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Modo: Corpus Pro

MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 209/2023. · Registro digital (IUS): 31928
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-11-17
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo IV, Pág.4453.

AMPARO EN REVISIÓN 209/2023. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO. SECRETARIO: VÍCTOR JESÚS SOLÍS MALDONADO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Calificación y estudio de los agravios. Los agravios hechos valer por el quejoso recurrente son en una parte inoperantes y, en otra, infundados.

Cabe precisar que el examen del presente asunto atenderá a los agravios efectivamente planteados por la parte recurrente, en atención al principio de estricto derecho y a la causa de pedir(18) que se desprenda de su contenido, pues no se ubica en alguno de los supuestos que para la procedencia de la suplencia de la queja prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo,(19) ya que en la materia penal, únicamente tienen acceso a dicha figura jurídica el inculpado o sentenciado y el ofendido o víctima, en los casos que tenga el carácter de quejoso o adherente, lo que no acontece en la especie, pues el impetrante de amparo recurrente fungió como defensor público federal en la audiencia oral donde se le impuso la multa reclamada.

Previo a resolver lo conducente, se hace necesario citar los antecedentes de los actos reclamados que se coligen de las constancias allegadas al juicio de amparo indirecto, las cuales merecen valor demostrativo pleno, de conformidad con lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2o., segundo párrafo,(20) de esta última, de las que se desprende:

1. El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, durante la continuidad de la audiencia inicial desahogada dentro de la causa penal **********(21), el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morelia, en su calidad de Juez de Control, le impuso una multa económica al quejoso recurrente **********, quien fungió en dicha audiencia como defensor de los imputados, correspondiente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización, de conformidad con el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales;(22) lo anterior, como medida de apremio, al estimar el juzgador que en su declaración uno de los imputados dio lectura a una inscripción (nombre de una persona) que se ubicaba en la palma de su mano, lo cual consideró implicaba un acto desprovisto de lealtad y buena fe, porque se trataba de un artilugio (artimaña) desplegado con la posible intención del abogado defensor de permitir o auspiciar (sugerir o aconsejar) esa conducta inadecuada para tratar de "sorprender" al órgano jurisdiccional con ese tipo de prácticas,(23) por ser dicho profesionista el responsable directo de establecer (técnica y jurídicamente) la estrategia defensiva de sus representados.(24)

2. Contra esa determinación del Juez de Control responsable, el defensor público federal ********** promovió, por propio derecho, juicio de amparo indirecto (señalando como acto reclamado en forma destacada la determinación de imponerle la multa como medida de apremio y, además, atribuyó su ejecución a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", con residencia en Morelia), del cual correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad donde, mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, se registró y admitió a trámite con el número 476/2023; además, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se otorgó a la agente del Ministerio Público Federal de su adscripción la intervención legal que le compete y, posteriormente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

3. Luego de ello, el ocho de junio de dos mil veintitrés se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional y, enseguida, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán dictó sentencia, la cual terminó de engrosar el treinta de junio siguiente, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente:

"ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos que quedaron precisados en el considerando primero y por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta sentencia.—Notifíquese."

Resolución de amparo que fue recurrida por la parte quejosa y ahora constituye el objeto de estudio en este recurso de revisión.

Agravios inoperantes.

En primer término, se estima que es inoperante el agravio precisado con el inciso a), donde el impetrante y ahora recurrente alega que el juzgador de amparo, al dictar la resolución recurrida, viola sus derechos fundamentales, porque el sobreseimiento decretado lo dejó en estado de indefensión, además de que atenta contra su patrimonio y conculca sus garantías de audiencia, debido proceso y protección judicial, al haberse desechado la demanda de amparo interpuesta.

Sobre el particular, se debe precisar que a través del recurso de queja técnicamente no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó derechos fundamentales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y, a su vez, por la función de control constitucional que tal funcionario desempeña, ya que si así se hiciera –como lo pretende la parte recurrente–, se trataría extralógicamente al juzgador del conocimiento como a otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro de la misma naturaleza.

Lo expuesto tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 199492, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."

Por otro lado, en el agravio identificado bajo el inciso b), la parte recurrente argumentó que el Juez de Distrito omitió realizar una interpretación conforme en estricto sentido, porque en el caso existen varias interpretaciones jurídicamente válidas, y entonces se debió preferir aquella que es más acorde con sus derechos humanos y, de ese modo, determinar la inaplicación del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por encontrarse en franca oposición a lo establecido en los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por ende, solicita que se realice un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio respecto del numeral 465 del ordenamiento ut supra. Argumentos que los integrantes de este Tribunal Colegiado concluyen son inoperantes por novedosos. Se explica.

La conclusión anunciada encuentra sustento en que la pretensión del quejoso disconforme estriba en que este Tribunal Colegiado, en cuanto órgano jurisdiccional de alzada, analice la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(25)

De ello se advierte, en primer término, que en todo caso, desde la promoción de la demanda de amparo indirecto, el ahora recurrente estuvo en posibilidad de reclamar, de manera destacada, la inconstitucionalidad de la porción normativa que estima (incorrectamente) le fue aplicada por la autoridad responsable de alzada (Juez de Control) al pronunciar el acto reclamado, sin que lo haya hecho.(26)

En efecto, del análisis integral del escrito de demanda no se advierte que la parte quejosa haya hecho algún planteamiento, siquiera mínimo, que detonase el problema de constitucionalidad, virtud al cual el órgano de primer grado estuviese obligado a atender y, eventualmente, integrarlo a la litis constitucional, con sus implicaciones, como son llamar a juicio a las autoridades encargadas de su expedición o promulgación.

Ciertamente, del ocurso inicial se desprende que los planteamientos del quejoso estuvieron encaminados a sostener que el acto reclamado (multa impuesta) vulneraba sus derechos fundamentales al ser ilegal, sustancialmente, porque considera que no existen razones que justifiquen la determinación del Juez de Control responsable al decretar en su contra la medida de apremio, y que además dicha multa se emitió sin atender al principio de proporcionalidad y carece de la debida fundamentación y motivación, sobre todo porque no existió al respecto un apercibimiento previo.

Aunado a lo expuesto, en el apartado correspondiente a las autoridades responsables y actos reclamados, se advierte que se limitó a señalar como tales al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morelia, en su calidad de Juez de Control, en cuanto ordenadora de la multa reclamada en forma destacada, impuesta como medida de apremio con sustento legal en el dispositivo jurídico 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, a su vez, en cuanto ejecutora de dicha multa, a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", con residencia en Morelia.

Este aspecto es relevante, pues se debe tomar en cuenta que al promover el amparo contra normas generales, en términos de la fracción III del artículo 108 de la ley de la materia, para que la relación jurídico-procesal se integre de manera correcta, el quejoso tiene la obligación de señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación.(27)

Además, en términos de la siguiente fracción del numeral en cita, debe señalar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, lo que no se desprende de la demanda de amparo.

Esto es, si hubiese sido del interés del quejoso que el Juez de amparo analizare la constitucionalidad o convencionalidad del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el solicitante de protección debió cumplir con la carga mínima de anunciarlo en la demanda,(28) a efecto de que el juzgador tomase las previsiones necesarias, como es llamar a juicio a las autoridades responsables correspondientes e integrar ese tópico a la litis de amparo; además, si en el caso el juzgador de amparo no lo hizo ex officio, se debe a que estimó que dicha disposición normativa no era inconstitucional o inconvencional.

Entonces, como se explicó al inicio de este epígrafe, si el planteamiento de inconstitucionalidad no fue invocado en el escrito de demanda, tampoco se solicitó verificar de manera oficiosa la constitucionalidad y convencionalidad de la norma en cita, en términos de los párrafos que anteceden, es claro que se trata de un aspecto novedoso, lo que imposibilita su estudio.

Así lo explicó la Primera Sala del Máximo Tribunal del país en la jurisprudencia 1a./J. 150/2005, donde indicó, en lo conducente, que los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de amparo, al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos o motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido.(29) Agregando que el quejoso estuvo en posibilidad, desde el escrito de demanda, de hacer el planteamiento respectivo.

Finalmente, por lo que ve a este aspecto, una vez que se explicaron las razones por las que este tribunal no está en posibilidad de analizar la eventual inconstitucionalidad del artículo 465 del código adjetivo nacional ut supra, se debe tener presente el principio de presunción de constitucionalidad del que gozan todas las normas, mismo que no ha sido derrotado en el caso particular.(30)

En consecuencia, los resolutores concluyen que no son aplicables al caso, para los fines jurídicos pretendidos por la parte revisionista, los criterios (II Región)1o.1 CS (10a.), 1a. XXII/2016 (10a.) y VI.1o.P.1 K (11a.), que al respecto trajo a colación, de rubros: "PRINCIPIO PRO PERSONA. ANTE UN CONCEPTO CONTENIDO EN UN PRECEPTO QUE ADMITE DOS O MÁS SIGNIFICADOS DESDE UNA PERSPECTIVA GRAMATICAL, DEBEN AGOTARSE OTROS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN, A FIN DE VERIFICAR SI AQUÉLLOS PUEDEN REPUTARSE COMO OBJETIVAMENTE VÁLIDOS Y, POR ENDE, SER SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A DICHA REGLA HERMENÉUTICA.", "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PREVIO A LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA A ESTUDIO, DEBEN JUSTIFICARSE RAZONADAMENTE POR QUÉ SE DESTRUYÓ SU PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD." y "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SI DICHO ACTO SE EMITE DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y CAUSA UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE EN SU CONTRA PROCEDA ALGÚN RECURSO POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO."

Agravios infundados.

Es infundado el agravio del inciso c), donde el impetrante de amparo recurrente alega que la sentencia recurrida donde se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, vulnera su derecho a un recurso judicial efectivo, acorde con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al respecto, no le asiste la razón a la parte revisionista, en la medida en que el juzgador de amparo debe, en primer término, observar que se cumplan con los presupuestos y requisitos procesales que para tal efecto prevén la Constitución Federal y la propia Ley de Amparo, que lo faculten a analizar el fondo de la cuestión planteada.(31)

Por tanto, el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva no puede implicar el desconocimiento de la normatividad interna que regula los presupuestos y requisitos para la procedencia del juicio de amparo, puesto que ellos, a su vez, están encaminados a preservar otros derechos o intereses constitucionalmente previstos, lo que permite sostener que el reconocimiento a una tutela judicial efectiva no puede derivar en eliminar los presupuestos y requisitos para la procedencia del amparo, establecidos dentro de nuestro sistema jurídico y que fueron considerados por el Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto.(32)

Incluso, ello también es del modo que se afirma, sobre los supuestos del principio pro persona y los derechos fundamentales al patrimonio y de tutela judicial efectiva, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el gobernado no se encuentra eximido de satisfacer los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia –en el caso, agotar el recurso ordinario de revocación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales– para que, en su caso, se estuviera en aptitud de analizar el fondo del asunto.(33)

Los integrantes de este Tribunal Colegiado concluyen que también es infundado el agravio identificado mediante inciso d), donde el quejoso recurrente alega sustancialmente que el quejoso no estaba obligado a agotar el recurso de revocación, porque la multa reclamada que le fue impuesta en audiencia oral, no implica una cuestión de mero trámite que no requiere sustanciación, puesto que, en cuanto medida de apremio, requiere que previamente exista un apercibimiento, que sea proporcional y debe ser objeto de la debida fundamentación y motivación; que además, no existe ninguna disposición legal que establezca de forma clara que la imposición de una multa en una audiencia oral es una cuestión de mero trámite contra la cual procede el recurso de revocación, y que al respecto el Juez de Distrito soslayó ponderar que el Juez de Control responsable, al imponer la multa y durante la audiencia respectiva, no le permitió el uso de la palabra, con lo cual le impidió interponer algún recurso.

Ahora bien, conviene recapitular en el sentido de que en la sentencia recurrida el Juez de Distrito determinó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En ese sentido, se estima que no le asiste la razón jurídica al quejoso disconforme, en la medida en que, ciertamente, el referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

"Se exceptúa de lo anterior:

"a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;

"b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;

"c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.

"d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.

"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." (énfasis añadido)

El supuesto normativo anterior establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

De acuerdo con lo anterior, válidamente se puede sostener que el principio de definitividad implica la obligación del gobernado de agotar, previo a instar el juicio constitucional, los recursos o medios de impugnación ordinarios tendentes a nulificar, modificar o revocar el acto reclamado.

Ahora bien, dicho numeral prevé diversas excepciones, entre ellas:

"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo."

Tal párrafo obedece a que la falta de previsión expresa del recurso contra un acto o la exigencia de acudir a interpretaciones adicionales constituyen circunstancias carentes de razonabilidad o proporcionalidad para acceder a los recursos, pues incumplen con el principio de interpretación estricta que favorece el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, ya que al final no brindan certeza ni seguridad jurídicas.

En tanto, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone:

"Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación.

"El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. "El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda."

El numeral transcrito establece que será procedente el recurso de revocación, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, contra las resoluciones de la autoridad judicial, de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación.

Pues bien, la expresión "en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación", fue definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 85/2019 (10a.), de rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO."(34) y 1a./J. 35/2020 (10a.), de rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘SIN SUSTANCIACIÓN’, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.",(35) criterios que son de aplicación obligatoria a partir del 9 de diciembre de 2019 y 17 de agosto de 2020, respectivamente, esto es, desde antes del 21 de marzo de 2023, cuando se emitió el acto reclamado destacado.

En dichos criterios se estableció que por mero trámite debe entenderse: la resolución que no resuelve el fondo o pone término al procedimiento.

En tanto que el término "sin sustanciación", se refiere a que el recurso es procedente contra resoluciones de plano, sin una tramitación especial o procedimiento específico a seguir previo a su emisión y, por tanto, el Juez resuelve de plano.

Aunado a lo anterior, como acertadamente lo citó el juzgador de amparo recurrido, este Tribunal Colegiado en la tesis XI.P.29 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas, estableció que la imposición de una multa como medida de apremio, constituye una resolución de mero trámite; tesis que es del rubro y texto siguientes:

"MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL CONSTITUIR SU IMPOSICIÓN UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, procede el recurso de revocación; atento a lo cual, la imposición de la multa –como medida de apremio– establecida en el diverso artículo 104, fracción II, inciso b), del indicado código, a cualquiera de los intervinientes en el procedimiento penal, constituye una resolución de mero trámite, porque no determina el inicio, conclusión o modificación de una fase procesal, tampoco la naturaleza o calidad de las partes que intervienen, ni de las cuestiones que integran la litis en el proceso, lo que lleva a concluir que se trata de una resolución de mero trámite que, además, se resuelve sin sustanciación; por ende, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra la resolución del Juez de Control que impuso esa medida de apremio, la persona a quien se le aplicó debe agotar el recurso de revocación en comento; máxime que en ese caso no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción para agotar el principio de definitividad a que alude la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo."(36)

Por tanto, contrario a lo que sostiene la parte recurrente, la circunstancia de que en el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se prevea expresamente que ese recurso es procedente contra la imposición de una multa, no conlleva establecer que es necesaria una interpretación adicional para estimar la procedencia de dicho medio de impugnación, ya que las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria desde antes de la emisión del acto reclamado, precisan los términos a los que se refiere dicho numeral, y este Tribunal Colegiado, en la tesis transcrita, especificó que la imposición de una multa, como medida de apremio, constituye una resolución de mero trámite.

Además, si bien el acto reclamado afecta el patrimonio del quejoso (derecho sustantivo), lo cierto es que, contrario a lo que aduce el impetrante inconforme, ello no permite concluir que no la califique como una determinación de "mero trámite", pues con independencia de la afectación que pudiera ocasionar (sustantiva o adjetiva), constituye una determinación que no resuelve el fondo del procedimiento y tampoco lo da por concluido.

Aunado a lo expuesto, en todo caso, si lo que pretende aducir la parte recurrente es que antes de acudir al juicio de amparo, no existía la obligación de agotar tal medio ordinario de defensa, porque el acto reclamado destacado es de imposible reparación al afectar un derecho sustantivo, tal apreciación es incorrecta, ya que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; por tanto, en el caso de los actos fuera del juicio que sean de imposible reparación,(37) antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que, en su caso, prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.(38)

Al propio tiempo, se debe hacer patente que el recurso de revocación es un recurso efectivo, en la medida en que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto; seguridad jurídica que en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo Juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía.(39)

Con base en lo anterior, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por sí mismo, no es ilusorio, pues tiene como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, al permitir la corrección de las resoluciones judiciales ante el mismo Juez.

Asimismo, se concluye que la aseveración del quejoso recurrente, en el sentido de que el Juez de Control responsable, al imponer la multa y durante la audiencia respectiva, no le permitió el uso de la palabra y que, por ende, le impidió interponer algún recurso, implica una afirmación que parte de apreciaciones subjetivas, pues acorde con las reglas y principio que rigen para el sistema penal acusatorio y, sobre todo, del análisis integral de la audiencia oral de data veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, génesis de la multa reclamada, se colige con absoluta claridad que el impetrante de amparo estuvo en plena aptitud jurídica de interponer el recurso de revocación en contra de la medida de apremio impuesta.

Así es pues, por un lado, conviene hacer notar que la imposición de la medida de apremio en cita, apriorísticamente tiene justificación legal en lo establecido en los ordinales 52,(40) 53,(41) 58,(42) 59(43) y 355,(44) fracción II, en relación al 104, fracción II, inciso b),(45) del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser una de las atribuciones del Juez que preside el debate de una audiencia correspondiente al sistema acusatorio, imponer correcciones disciplinarias para conservar el orden adecuado y, con ello, abonar a la óptima directriz del debate respectivo.(46)

Luego, contrario a lo alegado por el quejoso y ahora recurrente, existe plena certeza de que estaba presente en la audiencia en donde el Juez de Control responsable (quien la inmedió), le impuso la corrección disciplinaria precisada como acto reclamado y, entonces (conforme a lo establecido en el artículo 466, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales),(47) el quejoso y aquí recurrente estuvo en plena aptitud jurídica(48) de interponer, de inmediato, el recurso de revocación, en forma verbal durante el desahogo y hasta antes de que finalizara la aludida audiencia de debate (inicial); afirmación que deriva del hecho de que consta en audio y video que el juzgador responsable no impidió u obstaculizó en modo alguno (ni material ni jurídicamente), que el quejoso recurrente (en su calidad de interviniente de la audiencia, con el carácter reconocido de defensor público de los imputados y, por ende, conocedor de los recursos y las reglas básicas que rigen el debate en audiencia), participara con libertad del contradictorio y respecto de la totalidad de los puntos sujetos a debate en la continuidad de la audiencia,(49) entre los que, sin lugar a dudas, se ubica la imposición de la medida de apremio reclamada.(50)

Por tanto, se precisa que aunque en la especie es aplicable al caso el criterio 1a./J. 35/2020 (10a.), de rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘SIN SUSTANCIACIÓN’, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", como se ha puesto de manifiesto, ello no es así para los fines jurídicos pretendidos por el revisionista; mientras que la diversa tesis VI.1o.P.1 P (11a.), de título y subtítulo: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE DECRETARLO NO ES UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", no es aplicable al presente caso, al referirse a un supuesto específico diverso al que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31928-1b845356/multa-como-medida-de-apremio-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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