparo decretada por la Juez de Distrito sobre la inconstitucionalidad de los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, por no otorgar garantía de audiencia previa, al resultar inoperantes los argumentos formulados por las autoridades recurrentes, por una parte en razón a que carecen de legitimación para combatir tal determinación y, por otra, no combatieron eficazmente las razones que rigen la sentencia recurrida.(14)
8.10. Finalmente, en la revisión principal 153/2023, resuelta en sesión de treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado de Circuito, confirmó la sentencia en la cual el Juez Federal, concedió el amparo contra los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, toda vez que se transgrede en perjuicio de la parte quejosa la garantía de audiencia prevista en el precepto 14 constitucional, bajo las consideraciones siguientes:
De lo hasta aquí expuesto, en oposición a lo sostenido por la autoridad responsable recurrente, el Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental "El Bajío", con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el Municipio de Zapopan, Jalisco, publicado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, sí constituye un mandamiento privativo del derecho de propiedad y posesión de los gobernados, pues tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva del uso, disfrute y disposición del bien de manera definitiva.
En ese sentido, al constituir un acto privativo de derechos, debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 constitucional, particularmente, la garantía de audiencia de los propietarios o poseedores de los predios que se ubican dentro del polígono a que se refiere el decreto impugnado, lo cual, como acertadamente lo resolvió el juzgador de amparo, los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establecen el procedimiento para la declaratoria de zonas de recuperación ambiental no respetan, pues no contienen ninguna disposición de la que se desprende que previo a la emisión de la declaratoria correspondiente, se les otorgará a los propietarios o poseedores de los predios ubicados dentro de la zona correspondiente, la oportunidad de alegar y ofrecer las pruebas que a su derecho corresponda. [...]
En esas condiciones, aún y cuando dichas normas sean tendentes a proteger y restaurar el medio ambiente, ello no las exime de respetar la garantía de previa audiencia de los propietarios o poseedores de los predios afectados, cuando las medidas que se establecen para su protección tienen como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva del uso, disfrute y disposición de los bienes de los gobernados, lo cual así ocurrió en el caso concreto, derecho constitucional que no puede soslayarse por más que se argumente un retardo en la implementación de dichas medidas por el gran número de juicios de amparo que pueden promover los particulare
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34146-71099a99/i-declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-los-plenos-regionales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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