DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o., FRACCIONES I, INCISO A) Y II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, ES UN TIPO PENAL ESPECIAL IMPROPIO, PUES LAS LOCUCIONES "ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN O SUPERVISIÓN" AHÍ CONTENIDAS SON ELEMENTOS OBJETIVOS NORMATIVOS, YA QUE ESTÁN ENCAMINADOS A LA CALIDAD DEL SUJETO ACTIVO, Y DEBEN ACREDITARSE EN EL SISTEMA PENAL MIXTO, DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, Y EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, QUEDAR ESTABLECIDOS AL EMITIR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 42/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES (PRESIDENTE) Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIOS: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA Y MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de trece de julio de dos mil veintitrés.
SENTENCIA
1. Contradicción de criterios 42/2023 suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 12/2023 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al emitir la sentencia correspondiente a la revisión 413/2018.
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si la contradicción de criterios existe y, por consiguiente, emitir un criterio jurisprudencial que determine cuál es la naturaleza jurídica de las locuciones "administración, dirección o supervisión", previstas en el artículo 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y si éstas deben o no acreditarse.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Mediante oficio ST 43/2022 presentado ante el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre dicho órgano jurisdiccional al resolver el recurso de revisión 12/2023 y los razonamientos establecidos por el diverso Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del referido Circuito, en la sentencia emitida en la revisión 413/2018, de la que derivó la tesis aislada II.3o.P.76 P (10a.), con registro digital: 2021649.
4. Por acuerdo de diecinueve de mayo siguiente, el Magistrado presidente de este Pleno, admitió a trámite la denuncia de contradicción; ordenó formar y registrar el expediente electrónico con el número de contradicción de criterios 42/2023; de manera preliminar precisó que el posible tema de contradicción consistía en determinar si tratándose de delincuencia organizada, las funciones –de administración, dirección o supervisión– del sujeto activo dentro de la organización criminal, constituyen o no un elemento normativo del tipo y si debe o no acreditarse; requirió a los Tribunales Colegiados contendientes informar si el criterio que sustentan sigue vigente, superado o ha sido abandonado; solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informar si existe contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente; y, turnó electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca.
5. El veinticinco de mayo del año en curso, por oficios 45/2023-ST y A-13/2023, el primero del Cuarto Tribunal y el segundo del Tercer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Penal del Segundo Circuito, informaron que los criterios contendientes sustentados en los amparos en revisión 12/2023 y 413/2018, respectivamente, continúan vigentes.
6. El siete de junio siguiente, el presidente de este Pleno, tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/473/06/2023 del encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal contradicción de criterios relacionada con el tema establecido; se tuvo por integrada la presente contradicción de criterios; y, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Emma Meza Fonseca, para la elaboración del proyecto correspondiente. En sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, la Magistrada ponente solicitó retirar el asunto a efecto de meditar algunas cuestiones relativas al asunto presentado.
PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
7. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
8. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materia Penal es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.
10. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 14, fracción 1, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
LEGITIMACIÓN
11. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)
CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, previo hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas, debe precisarse que de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que los puntos divergente entre éstos, son los relativos a determinar cuál es la naturaleza jurídica de las locuciones "administración, dirección o supervisión", previstas en el artículo 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y si éstas deben o no acreditarse.
13. Sin que sea óbice a lo anterior que en el acuerdo de presidencia de diecinueve de mayo anterior, de manera preliminar se consideró diverso tema de contradicción; toda vez que los autos de presidencia no causan estado,(3) por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquéllos.
a) Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 12/2023.
14. Mediante escrito presentado electrónicamente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, y otras autoridades, que hicieron consistir, en las órdenes de aprehensión en su contra y su ejecución.
15. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda constitucional al Juzgado Decimocuarto de Distrito del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós admitió la demanda y registró bajo el numeral 460/2022; requirió a las responsables su informe justificado; fijó fecha y hora para la audiencia constitucional; y, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación.
16. El veintiséis posterior, tuvo por rendidos los informes justificados por parte del director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales y del director general de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos, ambos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, quienes negaron el acto que se les reclamó.
17. En proveído de trece de mayo siguiente, el Juzgado Decimocuarto de Distrito del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; manifestó que una vez aprehendida la quejosa, será recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil 16, en el Estado de Morelos, por ello, quien debía conocer, por razón de turno, era el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, mismo que no aceptó la competencia planteada.
18. En atención a lo anterior, se planteó el conflicto competencial 11/2022, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y resolvió que el juzgado competente era el que dio origen a la contienda.
19. El Juzgado Decimocuarto de Distrito del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sentencia terminada de engrosar el veintiséis de octubre del dos mil veintidós negó el amparo a la parte quejosa.
20. Inconforme con la anterior determinación, interpuso recurso de revisión que por acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, la presidencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito admitió a trámite y registró con el numeral 12/2023. El veinte de enero posterior, se admitió recurso de revisión adhesivo interpuesto por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.
21. El acto reclamado consistente en la orden de aprehensión se dictó por los delitos de:
a) Delincuencia organizada previsto en el artículo 2o., párrafo primero, fracción I, y sancionado en el 4o., inciso b), quienes no tengan función de dirección de la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
b) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el Código Penal Federal en el artículo 400 Bis, fracción I y II, en la modalidad de recibir y transferir, así como ocultar –la naturaleza, origen, destino o movimiento– de recursos, cuando tengan conocimiento de que provengan de una actividad ilícita.
22. En lo que interesa el Tribunal Colegiado expuso:
"... No asiste razón a tales consideraciones.
"Es así pues este tribunal sostiene que toda vez que las organizaciones delincuenciales tienen una estructura similar a la de una empresa, las funciones de administración de quienes la detentan se equiparan a la planificación de la propia organización, a su estructura organizacional, control y operatividad, que implican en su caso la comercialización, producción, adquisición, abastecimiento del producto y conllevan sin duda, la toma de decisiones, en el caso sobre la obtención y trasferencia de los recursos ilícitos.
"Luego, el hecho de que existan datos que demuestren que la quejosa era autorizada en una cuenta bancaria a partir de la cual se realizaron transacciones –sin importar su monto ni número, pues lo que se advierte es el origen ilícito de esos recursos–, que incluso ella pudo haber autorizado, de ninguna forma puede ni debe entenderse que gozaba de tales funciones de administración en términos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
"Sin que asista razón al revisionista adherente en que esa función no forma parte de la descripción típica ni constituye un elemento normativo del tipo, pues con independencia de que topográficamente esa función de administración –al igual que las de dirección y supervisión– se ubiquen como un aspecto vinculado con la punición, en el artículo 4o. de la ley de la materia, cuando se actualizan, dependiendo del ilícito que constituya la finalidad del grupo delincuencial, así como las funciones de sus integrantes, lo constituye en un tipo abierto, donde ese elemento normativo del tipo –que requiere de valoración cultural–, implica una modificativa agravante que lo complementa y que, en esos casos debe acreditarse aun indiciariamente.
"En efecto, además de probarse que tales personas forman parte del conglomerado criminal deben demostrarse las tareas fácticas que realizaban constitutivas de esas funciones típicas, pues de otro modo, no se justificaría el aumento de la penalidad contemplada en la ley.
"De modo que, cuando no se acrediten, no llevaría a la actualización de atipicidad como excluyente del delito prevista en la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, sino a la traslación del tipo básico contenido en el numeral 2o. de la ley de la materia, en la medida en que tal función no altera la actualización de éste.
"Es así, pues aunque el numeral 16 constitucional sólo exige la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; así como que, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, más aún lo puede hacer en el dictado de una orden de aprehensión, bajo el argumento de, el que puede lo más, puede lo menos, pues la orden de aprehensión solo es una forma de conducción al proceso, ello no demerita que cuando el hecho se identifique con un tipo penal complementado, subordinado o cualificado, se determinen los datos de prueba con los que se actualizan esas modificativas o calificativas, en acato al deber de motivación y fundamentación.
"No se inadvierte que la postura que asume este tribunal, resulta diametralmente opuesta al criterio que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, contenido en la Tesis: II.3o.P.76 P (10a.), Registro digital: 2021649, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2298, en la que se apoya la adherente y que dispone: ‘DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA FUNCIÓN DEL SUJETO ACTIVO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, NO CONSTITUYE UN ELEMENTO NORMATIVO DEL CUERPO DEL DELITO, SINO UN ASPECTO VINCULADO CON LA PUNICIÓN. ...’".
b) Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 413/2018.
23. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Segundo Circuito, la defensora pública federal de la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en el Estado de México, con residencia en Toluca, en su carácter de autoridad ordenadora y del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, dentro de la causa penal **********, en su carácter de autoridad ejecutora, que hizo consistir en la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho dictada dentro del Toca Penal **********.
24. La demanda fue turnada al Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, quien por acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho instruyó formar y registrar el juicio de garantías bajo el numeral 32/2018.
25. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; el veintiocho de junio siguiente se llevó a cabo la audiencia constitucional y el veintisiete de septiembre de ese año se engrosó la sentencia por la que se negó la protección constitucional solicitada.
26. Inconforme con la anterior determinación, la defensora pública federal de la parte quejosa interpuso recurso de revisión que por razones de turno, conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y registró con el numeral 413/2018.
27. El acto reclamado consistente en la resolución que confirmó la formal prisión de la parte recurrente se dictó por los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso reservado, posesión de cartuchos para armas de fuego de la misma naturaleza y secuestro.
28. En lo que interesa, el Tribunal Colegiado expuso:
"... Sobre esa premisa, el tribunal de apelación considera que los elementos del cuerpo del delito de delincuencia organizada son:
"a) Que tres o más personas se organicen de hecho.
"b) Que la organización tenga como fin cometer alguno o algunos de los delitos que señala el mencionado artículo 2o.
"c) Que dicha organización sea permanente o reiterada."
Y además la autoridad responsable ordenadora precisa que: "... aun cuando no es criterio de quien esto resuelve, en atención a que en este Circuito existen Tribunales Unitarios quienes han adoptado la postura de incluir como elemento del cuerpo del delito de delincuencia organizada el establecer las funciones del sujeto activo, es decir, si cuenta o carece con facultades de dirección, administración o supervisión, lo cual, en realidad se trata de un aspecto vinculado con la aplicación de las penas; en la presente determinación también se estudiará si el sujeto activo cuenta o carece de facultades de dirección, administración o supervisión." Motivo por el que en la parte conducente de la resolución tildada de inconstitucional, examina dicho tópico como elemento del cuerpo del delito de delincuencia organizada.
Respecto al tema, es necesario destacar que los artículos 2o. y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada vigente en la época de los hechos, en lo que interesa establecen:
"Artículo 2. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
"I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 Y (sic) 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;
"..."
"Artículo 4. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:
"I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de esta Ley:
"a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o
"b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.
"II. En los demás delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley:
"a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho a dieciséis años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o
"b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa. "En todos los casos a que este artículo se refiere, además, se decomisarán los objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquellos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.
"De conformidad con la hipótesis normativa prevista en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de enero de dos mil nueve (aplicable por la época de los hechos), para justificar el cuerpo del delito de delincuencia organizada se necesita que tres o más personas se organicen de hecho; que la organización sea en forma permanente o reiterada; y que la organización tenga como finalidad o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que taxativamente señala el propio numeral; sin que la descripción típica requiera como elemento normativo, que el sujeto activo ‘cuente o carezca con facultades de dirección, administración o supervisión’; lo que resulta congruente con lo señalado en el dispositivo 4o. de la legislación en consulta, en razón de que como bien estima la alzada, dicha calidad es propia de la punición que en su caso debe aplicarse al implicado, debido a que con apoyo en esa circunstancia se establecen las sanciones conducentes.
"Por ende, los aspectos señalados por la autoridad responsable con los incisos a), b) y c), son los únicos que integran los elementos del cuerpo del delito de delincuencia organizada, toda vez que se encuentran inmersos en la descripción típica contenida en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada vigente en la época de los hechos; porque en términos de la hipótesis legal de referencia, en el caso, el ilícito examinado se demuestra cuando tres o más personas se organizan de hecho para realizar, en forma permanente, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin cometer, entre otros, delitos contra la salud. Requisitos que, como bien avala la juzgadora recurrida, hasta la etapa procesal en que se dicta la resolución reclamada se acreditan con el material probatorio que obra en autos y adecuadamente valorado por la autoridad responsable ordenadora.
"Impone apuntar que el elemento identificado por la alzada con el inciso a) constituye el núcleo de la acción, consistente en la organización de hecho de varios sujetos, en un número mínimo de tres; entendiéndose por ‘organizar’, la creación de una compleja regla de orden y disciplina, así como el desempeño de un rol específico de funciones dentro de la asociación criminal.
"Por su parte, los elementos señalados por el tribunal de apelación con los incisos b) y c) conforman el objetivo común de los integrantes del grupo delictivo; esto es, que los miembros de la organización tengan el propósito de realizar, en forma permanente, conductas que por sí o unidas con otras, tengan como fin la comisión de alguno o algunos de los delitos previstos en las fracciones contenidas en el artículo 2o. de la ley aplicable.
"Relacionado con lo anterior, es necesario precisar que las hipótesis relativas a ‘permanente’ y ‘reiterada’ se vinculan con la existencia de la organización en sí misma, no con la ejecución de las conductas delictivas por parte de los integrantes de la empresa criminal. Lo que así se atiende en el acto reclamado.
"También es prudente destacar que conforme a la descripción típica, el delito de delincuencia organizada se integra con hipótesis alternativas, consistentes en ‘permanente’ o ‘reiterada’ y ‘fin’ o ‘resultado’; no obstante, a fin de generar certeza y seguridad jurídica al justiciable, en el acto reclamado se acota que en el particular se actualiza la organización de hecho de más de tres personas para realizar, en forma ‘permanente’, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como ‘fin’ cometer delitos contra la salud.
"Sin que resulte jurídicamente inviable y violatorio de derechos humanos, atender como elemento normativo del cuerpo del delito de delincuencia organizada, que el sujeto activo tengan o no en el momento de su participación, funciones de administración, dirección o supervisión dentro de la empresa criminal; toda vez que dicho aspecto no se encuentra inmerso en la descripción típica contenida en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada vigente en la época de los hechos. Más bien, como incluso estima la autoridad responsable ordenadora, dicha calidad es propia de la punición que en su caso debe aplicarse a los implicados, debido a que con apoyo en esa circunstancia se establecen las sanciones conducentes; ya que el artículo 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala las penas que deben imponerse a los integrantes de la delincuencia organizada; sanciones que varían dependiendo del ilícito que constituya la finalidad del grupo criminal, así como las funciones de sus integrantes.
"Por lo que estimarlo para considerar demostrado el ilícito de referencia, implicaría exigir la demostración de un aspecto no contenido en la hipótesis normativa del numeral 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; que de no justificarse conllevaría la actualización de la excluyente del delito prevista en la fracción II del numeral 15 del Código Penal Federal.
"No obstante lo expuesto, el acto reclamado ningún agravio causa al peticionario de amparo, toda vez que la autoridad responsable ordenadora aclara porqué, a pesar de que no es su criterio, examina como elemento normativo del cuerpo del delito de delincuencia organizada, la circunstancia de que el sujeto activo tenga o no funciones de dirección, administración o supervisión dentro de la empresa criminal con la que se le vincula.
"Máxime que dentro del análisis del ilícito de delincuencia organizada resulta ineludible hacer referencia al aspecto destacado, toda vez que la función del implicado dentro de la organización de hecho, debe relacionarse con los elementos que exige el tipo penal para su demostración (número de sujetos activos, el carácter permanente o reiterado de la agrupación y la finalidad o el resultado delictivo), ya que atañe a circunstancias de su participación delictiva, que desde la formal prisión debe precisarse para otorgarle seguridad jurídica y pueda ejercer su derecho de defensa en el proceso penal ..."
29. Criterio del cual derivó la tesis II.3o.P.76 P (10a.) aislada, con número de registro digital: 2021649, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2298, de rubro: "DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA FUNCIÓN DEL SUJETO ACTIVO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, NO CONSTITUYE UN ELEMENTO NORMATIVO DEL CUERPO DEL DELITO, SINO UN ASPECTO VINCULADO CON LA PUNICIÓN."
EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
30. Corresponde ahora verificar si existe o no la contradicción denunciada y si ésta resulta procedente, ya que la seguridad jurídica obliga a lograr uniformidad en la solución de iguales problemas jurídicos sometidos a tribunales diversos del Poder Judicial de la Federación, esto es, que bajo el mismo criterio valedero se resuelvan los asuntos de idéntica o similar naturaleza y contenido.
31. Para verificar la existencia de la presente contradicción de criterios, este Pleno Regional se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 36/2007-PL, al considerarse que la existencia de la contradicción de criterios debe estar condicionada a que se sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; lo que determina que la contradicción se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas iguales.
32. Así, la finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada la figura de la contradicción de criterios en la Constitución y su regulación en la Ley de Amparo.
33. Bajo tales premisas, entre los ejercicios realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito sí se ha dado un punto de toque a manera de diferente interpretación que gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, en lo relativo a determinar cuál es la naturaleza jurídica de las locuciones "administración, dirección o supervisión" previstas en el artículo 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y si éstas deben o no acreditarse.
34. Lo anterior, porque para que exista una contradicción de criterios, debe verificarse:
A. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuera.
B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos, exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
35. En ese orden de ideas, existe la contradicción de criterios que se denunció, porque del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los órganos judiciales contendientes, examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejaron en los argumentos que soportaron sus respectivas decisiones.
36. En efecto, en los criterios en conflicto se abordó un mismo problema jurídico, relativo a determinar si tratándose de delincuencia organizada, las funciones de –administración, dirección o supervisión– del sujeto activo dentro de la organización criminal, constituye o no un ele
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31761-278d4950/delincuencia-organizada-el-delito-previsto-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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