Corpus
Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) Y SUS EMPLEADOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA. LA APLICACIÓN DE LA TESIS P./J. 10/2021 (11a.) DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A LOS JUICIOS LABORALES INICIADOS CON ANTERIORIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022 NO VIOLA DICHO PRINCIPIO, POR NO AFECTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS JUSTICIABLES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 82/2023. · Registro digital (IUS): 31758
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo III, Pág.2998.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 82/2023 ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: MAGISTRADO JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ. SECRETARIO: JOSÉ LUIS RUIZ MUÑOZ.

II. COMPETENCIA

4. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

6. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 8/2023, en sesión de treinta de marzo de dos mil veintitrés, estimó que la aplicación de la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.), de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.", a un juicio iniciado con anterioridad a su entrada en vigor no viola el principio de irretroactividad, en tanto versa sobre el régimen laboral aplicable a las relaciones jurídicas entre los organismos públicos descentralizados de carácter federal y sus empleados, el cual no fue modificado por la jurisprudencia sustituida P./J. 1/96, en tanto aquéllas siguieron rigiéndose conforme a su ley o decreto de creación, además que la tesis jurisprudencial superada no definió expresamente la autoridad judicial competente para conocer y resolver de dichos conflictos. Por lo que concluyó que si las relaciones jurídicas entre la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y sus empleados, se rigen de acuerdo con el apartado B del artículo 123 constitucional, conforme a su ley de creación, en función de su régimen laboral, resultaba competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con lo siguiente:

"35. Como lo alega la agraviada, no puede pasar inadvertido que el 10 de junio de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 3003/2019, determinó que las relaciones entre la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se trata de un organismo público descentralizado, declarando además, inconstitucional el artículo 9 de la Ley Federal de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

"36. Esto, derivado de que la propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) reclamó la aplicación de la tesis de jurisprudencia P./J. 1/96, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’

"37. Sin embargo, cabe precisar que el criterio P./J. 1/96 citado en el párrafo precedente, fue materia de análisis en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020 de 11 de octubre de 2021, en cuyas consideraciones (párrafos 17 a 20) se advierte que uno de los asuntos por los cuales la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quiso apartar de su aplicación fue justamente el amparo en revisión 3003/2019 –que cita la recurrente en apoyo a sus pretensiones–, donde con motivo de ese criterio se declaró inconstitucional el artículo 9 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; de donde resulta inconcuso que dicha resolución ha quedado superada a la luz de las reflexiones plasmadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la aludida sustitución, como se explica.

"38. En efecto, en la solicitud de sustitución de jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si bien, en algún momento estableció que los organismos descentralizados están subordinados indirectamente a la Administración Pública Federal, y por ello no podían estar comprendidos dentro del apartado B del artículo 123 de la Constitución.

"39. Lo cierto es que la determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión que corresponde al legislador, pues se trata de política pública, dado que, no hay duda que la visión de que dichos organismos no forman parte del Poder Ejecutivo porque son unipersonales, obedeció a una interpretación formalista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido abandonando, tal como se observa de las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de rubros: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE NO INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO EN SENTIDO AMPLIO.’ y la diversa ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO.’

"40. Derivado de lo anterior, el Pleno de la Corte determinó que el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no es inconstitucional, ya que, el mandato de que dicha ley es de observancia general para los titulares y trabajadores entre otros, de los organismos descentralizados que tengan a su cargo, función de servicios públicos, debe interpretarse en sentido de que la sujeción a este ordenamiento dependerá de lo que haya dispuesto la ley o el decreto de creación respectivo de cada organismo, acerca del régimen laboral que en cada caso corresponda.

"41. Lo cual dio origen a la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.) de rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.’ (registro digital: 2024102) publicada el 28 de enero de 2022 y obligatoria a partir del 31 de enero de 2022, la cual sustituyó a la diversa P./J. 1/96, que dejó de ser obligatoria a partir de esa data.

"42. Por estas razones, se concluye que la sustitución de tesis resolvió con nitidez que para resolver un conflicto laboral de un organismo descentralizado debe atenderse al apartado A o B del artículo 123 constitucional, acorde con lo que dispongan las leyes o decretos de creación respectivos; es decir el derecho sustantivo aplicable, y si bien no quedó expresamente definido qué ley regirá el derecho adjetivo y en qué autoridad recae la competencia de este tipo de asuntos, es dable concluir –como lo hizo el juzgador–, que en el caso, la autoridad competente para conocer del juicio, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; atento a las siguientes consideraciones.

"43. En la ejecutoria de la solicitud de sustitución de jurisprudencia, se lee, en el párrafo 57, lo siguiente:

"‘57. Es importante subrayar que la publicación y la vigencia de la nueva jurisprudencia no podrá modificar situaciones de hecho, ni generar afectación a la seguridad jurídica, tanto de las instituciones como de los trabajadores, por lo que no podrán lesionarse los derechos que los trabajadores hayan obtenido a través de las negociaciones individuales o colectivas con la parte patronal, toda vez que ni la jurisprudencia sustituida, ni la que sustituye, producen el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la relación laboral, por lo que todos los posibles conflictos laborales suscitados, o que en el futuro se susciten, deberán resolverse, según corresponda, conforme al apartado A o B del artículo 123 constitucional, acorde con lo que al respecto dispongan las leyes o decretos de creación respectivos.’

"44. Lo anterior permite colegir:

"1) Que la publicación y vigencia de la nueva jurisprudencia no modifica situaciones de hecho;

"2) Que la jurisprudencia sustituida P./J. 1/96 no producía el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la relación laboral; y,

"3) Que la jurisprudencia que sustituye P./J. 10/2021 (11a.) tampoco produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró la relación laboral.

"45. Es decir, para resolver un conflicto laboral donde la naturaleza del demandado sea ‘organismo descentralizado’ deberá atenderse al régimen que rigió a la relación laboral, contemplado en la ley o decreto de creación correspondiente y además, a la situación de hecho.

"46. Entonces –en el caso–, del contenido del artículo 9o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se lee:

"‘Artículo 9o. Las relaciones de trabajo entre la Comisión Nacional y sus trabajadores se regularán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, y las condiciones generales de trabajo que al efecto se determinen. Los trabajadores de la Comisión Nacional quedan incorporados al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.’

"47. Esto es, conforme a la ley que rige a la Comisión Nacional para la protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el asunto deberá resolverse conforme a las disposiciones del apartado B, del artículo 123 constitucional.

"...

"49. Resulta importante señalar que las Condiciones Generales de Trabajo se encuentran establecidas en los artículos del 87 al 88 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

"50. Lo que permite poner de manifiesto que la relación laboral durante el tiempo que duró, se rigió conforme a lo previsto por el apartado B, del artículo 123 constitucional; y por lo tanto, –como se adelantó– que, el conocimiento del asunto corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje [dada la especialización que le asiste]; puesto que el órgano competente y la ley del derecho adjetivo, deben definirse con relación a la naturaleza de la relación jurídica conforme al decreto o ley de creación y a la situación de hecho.

"51. Ello en virtud de que la ley reglamentaria de dicho dispositivo constitucional lo es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que en su artículo 85 establece que la solución de los conflictos corresponde precisamente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

"52. Es así, porque atento al contenido del párrafo 57 de la ejecutoria de la sustitución de jurisprudencia 2/2020 –transcrito en párrafos precedentes–, el juicio de origen se trata de un conflicto laboral suscitado, al que se valora y ubica en la situación de hecho y conforme a la ley que lo reglamenta, por lo cual, como se ha venido exponiendo se le debe aplicar lo conducente al apartado B del artículo 123 constitucional.

"53. Sin que la determinación anterior vulnere en modo alguno el principio de irretroactividad contemplado en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo.

"54. Se arriba a lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), de rubro ‘JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.’, que para considerar que la aplicación de la jurisprudencia vulnera el principio de irretroactividad, se deben presentar tres elementos:

"I) al inicio de un juicio o procedimiento debe existir una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional;

"II) antes de emitir la resolución jurisdiccional, se emite jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y,

"III) la aplicación del nuevo criterio impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables.

"55. Se hace necesario establecer un orden cronológico de los criterios que se han emitido con relación al tema, así tenemos lo siguiente:

"I) Jurisprudencia P./J. 1/96 (registro digital: 200199) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en febrero de 1996, de rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO ES INCONSTITUCIONAL.’, donde en esencia se determinó que era inconstitucional la inclusión de los organismos descentralizados de carácter federal, en el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que sus servidores no se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional.

"II) Jurisprudencia 2a./J. 50/2006 (registro digital: 175306) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en abril de 2006, de rubro: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’; en la cual, se afirmó que los trabajadores al servicio de los organismos descentralizados de orden federal no cuentan con un sistema ordenado, pues en unos casos se gobiernan por el apartado A y otros por el B del artículo 123 constitucional, lo que genera incertidumbre, pero que ello no debe llevar a aceptar que un trabajador de un organismo descentralizado tiene derecho a los beneficios de ambos apartados, ya que eso lo no establece ninguna norma constitucional ni legal y que ello tampoco podía jurídicamente apoyarse en la jurisprudencia P./J. 1/96 porque la misma no produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas entre el citado instituto y sus trabajadores durante el tiempo que duró la relación laboral, y que si bien obliga a los Tribunales, ello debe ser apegado a la lógica.

"III) Jurisprudencia 2a./J. 21/2012 (registro digital: 2000408) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en marzo 2012, de rubro: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. SI SUS TRABAJADORES LABORARON BAJO EL RÉGIMEN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, NO TIENEN DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’, en la cual se reiteran básicamente las consideraciones de la jurisprudencia previa (2a./J. 50/2006).

"IV) Jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (registro digital: 2002585), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en enero 2013, de rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’, donde en esencia se estableció las relaciones laborales de los organismos descentralizados con sus trabajadores deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional y por consecuencia, la competencia del conocimiento de los conflictos labores recae en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, bajo la consideración de que cuentan con personalidad jurídica propia, aun cuando se ubiquen dentro de la administración pública paraestatal encabezada por el Poder Ejecutivo, no se trate propiamente de empresas o no persigan fines lucrativos e independientemente de lo que establezcan al respecto otros ordenamientos secundarios. Criterio que fue abandonado por la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 que se detalla en el siguiente apartado.

"V) Jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (Registro: 2012980) de la propia Segunda Sala publicada en noviembre de 2016 de rubro: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)].’; que contiene las consideraciones de la tesis aislada en la cual se apoyó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida; donde se analizó la facultad potestativa que poseen las entidades federativas para regular las relaciones laborales entre los distintos órganos locales centralizados, descentralizados y autónomos, con sus trabajadores; la que si bien se enfocó en organismos de la administración pública local, cuenta con similares consideraciones a las de la ejecutoria de solicitud de sustitución de jurisprudencia analizada que comprende a los organismos descentralizados del Gobierno Federal y atiende a la situación de hecho.

"VI) Jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en enero 2022, de rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.’, en la cual se concluye no es posible derivar el tipo de régimen laboral de los organismos descentralizados de una interpretación sistemática de la Constitución General considerando un criterio funcional, de modo que debe atenderse a la libertad de configuración del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, según corresponda, para establecer el régimen laboral de tales organismos.

"56. De la cronología y criterios citados, se aprecia que desde el año dos mil seis (2006) se han emitido diversos criterios en los cuales se sustenta que la jurisprudencia P./J. 1/96 no produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas entre los organismos descentralizados y sus trabajadores durante el tiempo que duró la relación laboral.

"57. Entonces, no obsta que la recurrente haya presentado su demanda laboral el 2 de julio de 2019 y orientado su proceder jurídico o estrategia legal conforme a la jurisprudencia P./J. 1/96 para estimar que se está violando el citado principio; ya que es evidente que no existía criterio jurisprudencial que estableciera un entendimiento diferente respecto de cuál es la ley sustantiva con la cual deben resolverse los conflictos laborales donde se demande a un organismo descentralizado, pues aun cuando en observancia del primero de los criterios citados P./J. 1/96 se fijaba competencia a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cierto es que el conflicto se resolvía conforme a la ley sustantiva que regía a la relación laboral durante su vigencia. "58. Circunstancias, por las cuales este órgano colegiado estima que considerar las reflexiones de la Corte que dieron lugar al criterio P./J. 10/2021 (11a.) no implica una aplicación retroactiva en perjuicio de la inconforme, en tanto no existía un criterio que definiera diverso entendimiento con relación a la ley sustantiva que debía observarse en esos casos; en ese orden de ideas, es claro que el segundo requisito tampoco se acredita al no existir una jurisprudencia anterior que pudiera ser superada, modificada o abandonada en ese sentido.

"59. Además, se considera que la aplicación de las consideraciones de la indicada jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.) no impacta en la seguridad jurídica de la justiciable, pues el hecho de que los trabajadores de confianza, que se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional, no gocen de estabilidad en el empleo, es una circunstancia que prevalece con independencia de qué órgano conozca del asunto, ya que es un aspecto atinente a la ley sustantiva aplicable al caso concreto, pues como se ha visto –antes y ahora– conforme a los razonamiento de la Corte, la controversia debe resolverse conforme al régimen que rigió la relación laboral durante el tiempo que duró; siendo por ello mejor, a consideración de este órgano colegiado, que quien conozca del asunto sea un tribunal especializado en la materia.

"60. En abono a las consideraciones previas, es preciso indicar que no pasa inadvertido para este órgano colegiado, la vigencia de los siguientes criterios 2a./J. 22/96 ‘COMPETENCIA LABORAL. DEBE DECLARARSE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.’ (Registro: 200604); 2a./J. 47/97 ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA A EMPRESAS ADMINISTRADAS EN FORMA DIRECTA O DESCENTRALIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL.’ (Registro: 197495); PC.I.L. J/66 L (10a.) ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE SE DEMANDA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO. SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (Registro: 2022394); y, otros de la Quinta Época –que cita la recurrente en sus agravios– de rubros: ‘EMPRESAS DESCENTRALIZADAS. SE RIGEN POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’; ‘EMPRESAS DESCENTRALIZADAS, COMPETENCIA PARA CONOCER SUS CONFLICTOS DE TRABAJO.’ y ‘COMPETENCIA EN MATERIA DE TRABAJO (EMPRESAS DESCENTRALIZADAS).’; en los cuales se sostiene la competencia a favor de las Juntas Federales en conflictos en los que interviene un organismo descentralizado.

"61. Empero, es relevante establecer que estos criterios representan una mera interpretación de la jurisprudencia sustituida P./J. 1/96 realizada por los Tribunales Colegiados de Circuito y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde concluían la competencia a favor de las Juntas Federales, sosteniéndose como se ha relatado, la idea de que el conflicto debía resolverse conforme al régimen que imperó durante la relación laboral.

"62. Dicho de otra forma, con relación al tópico de competencia no existía un criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual estableciera la autoridad laboral que debía conocer de este tipo de asuntos; resultando la sustitución de jurisprudencia un cambio sustancial en el fondo del asunto, no así en el presupuesto procesal de competencia, lo que evidencia que no se transgrede el principio de irretroactividad.

"63. Bajo estos elementos, resulta claro que los criterios citados que sostienen la competencia de las Juntas Federales en este tipo de conflictos, obedecieron a una realidad de otra época, diversa a la que ahora impera y son previas a las reflexiones a que se ha hecho referencia; e incluso algunos de ellos, se encuentran enfocados a circunstancias específicas de los organismos que ahí se mencionan; de modo que no resultan orientadores para la determinación de este tribunal, a la luz del organismo de que se trata.

"64. Por todas las consideraciones que preceden, este tribunal colegiado estima ineficaces los agravios de la recurrente, en los cuales alega se le causa una afectación sustantiva al observar lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

"65. Atento a lo anterior, la autoridad competente para conocer de la controversia laboral, lo es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, específicamente la Quinta Sala."

7. De dicha ejecutoria emanaron las tesis aisladas I.14o.T.25 L (11a.) y I.14o.T.26 L (11a.),(1) publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el viernes cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

8. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 32/2022, en sesión pública de veinticinco de julio de dos mil veintidós, resolvió que la aplicación de la tesis de jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.), a un juicio laboral iniciado con anterioridad a su entrada en vigor viola el principio de irretroactividad, por cuanto existía la jurisprudencia previa P./J. 1/96, que establecía que las relaciones jurídicas entre los organismos públicos descentralizados y sus empleados se regían por el apartado A del artículo 123 constitucional, por lo que decidió, con base en dicho régimen laboral, que preveía la jurisprudencia sustituida, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resultaba competente para conocer y resolver del conflicto laboral, de acuerdo con las consideraciones siguientes:

"Por lo anterior, el Juez de Distrito determinó conceder el amparo, para el efecto de que, se dejara insubsistente la resolución incidental de ocho de julio de dos mil veinte, dictada en el juicio laboral ... y, se emitiera otra en la que, la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, declarara procedente el incidente de competencia planteado por la demandada y ordenara remitir los autos a la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en turno.

"Determinación que este órgano colegiado estima incorrecta.

"En efecto, tal como aduce la recurrente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 3003/2019, mismo que surgió, por la inaplicación de la tesis de jurisprudencia P./J. 1/96, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’, determinó que las relaciones entre la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y sus trabajadores se rigen por el apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se trata de un organismo público descentralizado, declarando además, inconstitucional el artículo 9 de la Ley Federal de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

"No obstante, lo anterior, en la solicitud de jurisprudencia 2/2020, se determinó en principio, que dicha solicitud era procedente, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 403/2019, 6391/2016 y 3003/2019, aplicó la tesis a sustituir, esto es la jurisprudencia P./J. 1/96, reiterando lo que, en su momento se indicó en cada uno de los asuntos citados, señalando con posterioridad que, toda vez que existe una amplia variedad de particularidades en las que se encuentran las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados federales y, tomando en cuenta que no existe en la Constitución una regla absoluta acerca del régimen laboral de los organismos descentralizados, era procedente la sustitución de la jurisprudencia 1/96.

"En ese contexto, en las consideraciones que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2022, destaca que, manifestó que, pese a que en algún momento estableció que los organismos descentralizados están subordinados indirectamente a la Administración Pública Federal, que por tanto, no pueden estar comprendidos dentro del apartado B del artículo 123 de la Constitución, porque se refiere a las relaciones laborales de los Poderes de la Unión y sus trabajadores, lo cierto es que, la determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión que corresponde al legislador, pues se trata de política pública, dado que, no hay duda que la visión de que dichos organismos no forman parte del Poder Ejecutivo porque son unipersonales, obedeció a una interpretación formalista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido abandonando, tal como se observa de las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de rubros: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE NO INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO EN SENTIDO AMPLIO.’ y la diversa ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO.’

"Consecuentemente, determinó que el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no es inconstitucional, ya que el mandato de que dicha ley es de observancia general para los titulares y trabajadores entre otros, de los organismos descentralizados que tengan a su cargo, función de servicios públicos, debe interpretarse en sentido

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31758-2f39d338/competencia-para-conocer-y-resolver-los-conflictos-laborales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.