Corpus
Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. OPERA AUN CUANDO EL DEMANDADO NO HAYA SIDO EMPLAZADO A JUICIO (INAPLICABILIDAD DEL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 26/2023. · Registro digital (IUS): 31855
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-10-20
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo V, Pág.4795.

AMPARO DIRECTO 26/2023. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIO: GUSTAVO JESÚS SALDAÑA CÓRDOVA.

CONSIDERANDO:

1. CUARTO.—Los conceptos de violación son sustancialmente fundados, acorde con las consideraciones que se expondrán en párrafos subsecuentes.

2. Tales argumentos invocados en este juicio constitucional consisten, en síntesis, en lo siguiente:

3. a) Se ocasionan agravios, debido a que la autoridad responsable otorgó mayor validez a las tesis aisladas que a las jurisprudencias existentes que prevalecen, relativas a la caducidad de la instancia, lo que impactó en perjuicio del quejoso, pues de autos se desprende que la parte actora promovió demanda contra el peticionario, no obstante, dejó pasar cerca de dos años para emplazarlo a juicio, sin que en su momento el Juez natural lo sancionara por su omisión procesal, no obstante que al contestar la demanda, presentar alegatos y formular su apelación, opuso la excepción y agravio relativos a la operancia de la caducidad de la instancia.

4. –La Sala responsable refirió que no operaba la caducidad de la instancia, porque aún no había sido emplazado el quejoso pese a que éste, en apelación, acompañó jurisprudencias que establecen la viabilidad de decretar la caducidad de la instancia aun cuando no se hubiera emplazado a todas las partes, dada la omisión procesal en que incurre la actora; por ende, se pasó por alto el tiempo de inactividad procesal de la enjuiciante y su carga procesal de dar impulso al procedimiento, aun cuando era necesario que hiciera las gestiones que en derecho correspondieran para lograr el emplazamiento; empero, una vez presentada la demanda, su contraparte fue omisa en actuar por más de ciento ochenta días, lo cual se hizo valer en apelación no obstante fue desestimado ilegalmente.

5. –Se retomó el argumento del Juez para desestimar la excepción de caducidad de la instancia, no obstante que el inconforme destacó en apelación que si bien no había acontecido el emplazamiento, ello no era impedimento para que se diera la figura de la caducidad de la instancia acorde con la invocación de jurisprudencias. Las razones que expuso la alzada no eran motivo suficiente para negar la caducidad de la instancia, ni para aplicar criterios aislados, puesto que ello fue superado con la reforma judicial de derechos humanos en la cual se incorporaron métodos de interpretación normativa, en relación con el reconocimiento a los derechos humanos de fuente nacional e internacional a través de un parámetro de control de la regularidad constitucional.

6. –De tal suerte que, con base en las exigencias y respectivas cargas procesales, debió valorarse el asunto vinculado con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la caducidad de la instancia en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 65/2018 (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL QUE PUEDA OPERAR AUN CUANDO LO ÚNICO PENDIENTE EN EL JUICIO SEA LA CITACIÓN PARA OÍR SENTENCIA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y ES ACORDE AL PRINCIPIO PRO PERSONA.", puesto que el fundamento central del Más Alto Tribunal descansa en que la caducidad debe decretarse como garantía al derecho de acceso a la justicia y al principio pro persona en su vertiente de justicia pronta y expedita, que guarda una correcta proporcionalidad entre las obligaciones del juzgador y la cargas procesales de las partes.

7. –Ello, puesto que la caducidad de la instancia se da como consecuencia de la omisión de impulsar el procedimiento, lo cual es una carga mínima, tal como solicitar por todos los medios necesarios que sea emplazado el demandado y así evitar dejar paralizado el asunto por más de ciento ochenta días, acorde a lo determinado por la Primera Sala del Más Alto Tribunal en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2006, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL NUMERAL 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE AUTORIZA A DECRETARLA AUN CUANDO NO SE HAYA PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

8. –Así lo considera, pues retoma el contenido de tal jurisprudencia, sobre esa base, destaca la obligación de la parte actora de solicitar al Juez que ordenara el emplazamiento a efecto de que no operara la caducidad de la instancia, de no hacerlo, ese hecho se tornaría imputable a la parte accionante por ser la interesada en que se resuelva la contienda, lo cual no hizo su contraparte, quien sólo dejo transcurrir el tiempo sin gestionar el respectivo emplazamiento.

9. –De ahí que si en materia mercantil se faculta a decretar la caducidad de la instancia, incluso, cuando sólo queda pendiente el dictado de la sentencia, con mayor razón se da en casos en que no ha sido emplazado el demandado, al margen de que el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave condicionara la caducidad de la instancia a que se emplazara, porque las jurisprudencias que invocó el impetrante y que fueron desestimadas en alzada, son acordes al nuevo parámetro de control de la regularidad constitucional y el reconocimiento de los derechos humanos, porque en ellos expresamente se toman en cuenta los temas concernientes, métodos de interpretación y reconocimiento de derechos humanos que no existían en la Quinta y Novena Épocas, pues antes de la reforma se consideraban garantías individuales concedidas por el Estado.

10. –Se fortalece lo anterior con las tesis aislada 1a. LXII/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDA ACTUALIZARSE DICHA FIGURA ANTES DE QUE SEA EMPLAZADO EL DEMANDADO, NO IMPLICA UNA AFECTACIÓN A SUS DERECHOS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2008)." y de jurisprudencia PC.VI.C. J/3 C (10a.), del Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA AUN ANTE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE EMPLAZAR A LA DEMANDADA, AL NO ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 82, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA.", pues la actora promovió y no tuvo cuidado en mantener viva la instancia, además, el artículo 137 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que ahí interpretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es análogo al artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que debió sancionarse dicho descuido, pues tanto la ley como la jurisprudencia contemplan la figura de la caducidad de la instancia.

11. –En ese tenor, aun cuando no hubiera sido emplazado el demandado, es contrario a derecho que la Sala retomara el criterio del Juez natural y convalidara la aplicación de las tesis aisladas que limitaron sus derechos humanos de acceso a la justicia y que trascendieron al resultado del fallo, pues debió atenderse a las reglas de aplicación de la jurisprudencia y, en ese sentido, el argumento de la responsable para aplicar criterios de la Quinta y Novena Épocas debió ser acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo y, en su caso, justificar los motivos para que prevalecieran por encima de aquellos dictados con posterioridad, toda vez que no se puede oponer a las tesis obligatorias en términos de los artículos 94 de la Constitución General y 217 de la Ley de Amparo, debió atenderse a la reforma judicial en comento y criterios judiciales vigentes, por lo que la Sala responsable no debió aplicar el criterio normativo que pretendió, pues condenó en un juicio especial hipotecario en el que operaba la caducidad de la instancia rebasando el principio pro persona.

12. b) La sentencia reclamada es incongruente, porque el quejoso señaló en su escrito de apelación que parte de las formalidades esenciales del procedimiento era que el estado de cuenta certificado que se presentó contara con todos los elementos exigidos por ley, y la autoridad responsable le dotó de valor probatorio pleno porque supuestamente, al tratarse de una prueba reconocida por ley, no podía valorarla.

13. –En el propio fallo reconoció que las pruebas reconocidas por ley, solamente deben cumplir con las formalidades exigidas y, en el caso, el estado de cuenta certificado no cumplió con lo señalado normativamente.

14. –Según se aprecia del escrito de apelación del quejoso, controvirtió los alcances y valor probatorio del estado de cuenta certificado, así como su validez. Además, de conformidad con el artículo 451-C del citado código estatal, dentro de las excepciones que el demandado puede oponer está la falta de representación de poder bastante, por lo que en su contestación a la demanda hizo valer los argumentos respectivos.

15. –Los vicios que se encuentran en esa prueba radican en que el contador no acreditó estar autorizado por la institución bancaria para emitir el estado de cuenta certificado, y si no cuenta con los requisitos de ley, la consecuencia legal de las deficiencias del medio de convicción de la parte actora es que no se pueda acreditar el supuesto incumplimiento del contrato, pues soslaya el a quo que sin el estado de cuenta certificado no se puede conocer con certeza cuántos pagos se han realizado, cuáles son las cantidades adeudadas, intereses generados y los descuentos que deben hacerse con motivo de los pagos efectuados.

16. –La autoridad responsable dijo estar impedida para valorar el contenido del estado de cuenta certificado, pero lo cierto es que en la contestación y apelación el quejoso no controvirtió su contenido, sino la falta de cumplimiento de los requisitos legales, porque a dicho medio de convicción no se acompañó el instrumento notarial con el que se facultaría al contador público a elaborarlo, lo cual consistía en parte de los requisitos previstos en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que al no haberlo acompañado carece de validez.

17. –De ahí que la alzada no fuera exhaustiva en cuanto a las constancias de autos y emitió una sentencia incongruente, porque el impetrante controvirtió en juicio y en apelación la falta de requisitos de validez del estado de cuenta certificado, no su contenido, y en la propia sentencia se reconoció que éste no podía ser sujeto a valoración cuando faltara alguno de los requisitos de ley, como en este caso, la falta de autorización del contador y, aun así, determinó no valorarlo porque a su parecer se dolió de su contenido, lo que es falso, por ende, resolvió a partir de postulados no verídicos y con base en un documento privado que fue objetado, por lo que correspondía al tercero interesado acreditar que su estado de cuenta certificado fue emitido por persona facultada.

18. Ahora bien, son sustancialmente fundados los conceptos de violación sintetizados bajo el inciso a).

19. Para mayor claridad, conviene establecer, en primer término, que la Sala responsable calificó de infundados los agravios del ahora impetrante, al estimar la aplicabilidad de las tesis aisladas VII.1o.C.18 C, emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y de la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal, de rubros: "CADUCIDAD. EL CÓMPUTO RESPECTIVO NO CORRE SI LA PARTE RECONVENIDA NO HA SIDO EMPLAZADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." y "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ).", respectivamente.

20. Al respecto, determinó la alzada que si bien constituían criterios aislados, emergieron del Séptimo Circuito y aun cuando se emitieron en la Novena y Quinta Épocas, emitían pronunciamiento sobre el artículo 11 de la legislación del Estado de Veracruz, que establecía una prohibición expresa para decretar la caducidad de la instancia en caso de no encontrarse emplazados todos los demandados.

21. Sobre esa base estableció la inaplicabilidad de las tesis de jurisprudencia y aislada en que se apoyó el quejoso, PC.VI.C. J/3 C (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA AUN ANTE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE EMPLAZAR A LA DEMANDADA, AL NO ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 82, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA.", 1a. LXII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDA ACTUALIZARSE DICHA FIGURA ANTES DE QUE SEA EMPLAZADO EL DEMANDADO, NO IMPLICA UNA AFECTACIÓN A SUS DERECHOS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2008)." y PC.XXVII. J/1 C (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE PUEDE INICIAR ANTES DEL EMPLAZAMIENTO AL EXISTIR CARGAS PARA LA ACTORA Y NO SÓLO PARA EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 25 DE JULIO DE 2014)."

22. Lo anterior, pues refirió que los anotados criterios interpretaban legislaciones de distintos Estados en las cuales a diferencia del ordenamiento local, no se establecía una prohibición expresa para decretar la caducidad de la instancia cuando no estuvieran emplazados los demandados; de ahí que no estuvieran encaminadas a interpretar el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

23. Tales consideraciones se estiman violatorias de derechos humanos, pues tal como lo hace valer el impetrante del amparo, conforme a la línea jurisprudencial que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria para este tribunal constitucional, en estrecha vinculación con la naturaleza de la institución de la caducidad de la instancia y el principio dispositivo, se justificaba la inaplicabilidad del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la parte que establece una condicionante para que opere la mencionada figura, consistente en que estén emplazados todos los demandados en el procedimiento, en tanto contraviene el esquema normativo vigente.

24. Como punto de partida, conviene establecer que atendiendo al contexto vigente de protección de derechos humanos, de conformidad con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala responsable se encontraba facultada para ejercer el control difuso de convencionalidad, consistente en comparar mediante la cláusula de interpretación conforme, la norma secundaria cuestionada frente a los postulados constitucionales y convencionales estimados transgredidos, y de encontrar que aquélla se contraponía con éstos, inaplicar la ley ordinaria dando preferencia a los derechos humanos contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales.

25. Ello es así, puesto que el disidente destacó en sus agravios de apelación las razones por la que se justificaba la caducidad de la instancia, acorde al marco legal, constitucional y línea de pensamiento jurisprudencial desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde su perspectiva había superado la interpretación de tesis que hizo el juzgador de origen, por lo que debía advertirse la violación a derechos humanos.

26. Es relevante lo señalado, en virtud de que el sistema jurídico mexicano sufrió modificación a raíz de la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010. De tal suerte que el modelo de control constitucional actual adoptó, junto con la forma concentrada –propia de los tribunales de la Federación– la modalidad difusa. Ahora, cualquier órgano jurisdiccional del país puede, en ejercicio de su potestad y de manera oficiosa, inaplicar leyes que considere contrarias a la Constitución General o a los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.

27. Por tanto, aun cuando no puede hacer declaratorias de inconstitucionalidad y expulsar del ordenamiento normas generales, sí puede considerar en los casos concretos los argumentos donde se aduce que algún acto o norma vulnera esos derechos fundamentales. Esta consideración se adecua a los parámetros establecidos en la tesis aislada P. LXVII/2011 (9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD."

28. Sirve de apoyo a lo expuesto, por su idea jurídica y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia pronunciada por este Tribunal Colegiado de Circuito, que dispone:

"Registro digital: 2003522

"Décima Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Materia: Común

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Tomo 2, mayo de 2013

"Página: 1106

"Tesis: VII.2o.C. J/3 (10a.)

"Tipo: Jurisprudencia

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES DE ALZADA ESTÁN OBLIGADOS A RESPONDER DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. El sistema jurídico mexicano sufrió modificación a raíz de la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313. El modelo de control constitucional actual adoptó, junto con la forma concentrada –propia de los tribunales de la Federación– la modalidad difusa. Ahora, cualquier órgano jurisdiccional del país puede, en ejercicio de su potestad y de manera oficiosa, inaplicar leyes que considere contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. Por tanto, aun cuando no puede hacer declaratorias de inconstitucionalidad y expulsar del ordenamiento normas generales, sí puede considerar en los casos concretos los argumentos donde se aduce que algún acto o norma vulnera esos derechos fundamentales. Esta consideración se adecua a los parámetros establecidos en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), consultable en la página 535 del Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.’. Por tanto, actualmente ya no encuentra respaldo legal la respuesta que los tribunales de alzada dan a los agravios de apelación cuando sostienen que no pueden atender planteamientos relativos a la violación de preceptos constitucionales."

29. Desde esa perspectiva, adverso a lo aducido por la Sala responsable, aun cuando el ordenamiento del Estado de Veracruz establezca una disposición expresa en determinado sentido, ello es insuficiente para proceder en automático a su aplicación, cuando ello se torna transgresor de derechos humanos, máxime que –se insiste– el disidente destacó en sus agravios de apelación las razones por las que se justificaba la caducidad de la instancia, acorde al marco legal, constitucional y línea de pensamiento jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde su perspectiva había superado la interpretación de tesis que hizo el juzgador de origen por lo que debía advertirse la violación a derechos humanos.

30. Esto es, expuso las razones por las cuales se justificaba la caducidad de la instancia aun cuando no se hubiere efectuado el emplazamiento del demandado, conforme a las mencionadas prerrogativas vigentes.

31. En ese sentido, este Tribunal Colegiado de Circuito coincide con los argumentos vertidos por el quejoso en esta instancia de derechos fundamentales, en tanto se justificaba la inaplicación de la porción normativa prevista en el penúltimo párrafo del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece: "... La caducidad de la instancia sólo opera en los juicios, siempre y cuando hayan sido emplazados todos los demandados ...", atento a las razones y fundamentos jurídicos que se expondrán a continuación. 32. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de forma armónica con el artículo 1o. del aludido Ordenamiento Fundamental, establece el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, que se integra, a su vez, por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.

33. Existen diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, previstas en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tales garantías subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente:

34. I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter;

35. II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales;

36. III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga;

37. IV. El desarrollo de las posibilidades del recurso judicial; y,

38. V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

39. Los preceptos mencionados deben interpretarse de manera sistemática, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro persona, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.

40. Por cuanto hace al concepto de plazo razonable para resolver, es ilustrativo el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son:

"Registro digital: 2002350

"Décima Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Materias: Constitucional y Común

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012

"Página: 1452

"Tesis: I.4o.A.4 K (10a.)

"Tipo: Aislada

"PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el ‘análisis global del procedimiento’, y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el ‘plazo razonable’ en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de ‘plazo razonable’ debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto."

41. De acuerdo con lo anterior, el plazo razonable para resolver no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, es decir, sólo del tiempo que ha llevado el desarrollo y conclusión de la controversia, sino que implica un análisis cualitativo, o sea un examen de los elementos o parámetros que influyen para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre los cuales se destaca para nuestro análisis el segundo de ellos, que se refiere a la actividad procesal del interesado, en tanto que exige de éste un seguimiento diligente y responsable al proceso iniciado para su expedita resolución.

42. Esto cobra especial relevancia en los juicios de carácter privado, donde rige el principio dispositivo, mismo que tiene diversas aplicaciones, como que: a) el proceso no se inicie hasta en tanto no se presente la demanda de la parte interesada; b) el Juez no puede resolver otras cuestiones que no fueron planteadas en la demanda; c) las partes puedan poner fin al procedimiento, ya sea mediante desistimiento, conciliación o transacción; y, d) las partes puedan renunciar a sus derechos procesales; principio que se traduce en que el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, los límites mismos de la acción y la propia actividad del Juez, se regulan por la voluntad de las partes contendientes, toda vez que son ellas las dueñas del derecho sustancial en disputa y, en consecuencia, les corresponde exclusivamente a ellas tanto la iniciación como el desarrollo del proceso, con las limitantes válidas que establezca la propia ley.

43. En orden con lo expuesto, es de señalarse que el respeto a los derechos humanos, en el caso el derecho a recibir justicia pronta y en un plazo razonable, no debe supeditarse a requisitos legales innecesarios, excesivos, ni carentes de razonabilidad o proporcionalidad.

44. Resulta aplicable al caso, por su sentido jurídico y en lo conducente, la siguiente jurisprudencia, que establece:

"Registro digital: 2003521

"Décima Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Materia: Común

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Tomo 2, mayo de 2013

"Página: 1093

"Tesis: VI.3o.(II Región) J/3 (10a.)

"Tipo: Jurisprudencia

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS, EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO AL RESPECTO. De conformidad con los artículos 1o. y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, ex officio, el control de convencionalidad en sede interna, lo cual implica la obligación de velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los establecidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro persona. Así, deben proteger cabalmente, entre otros, los derechos y libertades de acceso a la justicia, garantía de audiencia y tutela jurisdiccional, acorde con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los preceptos 14 y 17 de la Constitución General de la República. Ahora bien, si la tutela jurisdiccional se ha definido como el derecho de toda persona para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para plantear sus pretensiones o defenderse de ellas, con el objeto de que mediante la sustanciación de un proceso donde se respeten ciertas formalidades se emita la resolución que decida la cuestión planteada y, en su caso, se ejecuten las decisiones, es evidente que el respeto a esos derechos y libertades no debe supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o proporcionalidad; por ello, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito adviertan tal circunstancia, deben analizarla preponderantemente, en ejercicio del control de convencionalidad, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos humanos, aun cuando no exista concepto de violación o agravio al respecto."

45. Bajo este panorama jurídico, debe analizarse ahora si se justifica o no la inaplicación de la condición relativa a que para correr el término de la caducidad en materia civil deben estar emplazados todos los demandados, ello a la luz de un examen de proporcionalidad material; esto es, implica revisar si la porción normativa prevista en la legislación ordinaria local es necesaria

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31855-67d75bdf/caducidad-de-la-instancia-en-materia-civil-opera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.