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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN DICTADA EN DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA QUE NIEGA LA PETICIÓN DE RATIFICAR UN MANDATO DE FORMA ELECTRÓNICA Y LA DECRETA DE MANERA PRESENCIAL, PUES SI BIEN NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, SÍ SE TRATA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 27/2023. · Registro digital (IUS): 31794
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo IV, Pág.3670.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 27/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 12 DE JULIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO Y ABRAHAM S. MARCOS VALDÉS, QUIEN VOTÓ CON SALVEDADES EN CUANTO A LA PARTE CONSIDERATIVA. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIO: JUAN ARMANDO BRINDIS MORENO.

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por dos Tribunales Colegiados integrantes de la Región Centro-Norte y los juicios de los que deriva la contradicción son de naturaleza civil.

12. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que se formuló por **********, quien tiene el carácter de quejoso y recurrente en los juicios de amparo de los que derivan los criterios contendientes, como se advierte de los expedientes electrónicos vinculados.

13. TERCERO.—Criterios contendientes.

I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito en la queja civil 23/2023.

14. Del expediente electrónico y de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado contendiente se advierten los antecedentes siguientes:

15. ********** y ********** promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de solicitar ante el Juez de instancia, la ratificación por medios electrónicos del mandato para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio otorgado a favor del primero.

16. Conoció del procedimiento de jurisdicción voluntaria el Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Benito Juárez, Estado de Chihuahua, lo radicó con el expediente **********/2022 y lo admitió a trámite por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, señaló fecha y hora para la diligencia de ratificación de manera presencial en el local del juzgado y negó acordar de conformidad la práctica de la ratificación por medios electrónicos, sin que decretara apercibimiento en caso de incomparecencia.

17. En contra de dicho proveído el promovente ********** interpuso recurso de apelación que conoció la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, lo radicó con el toca **********/2022 y dictó sentencia de trece de enero de dos mil veintitrés, que modificó el auto recurrido sólo para precisar el nombre correcto de la promovente **********.

18. Inconforme contra dicha sentencia **********, por derecho propio, promovió demanda de amparo indirecto, que conoció el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, la radicó con el expediente **********/2023 y por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés desechó la demanda al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido.

19. En contra de dicho proveído el quejoso interpuso recurso de queja que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, lo radicó con el número de queja civil 23/2023 y mediante ejecutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés declaró fundado el recurso y ordenó la admisión de la demanda de amparo.

20. El órgano colegiado declaró fundados los agravios y ordenó admitir la demanda de amparo indirecto, pues consideró que el acto reclamado no debe considerarse acto intermedio en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues la pretensión consistió en la ratificación de un mandato privado por medios electrónicos como la videoconferencia, pero se varió la petición para que la ratificación se practicara presencialmente, con lo que se puso fin a la petición y no resultaría razonable obligar al promovente a continuar con el trámite hasta que se lleve a cabo la audiencia de ratificación del poder en una modalidad diferente a la pretendida, pues quedaría sin materia la petición, por lo que la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito no resultó manifiesta ni indudable.

II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito en la queja civil 166/2022.

21. Del expediente electrónico y de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado contendiente se advierte:

22. ********** y ********** promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de solicitar la ratificación a través de medios electrónicos del mandato para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio otorgado a favor del primero.

23. Conoció del procedimiento de jurisdicción voluntaria el Juez Segundo Civil por Audiencia Oral del Distrito Judicial Benito Juárez, Estado de Chihuahua, lo radicó con el expediente **********/2022 y lo admitió a trámite por auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, señaló fecha y hora para la diligencia de ratificación de forma presencial en el local del juzgado sin que se acordara de conformidad la práctica de la ratificación por medios electrónicos.

24. En contra de dicho proveído el promovente ********** interpuso recurso de apelación que conoció la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, lo radicó con el toca **********/2022 y dictó sentencia de trece de enero de dos mil veintitrés que confirmó el auto recurrido.

25. **********, por derecho propio, demandó la protección constitucional y señaló como actos reclamados a) la sentencia de segunda instancia; y, b) un auto dictado por la propia Sala responsable que supuestamente omitió proveer acerca de la admisión de una prueba documental.

26. De la demanda de amparo conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, lo radicó con el expediente **********/2022 y, por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós desechó la demanda al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido.

27. En contra de dicho proveído el quejoso interpuso recurso de queja que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, lo radicó con el número de queja civil 166/2022 y mediante ejecutoria de veintiséis de enero de dos mil veintitrés declaró infundado el recurso de queja.

28. El órgano colegiado declaró infundados los agravios, bajo la consideración de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra del acto que le pone fin al procedimiento de jurisdicción voluntaria, salvo que se trate de actos intermedios que sean de imposible reparación y que los actos reclamados consisten en la sentencia que confirmó el auto que señaló fecha y hora para ratificar el mandato sin acordar favorablemente la ratificación por medios electrónicos, así como el diverso auto que omitió acordar la admisión de la prueba documental en posesión de terceros, actos que se traducen en determinaciones intermedias y no producen efectos de imposible reparación, porque no constituyen la resolución final en las diligencias de jurisdicción voluntaria, y será ésta la que puede impugnarse en la vía de amparo y podrán hacerse valer todas las posibles irregularidades que ocurrieron durante su trámite.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de criterios.

29. Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de criterios, debe precisarse que el Máximo Tribunal del País ha establecido los siguientes lineamientos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.

c) Que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar, en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

30. Tales directrices están contenidas en las jurisprudencias de rubros siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO."(2)

31. Precisado lo anterior, debe tomarse en cuenta que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito consideró que el juicio de amparo indirecto procede en contra de la determinación que admite a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria, fija fecha para la ratificación del mandato en forma presencial, pero niega que se ratifique a través de medios electrónicos, lo que significa que estaba frente a un acto que pone fin al procedimiento de jurisdicción voluntaria, porque varió la pretensión del promovente.

32. En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito resolvió que el juicio de amparo es improcedente en contra de la determinación que admite a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria, fijó fecha para la ratificación del mandato en forma presencial y negó que se ratificara a través de medios electrónicos, puesto que se trata del auto de radicación del procedimiento, no provoca un perjuicio de imposible reparación por no afectar derechos fundamentales de la parte quejosa, ni constituye la resolución final del procedimiento.

33. Del examen de las posturas contendientes se advierte que sí existe la contradicción de criterios, pues los tribunales contendientes difieren acerca de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la determinación emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria, que niega la petición de ratificar un mandato de forma electrónica pero la autoriza de manera presencial, pues uno de ellos considera que se trata de la última resolución emitida en el procedimiento, lo que genera la procedencia del juicio de amparo indirecto y el otro considera lo contrario, porque no es la última resolución ni genera un perjuicio de imposible reparación.

34. Cabe señalar que este Pleno Regional advierte que el Tercer Tribunal Colegiado contendiente consideró improcedente el juicio de amparo en contra de la determinación que negó la ratificación del mandato por medios electrónicos, porque no es la última resolución en la jurisdicción voluntaria y, porque no produce efectos de imposible reparación y si bien, el diverso Tribunal Colegiado sólo consideró que el amparo procede porque el acto reclamado es la última resolución emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria, se estima pertinente analizar la posible irreparabilidad que genere el acto impugnado, porque en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios tiene como finalidad eliminar la inseguridad jurídica provocada por la oposición de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en un punto de derecho, mediante el establecimiento de una jurisprudencia que unifique el criterio que debe prevalecer en lo subsecuente; en consecuencia, como el punto de discrepancia se centra precisamente en la procedencia del juicio de amparo en contra de la determinación que negó la ratificación de un mandato ante autoridad judicial a través de medios electrónicos pero la autoriza de forma presencial, además de analizar si este acto es o no la última resolución en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, también se analizará si el acto reclamado produce o no efectos irreparables en perjuicio del quejoso.

35. Lo anterior, con el objeto de que el criterio de carácter obligatorio que emita este Pleno Regional produzca un mayor alcance respecto de la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de la naturaleza precisada en el párrafo anterior.

36. También cabe precisar, que no es materia del conflicto el diverso acto reclamado de la Sala responsable, consistente en un auto dictado en el recurso de apelación, que según el quejoso, omitió proveer respecto de una prueba ofrecida por el apelante, pues la naturaleza de esa actuación de trámite no se analizó por el diverso Tribunal Colegiado y no existe discrepancia en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto.

QUINTO.—Estudio de la contradicción.

37. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte determina que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en este fallo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

38. I. Procedencia del juicio de amparo indirecto.

39. El artículo 107, fracción IV,(3) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 107, fracciones IV(4) y V(5) de la Ley de Amparo, establecen los supuestos de procedencia del juicio constitucional biinstancial en contra de actos de autoridad emitidos fuera de juicio, dentro de juicio y concluido el juicio.

40. Con el objeto de distinguir cuándo se está dentro, fuera de juicio o una vez concluido el juicio, el concepto juicio es fundamental para fijar esas reglas de procedencia.

41. Para efectos del juicio de amparo, el artículo 170,(6) fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo delimita que el juicio inicia con la presentación de la demanda.

42. Desde la Octava Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 4/90,(7) registro digital: 206461, en la que ejemplificó como actos dentro de juicio el acuerdo o auto que recaiga a la demanda, el que la previene o aclara, incluso el auto de incompetencia es de carácter procesal, pues se trata de decisiones emitidas dentro del juicio que inicia con la presentación de la demanda.

43. Para el otro extremo del juicio, esto es, su conclusión, los artículos 107, párrafo (sic) V, de la Constitución General de la República y el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio puede concluir con una sentencia definitiva entendida como aquella que decide el juicio en lo principal; es decir, resuelve el fondo de la controversia condenando o absolviendo y no admite recurso alguno o en caso de admitirlo la parte agraviada agotó el medio de impugnación procedente.

44. El juicio también puede concluir con una resolución que no dilucida la controversia en el fondo, sino con una resolución que la da por terminada sin resolver a quién corresponde el derecho controvertido, ya sea porque la autoridad jurisdiccional declara improcedente la acción o por la procedencia de alguna defensa o excepción dilatoria o porque el juicio concluye antes de dictar sentencia, por ejemplo, por desistimiento de la acción o caducidad, resolución que también deberá tener característica de definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

45. Los actos emitidos con posterioridad a la sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio se consideran dictados una vez concluido el juicio.

46. Asimismo, existen actos que no se dictaron dentro del procedimiento ni con posterioridad a su conclusión, sino que se emiten fuera de juicio; es decir, ocurren antes de la presentación de la demanda, y se trata de procedimientos denominados por la doctrina y la ley como actos prejudiciales, medios preparatorios a juicio o de jurisdicción voluntaria.

47. Estos actos anteceden al juicio; por ejemplo, los medios preparatorios buscan asegurar una situación de hecho antes de la presentación de la demanda, la preparación del juicio o la eficacia de la futura sentencia o, como el caso que trata esta contradicción de criterios, a través de la jurisdicción voluntaria se solicita la mera constatación o demostración de hechos en los que no se ejercen acciones ni existe controversia.

48. Respecto de las diligencias de jurisdicción voluntaria la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las definió como actos fuera de juicio y estableció que el juicio de amparo procede en contra del acto que ponga fin a las diligencias, como se advierte de la contradicción de criterios 338/2012,(8) que originó la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.),(9) registro digital: 2003301, de rubro y texto siguientes:

49. "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: ‘PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA.’; ‘PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.’; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." 50. El criterio transcrito de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, analizó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos fuera de juicio llevados a cabo en diligencias de jurisdicción voluntaria y resolvió que la acción constitucional, en términos generales, sólo procede contra la resolución que ponga fin al mismo siempre y cuando se respeten los principios rectores del juicio de amparo, como el de definitividad.

51. La jurisprudencia acotó, que si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria se produce un acto intermedio de imposible reparación, entendido como aquel que afecta derechos sustantivos, el amparo indirecto procederá excepcionalmente en su contra sin necesidad de esperar la determinación final relacionada con el objeto de las diligencias.

52. En el texto de la jurisprudencia transcrita no se advierte concretamente qué debe entenderse por resolución que pone fin al procedimiento de jurisdicción voluntaria, que es precisamente el punto de discrepancia entre los tribunales contendientes.

53. II. Qué debe entenderse por resolución que pone fin a los procedimientos tramitados fuera de juicio.

54. El sistema legal previsto en la Ley de Amparo y la doctrina jurisprudencial desarrollada por el Alto Tribunal del País conciben reglas generales de procedencia del juicio de amparo que pretenden impedir su abuso o la desnaturalización de su finalidad mediante la impugnación de cada acto procesal con la finalidad de entorpecer o dilatar el juicio natural, como la regla prevista en los artículos 107, fracción IV,(10) y 170, fracción I, de la Ley de Amparo consistente en que el juicio de amparo procederá en contra de la última resolución que se pronuncie en determinado procedimiento, salvo que el acto produzca efectos de imposible reparación (afectación a derechos sustantivos).

55. Así, aunque el párrafo primero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, precise en términos generales que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio, la vía indirecta procede hasta la última resolución dictada dentro de un procedimiento, salvo casos de ejecución irreparable, que hace procedente el juicio de amparo de forma inmediata.

56. En efecto, si el acto que se reclama en el juicio de amparo surge en el marco de un procedimiento fuera de juicio, la persona afectada deberá esperar a que se pronuncie la última resolución para promover el juicio constitucional, salvo que los actos reclamados produzcan una afectación material a sus derechos sustantivos

57. Esa regla general relacionada con la procedencia del juicio de amparo hasta la última resolución del procedimiento, salvo actos de ejecución irreparable, también se advierte en la sentencia dictada en la contradicción de criterios 3/94, que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 1/97(11), registro digital: 199496, de rubro: "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.", en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, por regla general, se admite la procedencia de la acción de amparo indirecto en contra de la resolución terminal con la que culmina la actuación judicial luego de una serie de actos que conforman el procedimiento y dicho principio tiene como objetivo evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro del procedimiento, para lo cual debe esperar la resolución que ponga fin al procedimiento.

58. En la ejecutoria que originó la tesis se definió qué debe entenderse como la última resolución dictada en el procedimiento, en los párrafos que a continuación se transcriben:

59. "El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquella con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal.

60. "Tal principio rige en los actos viciados ‘provenientes de autoridades administrativas’ (fracción III), pues si los mismos se dictan dentro ‘de un procedimiento seguido en forma de juicio’, deben reclamarse junto con la resolución que le ‘ponga fin’.

61. "De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo dictados tanto dentro ‘de juicio’ (fracción IV), como después de concluido ‘éste’ (fracción III), pues como antes se dijo, respecto de los primeros rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final.

62. "Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado.

63. "Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro del juicio y después del juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera del juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto –inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento– habría adoptado la misma solución.

64. "Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que, en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución que autoriza o niega la venta de la prenda."

65. En la parte conducente de la ejecutoria transcrita, específicamente en los párrafos identificados con los números 57 y 58, se advierte que la Primera Sala del Alto Tribunal admite la regla de procedencia del juicio de amparo en contra de la última actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal fuera de juicio y precisa que la procedencia del juicio de amparo indirecto debe reservarse para combatir aquellos actos fuera de juicio que por ser finales resuelvan la situación jurídica del gobernado.

66. Cabe señalar, que la hipótesis descrita en el párrafo anterior atiende el escenario ideal en que el procedimiento concluye a través de la determinación que resuelve la situación jurídica del gobernado, pero no debe soslayarse la posibilidad de que el procedimiento concluya a través de una resolución que le pone fin, ya sea porque se desechó el escrito que inició el procedimiento, porque se tuvo al promovente por desistido de la solicitud o porque lo declara concluido, entre otras posibilidades; es decir, también debe considerarse que el juicio de amparo indirecto procede en contra de la resolución que declare concluido el procedimiento o impida su continuación, pues evidentemente no habrá una determinación posterior contra la que pueda instaurarse el juicio de amparo; desde luego, una vez agotado el recurso o medio de defensa que en su caso proceda.

67. III. Caso concreto.

68. Como quedó precisado al inicio de este estudio, la contradicción de criterios deriva de dos procedimientos de jurisdicción voluntaria tramitados ante autoridades judiciales del Estado de Chihuahua en que el promovente solicitó ante un Juez la ratificación de un mandato privado, en términos de lo previsto en el artículo 2450, fracción II, del Código Civil local.(12)

69. El promovente solicitó que la ratificación del mandato privado se practicara a través de medios electrónicos mediante videoconferencia; sin embargo, las autoridades responsables decretaron que la ratificación del mandato se llevara a cabo de forma presencial en el local del juzgado sin fijar apercibimiento en caso de incomparecencia.

70. Como se adelantó, los Tribunales Colegiados contendientes llegaron a una conclusión distinta sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos precisados en el párrafo anterior, pues un tribunal consideró procedente la acción constitucional, bajo la hipótesis de que la resolución que admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria y no acordó favorable la ratificación del mandato privado a través de medios electrónicos, debe entenderse como la resolución que puso fin al procedimiento, pues no debe obligarse al promovente a continuar el trámite, dado que se dejaría sin materia la petición.

71. En cambio, el diverso tribunal contendiente consideró improcedente el juicio de amparo en contra de un acto con las mismas características, porque no se trata de la resolución final dictada en ese

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31794-d783c52a/juicio-de-amparo-indirecto-procede-contra-la-determinacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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