COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y SUS EMPLEADOS, CUANDO LA RELACIÓN DE TRABAJO SE DESARROLLÓ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE ESE ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SU SINDICATO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD ENCARGADA DE APLICAR LAS NORMAS PROCESALES DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL (JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE O LOS ACTUALES TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 126/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, NOVENO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE. SECRETARIA: ZAHRET ADRIANA JIMÉNEZ ARNAUD.
II. COMPETENCIA
11. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9, 14, fracción I y 15, párrafo segundo, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4 y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por ********** y **********, en su carácter de apoderados del Archivo General de la Nación, parte quejosa en los amparos en revisión 54/2021, 37/2022 y 6/2023 del índice de los Tribunales Colegiados Décimo Segundo, Tercero y Noveno, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, respectivamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 54/2021.
14. El asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:
• Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el doce de julio de dos mil diecinueve, ********** demandó del Archivo General de la Nación, la reinstalación en su empleo y el pago de los salarios caídos respectivos, derivado de un despido injustificado.
• La citada demanda laboral fue radicada en la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el expediente **********.
• Por escrito de veintidós de octubre de dos mil veinte, el demandado Archivo General de la Nación, dio contestación a la demanda laboral e interpuso incidente de competencia, al considerar que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el competente para conocer del asunto.
• Mediante resolución interlocutoria de doce de marzo de dos mil veintiuno, la Junta del conocimiento determinó declarar improcedente el incidente de competencia planteado.
• Inconforme con esta determinación, por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación, por conducto de su apoderado, promovió demanda de amparo indirecto.
• Correspondió conocer de la demanda de referencia, al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, con el expediente **********; y, mediante sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, determinó negar la protección federal al quejoso, por considerar que fue acertado que la Junta responsable se declarara competente para conocer de la demanda laboral, en virtud de que las relaciones de trabajo entre los organismos descentralizados federales o locales y sus trabajadores, deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 1/96 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL."(1)
• Inconforme con la referida sentencia, el Archivo General de la Nación, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito con el expediente RT. 54/2021, resolviéndose en sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso.
15. Las consideraciones que sustentó el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la ejecutoria correspondiente, consistieron en lo siguiente:
El referido Tribunal Colegiado calificó fundados los agravios que hizo valer la parte quejosa, tendentes a impugnar la resolución de competencia emitida por la Junta responsable, por considerar que en sesión de once de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos, determinó que el Congreso de la Unión tiene libertad de establecer el régimen que regule las relaciones laborales de los organismos descentralizados federales con sus trabajadores; esto es, si se regirán conforme al apartado A o B del artículo 123 de la Constitución Federal, sin que deba tomarse como base para definir dicho régimen, la naturaleza de las actividades que realizan.
Al respecto, precisó que era procedente aplicar dicho criterio al caso particular, porque aun cuando se trataba de la versión taquigráfica, en virtud de que la oficial no había sido publicada, lo cierto era que fue aprobada por mayoría de ocho votos, en sesión de once de octubre de dos mil veintiuno, por lo que resultaba obligatoria su aplicación.
Pues señaló que si bien el juicio laboral se promovió el doce de julio de dos mil diecinueve, esto es, con anterioridad al once de octubre de dos mil veintiuno, en que se emitió el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no se advertía que dicho criterio tuviera efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo.
Por tanto, estableció que si la norma que rige al demandado, determina que las relaciones laborales serán reguladas con base en el apartado B del artículo 123 constitucional, entonces es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la autoridad competente para conocer de las relaciones laborales, a saber:
"QUINTO.—Estudio de los agravios.
"El disconforme sostiene, en esencia, que el a quo al dictar la sentencia que se revisa inadvirtió que el demandado Archivo General de la Nación, ahora recurrente, es un organismo público descentralizado que forma parte de la administración pública paraestatal, por lo que no se debe confundir con una empresa administrada de forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, ya que si el legislador hubiera determinado que las relaciones laborales se regularan por el Apartado A, del artículo 123, de la Constitución Federal, así lo hubiera establecido, por tanto, al establecer el artículo 107 de la Ley General de Archivos que las relaciones laborales entre el referido Archivo y sus trabajadores debe sujetarse a lo establecido en el citado numeral, es posible arribar a la conclusión de que la resolución de incompetencia dictada por la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje es incorrecta.
"En ese tenor agrega que en el caso específico del Archivo General de la Nación, debe observarse que el artículo 107 de la Ley General de Archivos estableció que las relaciones laborales entre el citado Archivo y sus trabajadores deben sujetarse a lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual a su vez también genera indicios de que la intención del legislador era que los organismos descentralizados regulen sus relaciones laborales por el apartado B del artículo constitucional en comento, que al retomar lo establecido por la fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere que es competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las leyes del trabajo cuando se trate de empresas administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, por lo que organismos descentralizados no deben tenerse comprendidos en el apartado A del artículo constitucional antes referido.
"Resultan esencialmente fundados los argumentos expresados.
"Es así; toda vez que, de conformidad con las constancias remitidas por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo, se advierte, en lo que aquí interesa, que ********** mediante escrito de doce de julio de dos mil diecinueve, presentado ante la Oficialía de Partes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, demandó del Archivo General de la Nación, entre otras prestaciones, la reinstalación en su empleo así como el pago de salarios caídos por el despido injustificado del que dijo fue objeto el once de junio de dos mil diecinueve (fojas 1 a 4 vuelta del expediente laboral número **********).
"El mismo fue radicado ante la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el que la radicó con el número **********.
"Por escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el demandado Archivo General de la Nación dio contestación a la demanda laboral e interpuso incidente de competencia, al considerar que la autoridad competente para conocer del asunto es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (fojas 44 a 46 vuelta del expediente laboral número **********).
"Por otra parte, manifestó que no procedía la reinstalación reclamada al negar que la actora hubiera sido despedida, el que dijo era inexistente, pues indicó que la relación laboral concluyó porque del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, resultaba insuficiente para pagar la totalidad de los salarios de los trabajadores de confianza.
"El doce de marzo de dos mil veintiuno la Junta responsable resolvió el incidente de competencia planteado, declarándolo improcedente.
"Contra dicha resolución, el demandado promovió juicio de amparo indirecto del cual por razón de turno, tocó conocer a la Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México y que registró bajo el número **********; el cual resolvió en el sentido de negar el amparo solicitado, al considerar que el demandado Archivo General de la Nación (sic), bajo la consideración de que fue correcto que la autoridad responsable Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje determinara que resultaba competente para conocer del juicio laboral número ********** (fojas 86 a 115 del juicio de amparo indirecto número **********).
"Explicó que la descentralización consiste en una técnica de organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a entidades estructurales separadas de la administración pública centralizada, pero formando junto con ellas el concepto total de administración pública, sin que la circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con personalidad jurídica propia signifique que su actuación está exenta de control, ya que su actividad se identifica con la finalidad de la administración pública central y sus objetivos se reputan como fines públicos.
"Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que las relaciones de trabajo entre los organismos descentralizados con sus trabajadores, deben regularse de distinta forma a la que opera para el caso de órganos y sub-órganos del aparato central de la administración pública y concluyó que la regulación de las relaciones laborales de los organismos descentralizados federales o locales con sus trabajadores debe regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional, aunque integren la administración pública paraestatal, ya que están dotados de personalidad jurídica propia, con independencia de lo establecido en la legislación respectiva o los decretos de creación de los mismos.
"Y que la naturaleza de estas dependencias consiste en poseer personalidad jurídica propia, es decir, están descentralizados, en consecuencia, ese carácter es el distintivo para darles un tratamiento diferente para esos efectos por mandato constitucional, y que aunque se ubiquen dentro de la Administración Pública Paraestatal, la competencia para dirimir aspectos laborales es ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, apoyando sus argumentos en el criterio jurisprudencia P./J. 1/96 de rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’
"También dijo que, aun cuando la norma que rige al quejoso establece que las relaciones laborales serán conforme al apartado ‘B’ del artículo 123 constitucional, lo cierto es que, esa situación, no varía la naturaleza jurídica del Archivo General de la Nación, el que es de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por ello consideró que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje era la competente para conocer de los conflictos en las relaciones laborales de esa institución con sus trabajadores.
"Determinación que se considera contraria a derecho.
"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció lo siguiente:
"‘No. **********. Ciudad de México, 11 de octubre de 2021.
"‘EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA DETERMINAR EL RÉGIMEN LABORAL DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL.
"‘La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, al analizar la propuesta de sustitución de la jurisprudencia 2/2020, concluyó que el Congreso de la Unión tiene libertad configurativa para establecer el régimen laboral de los organismos descentralizados de carácter federal –Apartado A o Apartado B del artículo 123 de la Constitución General–, motivo por el cual, no debe tomarse como base para su determinación, la naturaleza de las funciones que desarrollan.
"‘Con motivo de la resolución de casos concretos, la Segunda Sala de la SCJN solicitó la sustitución de dicho criterio porque los Tribunales Colegiados de Circuito lo habían interpretado de manera contradictoria, principalmente por lo que se refiere a la determinación de los órganos jurisdiccionales que habrían de conocer de los conflictos laborales y a la exigencia de determinadas prestaciones.
"‘Al resolver la mencionada solicitud, el Pleno decidió que era procedente sustituir la jurisprudencia P./J. 1/96, aprobada el 15 de enero de 1996, en la que se estableció que las relaciones de trabajo de los organismos descentralizados se debían regir por lo previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), de la Constitución Federal, en virtud de los múltiples problemas que dicho criterio ha generado.
"‘Solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020, solicitada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la jurisprudencia P./J. 1/96 sustentada por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal.’
"Del criterio transcrito tomado de la versión taquigráfica, se advierte que el Máximo Tribunal del País, determinó que el Congreso de Unión tiene la libertad de establecer cuál régimen será el que regule las relaciones laborales de los organismos descentralizados federales con sus trabajadores; esto es, si se regirán conforme al apartado A o B del artículo 123 de la Constitución Federal; sin que deba de tomarse como base para definir dicho régimen, la naturaleza de las actividades que realizan.
"Aquí es importante precisar que es procedente aplicar dicho criterio al caso, pues aun cuando se trata de la versión taquigráfica, ya que la versión oficial no ha sido publicada todavía en el Diario Oficial de la Federación, lo cierto es que, fue aprobada por mayoría de votos ocho votos en sesión de once de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, ya es obligatoria su aplicación, para este Tribunal de Amparo.
"Y si bien es cierto, que el juicio laboral se promovió el doce de julio de dos mil diecinueve; es decir, con anterioridad al once de octubre de dos mil veintiuno, fecha a partir de la emisión del criterio mencionado que dispone que el Congreso de la Unión tiene libertad configurativa para establecer el régimen laboral de los organismos descentralizados de carácter federal; no se advierte que, conforme a lo establecido en el artículo 217, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, tal criterio tenga efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
"Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 62/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 1089, de rubro y texto siguientes:
"JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: ‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN.’ (se transcribe)
"Ahora bien, del numeral 107 de la Ley General de Archivos vigente, establece lo siguiente:
"‘Artículo 107. Las relaciones laborales entre el Archivo General y sus trabajadores deben sujetarse a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones jurídicas aplicables.’
"Entonces de acuerdo a lo expuesto, si la norma que rige al demandado determina que las relaciones laborales serán reguladas con base en el apartado ‘B’, de artículo 123 Constitucional, entonces, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la autoridad competente para conocer de las relaciones laborales.
"En tales circunstancias, resulta innecesario analizar los restantes agravios hechos valer por la recurrente, dado que su estudio no mejoraría lo ya alcanzado, en atención al principio de mayor beneficio.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia P./J. 3/2005, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe su texto)
"En las relatadas consideraciones, al ser fundado lo expresado, lo que procede es revocar la sentencia recurrida, y conceder el amparo solicitado para el efecto de que Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje:
"– Deje sin efectos la resolución incidental de Competencia emitida el doce de marzo de dos mil veintiuno.
"– Emita uno nuevo en el que declare procedente el incidente de Competencia interpuesto por el Archivo General de la Nación; y determine que la autoridad competente para conocer del asunto en (sic) un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo directo RT. **********, en sesión de dos de diciembre de dos mil veintiuno. ..." 16. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 37/2022.
17. El asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:
• Mediante escrito presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el catorce de abril de dos mil veintiuno, ********** demandó del Archivo General de la Nación, el reconocimiento que el vínculo que los unía era de naturaleza laboral, la reinstalación en su empleo y diversas prestaciones, derivado de un despido injustificado.
• La citada demanda laboral fue radicada en la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el expediente **********.
• Posteriormente, el demandado Archivo General de la Nación dio contestación a la demanda laboral e interpuso incidente de competencia, al considerar que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el competente para conocer del asunto.
• Mediante resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta del conocimiento determinó declarar improcedente el incidente de competencia planteado, por considerar que la sustitución de jurisprudencia 1/96 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no había sido publicada, por lo que no le era aplicable al organismo descentralizado incidentista.
• Inconforme con esta determinación, por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación, por conducto de su apoderado, promovió demanda de amparo indirecto.
• Correspondió conocer de la demanda de referencia, al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, con el expediente **********; y, mediante sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, determinó negar la protección federal al quejoso, por considerar que fue acertado que la Junta responsable se declarara competente para conocer de la demanda laboral, sin que fuera dable aplicar la jurisprudencia P./J. 10/2021, dado que a la fecha de la resolución del incidente propuesto, no se había publicado en el medio oficial y, por tratarse de un organismo descentralizado, sus relaciones de trabajo debían regirse en términos de lo establecido en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Federal.
• Inconforme con la referida sentencia, el Archivo General de la Nación interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito con el expediente RT. 37/2022, resolviéndose en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso.
18. Las consideraciones que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la ejecutoria correspondiente, consistieron en lo siguiente:
El referido Tribunal Colegiado calificó fundados los agravios que hizo valer la parte quejosa, tendentes a impugnar la resolución de competencia emitida por la Junta responsable; pues consideró que si bien no era posible aplicar la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de establecer que el competente para conocer de la demanda laboral era el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, debido a que su obligatoriedad inició hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintidós y el artículo 217 de la Ley de Amparo prohíbe su aplicación retroactiva.
Sin embargo, señaló que lo anterior no significaba que la competencia debiera recaer en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme al criterio establecido en la diversa jurisprudencia P./J. 1/96 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que existió una evolución jurisprudencial, determinándose que debía respetarse el régimen laboral en que tradicionalmente se habían desarrollado, para después establecer que el legislador podía determinar libremente en cuál ubicar las relaciones de trabajo, conforme a la tesis aislada 2a. XXXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]."(2)
Por tanto, el citado Tribunal Colegiado estableció que al haberse iniciado el juicio laboral de origen, conforme al contexto laboral antes descrito, el régimen laboral aplicable al momento de los hechos del despido era el apartado B del artículo 123 constitucional, en términos de lo señalado en la Ley General de Archivos, por lo que el conocimiento del asunto correspondía a una Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Los anteriores razonamientos se expusieron en los términos siguientes:
"SEXTO.—ESTUDIO. Los agravios propuestos, atendiendo a la causa de pedir, son esencialmente fundados.
"...
"En otro aspecto, en lo que sí le asiste razón a la recurrente, es en la determinación contenida en la sentencia consistente en que a la parte quejosa le es aplicable el apartado B del artículo 123 constitucional, motivo por el cual, a quien corresponde conocer de la demanda laboral de origen, es precisamente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
"Para explicar lo anterior, en principio, debe resaltarse que el actor en el juicio laboral de origen expresamente afirmó que el entonces demandado era un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, al que ingresó en dieciséis de enero de dos mil quince y fue despedido el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (hechos 1, 2 y 7 de la demanda, folios 6 y 8 del cuaderno de pruebas).
"Por su parte, la demandada reiteró la afirmación relacionada con la naturaleza del organismo, al brindar su contestación, a partir de ello, sostuvo que las relaciones laborales que tiene con sus trabajadores se han regido en conformidad con lo establecido en el apartado B del artículo 123 constitucional, en términos de lo establecido en la Ley General de Archivos.
"Ahora, en relación con la parte impugnante, debe destacarse que al momento en que se instauró la relación de trabajo, en dos mil quince, la vigente aplicable al organismo demandado era la Ley Federal de Archivos publicada el trece de enero de dos mil doce, en donde el artículo 41 disponía: (se transcribe)
"Sin embargo, este ordenamiento legal no establecía qué apartado era el que regulaba las relaciones de trabajo. Lo mismo que el Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de octubre de dos mil catorce. Fue el quince de junio de dos mil dieciocho, cuando se abrogó la ley indicada, pues en el Diario Oficial de la Federación de esa data se publicó la Ley General de Archivos, en donde se establecieron los dispositivos siguientes:
"‘Artículo 104. El Archivo General es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines; su domicilio legal es en la Ciudad de México.’
"‘Artículo 107. Las relaciones laborales entre el Archivo General y sus trabajadores deben sujetarse a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones jurídicas aplicables.’
"Así, puede apreciarse que, efectivamente, el ahora recurrente se trata de un organismo descentralizado y sus relaciones laborales se regulan en términos de lo establecido en el apartado B del artículo 123 constitucional.
"En relación con esta clase de organismos, es cierto que recientemente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de octubre de dos mil veintiuno, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 10/2021 (11a.) se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, enero de 2022, Tomo I, página 5, Undécima Época, registro digital: 2024102, con el contenido siguiente:
"‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.’ (se transcribe su texto)
"Sin embargo, la confusión que se genera en la resolución de este asunto deriva del hecho de que la parte ahora quejosa invocó este criterio para sostener su planteamiento de incompetencia, cuando, dado el momento en que se realizó, esto es, en veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, aún no se encontraba vigente, pues como se precisó, la jurisprudencia en cuestión se publicó hasta enero de dos mil veintidós.
"Lo expuesto, no significa, como lo determinó el juez de origen que, por esta razón, la competencia para conocer de la demanda laboral de origen sea de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en aplicación de la jurisprudencia P./J. 1/96, en donde el Pleno del más alto Tribunal del país estableció que los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por apartado B del artículo 123 constitucional, precisamente porque, aunque integran la administración
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32048-a2b695ec/competencia-para-conocer-y-resolver-los-conflictos-laborales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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