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Modo: Corpus Pro

IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA EL ELEMENTO OBJETIVO QUE IMPLIQUE RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO MANIFIESTE QUE PRESENTÓ DENUNCIA PENAL CONTRA UN FAMILIAR DE UN MAGISTRADO INTEGRANTE DE UNA SALA PENAL SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 6/2023. · Registro digital (IUS): 31441
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-05-19
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo III, Pág.2573.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 6/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 23 DE MARZO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE) Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: JESÚS RAFAEL ARAGÓN. SECRETARIO: ADOLFO RODRÍGUEZ CASTILLO.

II. COMPETENCIA.

10. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios, derivada de la resolución de impedimentos planteados por un Juez de Distrito en asuntos de índole penal, que se resolvieron por Tribunales Colegiados con sede en el Decimotercer Circuito, que forma parte de la región en que este Pleno ejerce jurisdicción.

III. LEGITIMACIÓN.

11. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca quien se excusó para conocer de diversos juicios de amparo, consideraciones que fueron analizadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al resolver el impedimento 4/2022; y por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al emitir resolución en el impedimento 10/2022.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

12. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer el que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al dictar sentencia.

13. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós resolvió el impedimento 4/2022, de cuya resolución se advierte que:

I. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca mediante auto dictado el veinte de abril de dos mil veintidós, se declaró impedido para conocer del juicio de amparo 475/2022 de su índice, en el que se señaló como acto reclamado la resolución de cuatro de abril de dos mil veintidós dictada en el toca penal 96/2021 de la Tercera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó el auto de formal prisión en contra del quejoso por el delito de abuso infantil, basándose en que de la lectura a la demanda advirtió que la autoridad responsable es una Sala Penal que está conformada, entre otros, por un Magistrado con quien no tiene enemistad pues no lo conoce, sin embargo, es padre de una secretaria judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, respecto de la cual formuló demanda penal a título personal, lo cual estimó como un elemento objetivo del que pudiera derivar riesgo de afectación de su imparcialidad, en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo.

II. Al resolver el impedimento, el Tribunal Colegiado determinó no calificarlo de legal, al estimar que contrario a lo manifestado por el Juez de Distrito, no se actualizaba la hipótesis del precepto 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, porque el hecho de que hubiera denunciado penalmente, a título personal, a la hija de uno de los Magistrados que integran el tribunal señalado como responsable en el juicio de amparo, no se traduce en un elemento objetivo del cual pudiera derivar riesgo de la afectación de su imparcialidad, pues si bien basta la manifestación contundente y bajo protesta de decir verdad del funcionario judicial al plantear el impedimento para conocer del juicio de amparo para tener demostrado su dicho, resulta que su exposición no lo coloca en una situación que signifique un elemento objetivo y razonable que pudiera derivarse en riesgo de pérdida de imparcialidad, aunado a que no se sustenta en principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial.

III. Lo anterior, porque la denuncia penal que el Juez de Distrito dice haber presentado a título personal, contra la hija de uno de los Magistrados integrantes de la Sala Penal señalada como responsable, no constituye un elemento que objetivamente permita concluir que en el caso podría verse afectada la imparcialidad del juzgador para analizar y resolver el asunto del que deriva el impedimento, puesto que aquella funcionaria contra la que se presentó la denuncia penal no tiene calidad de parte en el juicio de amparo.

IV. Además de que la manifestación que alude el juzgador no es actual, presente y tampoco objetiva que pueda mermar su imparcialidad, porque no refirió tener una inclinación favorable o adversa hacia alguna de las partes, un interés o predisposición personal sobre la solución del asunto; pues no manifestó que denunció a título personal a alguna de las personas que actúan en el proceso sujeto a su conocimiento, por lo que no existe una situación que conduzca a considerar que se advierte conflicto de interés y, por ello, se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de los que goza como juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que es titular.

V. En consecuencia, el Juez Federal no proporcionó algún dato o manifestación en concreto, que permitiera advertir objetivamente que derivado de la denuncia penal en contra de una funcionaria ajena al juicio de amparo, pudiera sentirse obligado a influir o afectar el procedimiento constitucional de que se trata, en relación con las partes del citado juicio, lo que conlleva que la causa que hace valer no implica que se ponga en riesgo su imparcialidad, al resolver el asunto sometido a su potestad jurisdiccional, ya que lo que interesa no es la actitud de las partes, sino el ánimo del juzgador quien debe manifestar de forma clara que dicha actitud impactó en su fuero interno para resolver con imparcialidad el juicio de amparo relativo y tampoco señaló expresamente en momento alguno, cuál es el sentimiento que ello le ocasiona, sin que concretamente planteara dato objetivo alguno que permitiera destruir la presunción constitucional de imparcialidad, que a todo juzgador otorga el artículo 17 de la Constitución Federal; entonces no es el caso de que se tenga por actualizada la aludida causa de impedimento.

14. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, resolvió el impedimento 10/2022, de cuya resolución se advierte lo siguiente:

a. Mediante auto dictado el tres de junio de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca se declaró impedido para conocer del juicio de amparo 648/2022, porque de la lectura a la demanda respectiva advirtió que el acto reclamado consiste en la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 79/2021 por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través del cual negó darle trámite al incidente no especificado sobre el cómputo de la prisión preventiva y descuento de la pena impuesta que solicitó el impetrante del amparo; señaló que la responsable está conformada, entre otros, por un Magistrado con quien no tiene enemistad pues no lo conoce, sin embargo, es progenitor de una secretaria judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, respecto de la cual el Juez Federal interpuso demanda penal a título personal, lo cual estimó como un elemento objetivo del que pudiera derivar en riesgo de afectación de su imparcialidad en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo.

b. El Tribunal Colegiado calificó fundado el impedimento porque consideró que se surtía la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debido a que la manifestación del Juez se trata de una confesión expresa y resulta determinante al reconocer abierta y expresamente que el hecho de que haya presentado denuncia penal a título personal, contra la hija del Magistrado responsable, al constituir una causa objetiva y razonable generadora de tal impedimento, puede verse afectada su imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia que, a su vez implica ser ajeno a los intereses de las partes en controversia, así como resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas.

V. CONSIDERACIÓN PREVIA.

15. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.

16. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. VIII/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, diciembre de 1993, visible en la página 41, registro digital: 206390, de rubro y texto siguientes:

17. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así."

18. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, consultable en la página 319, registro digital: 190917, de contenido siguiente:

19. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.

20. En principio, debe destacarse que el Tribunal Pleno estableció en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de 2010, Tomo XXXII, página 7, registro electrónico: 164120, que para actualizar la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

21. De la citada jurisprudencia se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

22. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas, siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos judiciales, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, resulta que la contradicción de criterios no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción, ello es viable cuando la decisión que prevalezca sea única y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

23. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

24. La pregunta a la que debe darse respuesta en este apartado consiste en lo siguiente:

¿Existe contradicción en los criterios sustentados por los órganos contendientes?

25. La respuesta a esta interrogante es positiva, pues en el presente asunto sí se cumplen los requisitos de existencia de la contradicción de tesis previamente señalada de acuerdo a lo siguiente:

26. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional, los órganos colegiados contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

27. Lo anterior, porque resolvieron impedimentos planteados por un Juez de Distrito, en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en que se excusó para conocer juicios de amparo en la vía indirecta, virtud a que, de la lectura a las respectivas demandas advirtió que la autoridad responsable es una Sala Penal en la que uno de los Magistrados integrantes con quien manifestó no tener enemistad, es padre de una persona en contra de la cual el citado juzgador de amparo presentó una denuncia penal, a título personal; por lo que estimó que ese hecho constituía una causa objetiva y razonable generadora del impedimento.

28. En este contexto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al resolver el impedimento 4/2022 determinó que el hecho de que el Juez de Distrito presentara denuncia penal, a título personal, en contra de la hija de uno de los Magistrados que integran la Sala Penal señalada como responsable, no es un elemento objetivo del que pudiera derivar riesgo de la afectación de su imparcialidad, al señalar que no tiene enemistad con el Magistrado responsable, que tampoco aparece demostrado que exista algún ánimo hostil que afecte el criterio judicial a favor o en contra de cualquiera de las partes del juicio de amparo, aunado a que la persona que denunció no forma parte del juicio.

29. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, calificó legal el impedimento 10/2022, al estimar que el Juez de Distrito manifestó abierta y expresamente que el hecho de que presentara denuncia penal a título personal contra la hija del Magistrado responsable, constituye una causa objetiva y razonable generadora de impedimento, pues puede verse afectada su imparcialidad(1) –cabe precisar que de acuerdo a lo expuesto por el juzgador federal al formular su impedimento, no dijo que se viera afectada su imparcialidad, sino que se trataba de elementos objetivos de los que pudiera derivar riesgo de afectación a la imparcialidad(2), lo que se estima importante puntualizar para sustentar la determinación de este Pleno Regional, ya que se debe partir de los elementos fácticos que se pusieron a consideración de los órganos contendientes–.

30. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes, existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico, debido a que los Tribunales Colegiados se pronunciaron con relación a si la manifestación de la existencia de una denuncia penal a título personal formulada por un Juez de Distrito en contra de la hija de uno de los funcionarios judiciales integrantes de la Sala Penal, señalada como autoridad responsable en un juicio de amparo en la vía indirecta, constituye o no una causa objetiva que afecte el principio de imparcialidad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

31. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, estimó que sí, porque basta la confesión expresa del juzgador en el sentido de que tal situación puede afectar su imparcialidad(3); en cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, consideró lo contrario, porque estimó que dicha manifestación no constituye un elemento que objetivamente permita concluir que en este caso podría verse afectada la imparcialidad del juzgador para analizar y resolver el asunto, debido a que la persona en contra de quien presentó la denuncia penal no tiene calidad de parte en el juicio y no existe por parte del Juez constitucional, un sentimiento hostil contra alguna de las partes en el juicio de amparo, así como un interés o predisposición personal sobre la solución del asunto.

32. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Con base en lo que hasta ahora se ha expuesto, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los Tribunales Colegiados, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, dan lugar a formular la pregunta siguiente. 33. ¿Se actualiza un elemento objetivo del que pudiera derivar el riesgo de pérdida de imparcialidad en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, cuando el juzgador manifieste haber presentado denuncia penal, a título personal, en contra de un familiar de un Magistrado integrante de una Sala Penal señalada como responsable?

VII. ESTUDIO DE FONDO.

34. En principio, tenemos que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho fundamental de acceso a la justicia que se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen a su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones y el correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas.

35. Dicho numeral prevé cuatro principios de los que se desprende que la justicia debe ser: (I) pronta; (II) completa; (III) gratuita e (IV) imparcial.

36. En lo que aquí interesa, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación u hostilidad respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.

37. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCVIII/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 322, registro digital: 2018672, de rubro y texto siguientes:

38. "IMPARCIALIDAD JUDICIAL. SU CONTENIDO, DIMENSIONES Y PRUEBA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual consiste en la posibilidad real y efectiva que tienen en su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones, aunado al correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Además, se establece que la impartición de justicia debe regirse por cuatro principios, de modo que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el principio de imparcialidad judicial tiene el siguiente contenido: Primero, exige que quien juzgue una contienda se aproxime a los hechos de la causa careciendo de prejuicios en lo subjetivo, y ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar dudas en torno a su imparcialidad. Segundo, la imparcialidad judicial debe entenderse desde dos dimensiones, mientras que su verificación puede ser objeto de dos tipos de test. Tercero, en cuanto a sus dimensiones, la imparcialidad debe ser funcional (functional in nature) y personal (personal character), la ‘imparcialidad funcional’ deriva de la claridad en cuanto a las funciones que son asignadas a quienes imparten justicia dentro de un proceso judicial, de modo que no participen en diversos roles, no actúen en distintas instancias o carezcan de conexión con alguna de las partes, por lo cual requiere de garantías objetivas; por otra parte, la ‘imparcialidad personal’ se presume de entrada y depende de la conducta de quien juzga respecto a un caso específico y de los sesgos, prejuicios personales o ideas preconcebidas en torno al asunto o quienes participan en él, centrándose en la capacidad de adoptar la distancia necesaria de un asunto sin sucumbir a influencias subjetivas. Cuarto, en cuanto a la prueba, la imparcialidad funcional se analiza desde un punto de vista objetivo a partir de circunstancias verificables (objective test), mientras que la personal se estudia tanto desde un punto de vista subjetivo (subjective test) como desde el objetivo. La prueba objetiva se centra en identificar indicios –usualmente normados– que puedan suscitar dudas justificadas o legítimas sobre la conducta que observarán quienes van a resolver un asunto, salvaguardando la confianza que los órganos de impartición de justicia deben inspirar a las personas justiciables. Por otra parte, la imparcialidad personal, desde un punto de vista subjetivo, se presume, salvo manifestación de quien resuelve o prueba objetiva en contrario, la cual: (a) busca determinar los intereses o convicciones personales de quien juzga en un determinado caso (por ejemplo, si ha manifestado hostilidad, prejuicio o preferencia personal, o si ha hecho que el caso le fuera asignado por razones personales); y (b) puede basarse en un comportamiento que refleje una falta de distancia profesional de la o el Juez frente a la decisión (por ejemplo, a partir de los argumentos y el lenguaje utilizado), pero sin comprender, evidentemente, la actuación oficiosa de las y los juzgadores al recabar pruebas para esclarecer la verdad. Quinto, la recusación constituye un instrumento procesal de gran relevancia para la tutela del derecho a ser juzgado por un órgano imparcial e independiente, aunque sin llegar a confundirse con el derecho mismo. Atendiendo a todo lo anterior, en las leyes se establecen diversos medios procesales para que las personas gobernadas busquen garantizar que el fallo sea imparcial, así como para que quienes juzgan hagan patente su posible riesgo de parcialidad y que se inhiban de conocer de un asunto sometido a su jurisdicción."

39. Lo que toma importancia por el hecho de que el Juez actúa como un tercero, al margen de los intereses de las partes procesales, con sujeción plena al ordenamiento jurídico, por lo que debe ser libre de perjuicios o parcialidades de manera que no tenga dudas razonables en su contra.(4)

40. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), de rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.", estableció que la imparcialidad es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas.

41. El referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador ante un caso concreto, que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca; y, b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver, es decir, los presupuestos de ley que corresponde aplicar al Juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido; por lo que la primera debe presumirse, salvo prueba en contrario de quien la arguye; la segunda debe llevar a revisar si el temor de contaminación está objetivamente justificado. El buen enjuiciamiento sobre la tacha de parcialidad del juzgador debe ser concreto, entretejido de hechos y no abstracto o apriorístico.

42. La imparcialidad del Juez implica que no tenga un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentre involucrado en la controversia; por lo que debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de su integridad como un ser imparcial; en aras de salvaguardar la administración de justicia, se debe asegurar que el Juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.(5)

43. La garantía de los gobernados de que los conflictos que sostengan se resuelvan por un juzgador imparcial, se basa en encomendar a un tercero desinteresado y ajeno a la contienda la resolución de una controversia surgida entre intereses particulares, por lo que la apariencia de imparcialidad tiene como finalidad asegurar la confianza social.

44. En la esfera subjetiva es difícil de probar que el juzgador actuará con imparcialidad, pues supone una intromisión en su fuero interno al punto que queda resguardada bajo la presunción de que es subjetivamente imparcial "hasta que se pruebe lo contrario",(6) el asunto es cómo probar lo que por sí mismo es difícil de acceder por competir de modo único al juzgador.

45. En el ámbito objetivo, siempre debe atenderse al caso concreto, pues al respecto debe preguntarse si, independientemente de la conducta personal del Juez, ciertos hechos verificables permiten sospechar acerca de su imparcialidad, al respecto el autor Juan Montero Aroca, explica que la imparcialidad es algo subjetivo, por lo que la ley trata de objetivarla y para ello suele establecer una serie de situaciones que han de poder constatarse objetivamente, cuya concurrencia convierte al Juez en sospechoso de parcialidad y ello independientemente de que en la realidad un Juez concreto sea o no capaz de mantener su imparcialidad, su equidistancia de las partes, la regulación de la imparcialidad no puede atender a descubrir el ánimo de cada juzgador y en cada proceso, lo que sería manifiestamente imposible, por lo que el legislador se conforma con establecer situaciones taxativamente enunciadas y constatables objetivamente, que son las causas de abstención y de recusación, concluyendo que si algún Juez se encuentra en una de ellas cuando conoce de un proceso, debe apartarse del conocimiento del asunto o puede ser apartado del mismo.(7)

46. La imparcialidad exige que el Juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad.

47. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31441-67967206/impedimento-no-se-actualiza-el-elemento-objetivo-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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