RESOLUCIÓN QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL E IMPONE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 249 DE LA LEY DE AMPARO. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN Y NO EL DE QUEJA.
QUEJA 371/2018. 7 DE MARZO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DAVID GUSTAVO LEÓN HERNÁNDEZ. SECRETARIA: EDITH AGUIRRE GALLARDO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Improcedencia del recurso. Es innecesario analizar la resolución recurrida en el presente recurso de queja, pues el mismo debe declararse improcedente, atentas las siguientes razones:
A través de este recurso de queja, el quejoso pretende controvertir el acuerdo de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente principal del juicio de amparo **********, en el cual el a quo sobreseyó en el juicio fuera de audiencia e impuso multa al quejoso con apoyo en el numeral 249 de la Ley de Amparo.
En el escrito de interposición del recurso, el inconforme manifiesta expresamente que promueve el recurso de queja contra dicha determinación, y de su lectura integral se advierte que los agravios están dirigidos a controvertir –exclusivamente– la imposición de la multa.
En acuerdo de presidencia de diez de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de este órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja, con apoyo en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.
Precisado lo anterior, en principio, debe decirse que el artículo 80 de la Ley de Amparo señala lo siguiente:
"Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.
"Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos podrán ser presentados en forma impresa o electrónicamente. Los requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier tipo de constancias impresas a los que se refiera el presente capítulo, no serán exigidos a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3o. de esta ley, en el entendido de que, cuando así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados por esa misma vía.
"Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma."
De la transcripción anterior, se advierte que en los juicios de amparo sólo se prevén tres recursos –revisión, queja y reclamación– y, tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; sin embargo, las normas que regulan el trámite de los recursos no autorizan al juzgador a corregir o precisar la vía que las partes hubieren elegido para impugnar una determinación jurisdiccional, pues únicamente facultan al presidente del Tribunal Colegiado para calificar la procedencia del recurso respectivo, admitiéndolo o desechándolo, según corresponda.
Por tanto, no existe fundamento legal que obligue al órgano colegiado a reencauzar o precisar la vía cuando no se señale correctamente el recurso que se promueva.
Sin que ello implique vulnerar el derecho de acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el ejercicio de este derecho se encuentra sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado, de presentar el recurso efectivo.
Resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia P./J. 4/2017 (10a.),(6) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON FUNDAMENTO EN LA HIPÓTESIS LEGAL DE PROCEDENCIA CONTRA LA DECISIÓN RECAÍDA A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL TRIBUNAL REVISOR DEBE DESECHARLO SIN QUE CON ELLO VULNERE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEYES DE AMPARO ABROGADA Y VIGENTE). La tutela judicial efectiva comprende el deber de los juzgadores de buscar en cada caso la interpretación más favorable al ejercicio de la acción, por lo que, ante la duda, los requisitos y presupuestos procesales deben interpretarse en el sentido más favorable a la plena efectividad de ese derecho, privilegiando la tramitación del proceso respectivo, lo que también se ha identificado como el principio pro actione, el cual inclusive se estima aplicable de manera matizada respecto de la interposición de los medios de impugnación. Ahora bien, tanto la Ley de Amparo abrogada, en sus artículos 95, fracción XI, y 83, fracción II, inciso a), como la vigente en sus numerales 97, fracción I, inciso b) y 81, fracción I, inciso a), son coincidentes, en lo conducente, al prever la procedencia del recurso de queja contra la resolución sobre la suspensión provisional y al establecer que el recurso de revisión procede contra la resolución sobre la suspensión definitiva, ambos en los juicios de amparo indirecto. En esa virtud, si al interponer el recurso de queja el recurrente señala de manera clara, expresa e inequívoca, que impugna la determinación que resolvió sobre la suspensión definitiva, pero además cita como fundamento para pretender justificar su procedencia la hipótesis legal que prevé la posibilidad de intentar la queja contra la determinación que resuelve sobre la suspensión provisional, el recurso debe desecharse por improcedente, ya que la clara pretensión del recurrente es contraria a las disposiciones legales aplicables, con motivo de que la determinación que resuelve sobre la suspensión definitiva legalmente es impugnable mediante el recurso de revisión, lo que a su vez impide que pueda aplicarse analógica o extensivamente la hipótesis legal sobre la procedencia del recurso de queja contra la determinación que resuelve sobre la suspensión provisional. Lo anterior es así, sin que con ello se vulnere el derecho a una tutela judicial efectiva, pues lejos de existir duda que amerite una interpretación respecto de los requisitos y presupuestos procesales para impugnar la resolución que resuelve sobre la suspensión definitiva, o sobre el recurso que el promovente quiso interponer, o con relación a la resolución que pretendió impugnar, o respecto del fundamento en que decidió apoyar su impugnación, ocurre una clara interposición de un recurso improcedente. Por las mismas razones, es regla general que el tribunal revisor no debe enderezar la vía recursiva hacia el trámite del diverso recurso de revisión, pues salvo que exista algún motivo excepcional diverso a las características descritas anteriormente, la determinación sobre la improcedencia del recurso de queja no vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente."
Sin que lo anterior se contraponga con la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en principio, porque ella opera una vez que se hace procedente el estudio de fondo del asunto, pues no debe olvidarse que previo a su aplicación deben analizarse diversos presupuestos procesales para la procedencia de los recursos, esto es, en primer lugar debe revisarse la competencia, en segundo, la temporalidad, en tercero, la legitimación, en cuarto, la procedencia del recurso respectivo y, hecho lo anterior, se puede entrar al análisis de fondo del asunto, en donde se puede hacer mención acerca de si es o no procedente la suplencia de la queja para alguna de las partes.
Ahora bien, como ya se dijo, el quejoso interpuso el recurso de queja contra el acuerdo en que el resolutor federal determinó sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, y le impuso una multa, con apoyo en el numeral 249 de la Ley de Amparo, esto es, por haber promovido más de un juicio de amparo contra el mismo acto reclamado.
Sin embargo, entre los supuestos contra los que procede el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, no se encuentran los acuerdos en los que se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia, como puede advertirse de la transcripción relativa:
"Artículo 97. El recurso de queja procede:
"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
"a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;
"b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional;
"c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;
"d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado;
"e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;
"f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios;
"g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y,
"h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo."
Más bien, las resoluciones en las que se decrete el sobreseimiento, dictadas fuera de la audiencia constitucional, son impugnables a través del recurso de revisión, como lo establece el numeral 81, fracción I, inciso d), que dice:
"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:
"I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:
"a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental;
"b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;
"c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos;
"d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y,
"e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. ..."
Así que el recurso que debió interponer el inconforme contra la resolución que sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia, es el de revisión.
Luego, al haberse interpuesto el recurso de queja, éste debe declararse improcedente, dado que la pretensión del recurrente es contraria a las disposiciones legales aplicables.
No se soslaya que en el escrito de expresión de agravios sólo se hagan valer argumentos contra la imposición de la multa por haber promovido el juicio de amparo, en más de una ocasión, contra el mismo acto reclamado, la cual tiene fundamento en el numeral 249 de la Ley de Amparo,(7) ya que la determinación de imponer dicha sanción, se encuentra estrechamente vinculada con la causal de improcedencia invocada por el resolutor federal, prevista en el artículo 61, fracción XI,(8) de la Ley de Amparo, que lo llevó a sobreseer en el juicio, es decir, porque el mismo acto reclamado ya había sido objeto de estudio en otro juicio de amparo promovido con anterioridad.
De manera que, como la imposición de la referida multa se encuentra relacionada con el motivo que provocó la improcedencia del juicio, lo que generó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, es que ambas determinaciones –sobreseimiento e imposición de la multa– deben ser analizadas a través de un mismo recurso, como es el de revisión, el cual procede contra las determinaciones de sobreseimiento decretadas fuera de la audiencia constitucional.
Conclusión a la que se llega mediante la interpretación lógica y sistemática de los incisos d) y e), de la fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo, pues se pretende que a través de un solo recurso se impugnen tanto la resolución de sobreseimiento fuera de la audiencia, como los aspectos vinculados con esa determinación, en aplicación de los principios de concentración y economía procesal.
Se invoca en apoyo la tesis aislada XIII.P.A.18 K (10a.), materia común, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 3045 del Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2017582 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas», que dice:
"RESOLUCIÓN QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL E IMPONE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 249 DE LA LEY DE AMPARO. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN Y NO EL DE QUEJA. El artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja en el juicio biinstancial procede contra las resoluciones que: a) admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; b) concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional; c) rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; d) reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado; e) se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; f) decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios; g) resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y, h) se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Por tanto, contra la resolución que decreta el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional e impone la multa prevista en el artículo 249 de la Ley de Amparo, es improcedente el recurso mencionado, al tratarse de una determinación definitiva que pone fin al juicio, sin decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por lo que en su contra procede el diverso recurso de revisión, en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), del ordenamiento mencionado; considerar lo contrario implicaría dividir la continencia de la causa, lo que es jurídicamente inadmisible."
Asimismo, norma el anterior criterio, lo sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 32/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1327, del Libro 29, Tomo II, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de abril de 2016 a las 10:01 horas», que dice:
"RECURSO DE REVISIÓN. PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DICTADO EN LA MISMA RESOLUCIÓN QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de los artículos 81, fracción I, inciso d), 86, 91, 92, 93, 97, fracción I, inciso a) y demás aplicables de la Ley de Amparo, deriva que la procedencia conjunta de los recursos de revisión y de queja contra una misma actuación judicial conlleva algunos riesgos que pueden evitarse si se acepta el criterio general que permite impugnar, con un solo recurso, tanto las violaciones de trámite cometidas durante ciertos procedimientos, como su resolución definitiva, sin necesidad de promover un medio de defensa para cada actuación procesal. En esta tesitura, contra el desechamiento de la ampliación de demanda dictado en la misma resolución que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, solamente procede el recurso de revisión, porque así se evitan los problemas de técnica jurídica y demás dificultades generadas con la interposición de dos medios de defensa; además, ello es acorde con los principios de continuidad, celeridad, continuación y economía procesal, así como con el derecho a una impartición de justicia pronta y expedita; finalmente, dicho recurso puede incorporar el análisis de la legalidad del desechamiento de la ampliación de demanda en el examen de la resolución definitiva, para lo cual, es necesario que la parte quejosa argumente en sus agravios las razones que considere pertinentes para combatir tal desechamiento."
Tal conclusión no vulnera el derecho humano de acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 constitucional, pues como ya se dijo, su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales, que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado de presentar el recurso efectivo; lo que no encuentra excepción, tratándose de materia penal, como sucede en el caso.
Se invoca en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 50/98, materia penal, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 228, del Tomo VIII, septiembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 195585, que dice:
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES.—La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente."
Ciertamente, el hecho de que una de las partes interponga un recurso que no es el idóneo para impugnar la determinación de que se queja, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija su error, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia, se debe cumplir con los presupuestos procesales de procedencia de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a las partes; por lo que las reglas de procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos; de ahí que si el recurso interpuesto no es el idóneo, o todavía más, no está contemplado en la legislación aplicable, el juzgador no puede subsanar el error, a fin de que se admita un recurso que no fue el realmente interpuesto, pues ello atentaría contra la seguridad jurídica.
Se invoca en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 60/2017 (10a.), en materia común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada «en el Semanario Judicial de la Federación» del viernes 16 de junio de 2017 «a las 10:22 horas» y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, «Libro 43, Tomo II, junio de 2017, página 1312», con registro digital: 2014509, que dice:
"RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA. No existe base legal para sostener que cuando el recurso interpuesto no fuera el indicado deba reencauzarse la vía y admitirse el que resulte procedente, porque la Ley de Amparo establece con claridad la procedencia y el trámite que debe darse a los recursos de revisión y de queja; por ello, si el recurrente expresamente interpone el de revisión contra el auto que desechó su demanda de amparo, la actuación del Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso debe limitarse a determinar sobre su procedencia, admitiéndolo o desechándolo, según corresponda, sin que pueda reencauzar la vía y tramitar un recurso distinto. Este proceder no vulnera el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado de presentar el recurso efectivo."
Tampoco es obstáculo a la conclusión alcanzada, que por auto de presidencia de diez de septiembre de dos mil dieciocho, se haya admitido a trámite el recurso de queja, ya que esa determinación es producto de un examen preliminar del asunto que no causa estado.
En tales circunstancias, como los autos de presidencia no son definitivos, se declara improcedente el presente recurso de queja, dado que no es el idóneo para impugnar la determinación recurrida y la pretensión del recurrente es contraria a las disposiciones legales aplicables.
Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 222/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 216, Tomo XXVI, diciembre de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.—La admisión del recurso de revisión por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de una de sus Salas es una determinación que por su naturaleza no causa estado, al ser producto de un examen preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano colegiado el estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharlo."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Se declara improcedente el recurso de queja.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, ordénese el archivo del presente asunto como concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, por unanimidad de votos de sus integrantes, Magistrados David Gustavo León Hernández (presidente) y José Luis Legorreta Garibay, así como el licenciado David Rojas Rodríguez, secretario de este tribunal, quien por oficio CCJ/ST/335/2019 de veintidós de enero de dos mil diecinueve, de la Comisión de Carrera Judicial, fue autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, conforme a lo previsto en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Fue ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 4o., 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos
__________________
6. Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo I, febrero de 2017, página 5, jurisprudencia, materias constitucional y común «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas».
7. "Artículo 249. En los casos a que se refiere el artículo 49 de esta ley, si el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito no encontraren motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, impondrá al o los infractores multa de cincuenta a quinientos días, salvo que se trate de los casos mencionados en el artículo 15 de esta ley."
8. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28600-7077c4e2/resolucion-que-decreta-el-sobreseimiento-fuera-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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