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Modo: Corpus Pro

FIRMA ELECTRÓNICA. EL ORDEN CRONOLÓGICO EN QUE FUE REALIZADA POR LA PERSONA JUZGADORA Y LA SECRETARIA O EL SECRETARIO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO CONSTITUYE UN MOTIVO QUE INVALIDE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONTIENE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 36/2023. · Registro digital (IUS): 31839
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-10-13
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo III, Pág.3638.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 36/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 17 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. PONENTE: MAGISTRADO CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. SECRETARIO: LUIS FERNANDO CASTILLO PORTILLO.

RESUMEN DEL CASO.

La materia de la presente contradicción de criterios consiste en determinar si: ¿la sentencia firmada electrónicamente primero por la secretaria o el secretario del órgano jurisdiccional y después por la persona juzgadora es inválida, en razón de que siempre debe ser firmada en primer término por la juzgadora o el juzgador y luego el fedatario que en ese consecutivo acto autoriza la actuación con su firma?

Este Pleno Regional determina que de acuerdo con la interpretación del artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es válida la sentencia firmada electrónicamente primero por la secretaria o el secretario del órgano jurisdiccional y después por la persona juzgadora, pues el signo electrónico en la fecha en que se emite la resolución, como representación de la validez del acto como acontecer humano previamente decidido, es el que constituye la autorización legal requerida para su eficacia prevista en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin importar el orden cronológico de las firmas electrónicas.

Guadalajara, Jalisco. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, en la sesión correspondiente al diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

En la que se resuelve la contradicción de criterios 36/2023 suscitada entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 197/2021, y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al fallar el amparo directo 599/2021.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de la contradicción. La Magistrada y los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción entre los referidos criterios.

2. La Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el Máximo Tribunal del País carecía de competencia legal para conocer de la contradicción de criterios suscitada entre aquellos Tribunales Colegiados de Circuitos pertenecientes a la misma Región, por lo que ordenó remitirla a este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, por ser quien es competente al tener jurisdicción por territorio y materia sobre el Tribunal Colegiado que emitió el primero de los criterios en contienda.

3. Avocamiento. Este Pleno Regional prosiguió en el conocimiento del asunto. La denuncia fue admitida el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; se ordenó su registro como contradicción de criterios 36/2023; se comunicó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis del Alto Tribunal; y se turnó al Magistrado Cuauhtémoc Cuéllar De Luna, para la formulación del proyecto de resolución, una vez integrado el expediente se estableció que en su oportunidad se confirmaría el turno.

4. Mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo conocimiento de que el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito habilitó la consulta del expediente electrónico del amparo directo 599/2021, asimismo, informó que el criterio sustentado en ese asunto, sigue vigente. Sin embargo, señaló, fue "atemperado" a los supuestos que se reflejaron en los diversos amparos en revisión 189/2022, 274/2022, 237/2022 y 465/2021. Al respecto, solamente se tomó nota, toda vez que los expedientes citados no forman parte de la denuncia de contradicción.

5. Este Pleno Regional advierte que, en todos los precedentes mencionados, se establece que las actuaciones y determinaciones que se firman electrónicamente, para su validez, deben ser emitidas y firmadas por el Juez que las pronuncia, seguidamente de la del secretario que las autoriza, pues da fe de su emisión.

6. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el amparo en revisión 465/2021, resuelto en sesión de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, estableció que, en una nueva reflexión, el hecho de que la sentencia se firme primero por la secretaria o el secretario y después por la persona juzgadora, no deviene en una violación procesal que trascienda al resultado del fallo, sino en una violación de carácter formal, sin embargo, nadie cuestionó la legalidad de las firmas y además las electrónicas son atribuibles a los sujetos que se indican. Con lo cual, no se trastocaba, en ese caso, la igualdad entre las partes, el debido proceso, ni algún otro derecho dentro del juicio que lleva a considerar tal violación como una de carácter procesal que vulnere las reglas del proceso.

7. No obstante, el Tribunal Colegiado citado, en los amparos en revisión 274/2022, 189/2022 y 237/2022, resueltos posteriormente el trece de enero, siete y dieciséis de febrero, todos del año que transcurre, estableció que la sentencia, al carecer de ese atributo, viola el principio de certeza jurídica y, por ende, afecta su validez; por tanto, lo procedente era ordenar reponer el procedimiento.

8. Como puede observarse, tal como lo señala el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito sigue vigente su criterio, aunque, según refiere, fue atemperado en esos asuntos.

9. Por otra parte, en el acuerdo señalado de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo conocimiento de que el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que se encuentra radicada en el Pleno (sic) de ese Alto Tribunal, la contradicción de criterios 397/2022, cuyo tema a dilucidar refirió guarda relación con el presente caso.

10. Sin embargo, la Segunda Sala estableció en dicha contradicción que quedaba fuera del estudio de esa contradicción, el amparo en revisión 258/2020, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Séptimo Circuito, dado que al estimarse en éste que es ilegal la sentencia recurrida y ordenar reponer el procedimiento, puesto que el secretario firmó electrónicamente la audiencia antes que el Juez de Distrito, se apartaba totalmente del tema allí expuesto concerniente a que el Juez y/o secretario deben firmar electrónicamente la sentencia el mismo día de su emisión, con lo que no podía surgir la divergencia de criterios sobre el mismo tema jurídico susceptible de configurar contradicción de criterios.

11. Además, este Pleno Regional advierte que la Segunda Sala declaró sin materia la citada contradicción de criterios 397/2022. Ello, porque la interrogante allí planteada ya se resolvió en la diversa contradicción de criterios 387/2022 de la misma Sala,(1) en el sentido de que, si el Juez de Distrito y/o secretario no firman electrónicamente la audiencia y sentencia constitucionales en la fecha de su emisión o en día inhábil, no es una violación de trascendencia que amerite reponer el procedimiento.

12. Por lo que, como se puede observar, en ninguna de las contradicciones de criterios mencionadas (387/2022 y 397/2022) se abordó el tema que nos ocupa.

13. El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés se confirmó el turno del expediente en comento, por lo que se remitieron los autos a la ponencia del Magistrado en cita.

II. COMPETENCIA

14. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios. En atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Todos, en relación con los artículos 2o. del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, en adición con el 14 del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(2) Ello, por suscitarse entre Tribunales Colegiados pertenecientes a esta Región Centro-Sur.(3)

15. Además, al no existir regulación que expresamente prevea qué Pleno Regional le corresponde conocer de una contradicción de criterios en la que el punto a dilucidar guarde relación con aspectos comunes de la legislación de amparo, este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, es legalmente competente por ser quien tiene jurisdicción por territorio y materia sobre el Tribunal Colegiado que emitió el primero de los criterios en contienda, esto es, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al fallar el amparo directo civil 599/2021.

16. Tal como se estableció en el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, emitido por la Ministra presidenta del Máximo Tribunal del País, donde declinó competencia a este Pleno Regional, en los términos siguientes:

"... de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y conforme con lo señalado en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los artículos 14, fracción I, del Acuerdo General 67/20222, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y los diversos numerales 2 y 4 del Acuerdo General 108/20223 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que en la referida regulación no se prevé expresamente a qué Pleno Regional le corresponde conocer de contradicciones de criterios en las que el punto a dilucidar guarde relación con aspectos comunes de la legislación de amparo y como uno de los Tribunales involucrados en el presente asunto está especializado en materia de trabajo y el otro al tener competencia mixta dictó el asunto de mérito en materia civil, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 y aplicando por analogía el principio considerado en el diverso numeral 15, párrafo segundo, ambos del Acuerdo General 67/2022, en relación con lo previsto en el diverso 1, fracción II, inciso 3, del Acuerdo General 108/2022, al ser el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el órgano jurisdiccional que emitió el primero de los criterios en contienda, es decir, el contenido en la resolución emitida en el amparo directo (civil) 599/2021 el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, remítase por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada de las constancias de cuenta al Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, por ser el competente para conocer del presente asunto al tratarse del Pleno Regional que ejerce jurisdicción por territorio y materia sobre el Tribunal Colegiado que emitió el primero de los criterios en contienda. ..."

III. LEGITIMACIÓN

17. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por la Magistrada y los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

IV. EXISTENCIA

18. El presente asunto cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010(4) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la configuración de la contradicción de criterios, consistentes en:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Lo anterior, puede dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de abordar la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial:

19. Este requisito se cumple, pues los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de criterios, tal como se verá a continuación.

Primera postura.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO

ANTECEDENTES AMPARO DIRECTO 599/2021

• Una institución financiera demandó en la vía oral mercantil a una persona física.

• Del asunto conoció el entonces Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en Cancún, Quintana Roo.

• Seguido el procedimiento se dictó la sentencia correspondiente.

• Inconforme con el fallo, la parte actora promovió juicio de amparo directo.

EJECUTORIA

• Mediante sentencia emitida en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado determinó que no se analizarían los conceptos de violación propuestos por la quejosa, toda vez que el Tribunal Colegiado advirtió oficiosamente que la sentencia reclamada contenía un vicio formal que ameritaba declarar la insubsistencia, para que se emitiera conforme a lo previsto en la ley que rige el acto.

• El órgano colegiado estableció que el Código de Comercio no dispone en forma clara y precisa cuáles son las reglas específicas a las que debe atenderse, por lo que debe acudirse de forma supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles.

• Indicó que toda actuación o determinación judicial, en las que se realizan y emiten diversos actos encomendados al instructor del proceso, para su validez, deben contar tanto con la firma del Juez de Distrito, que las pronuncia, como la del secretario que las autoriza (con excepción de los encomendados a otros funcionarios); sin ser potestativo que ello se realice en un orden diverso al señalado, conforme se advierte textualmente del artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

• La falta o en su caso, las inconsistencias que se presenten en relación con la firma del Juez que preside una audiencia y emite la sentencia respectiva, así como del secretario que autoriza y da fe, trae como consecuencia una violación a las leyes que regulan su tramitación; pues ello crea incertidumbre jurídica a las partes y constriñe en su caso, al tribunal de alzada, a ordenar que se subsane dicho vicio formal.

• Ello es así, porque no debe soslayarse que la firma, en su acepción genérica, constituye un conjunto de características, signos o nombres que se usan o estampan por determinada persona, para hacer constar que ha decidido alguna cosa o que da fe y certeza de ciertos actos; naturaleza jurídica que también reviste a las denominadas firmas electrónicas de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, que conocen de los procesos de amparo.

• El Legislador amplió el derecho de acceso efectivo a la justicia, al contemplar el uso de dichas tecnologías en la tramitación de los juicios, específicamente el uso de la firma electrónica y la integración del expediente electrónico.

• Por ello, la firma electrónica en el ámbito judicial se erige como un medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para emitir, entre otros, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.

• De conformidad con el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadas intermedias, que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, y permite con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico.

• Así, en relación con los artículos 60, 61, 219 y 275 del Código Federal de Procedimientos Civiles, permite considerar que las actuaciones y determinaciones pronunciadas por el órgano jurisdiccional, que se firman de manera electrónica, para su validez, deben ser emitidas y firmadas por el Juez que las pronuncia, seguidamente de la firma del secretario que las autoriza, pues da fe de su emisión.

• Lo anterior es acorde con lo que prescribe el artículo 1055, fracción IV, del Código de Comercio, el cual establece que las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto.

• Las firmas relativas a los actos suscitados dentro del juicio deben estar "debidamente" integradas al expediente electrónico, para dar fe de lo en ella asentado, porque no sólo su ausencia implica una violación a las leyes que regulan la tramitación del proceso, sino también las inconsistencias insubsanables que se presenten, en relación con la vigencia o temporalidad de su certificado.

• De esa forma, los certificados digitales expedidos por las unidades de certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad, como de una firma autógrafa, que permite la identificación del usuario del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación; entonces los certificados vinculados con las firmas electrónicas del Juez de Distrito y del secretario que autoriza y da fe, además de constar en el acta respectiva deben cumplir con los requisitos necesarios para dotar de validez al documento en cuestión, dentro del cual se encuentra que se dé fe del acto por parte del secretario.

• Tal aspecto puede evidenciarse de forma más patente en el acuse respectivo, también denominado evidencia criptográfica-transacción, contenido al final de cada documento suscrito vía electrónica, pues en ella se muestra el nombre del titular de la firma electrónica y el momento en que se estampó, si el certificado es reconocido por la unidad y si se encuentra vigente; datos que permiten corroborar la eficacia de la FIREL asentada por el servidor público.

• En el caso, la sentencia fue firmada por el secretario y por el secretario en funciones de Juez en diferentes horarios; con lo que se inobservó lo dispuesto en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, pues las resoluciones judiciales respectivas deben ser autorizadas por el secretario una vez firmadas por el titular del órgano jurisdiccional; aspecto que no se cumple, al haber sido firmada primigeniamente por el secretario y después por el Juez. • No constituye obstáculo para arribar a tal conclusión, que la normativa a que se ha hecho referencia, aluda al procedimiento del expediente impreso, y en el caso, se esté en presencia de actuaciones de carácter electrónico, pues es indiscutible que el sistema electrónico debe observar las formalidades que invisten a las actuaciones judiciales, para que resulten válidas y eficaces.

• Esa idea se fortalece, si se tiene en cuenta que el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 47/2018, que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 32/2018, sustentó que la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica y los acuerdos generales respectivos, fundamentalmente, simplifican la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y moderniza el sistema de impartición de justicia, y otorga validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales.

• Sin embargo, de ésto no puede colegirse que tal reforma tuviera la intención de que los principios constitucionales rectores del juicio de amparo se modifiquen; pues si bien de conformidad con el primer párrafo del artículo 107 de la Constitución, se delega en el legislador la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el juicio de amparo, ello está condicionado a mantener intactos sus principios y fines, así como a no contrariar el espíritu constitucional que los creó.

• Lo que en la especie no se advierte cumplido, sobre todo, al tener en cuenta que primeramente se firma por el secretario y después por el titular.

• Conforme a los acuerdos generales, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, y que los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema.

• Igualmente, se constata que los secretarios de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, se incorpore cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan íntegramente en su totalidad, y precisaran que tal coincidencia se refiere al contenido, no a los signos del expediente físico, pues su finalidad se cumple en el expediente electrónico mediante signos electrónicos diversos.

• Asimismo, se establece a los secretarios la obligación de dar fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, lo cual vigilarán los titulares de los órganos jurisdiccionales, lo cual, ciertamente, no puede realizarse, en especial, respecto de las resoluciones, si firma antes que el titular del órgano jurisdiccional, pues en tal caso, no puede certificar que la determinación fue emitida por el juzgador, ya que para ese entonces no había constancia de ello, a través de la manifestación de voluntad, que se refleja con la firma.

• De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el expediente electrónico debe integrarse cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente impreso.

• Por esa razón, bajo el contexto legal destacado, se colige que los expedientes (electrónico e impreso), deben coincidir íntegramente para las consultas de las partes, y que tal coincidencia se refiere al contenido de las constancias respectivas, además de que el expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente impreso.

• En este último expediente aparece que la sentencia se firmó primigeniamente por el secretario, seguida de la firma del secretario en funciones de Juez, lo que revela que la sentencia en su versión escrita no respetó la integración cronológica de las actuaciones judiciales, y menos que el secretario autorizó la resolución emitida por el titular del órgano jurisdiccional, pues cuando lo hizo, no había sido firmada la sentencia por su titular.

• De manera que, ante tal discrepancia, se dejaron de garantizar los principios que conlleva el uso correcto de la firma electrónica, lo que, además, se robustece con el Acuerdo General 12/2020, que actualmente regula lo relativo a la firma electrónica. Normativa que evidencia que a través de ésta se dota a los documentos respectivos de certidumbre, pues permite conocer de manera fidedigna de quién emanó aquél, satisface el requisito de firma, del mismo modo que la firma autógrafa y garantiza que el documento electrónico ha permanecido completo e inalterado desde su firma.

• Por tanto, al haberse firmado la sentencia en su versión escrita, primero por el secretario, y con posterioridad por el secretario en funciones de Juez, constituye una violación a las formalidades de la sentencia, habida cuenta que el secretario no puede certificar que la determinación fue emitida por el juzgador, ya que para ese entonces no había constancia de ello, a través de la manifestación de voluntad, que se refleja con la firma.

• Entonces, dicha formalidad afecta los requisitos de validez de la sentencia y, en consecuencia, no se puede hacer pronunciamiento sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

• Sin que pueda convalidarse tal violación formal bajo la premisa de que al obrar dos firmas, una del secretario y una del titular del órgano jurisdiccional, la sentencia es válida, pues es categórico que para ello, primero el titular debe firmar la sentencia y luego ser autorizada por el secretario, al momento de firmar, "autorizó" un fallo que no tiene existencia jurídica, lo que deviene ilegal, ya que la firma del fedatario haría constar un fallo que aún no se ha dictado, lo que no genera certidumbre sobre lo autenticado, ya que da fe sobre un acto que no ha ocurrido.

• De manera que sólo al obrar una firma del secretario, anterior a la del dictado y firma de la sentencia por el Juez, es que se está ante un fallo inválido.

Segunda Postura.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO

ANTECEDENTES AMPARO EN REVISIÓN 197/2021

• Dos personas físicas solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que reclamaron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado.

• Seguido el procedimiento se dictó la sentencia respectiva.

• Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

EJECUTORIA

• Mediante sentencia emitida en sesión de día doce de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado estableció que la Ley de Amparo no dispone en forma clara y precisa cuáles son las reglas específicas a las que debe atenderse, por lo que debe acudirse de forma supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles.

• De acuerdo con los artículos 60, 61, 219 y 275 todos de este último ordenamiento legal, dada la trascendencia jurídica que revisten las actuaciones judiciales, para su validez, deben satisfacer, entre otros requisitos, que se encuentren firmadas por el titular del órgano jurisdiccional y sean autorizadas por el secretario.

• Sin que dichos numerales precisen una temporalidad específica, esto es, no establecen lo relativo al tiempo en que deben firmarse las resoluciones por quienes en ella intervinieron (salvo el día señalado para su celebración).

• Lo anterior, aun y cuando el precitado artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale que la determinación judicial se firmará por el Juez, Magistrado o Ministro que la pronuncie, siendo autorizadas por el secretario, empero ello no se refiere expresamente al instante o momento en que se firme la resolución relativa.

• De esa manera, toda actuación o determinación judicial en las que se realizan y emiten diversos actos encomendados al instructor del proceso de amparo indirecto, para su validez, sólo deben contar tanto con la firma del Juez de Distrito, que las pronuncia, como la del secretario que las autoriza.

• En el caso, lo resuelto en el amparo fue firmado electrónicamente por el secretario y por el titular del órgano jurisdiccional en la misma fecha.

• Sin que se pierda de vista, que firmó primero el secretario y después el titular, empero por razones de hecho, el sistema electrónico establecido en la plataforma del Poder Judicial de la Federación no permite que sea a la inversa, por tanto, ante dicho evento, resulta inconcuso que el secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, firmara electrónicamente la sentencia dictada en la audiencia constitucional, antes que el titular de dicho juzgado.

• No obstante, ello no torna en ilegal la sentencia recurrida al tomar en cuenta que ésta contiene la firma electrónica tanto del Juez como la del secretario, lo que le otorga plena validez a esa actuación judicial, aspecto que se robustece con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, que actualmente regula lo relativo a la firma electrónica.

• Normativa que evidencia que, a través del uso de la firma electrónica, se dota a los documentos respectivos de certidumbre, pues permite conocer de manera fidedigna de quién emanó aquél, lo que satisface el requisito de firma del mismo modo que la firma autógrafa y garantiza que el documento electrónico ha permanecido completo e inalterado desde su firma.

• En otras palabras, dado el avance tecnológico en el que nos hallamos,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31839-67567df7/firma-electronica-el-orden-cronologico-en-que-fue · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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