I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU AUSENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTOS GRUPOS, SIGNIFICARÍA NO CONSIDERARLOS EN LA DEFINICIÓN DE SUS PROPIAS NECESIDADES Y VOLVER DE ALGUNA MANERA A UN MODELO REHABILITADOR O ASISTENCIALISTA. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE NAYARIT SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A DICHAS COMUNIDADES, POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 7, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O INCAPACITADOS" Y 12, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O INCAPACITADOS", DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VII. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SE RESPETAN POR LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS CUANDO LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE EMITEN GENERAN CERTIDUMBRE EN LOS GOBERNADOS SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PRODUCIRÁN. VIII. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. ES LA BASE SOBRE LA CUAL DESCANSA EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO, DE MANERA TAL QUE LO QUE TUTELA ES QUE EL GOBERNADO JAMÁS SE ENCUENTRE EN UNA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE JURÍDICA Y, POR TANTO, EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. IX. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. RADICA EN PODER TENER PLENO CONOCIMIENTO SOBRE LA REGULACIÓN NORMATIVA PREVISTA EN LA LEY Y SOBRE SUS CONSECUENCIAS. X. PROPIEDAD PRIVADA. NO ES UN DERECHO ABSOLUTO, POR LO QUE PUEDE SER LEGÍTIMAMENTE LIMITADO O RESTRINGIDO POR EL ESTADO POR RAZONES DE UTILIDAD PÚBLICA O DE INTERÉS SOCIAL. XI. DERECHOS HUMANOS. SUS GARANTÍAS PUEDEN ENTENDERSE COMO MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS INTERESES O DE LAS NECESIDADES QUE CONSTITUYEN EL OBJETO DE TALES DERECHOS FUNDAMENTALES. XII. DERECHOS HUMANOS. SUS GARANTÍAS CONSTITUYEN MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y TUTELA DE LOS DERECHOS ENCOMENDADOS A ÓRGANOS INSTITUCIONALES Y QUE, LÓGICAMENTE, TIENDEN A REFORZAR SU VIGENCIA Y A SALVAGUARDAR SU EFICACIA DENTRO DEL SISTEMA NORMATIVO. XIII. EXPROPIACIÓN EN EL ESTADO DE NAYARIT. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO UNA CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA "LA PREVENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA, LA TRANQUILIDAD O SEGURIDAD SOCIALES", PARA EFECTOS DE SUSTENTAR UN ACTO EXPROPIATORIO, RESULTA INCIERTA Y AMBIGUA, PUES NO ACOTA EL ACTUAR DE LA AUTORIDAD Y DEJA A SU ARBITRIO DETERMINAR LA CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA, POR LO QUE SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 7, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O INCAPACITADOS", Y 12, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O INCAPACITADOS", DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE VINCULA AL LEGISLADOR A DESARROLLAR LAS CONSULTAS RESPECTIVAS EN UN PLAZO DE DOCE MESES, Y A E
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 65/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: OMAR CRUZ CAMACHO Y MONSERRAT CID CABELLO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos artículos de la Ley de Expropiación para el Estado de Nayarit, expedida mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, esencialmente por dos razones: i) considera que se transgreden los derechos de igualdad y prohibición de discriminación, así como el igual reconocimiento como persona ante la ley, de las personas con discapacidad, por no entenderse el procedimiento de expropiación directamente con la persona con discapacidad, sino a través de representante, lo que es contrario al modelo social de discapacidad; y, ii) se transgreden la seguridad jurídica, propiedad privada y legalidad en una de las causas señaladas por la ley como de utilidad pública, ya que es ambigua y da lugar a arbitrariedades.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 65/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra los artículos 7, en su porción normativa "o incapacitados", 8, fracción VII y 12, en su porción normativa "o incapacitados", de la Ley de Expropiación para el Estado de Nayarit, publicada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.
1. Presentación del escrito inicial. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó acción de inconstitucionalidad, y señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Nayarit.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. Primero. La Comisión establece el parámetro de control de regularidad constitucional en materia de derechos de las personas con discapacidad, de donde se destaca el modelo social de la discapacidad implementado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consiste en que la discapacidad debe ser vista como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con discapacidad, por lo que las discapacidades no son enfermedades.
b. De esta forma, y atendiendo a los artículos 1o. constitucional, 1 y 12 de la convención citada, se deriva un igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley y la obligación del Estado de adoptar las medidas pertinentes para que puedan ejercer su capacidad jurídica. Lo anterior implica la implementación de un sistema de apoyos y salvaguardias en la toma de decisiones, que se traduce en que la persona con discapacidad no debe ser privada de su capacidad de ejercicio por otra persona que sustituya su voluntad, sino que sólo sea asistida para adoptar decisiones en diversos ámbitos, como cualquier persona, y que se realicen los ajustes razonables.
c. La ley local impugnada establece en sus artículos 7 y 12 tres supuestos en los que la participación de la persona titular del bien a expropiar deberá llevarse a cabo a través de un representante, dentro de los que se encuentran los "incapacitados".
d. En esos casos, la norma autoriza la representación de otra persona en todo el procedimiento del acto administrativo de expropiación, por lo que los derechos del titular no podrán ser ejercidos directamente por éste, sino que se deberá estar a las reglas de tutela o representación del Código Civil de la entidad.
e. De esta forma, la referencia que hace la norma a los "incapacitados" deviene inconstitucional, por transgredir los derechos a la igualdad y no discriminación, así como al reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas que viven con algún tipo de discapacidad.
f. Ello, porque la convención en la materia reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, y en caso de ser necesario, se debe adoptar un sistema de apoyo proporcional a las necesidades de cada persona, así como las salvaguardias necesarias que garanticen el respeto de su voluntad.
g. Por tanto, negar o limitar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad vulnera el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley y constituye una violación de los artículos 1o. constitucional, 5 y 12 de la convención.
h. Ahora bien, las disposiciones impugnadas establecen que será obligatoria la representación en el procedimiento de expropiación de aquellas personas que el Código Civil de la entidad considere como "incapacitadas o incapaces".
i. Al respecto, la legislación civil local continúa regulando la capacidad jurídica de las personas con discapacidad desde un modelo asistencialista y paternalista, cuya principal característica es la sustitución y representación de esas personas por considerarlas "incapaces" para la toma de sus propias decisiones.
j. La norma impugnada reproduce la concepción de que las personas con discapacidad no pueden llevar por sí mismos el trámite y todas las etapas del acto administrativo de expropiación, derivado de la discapacidad, por lo que es necesario que sea otra persona la que las lleve a cabo en su representación. Ello, no hace más que evidenciar que en realidad existe una sustitución de su voluntad y desconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas.
k. De todo lo anterior, se estima que los artículos 7 y 12, en las porciones normativas "o incapacitados", no son compatibles con el modelo social de la discapacidad, pues permiten el desconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la consecuente representación a cargo de otra persona en el procedimiento de expropiación respecto del bien del que es titular, pues además del mensaje discriminatorio estigmatizante de la discapacidad que ello conlleva, lo cierto es que la norma autoriza que ese resultado restrictivo de la capacidad jurídica se actualice sin permitir que la persona con discapacidad cuente con los apoyos proporcionales que requiera para que se logre expresar y conocer su voluntad; es decir, no se opta por la eliminación de las barreras que posiblemente impidan que se conozcan las decisiones tomadas en su libre albedrío en torno al acto jurídico.
l. Además, para el desarrollo de cada una de las etapas del procedimiento de expropiación, tratándose de personas con discapacidad, las autoridades están obligadas a llevar a cabo todos aquellos ajustes razonables que le permitan conocer cabalmente las etapas, derechos y consecuencias jurídicas del acto que realizarán. Y, finalmente, para asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respetan los derechos, voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, así como que no exista conflicto de intereses ni influencia indebida, se deben establecer salvaguardias, mismas que deberán estar sujetas a exámenes periódicos.
m. Por tanto, con base en el nuevo paradigma de la discapacidad, no existe justificación válida para que el legislador local haya establecido normas que impiden a las personas con discapacidad intervenir por sí mismas en el procedimiento de expropiación respecto de algún bien de su propiedad, y las obligue a hacerlo a través de su representante, por tanto, lo procedente es declarar su invalidez, por vulnerar sus derechos a la igualdad y no discriminación y de reconocimiento de su capacidad jurídica.
n. Segundo. La Comisión accionante desarrolla el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, destacando que la actuación de las autoridades debe estar determinada y consignada en el texto de normas que sean acordes con la Constitución Federal, así como con las leyes secundarias que resulten conformes con la misma, de otro modo, se les dotaría de un poder arbitrario incompatible con el régimen de legalidad. En ese sentido, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se hacen extensivos al legislador, como creador de las normas, quien se encuentra obligado a establecer normas claras y precisas que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria, siempre guiadas bajo los cauces determinados en la Constitución Federal.
o. Respecto al derecho de propiedad privada, la Comisión destaca que tiene dos puntos de vista: como un derecho fundamental, y como un derecho patrimonial. Así, visto como un derecho fundamental, implica acceder a la propiedad privada, por lo que su contenido es distinto al derecho patrimonial que se tiene cuando se es propietario de una cosa determinada.
p. De esta manera, se reconoce en la propiedad privada los caracteres de ser un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo en sí mismo, en el que confluye el principio básico de absoluta libertad, y que sólo por excepción puede ser afectado mediante su restricción, limitación o extinción, por disposición de la ley o por la voluntad del propietario en ejercicio de las facultades normativas que le confiere su derecho.
q. Tanto la Constitución General como la Convención Americana coinciden en que este derecho puede ser restringido o limitado total o parcialmente, siempre y cuando se busque un beneficio colectivo y sea a través de la imposición de modalidades a la propiedad que deriven de causas de interés público y en beneficio de la sociedad. En ese sentido, la causa de utilidad pública y la indemnización no son derechos humanos sino garantías de protección del derecho humano a la propiedad privada, frente al interés expropiatorio por parte del Estado.
r. Así, se considera que la fracción VII del artículo 8 impugnado que dispone como causa de utilidad pública "la prevención de cualquier tipo de alteración de la paz pública, la tranquilidad o seguridad sociales", no es respetuosa de las garantías de protección del derecho de propiedad, pues en principio, el supuesto que prevé resulta demasiado amplio y ambiguo y, por tanto, permite la discrecionalidad de la autoridad al momento de aplicarla, además de que la restricción, limitación o extinción del derecho de propiedad sobre un bien inmueble no guarda relación con el objetivo que justifica la expropiación.
s. Si bien es cierto que el Congreso Local tiene un amplio margen para legislar en la materia y que esta Suprema Corte ha enfatizado que el concepto de utilidad pública es demasiado amplio y su definición depende de diversos factores sociales, económicos, etcétera, también lo es que el legislador tiene que ser cuidadoso al momento de establecer los supuestos que serán considerados con tal carácter, a fin de evitar la arbitrariedad y discrecionalidad en la aplicación de la norma, buscando en todo momento el respeto a los derechos fundamentales.
t. Sobre esa base, considera que la hipótesis prevista no es lo suficientemente acotada ni resulta la medida idónea para lograr la "prevención de cualquier tipo de alteración de la paz pública, la tranquilidad o seguridad sociales"; por tanto, no se constituye como una auténtica causa de utilidad pública, pues si bien esos supuestos pudieran considerarse como beneficios sociales o colectivos, lo cierto es que: la norma es demasiado amplia y ambigua, lo que permite que la autoridad decida cualquier supuesto que, a su juicio, ayude a la prevención de la alteración de la paz pública, la tranquilidad o seguridad social lo cual puede convalidarse por la autoridad ejecutiva revisora; además, es posible que se expropie un bien que de forma presumible pueda generar esa alteración, sin que sea necesario que tal inquietud realmente se actualice en los hechos; y finalmente, no se advierte una relación entre la expropiación de un bien y la prevención de cualquier tipo de alteración de la paz pública, la tranquilidad o seguridad sociales, pues de ninguna manera se podría llegar al fin buscado por el solo hecho de que se ejecute ese acto administrativo.
u. Dicha situación ubica a los gobernados en un estado de incertidumbre jurídica, pues la norma no permite conocer y anticipar cuáles son los motivos que efectivamente alteran la tranquilidad, la paz o la seguridad sociales, ni tampoco precisa cuál será la forma o grado de esa posible alteración, permitiendo que sean las autoridades correspondientes quienes decidan, desde su apreciación, si se surte o no el supuesto, además de que tampoco se exige que exista realmente una alteración, sino únicamente una mera posibilidad de que el hecho a evitar acaezca.
v. Además, se estima que la expropiación o limitación total o parcial de un bien inmueble de ninguna manera contribuirá per se a la prevención de situaciones que pudieran afectar o alterar la tranquilidad, paz o seguridad social, pues dentro del sistema jurídico local existen otros medios legales efectivamente destinados a preservar la tranquilidad, paz o seguridad social, como una acción de extinción de dominio.
w. Con lo anterior, es evidente que la norma impugnada no guarda relación con el objetivo que se califica como causa de utilidad pública y también, que la limitación, restricción o extinción de la propiedad privada en esos términos, no se constituye como una auténtica causa de utilidad pública, por lo que ha quedado demostrado que la norma transgrede el derecho de propiedad del titular del bien sujeto a expropiación.
3. Admisión y trámite. El once de mayo de dos mil veintidós, el Ministro presidente formó y registró el expediente de esta acción de inconstitucionalidad en el momento oportuno y ordenó su turno al Ministro instructor, quien admitió el presente medio de control y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley, mediante acuerdo de veintitrés de mayo siguiente.
4. Informe del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. El Poder Local argumentó, en síntesis, lo siguiente:
a. En primer lugar, solicita que los preceptos impugnados se interpreten de conformidad con la Constitución Federal, respetando la presunción de constitucionalidad con que cuentan las normas. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar la unidad del orden jurídico en el Estado de Nayarit, a partir del respeto y observancia de las disposiciones contenidas en el bloque de derechos humanos.
b. También señala que resulta aplicable el principio in dubio pro legislatore, que determina que en caso de duda razonable respecto a la concurrencia de un vicio en cuanto a la constitucionalidad de la norma, la duda debe resolverse a favor de la decisión mayoritaria adoptada por un cuerpo deliberante.
c. Además, argumenta que la ley sólo puede declararse inconstitucional cuando su contradicción con la Constitución Federal sea tan evidente que no permita dejar lugar a la "duda razonable". Aunado a que, cuando una disposición legal esté redactada en términos tan amplios como para que pueda derivar de ella una interpretación inconstitucional, habrá que presumir que el legislador ha sobreentendido que la interpretación con la que habrá de aplicarse es la que permita mantenerse dentro de los límites constitucionales.
d. En ese tenor, señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la carga de argumentar convincentemente que los artículos impugnados son evidentemente inconstitucionales, ante la necesidad de conservar el derecho, y no a partir de una hipótesis inversa, es decir, considerar lo impugnado en principio como inconstitucional.
e. Lo anterior, máxime que de los conceptos de invalidez, no se advierten razonamientos lógico-jurídicos que cuenten con la solidez para expoliar la presunción de constitucionalidad con que cuentan las normas impugnadas. Ello, pues el argumento de que "las disposiciones normativas son demasiado amplias y ambiguas" es insuficiente para abatir el principio in dubio pro legislatore.
f. Respecto al artículo 8, fracción VII, impugnado, la autoridad refiere que su constitucionalidad estriba a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas, por lo que lo correcto es interpretar esa fracción conforme a la Constitución, puesto que la "utilidad pública" sólo es determinable por las condiciones políticas, sociales y económicas que imperen en la época y lugar en que se lleve a cabo el procedimiento de expropiación, por ende, el Constituyente otorgó al Congreso del Estado de Nayarit la facultad de establecer en la ley y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia las causas de esa utilidad pública que, en aras del bien común, sustenten el acto administrativo expropiatorio.
g. Por tanto, la parte actora de forma inexacta considera inconstitucional la fracción impugnada, puesto que la misma al ser genérica y al ser interpretada de conformidad con la Constitución Federal y los tratados internacionales, guarda deferencia al parámetro de control de regularidad constitucional. Lo anterior, si se considera que este Alto Tribunal ha determinado que las autoridades administrativas deben estudiar el expediente de expropiación en concreto, y justificar debidamente si se actualiza alguna causa de utilidad pública que para las adquisiciones por vía de derecho público se exige.
h. Así, fue intención del legislador prever como causa de utilidad pública la prevención de cualquier tipo de alteración de la paz pública, la tranquilidad o seguridad sociales, por lo que la constitucionalidad de la norma no se abatirá, siempre y cuando la autoridad administrativa justifique plenamente la actualización de un supuesto de prevención, en el caso, de cualquier tipo de alteración a la paz pública, la tranquilidad o seguridad sociales y, por ende, quede en evidencia la causa de utilidad pública que tenga por objeto satisfacer las necesidades sociales y económicas de la población.
i. Respecto a los artículos 7 y 12 impugnados, señala que contrario a lo manifestado por la Comisión accionante, las normas son acordes al parámetro de control de regularidad constitucional, ya que el modelo social de asistencia en la toma de decisiones de personas con discapacidad entraña el pleno respeto a sus derechos, voluntad y preferencias e implica una protección reforzada a sus prerrogativas.
j. En esa tesitura, la existencia de una discapacidad debe ser motivo para brindar una protección adicional, con la finalidad de que las personas tengan la oportunidad de formar y expresar su voluntad y preferencias, a fin de vivir de forma independiente, tomar opciones y tener control sobre su vida diaria.
k. Por ende, la finalidad constitucionalmente válida de los artículos impugnados, radica en que cuando la solicitud de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio recaiga en bienes de personas con discapacidad, con el objeto de tutelar sus derechos, el procedimiento se lleve a cabo siempre y cuando cuenten con los representantes necesarios en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Esto, considerando que el tutor tiene la función de asistir en la toma de decisiones, pero no puede bajo ningún escenario sustituir la voluntad de la persona con discapacidad.
l. En consecuencia, una mayor protección a las personas con discapacidad no debe traducirse en una mayor restricción para que se expresen y se respete su voluntad. Por ello, en aras de respetar sus derechos es que ese Poder Legislativo previó medidas de protección adicionales, como la asistencia de un tutor, lo cual es acorde al modelo social.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. El Poder Local argumentó, en síntesis, lo siguiente:
a. Respecto a los artículos 7 y 12 impugnados, señala que la Comisión accionante deja ver que no alcanza a discernir ni a relacionar con claridad si interpreta la palabra "incapacitados" en el estricto sentido al que la Ley de Expropiación para el Estado de Nayarit refiere, pues entre sus argumentos hace referencia a personas con discapacidad. No obstante ello, sus argumentos no son propios de la ley que combate, pues el concepto "incapaz" a que hace referencia la ley no alude a una concepción discriminatoria, ni tampoco es atribuible a una autoridad administrativa, sino que tiene su origen en la legislación civil, misma a la que debe recurrirse para determinar la incapacidad y el grado de ésta. b. Así, la Comisión accionante omite someter al estudio de la autoridad el hecho de que la "incapacidad" como figura jurídica es sujeto de la protección del Estado, atendiendo a las disposiciones internacionales, por lo que al ser la incapacidad un proceso por sí mismo que tiene lugar al arbitrio de una autoridad competente mediante el desarrollo de un proceso jurisdiccional en el que intervienen expertos en la materia, no se logra dilucidar la relación que la Comisión pretende entablar entre el concepto de "personas con discapacidad" e "incapacitado", por lo que la denominación de "incapacitado" no es más que un mecanismo de protección mediante el cual se le dota al incapaz la posibilidad de proteger su patrimonio y comparecer al proceso de expropiación por conducto del tutor, curador y/o Juez que mediante acto jurisdiccional previo, le tuvo por reconocido el carácter de incapaz, y en cumplimiento a la ley, se encuentra ejercitando el pleno goce de su capacidad por conducto de su representante.
c. En razón de lo anterior, sería inconstitucional conceder a una persona reconocida como incapaz el carácter de persona con pleno uso y goce de sus derechos sin estar asistido de su tutor, curador y/o del Juez, pues el carácter de incapaz no se origina propiamente en el hecho de que una persona tenga una discapacidad, sino que tiene su fondo en la discapacidad de la que se duela y cómo afecta ésta su forma de percibir, entender, actuar y conocer la realidad.
d. Por consiguiente, las disposiciones impugnadas no sólo son constitucionales, sino que motivan a impulsar la equidad e igualdad para quienes sean sujetos de un proceso de expropiación.
e. Respecto al artículo 8, fracción VII, impugnado, advierte que la Comisión accionante sustenta sus argumentos en hechos futuros en inciertos, pues se limita a aducir que el amplio margen de acción que le dota al Estado dicho precepto pudiera hacerlo incidir en conductas arbitrarias, no obstante, deja de observar que el numeral tiene la finalidad de ampliar el catálogo de posibilidades con las que la autoridad ejecutora pueda hacer uso de la figura de expropiación, siempre en beneficio de la población atendiendo a la figura de utilidad pública.
f. Con lo anterior, se deja de lado que la porción normativa atiende al principio pro persona, en el sentido de que no limita la concepción de paz y seguridad que el gobernado puede percibir en la inmediatez de su entorno, pues la paz y la seguridad no son un tema que puede delimitarse a sólo cuestiones de seguridad pública, sino que también versan sobre los riesgos que cada calle, colonia, zona y/o porción de la población pueda percibir en su entorno inmediato.
6. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimento en este asunto.
7. Alegatos. El Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formularon alegatos mediante escritos presentados en la Oficina de Correos de México de Tepic, Nayarit, el doce de septiembre de dos mil veintidós, y en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de septiembre del citado año, respectivamente.
8. Cierre de la instrucción. El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, habiéndose llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible vulneración a diversos derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, como son la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, su igual reconocimiento como persona ante la ley, y el reconocimiento a su capacidad jurídica, así como la seguridad jurídica, legalidad y propiedad privada.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
10. Del escrito de demanda se advierte que la Comisión accionante impugna los artículos 7, en su porción normativa "o incapacitados", 8, fracción VII y 12, en su porción normativa "o incapacitados", de la Ley de Expropiación para el Estado de Nayarit, expedida mediante decreto publicado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de la entidad.
11. Artículos cuyo texto es el siguiente:
Ver artículos
III. OPORTUNIDAD
12. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
13. Las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Por tanto, el plazo de impugnación transcurrió del miércoles treinta de marzo al jueves veintiocho de abril de dos mil veintidós. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se interpuso ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de abril del citado año, resulta inconcuso que es oportuna su promoción.
IV. LEGITIMACIÓN
14. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional,(4) la promovente cuenta con legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre una ley expedida por la Legislatura Estatal que estima transgrede distintos derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, pues considera que se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, su igual reconocimiento como persona ante la ley, y el reconocimiento de su capacidad jurídica, así como la seguridad jurídica, la legalidad, y la propiedad privada.
15. El escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 65/2022 está firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante acuerdo de designación correspondiente emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
16. La representación legal de la presidenta de la referida Comisión está prevista en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el numeral 18 del reglamento interno de la misma Comisión.(5)
17. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
18. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI.1. Consideraciones previas.
19. En su primer concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó los artículos 7, en su porción normativa "o incapacitados" y 12, en su porción normativa "o incapacitados", de la Ley de Expropiación para el Estado de Nayarit, porque establecen que los trámites de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio de bienes propiedad de personas "incapaces", se llevará a cabo con sus representantes, de conformidad con la legislación civil.
20. Así, señala que el sistema normativo refiere a personas con discapacidad a quienes se les impide participar directamente en los temas y actos que afectan su esfera jurídica en igualdad que el resto de las personas, desconociendo los derechos a la igualdad y no discriminación, al igual reconocimiento como persona ante la ley, al ejercicio de su capacidad jurídica y la autonomía de su voluntad.
21. Sin embargo, llama la atención de este Tribunal Pleno que el proceso legislativo que culminó con la promulgación de la Ley de Expropiación cuyos preceptos se impugnan, no contó con una consulta específica y estrecha a las personas con discapacidad, siendo que esta consulta está ordenada por el artículo 4.3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con motivo de todas las leyes y políticas públicas relacionadas con dichas personas que expidan las autoridades del Estado Mexicano.(6)
22. La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, en términos del artículo 71 de la ley reglamentaria,(7) se debe suplir la queja del primer concepto de invalidez planteado en la demanda y entrar al estudio de los efectos de la posible falta de consulta p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31753-56e2bb15/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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