IMPEDIMENTO. NO ACTUALIZA UN ELEMENTO OBJETIVO QUE PONGA EN RIESGO LA IMPARCIALIDAD DE UN JUEZ DE AMPARO, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ASUNTO DE SU CONOCIMIENTO TENGA ALGUNA VINCULACIÓN CON OTRO JUEZ DE DISTRITO CON EL QUE MANIFIESTE HABER TENIDO CONVIVENCIA, PERO NO AMISTAD ESTRECHA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 23/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 6 DE JULIO DE 2023. DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE) Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. DISIDENTE: MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO SALVADOR CASTILLO GARRIDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA VÁZQUEZ SÁNCHEZ.
IV. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de un Circuito que corresponde a esta región (Decimotercer Circuito), derivada de la resolución de dos impedimentos relacionados con amparos indirectos promovidos uno por un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca y, el otro, por diversa persona física que designó como autorizada a quien tiene el carácter de asesora jurídica de la contraparte de este último Juez Federal.
V. LEGITIMACIÓN
13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, porque fue formulada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, juzgador que se declaró inhabilitado para conocer de los juicios de amparo que dieron origen a los impedimentos que la motivaron; por tanto, se actualiza el supuesto de legitimación previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
VI. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. En primer término, con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer cuál es el que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO
IMPEDIMENTO 15/2022.
15. Mediante oficio de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el Juez Octavo de Distrito en dicha Entidad Federativa y con esa misma sede, remitió los autos de un juicio de amparo indirecto del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, para la calificación del impedimento legal para conocer y resolver dicho asunto.(1)
16. Por razón de turno, correspondió el conocimiento de tal asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, el que en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós, lo calificó de infundado, por las siguientes razones:
Criterio jurídico.
17. Señaló que el numeral 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, establece un motivo de impedimento para los juzgadores, relativo a situaciones diversas a las contenidas en las fracciones que integran el citado precepto, basada en elementos objetivos que pudieran derivar en la pérdida de imparcialidad; esto es, cuando el Juez se ve limitado subjetivamente por aquellos supuestos que permiten presumir parcialidad, lo que da lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en determinado caso concreto.
18. Apuntó que, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca que planteó el impedimento, adujo que no debe conocer del juicio de amparo, porque la autorizada de la parte quejosa también tiene el carácter de asesora jurídica de la contraparte del Juez Segundo de Distrito del mismo Circuito (ex-cónyuge) en un juicio del orden familiar; y que además, tal juzgador en su oportunidad denunció penalmente a la secretaria en funciones de Juez de Distrito y a una secretaria de Acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en dicha entidad, servidoras públicas que conocieron inicialmente del diverso juicio amparo promovido por la ex-cónyuge del segundo de los mencionados Jueces; además, porque ha convivido con este último en alguna reunión que ha tenido en meses pasados.
19. Estimó que esas circunstancias, no conllevan, por sí, a la posibilidad de que el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, deba declararse impedido para atender ese juicio de derechos, puesto que las mismas resultan por demás ineficaces para considerar actualizados elementos objetivos y razonables que inhiban al operador jurídico de conocer del asunto.
20. Precisó que, debe tenerse presente que el juicio de amparo sometido a la consideración del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, versa única y exclusivamente respecto al acto reclamado consistente en la resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictada por los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en un toca penal, por medio de la cual, se revocó el auto de formal prisión de doce de febrero de dos mil dieciocho, dictado en contra del indiciado, por los delitos de abuso sexual y hostigamiento sexual, cometidos en agravio de la víctima; lo que denota, que el Juez Segundo de Distrito en aquella Entidad Federativa y su ex-cónyuge, no son parte en ese juicio de amparo; por lo cual, no se advierte que esas circunstancias afecten la idoneidad del citado Juez Octavo de Distrito en ese Estado, para resolver el juicio de amparo de mérito.
21. Aseguró que el hecho de que a las secretarias de ese órgano jurisdiccional, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca las haya denunciado penalmente, al conocer inicialmente de otro juicio amparo indirecto, pues no se aprecia que ello, per se, afecte la idoneidad del resolutor, dado que tales denuncias no fueron presentadas en su contra.
22. Estimó que el hecho de que el resolutor afirme que ha convivido con el referido Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca en alguna reunión que han tenido en meses pasados; tampoco resulta un elemento objetivo que pudiera derivar en la pérdida de imparcialidad; puesto que esa circunstancia se advierte genérica e impersonal, dado que es notorio que los Jueces y Magistrados del Decimotercer Circuito, se reúnen periódicamente a tratar cuestiones inherentes a su función jurisdiccional.
23. Sostuvo que considerar lo contrario, implicaría llegar al absurdo que únicamente por tener trato con una persona de manera ocasional, esto es, no tener una amistad estrecha, dé lugar a la pérdida de imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.
24. Concluyó que las circunstancias antes señaladas no son relevantes, dado que el Juez de Distrito soslayó que en el juicio de amparo indirecto convergen partes procesales diversas al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca y a su ex-cónyuge; por tanto, el hecho de que una persona sea autorizada de esta última en diversos asuntos, en nada afecta para que el mencionado Juez Octavo de Distrito asuma su responsabilidad constitucional de dirimir la controversia puesta a su consideración.
25. Indicó que, en esa medida, contrario a lo sostenido por el titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, las situaciones invocadas no implican elementos objetivos de los que pudieran derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.
26. Consideró que el proceder del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, dista mucho de observar los principios de expeditez que rigen el juicio de amparo y el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, pues con su actuar ha generado dilaciones al procedimiento de manera injustificada.
27. Agregó que, no inadvertía que mediante oficio el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, haya transcrito el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictado en ese juicio de amparo de origen, de cuya lectura se advertía que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en diverso asunto, manifestó por conducto de su autorizado, que interpondría denuncia administrativa en contra del titular del Juzgado Octavo de Distrito en aquel Estado, por considerar que existe un trato ilegal en diversos procedimientos.
28. Al respecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento consideró que los motivos expuestos en absoluto podrían trastocar la imparcialidad de dicho resolutor en el juicio de amparo de origen; resultando una cuestión independiente, que en su oportunidad de ser el caso, tendrá que atender el referido juzgador.
29. Virtud a lo anterior, no calificó de legal el impedimento planteado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO
IMPEDIMENTO 11/2022.
30. Mediante oficio de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el Juez Octavo de Distrito en ese mismo Estado remitió los autos del juicio de amparo indirecto, de su índice, promovido por el Juez Segundo de Distrito en dicha Entidad Federativa (quejoso), para la calificación del impedimento legal para conocer y resolver tal asunto.
31. De dicho impedimento, por razón de turno correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el que en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, fue calificado de legal, medularmente bajo las siguientes razones:
Criterio jurídico.
32. En primer término, estableció que el artículo 51 de la Ley de Amparo, enumera los supuestos en que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse del conocimiento del asunto.
33. Señaló que, el supuesto normativo descrito en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo se refiere a situaciones diversas a las que se indican en las siete primeras fracciones de la misma disposición (parentesco, amistad, enemistad, interés, entre otras) que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad; es decir, situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o tener en riesgo la imparcialidad del juzgador.
34. De ese modo, el legislador dejó abierta la posibilidad para que se configure una causa de impedimento con base en elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador puede ser afectada; es decir, no contiene una causa de impedimento concreta, sino que, en atención a las variadas situaciones que puede ofrecer el ejercicio diario de la impartición de justicia, redactó un supuesto normativo que protege la imparcialidad que debe caracterizar a todo proceso, con base en elementos objetivos.
35. Destacó que a diferencia de las diversas fracciones I a VII del citado numeral, la porción normativa que se interpreta no exige que esos elementos objetivos afecten la imparcialidad del juzgador de manera cierta y directa, pues establece como mínimo que de los mismos "pudiera" derivarse un riesgo de pérdida de parcialidad. De donde se obtiene que la aludida causa de impedimento podrá actualizarse siempre que la situación en la que se encuentre el juzgador envuelva circunstancias específicas que permitan presumir razonablemente que se verá afectada su imparcialidad, o bien, que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así.
36. Indicó que la aplicación de la disposición invocada exige un examen cuidadoso de los elementos en su caso planteados, a fin de que se pondere si de ellos pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.
37. Mencionó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el principio de imparcialidad judicial tiene el siguiente contenido:
1. Exige que quien juzgue una contienda se aproxime a los hechos de la causa careciendo de prejuicios en lo subjetivo, y ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar dudas en torno a su imparcialidad.
2. La imparcialidad judicial debe entenderse desde dos dimensiones, mientras que su verificación puede ser objeto de dos tipos de test.
3. En cuanto a sus dimensiones, la imparcialidad debe ser funcional y personal; la primera deriva de la claridad en cuanto a las acciones que son asignadas a quienes imparten justicia dentro de un proceso judicial, de modo que no participen en diversos roles, no actúen en distintas instancias o carezcan de conexión con alguna de las partes, por lo cual requiere de garantías objetivas; en tanto que la segunda se presume de entrada y depende de la conducta de quien juzga respecto a un caso específico y de los sesgos, prejuicios personales o ideas preconcebidas en torno al asunto o quienes participan en él, centrándose en la capacidad de adoptar la distancia necesaria de un asunto sin sucumbir a influencias subjetivas.
4. En cuanto a la prueba, la imparcialidad funcional se analiza desde un punto de vista objetivo a partir de circunstancias verificables, de las que se obtengan indicios que puedan suscitar dudas justificadas o legítimas sobre la conducta que observarán quienes van a resolver un asunto. Mientras que la imparcialidad personal, desde un punto de vista subjetivo, se presume, salvo manifestación de quien resuelve o prueba objetiva en contrario.
38. Precisó, a título de antecedentes, que el promovente estimó que en el juzgado del cual es titular se encuentra en trámite un diverso juicio de amparo indirecto promovido por el mismo quejoso,(2) en el que la materia del acto reclamado es la suspensión de cargos, entre otras autoridades, de los funcionarios que han intervenido en la tramitación de los diversos juicios de amparo que existen y que ha instado el referido Juez de Distrito; asimismo, inició una carpeta de investigación contra dos de las secretarias del Juzgado del cual es titular, cuando actuaron en funciones de Juez y secretaria de acuerdos, respectivamente.
39. Pero, acotó que, las situaciones descritas por quien se estimó impedido no encuadran en alguno de los supuestos previstos en las fracciones I a VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, puesto que el promovente no manifestó tener el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; tener interés personal en el asunto o que lo tenga su cónyuge o parientes; no interviene en el asunto en diverso carácter ni como asesor; no forma parte en el proceso penal del que deriva el amparo que se revisa ni en el propio juicio de amparo; y no tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes.
40. Destacó que el elemento objetivo y esencial para calificar de legal el impedimento, es la relación que como titulares de Juzgado de Distrito tienen actualmente los Jueces Segundo y Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca.
41. Agregó que el estatus entre el juzgador y el aludido quejoso, como titulares de Juzgados de Distrito del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y que con motivo de ello, actualmente tienen una relación, que se acredita con las manifestaciones del funcionario que planteó el impedimento, valorado en términos del artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por tratarse de una confesión expresa, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio.
42. Sostuvo que tal relación entre titulares, sin duda implica una circunstancia que puede pensarse que se pierda o al menos se comprometa la imparcialidad en el juicio por quien debe resolverlo, por lo que constituye en un elemento objetivo del que puede derivarse el riesgo de pérdida del aludido principio, que a nivel internacional se encuentra reconocido como un derecho humano del justiciable, toda vez que la honorabilidad judicial no estaría a salvo.
43. Afirmó que es inconcuso que esa relación entre el quejoso y el Juez de Distrito que se excusa, puede generar la presunción hacia el exterior de la sociedad, de que el juzgador tendrá propensión a resolver el asunto conforme a los intereses de su compañero de trabajo, lo cual constituye un dato razonablemente objetivo, real y actual, para considerar que por dicha circunstancia el juzgador se encuentre impedido para continuar conociendo de la tramitación y consecuente resolución del juicio de amparo.
44. Citó como apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 36/2002, de epígrafe: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO."
45. En vista de lo anterior, determinó que se actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo.
46. Consideró que lo anterior era determinante para la solución del asunto pues, en materia de imparcialidad el juzgador debe otorgar una garantía de certeza de que actuará sin dar preferencia a ninguna de las partes, a fin de consolidar la confianza de los justiciables y cumplir con las expectativas que la sociedad ha depositado en el ejercicio de la función jurisdiccional. Por tanto, el juzgador está obligado a abstenerse de intervenir en los juicios de amparo en los que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así.
47. Concluyó que la circunstancia de que el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, conozca de un asunto que involucre a un funcionario con igual jerarquía puede dar lugar a suspicacias de la sociedad, de que el asunto propuesto será resuelto conforme a sus intereses, aunque dicha concepción únicamente derive de una idea aparente del ánimo que esa relación puede causar en la persona que juzga.
48. Señaló que es necesario prevenir el riesgo de pérdida de imparcialidad, ante la percepción de los justiciables, pues de no hacerlo pudiera presumirse que el Juez resolverá inclinándose por las pretensiones propuestas por su igual o suscitarse dudas sobre su imparcialidad.
49. Apoyó su consideración en la jurisprudencia PC.I.C. J/36 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital: 2012821, de rubro siguiente: "IMPEDIMENTO. REQUISITOS PARA CALIFICAR DE LEGAL LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO."
50. Finalmente, declaró fundado el impedimento planteado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca; consecuentemente, ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en dicha entidad, con sede en San
Bartolo Coyotepec, para que por su conducto lo remitiera al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con igual residencia, para que se avocara a su conocimiento, con excepción del Juez de Distrito declarado impedido, así como del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, de cuyo titular es el quejoso. 51. Este Pleno Regional no soslaya que en la denuncia de contradicción de criterios se menciona la existencia de otro impedimento calificado de legal por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, que según el denunciante, las consideraciones ahí expresadas son similares a las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de ese Circuito; sin embargo, debe puntualizarse que la denuncia de mérito se radicó y tramitó única y exclusivamente por cuanto hace a los criterios sostenidos por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en virtud de que no se solicitó convocar al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito; lo que se justifica si se toma en cuenta que el Juez denunciante sólo planteó la contradicción entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito; y si bien hace referencia a la ejecutoria emitida en el impedimento 17/2022 de su índice, lo cierto es que ello sólo fue como cita a su argumento para sostener que se encuentra impedido para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca o aquellos que se vinculen con éste, por lo que –a su parecer– es procedente declarar fundado el impedimento que plantee. Por tanto, con independencia de que las razones pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, sean similares al criterio adoptado por uno de los Tribunales Colegiados contendientes, este Pleno Regional en Materia Penal estima plausible resolver la presente contradicción a partir del punto de toque que surge entre los asuntos dirimidos por los órganos colegiados contendientes, sin considerar los argumentos del otro Tribunal Colegiado de Circuito que no forma parte de esta contradicción.
VII. CONSIDERACIÓN PREVIA
52. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.
53. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. VIII/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, diciembre de 1993, visible en la página 41, registro digital: 206390, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así."
54. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, consultable en la página 319, registro digital: 190917, de contenido siguiente:
"EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
VIII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
55. En primer orden, debe determinarse si en el caso existe la contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la denuncia.
56. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que para que se actualice la contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.
57. Tales argumentos se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, con número de registro: 164120, de rubro y contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J.26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
58. En efecto, la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
59. Así, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31736-97c440a8/impedimento-no-actualiza-un-elemento-objetivo-que-ponga · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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