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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA PARA CUESTIONAR LA DE QUIEN PROMOVIÓ LA DEMANDA, AL NO ESTAR CONTENIDO EN LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REGIRÁ DE MANERA SUPLETORIA POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ARTÍCULO 1o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EFECTOS DE LA VEDA ELECTORAL –NOVENTA DÍAS ANTES DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE– (LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA). V. CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. CUANDO LA NORMA IMPUGNADA CONTIENE MODIFICACIONES LEGISLATIVAS QUE NO SON DE NATURALEZA TRASCENDENTAL PARA EL PROCESO ELECTORAL, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO (LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE NORMAS ELECTORALES. AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRIMER ELEMENTO DE LA VEDA ELECTORAL –SU EXPEDICIÓN NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE– DADO QUE NO EXISTE PROCESO ELECTORAL LOCAL O FEDERAL QUE HAYA INICIADO DENTRO DE ESE PLAZO [ARTÍCULOS 23, NUMERAL 1, INCISO D), PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, 25, NUMERAL 1, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 19 TER DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA]. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE NORMAS ELECTORALES. EXISTE VINCULACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA CON EL SEGUNDO ELEMENTO DE LA VEDA ELECTORAL –LA NORMA DEBE SER APLICABLE EN EL PROCESO ELECTORAL CUYO INICIO ESTÁ PRÓXIMO– DADO QUE LA REFORMA SE VINCULA CON LOS PROCESOS ELECTORALES EN CURSO [ARTÍCULOS 23, NUMERAL 1, INCISO D), PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, 25, NUMERAL 1, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 19 TER DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA]. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE NORMAS ELECTORALES. AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL TERCER ELEMENTO DE LA VEDA ELECTORAL –LA NORMA DEBE CONSTITUIR UNA MODIFICACIÓN TRASCENDENTAL QUE IMPACTE EN LA CONTIENDA ELECTORAL– DADO QUE LAS NORMAS IMPUGNADAS NO TIENEN POR OBJETO, EFECTO O CONSECUENCIA PRODUCIR EN LAS BASES, LAS REGLAS O ALGÚN OTRO ELEMENTO RECTOR, UNA ALTERACIÓN AL MARCO JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO ELECTORAL [ARTÍCULOS 23, NUMERAL 1, INCISO D), PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, 25, NUMERAL 1, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 19 TER DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA]. IX. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ESTOS RECURSOS DEBEN DESTINARSE A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, INCISOS A), B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES DECIR, AL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES Y A LAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. X. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. XI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA POSIBILIDAD DE RENUNCIAR PARCIALMENTE Y, EN SU CASO, REINTEGRAR EL PREVISTO PARA SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, ES ÚNICAMENTE RESPECTO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y SÓLO EN EL CASO DE CATÁSTROFES SUFRIDAS EN TERRITORIO NACIONAL POR CUALQUIER DESASTRE O FENÓMENO CONTEMPLADO EN LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL O CUALQUIER OTRO QUE PONGA A LA SOCIEDAD EN GRAVE PELIGRO [ARTÍCULOS 23, NUMERAL 1, INCISO D), PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, Y 25, NUMERAL 1, INCISO Y), PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS]. XII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA POSIBILIDAD DE RENUNCI

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 52/2022. · Registro digital (IUS): 31724
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-01
Promovente: DIVERSOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo I, Pág.86.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 52/2022. DIVERSOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 10 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: DIANA RANGEL LEÓN.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 52/2022, promovida por diversas y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en contra de la adición de los párrafos tercero, cuarto y quinto del inciso d), del numeral 1 del artículo 23, y un último párrafo del numeral 1, del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, así como un artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, realizadas mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Por escrito recibido el veintinueve de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

A. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general impugnada:

A.1. Congreso de la Unión (Cámara de Diputados como órgano legislativo de origen y Cámara de Senadores como revisora).

A.2. Poder Ejecutivo Federal.

B. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó:

Decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos(1) y un artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil veintidós.

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los promoventes consideran que las normas impugnadas vulneran lo dispuesto en los artículos 40; 41, bases I, II y V; 74, fracciones IV y VI; 73, fracción XXIX-U; 79; 105, fracción II; 116, fracción IV; 122, apartado A, fracción IX; y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la parte accionante expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

I. El Congreso de la Unión invade la facultad y competencia del Instituto Nacional Electoral para fiscalizar los egresos de los partidos políticos derivados del ejercicio de los recursos entregados para la realización de sus actividades ordinarias permanentes.

La minoría de las y los integrantes de la Cámara de Senadores solicitan la declaratoria de invalidez de las porciones normativas "reintegrar en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes", del párrafo tercero, así como la parte final del propio párrafo tercero del inciso d), numeral 1 del artículo 23 "el reintegro de recursos correspondientes a financiamiento por actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de ese tipo de financiamiento", y del texto íntegro del párrafo quinto, inciso d) numeral 1 del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 41, base II, segundo y tercer párrafos, inciso a); base V, apartado A, primer y segundo párrafos, apartado B, primer párrafo, inciso a), numeral 6 y tercer párrafo de la Constitución Federal.

Las y los promoventes señalan que son inválidas las disposiciones que autorizan a los partidos políticos a reintegrar, en cualquier tiempo, el financiamiento público que reciban para sus actividades ordinarias permanentes, dado que, al tratarse de recursos ministrados conforme al calendario de planeación presupuestal, están sujetos a la fiscalización del Instituto Nacional Electoral en términos del objeto para el cual fueron entregados y de acuerdo con la normatividad aplicable.

Asimismo, argumentan que carece de sustento constitucional la autorización a los partidos políticos para reintegrar el remanente del ejercicio de los recursos provenientes del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes al término del ejercicio presupuestal correspondiente, pues también están sujetos a la fiscalización del Instituto Nacional Electoral en términos de su objeto y la normatividad aplicable.

Si los recursos del financiamiento público que por este concepto se proveen a los partidos políticos han sido enterados y recibidos, necesariamente están sujetos a la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, sin que la altura de miras del propósito de la reintegración pueda ser razón constitucional para que no sean materia de revisión en torno a su objeto y la normatividad para su erogación.

Señalan que las partes no impugnadas del tercer párrafo del inciso d), numeral 1 del artículo 23 permiten que con antelación a la entrega y recepción de los recursos de financiamiento para actividades ordinarias permanentes, los partidos políticos renuncien parcialmente a esos ingresos bajo las condiciones establecidas, lo que a su consideración es factible, pues al no haber entregado transferencia de recursos públicos al partido político, no surgirá la facultad del deber de fiscalizar las finanzas de esas formaciones políticas en relación con un ingreso que no existe.

Por otro lado, precisan que permitir que recursos públicos recibidos para el financiamiento de actividades ordinarias permanentes o que constituyan remanentes del ejercicio fiscal, se reintegren directamente a la Tesorería de la Federación con la sola obligación de informarlo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral o del organismo público local electoral correspondiente, constituye una autorización atípica, extraordinaria y sin sustento constitucional.

Además, que el hecho de que se prevea que dicho reintegro podrá realizarse hasta tanto el partido político no haya presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el informe anual del gasto ordinario, refuerza su convicción del riesgo evidente de conculcar las facultades de fiscalización del referido Instituto.

Indican que el Congreso de la Unión carece de facultades para determinar en una ley la procedencia o aplicación de las facultades de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos a cargo del Instituto Nacional Electoral, sobre la base de que los órganos competentes de esas formaciones políticas han determinado reintegrar al erario parte de los ingresos del financiamiento público recibido o los remanentes de éste al término del ejercicio fiscal correspondiente.

Por elementales principios de orden financiero y administrativo, así como en términos de la planeación presupuestal para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos, éstos tienen la posibilidad –en un término no mayor a un mes de calendario– de analizar y determinar si por el surgimiento de alguna emergencia que así lo amerite, renuncian parcialmente al financiamiento que les corresponde para actividades ordinarias permanentes.

Agregan que la posibilidad jurídica de reintegrar recursos recibidos conforme al calendario de ministraciones o de reintegrarlos al final del ejercicio presupuestal fiscal implica el riesgo de conculcar las facultades de fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

En ese sentido, sostienen que privar al Instituto Nacional Electoral de la facultad de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos y, particularmente de sus egresos, constituye una violación a lo dispuesto en la Constitución Federal.

Dicha privación se materializa en el momento en que se excluye de forma expresa al Instituto Nacional Electoral del procedimiento de reintegro de las prerrogativas en materia de financiamiento público a la Tesorería de la Federación, pues únicamente se exige a los partidos políticos que notifiquen esa decisión al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y de forma posterior a su determinación.

Lo anterior, apuntan, configura una afectación grave a la esfera de facultades de la autoridad electoral para fiscalizar el destino de los recursos públicos que reciben los partidos políticos, fomenta la opacidad en su manejo, evita su rastreo y seguimiento y, por ende, genera falta de certeza sobre su aplicación final, en franca contravención a las normas en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos previstas en el artículo 41 constitucional.

De igual forma, destacan que si bien los partidos políticos son entidades de interés público no son ejecutores de gasto público, mientras que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales sí son ejecutores de gasto en términos de la normatividad aplicable y están sujetos a fiscalización de los entes de Auditoría Superior de la Federación y de las entidades federativas; por ende, son estos órganos quienes están obligados presupuestalmente a reintegrar a la hacienda pública los recursos públicos no ejercidos, y no así los partidos políticos, de conformidad con el artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Así, en su oportunidad, para efectos de la cuenta pública de la hacienda correspondiente deberán informar y documentar los recursos públicos que se les hubieren entregado para el financiamiento público de los partidos políticos y su entrega conforme a la ampliación presupuestal, al tiempo que corresponde al Instituto Nacional Electoral la fiscalización integral de las finanzas de esas formaciones políticas y, en particular, de los ingresos recibidos para el financiamiento de las actividades ordinarias y permanente y de la erogación o no de ellos, y en su caso, el objeto del gasto realizado.

Por ello, al establecerse la atribución para que el Comité Ejecutivo Nacional o la instancia equivalente que ostenten la representación legal del partido acudan directamente a la Tesorería de la Federación para reintegrar los recursos recibidos conforme a las ministraciones hechas y no erogadas durante el ejercicio presupuestal o los remanentes del financiamiento para actividades ordinarias permanentes al haber concluido dicho ejercicio, se otorga indebidamente a los partidos políticos el carácter de ente público y ejecutor del gasto público.

Por ende, al hacerse nugatorias las facultades de fiscalización de la autoridad electoral nacional, deben declararse inválidas las partes referidas del tercer párrafo y la totalidad del quinto párrafo del inciso d), numeral 1 del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos.

II. El Congreso de la Unión vulnera el sistema constitucional de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y los sistemas constitucionales de aprobación de presupuestos de egresos de las entidades federativas, así como de rendición de cuentas sobre los ingresos y egresos de los entes públicos en esos ámbitos

La minoría de la Cámara de Senadores solicita la declaratoria de invalidez de las porciones normativas "reintegrar en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes", del párrafo tercero, así como la parte final del propio párrafo tercero del inciso d), numeral 1 del artículo 23 "el reintegro de recursos correspondientes a financiamiento por actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de ese tipo de financiamiento", y del texto íntegro del párrafo quinto, inciso d), numeral 1 del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, en razón de lo dispuesto por el artículo 41, base II, segundo y tercer párrafos, inciso a); base V, apartado A, primer y segundo párrafos, apartado B, primer párrafo, inciso a), numeral 6 y tercer párrafo, de la Constitución Federal.

Las y los promoventes señalan que las disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión de reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos recibidos para la realización de actividades ordinarias permanentes, así como de remanentes del ejercicio presupuestal-fiscal constituyen una contravención a los tiempos constitucionalmente previstos para la planeación, el ejercicio y la comprobación del presupuesto federal y de las entidades federativas, así como para el ciclo de rendición de cuentas en materia de fiscalización superior de la Federación y de las entidades federativas porque sustraen del conocimiento y de la actuación previa de la autoridad electoral que realizó la entrega de los recursos para el financiamiento de actividades ordinarias permanentes.

Lo anterior, impide la fiscalización auténtica del Instituto Nacional Electoral y la presentación de la información inherente a la cuenta pública federal y para el conocimiento y antecedente de los organismos públicos locales electorales, tratándose de la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos provenientes de recursos presupuestales locales.

Así, al autorizarse que los partidos políticos puedan reintegrar en forma directa a la Tesorería de la Federación los recursos recibidos durante el ejercicio presupuestal en curso o los remanentes del mismo al concluir el año calendario y el ejercicio fiscal del caso, se afecta el ciclo de cálculo, entrega, erogación y rendición de cuentas a que están vinculadas las autoridades administrativas electorales y, particularmente el Instituto Nacional Electoral en su función de fiscalización.

Indican que no puede soslayarse que las previsiones inherentes a las finanzas públicas –desde la estimación de los ingresos, egresos, la asignación de recursos, la ministración de ellos, el ejercicio del gasto y la comprobación de las erogaciones realizadas conforme a su objeto y la normatividad aplicable– son parte de un ciclo de tareas y responsabilidades en el tiempo que proporcionan información indispensable para futuros ejercicios de estimación, asignación, ejercicio y fiscalización de los recursos públicos.

III. El decreto es inaplicable para los procesos electorales locales en curso

En este concepto de invalidez, las y los promoventes solicitan la invalidez de la totalidad del decreto impugnado en relación con los procesos electorales locales en marcha en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en virtud de lo dispuesto en el párrafo cuarto, fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.

Precisan que la Norma Constitucional establece que las disposiciones de la legislación secundaria inherente a los procesos electorales sólo podrán aplicarse a los mismos, si se publican con un mínimo de antelación de noventa días a la fecha determinada constitucional o legalmente para el inicio del proceso correspondiente, por lo que durante la realización del proceso electoral no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

En ese sentido, la parte accionante considera que el decreto impugnado contiene modificaciones legales fundamentales, en tanto que pretende alterar las reglas del financiamiento público de los partidos políticos y su consecuente fiscalización, prerrogativas de diseño y configuración constitucional que no deben modificarse durante la etapa de organización de los procesos electorales en que vayan a aplicarse.

Finamente, reitera que los resultados de las elecciones locales ordinarias en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como de las extraordinarias en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas podrían verse alterados por la modificación a medio camino de las reglas inherentes al destino y distribución de las prerrogativas de los partidos políticos –nacionales y locales– en materia de financiamiento público.

IV. El Congreso de la Unión invade las facultades de las entidades federativas al disponer el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos públicos de origen local para el financiamiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en la entidad federativa de que se trate, que en su caso hubiere conocido y autorizado la autoridad administrativa electoral local o que realicen directamente los partidos políticos

Las y los senadores del Congreso de la Unión solicitan la declaratoria de invalidez de las porciones normativas relativas al reintegro "a la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral" del párrafo cuarto y tramitar "su reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente", del párrafo quinto, ambos del inciso d) numeral 1, del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, en razón de lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado C, párrafo 1; 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, inciso g); y 124 de la Constitución Federal.

Señalan que la Federación y las entidades federativas tienen otorgadas facultades en materia electoral de manera expresa en los textos de nuestra Ley Fundamental, al tiempo que la potestad legislativa conferida al Congreso de la Unión implica una facultad concurrente, pues le compete "expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos, organismos electorales, procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución."

Que al Instituto Nacional Electoral le corresponde el cálculo, la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la ministración del financiamiento público a los partidos políticos para la realización de sus actividades ordinarias permanentes, y a los organismos públicos locales electorales les corresponde llevar a cabo el cálculo, la inclusión en el presupuesto de egresos de la entidad federativa y la ministración del financiamiento público a los partidos en el ámbito local para que lleven a cabo sus actividades ordinarias permanentes.

Esto es, en términos de la normatividad aplicable a los partidos políticos del orden federal, los recursos para el financiamiento público que les corresponde son con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, en tanto que, por lo que hace a los del orden local, los recursos para el financiamiento público que les corresponde son con cargo a los respectivos presupuestos de egresos de las entidades federativas.

Así, las y los accionantes indican que no resulta lógico ni encuentra sustento constitucional que en los párrafos cuarto y quinto del inciso d) numeral 1, del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, se disponga que los recursos del financiamiento público, en el caso de que provengan del presupuesto de egresos de una entidad federativa deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación y no a la autoridad competente en términos de la legislación local.

Enfatizan que la redacción de ambos párrafos es indicativa en el sentido de querer comprender los recursos provenientes para el financiamiento público de las actividades ordinarias de los partidos políticos de los ámbitos federal y local, al establecerse –en una hipótesis– que se reintegrarán "por acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral ..." y –en otra hipótesis–, que se informará del reintegro a la Tesorería de la Federación al "Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente".

En ese sentido, señalan que sin discrepar sobre la procedencia de que un partido político determine no recibir –acorde a las previsiones de la adición que nos ocupa– la ministración correspondiente al financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y entonces puedan destinarse a otros objetos relacionados con catástrofes ocurridas en el territorio nacional contemplados en la Ley General de Protección Civil, no resulta acorde al orden constitucional vigente que si los recursos tuvieron su origen en el presupuesto de egresos de una entidad federativa, la hipotética administración a la que se renuncie se devuelva a la Tesorería de la Federación. En efecto, la parte accionante formula los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo reintegrar al orden federal de gobierno los recursos que no tienen ese origen? y ¿Por qué se reintegrarían a la Tesorería de la Federación los recursos locales recibidos conforme a la ministración mensual correspondiente o remanente del financiamiento local al concluir el ejercicio presupuestal del año?

La minoría parlamentaria concluye señalando que las previsiones que establecen el reintegro de recursos públicos locales para el financiamiento de los partidos políticos o la devolución de los remanentes de esos recursos locales al concluir el ejercicio fiscal a la Tesorería de la Federación son inconstitucionales por invadir la esfera de competencia de las autoridades locales en materia electoral y de disposición y asignación de recursos públicos del presupuesto de egresos de carácter local.

V. El decreto impugnado viola las reglas constitucionales que delimitan el destino y aplicación del financiamiento público que reciben los partidos políticos

En este concepto la parte accionante solicita la declaratoria de invalidez de la totalidad del decreto, pues a su consideración, vulnera lo dispuesto en el artículo 41, bases I y II, de la Constitución Federal.

Sostienen que no hay interpretación constitucional alguna que admita que un partido político pueda llevar a cabo actividades inherentes a la protección civil, de ahí que tampoco pueda destinar parte o la totalidad de su financiamiento para estos fines. Esta restricción se sustenta en la naturaleza jurídica de los partidos políticos como entidades de interés público y en la obligación a cargo de las autoridades de salvaguardar el principio de equidad en las contiendas electorales.

Indican que si se llegara a permitir que los partidos políticos decidan que parte de sus prerrogativas en materia de financiamiento público se dirija para combatir emergencias, catástrofes o casos fortuitos que pongan en riesgo a la sociedad, además de vulnerarse el régimen de financiamiento público, también se trastocarían valores esenciales para la democracia como la libertad y autenticidad en la celebración de los procesos electorales, así como la libertad en la emisión del sufragio.

Señalan que la renuncia al financiamiento público de los partidos políticos ya se ha utilizado con antelación como herramienta de presión para generar adeptos a una candidatura u opción política, lo que de suyo altera las reglas de la competencia electoral en condiciones equitativas, permite una clara simulación sobre el destino de los recursos públicos, y vulnera la libertad de la voluntad soberana de la ciudadanía para votar.

Precisan que, si bien un partido político puede renunciar a su financiamiento público previo a su recepción, es decir, antes de que el Instituto Nacional Electoral proceda a transferirlos durante los primeros días de cada mes, una vez que dichos recursos entran en la esfera de dominio del partido, resultan inmediatamente aplicables las reglas inherentes al destino de dicho financiamiento.

Además, que un partido político, motu proprio, está impedido por mandato constitucional para decidir el destino de su financiamiento público a la atención de emergencias, pues de hacerlo así incurriría en infracciones a las reglas específicas que dichas entidades de interés público deben observar sobre la materia.

Insisten en que la razón subyacente a esta restricción es garantizar que los recursos públicos a cargo de los partidos políticos no se apliquen de forma indebida para influir en la voluntad del electorado y evitar así la vulneración a los principios de libertad y autenticidad en la emisión del voto, que pueden transgredirse por la entrega de dádivas a cargo de los partidos políticos o sus candidaturas, ya sea en efectivo o en especie y, por sí mismos, o bien, por conducto de las autoridades afines del Gobierno Federal o local en turno.

Finalmente, señalan que si desde la legislación secundaria se faculta a los partidos políticos para que puedan señalar en qué debe gastarse parte de su financiamiento público, ello podría traducirse en la validación de un esquema irregular que los partidos políticos usen para triangular recursos y favorecer o perjudicar a determinada opción política, con todos los riesgos que suponen este tipo de prácticas.

Por lo anterior, consideran que el decreto impugnado es inconstitucional y solicitan su invalidez total.

4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2022, y turnó el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora del procedimiento.

5. Admisión y trámite. Por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; dio vista al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para que rindieran sus respectivos informes; requirió al Congreso de la Unión que enviaran copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y al Poder Ejecutivo Federal para que enviara el original o copia certificada del Diario Oficial de la Federación en el que constara la publicación del referido decreto; dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente; y, solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expresara su opinión por escrito en relación con la acción de inconstitucionalidad.

6. Informe de la Cámara de Diputados. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindió su informe, manifestando sustancialmente lo siguiente:

Respecto al primero y cuarto conceptos de invalidez:

- A través del decreto impugnado no se regula la supresión, disminución o limitación de facultades de control, fiscalización oportuna y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos por parte del Instituto Nacional Electoral, ni las facultades y conceptualización de la hacienda pública estatal, aunado a que de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal el Congreso de la Unión cuenta con la facultad de expedir leyes generales, en materia de partidos políticos.

- El decreto referido únicamente regula la posibilidad y libre potestad de cada partido político de renunciar parcialmente al financiamiento, en beneficio de la colectividad.

Respecto al segundo y quinto conceptos de invalidez:

- Los partidos políticos como entidades de interés público se encuentran vinculados a los principios hacendarios y presupuestales establecidos en las leyes de esas materias por tratarse de sujetos que reciben recursos públicos del erario y que deben ejercerlos exclusivamente para los fines señalados en la Constitución Federal y en las leyes relativas; y el Instituto Nacional Electoral debe vigilar que dichos recursos se ejerzan en el ejercicio fiscal respectivo y, aquellos que no se hayan erogado, se devuelvan a la Tesorería de la Federación.

- Las disposiciones impugnadas no vulneran las reglas de aprobación del presupuesto o aquellas relativas al destino y aplicación de financiamiento público que reciben los partidos políticos, al no modificar, alterar o suprimir los sistemas normativos presupuestarios o el control, fiscalización y vigilancia de los recursos con que cuenten los partidos políticos.

Respecto al tercer concepto de invalidez:

- El decreto impugnado no altera sustancialmente disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral; aunado a que las referidas modificaciones normativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio y de aplicación contingente. Así, su emisión no produce su invalidez ni su inaplicación, al otorgar certeza y seguridad jurídicas de forma general.

7. Informe de la Cámara de Senadores. El dos de mayo de dos mil veintidós, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión rindió su informe, en el que manifestó sustancialmente lo siguiente:

Causa de improcedencia.

- Estima que por lo que hace al último párrafo numeral 1, del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos y 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el precepto 19, fracción VIII, en relación con el diverso 22, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la parte accionante no formuló ningún concepto de invalidez para combatirlos, por lo que debe sobreseerse la presente acción respecto de esos preceptos, de conformidad con el artículo 20, fracción II, de la citada ley reglamentaria.

Respecto al primer concepto de invalidez:

- Las adiciones al artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos no constituyen una invasión por el Congreso de la Unión a las facultades del Instituto Nacional Electoral para fiscalizar a los partidos políticos con motivo del ejercicio de los recursos entregados para la realización de sus actividades ordinarias permanentes, en virtud de que lo único que regula el numeral mencionado, es el derecho de los partidos políticos para renunciar parcialmente y, en su caso, reintegrar en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes.

- La circunstancia de que el artículo 23, numeral 1, inciso d), párrafo quinto, de la Ley General de Partidos Político

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31724-9d1e7a7a/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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