SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL REQUISITO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA SOLICITAR EL REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO EN REVISIÓN 564/2022. COORDINACIÓN OPERATIVA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 5 DE JULIO DE 2023. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIOS: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, ELIZABETH MIRANDA FLORES, LUIS ALBERTO MARTÍNEZ DÍAZ Y LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: En un juicio de amparo indirecto una persona moral reclamó, por su sola entrada en vigor, el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y diversos artículos del "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo".
La Jueza de Distrito que conoció del asunto determinó sobreseer en el juicio de amparo al considerar que la quejosa no acreditó la afectación que pudieran causarle las disposiciones reclamadas.
En su contra, la quejosa interpuso recurso de revisión y el órgano colegiado determinó que ésta sí acreditó que operaba bajo el régimen de subcontratación y, en particular, demostró que se trataba de un contratista que presta servicios especializados en seguridad privada, por ello revocó el sobreseimiento, estudió las causales de improcedencia omitidas por la a quo y dejó a salvo la competencia de este Alto Tribunal para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 564/2022, interpuesto por la Coordinación Operativa Nacional de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada Adriana del Carmen Rodríguez Bates, en contra de la resolución dictada el veintidós de marzo de dos mil veintidós por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el expediente de amparo indirecto 1677/2021.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la constitucionalidad del artículo 15, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, en la porción normativa que señala "Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social", así como de los artículos tercero; octavo, punto 2; décimo segundo, primer párrafo; décimo tercero; y décimo cuarto, primer párrafo, e inciso b) del "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo".
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De acuerdo con las constancias que obran en autos del amparo indirecto 1677/2021 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se desprenden los antecedentes siguientes:
2. Demanda de amparo. Coordinación Operativa Nacional de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada, demandó en la vía indirecta el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes:
a) De la 1) Cámara de Diputados, y 2) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se reclama la discusión, expedición y aprobación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021, únicamente por cuanto hace al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
b) De la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la expedición del "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo" (en lo sucesivo, el acuerdo), dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, particularmente por lo que hace al sexto párrafo de la parte considerativa; así como los artículos tercero; octavo, punto 2; décimo segundo, primer párrafo; décimo tercero; y décimo cuarto, primer párrafo, e inciso b) del propio acuerdo.
c) Del director general de Inspección Federal del Trabajo y del titular de la Unidad de Trabajo Digno, ambos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la administración y operación del registro de contratistas y, por ende, el trámite de inscripción en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (en lo sucesivo, el padrón), así como la inscripción o negativa del registro correspondiente, atento a las reglas contenidas en el acuerdo.
3. La quejosa planteó, en esencia, los conceptos de violación siguientes:
• De acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.)(1) y la tesis 1a. CCLXIII/2016 (10a.),(2) "el padrón" persigue una finalidad constitucionalmente válida, ya que tiene como objetivo impedir la subcontratación de personal en forma arbitraria y desordenada, mediante el acervo vigente, estadístico y de control que permita identificar, registrar y regular a las personas físicas o morales que presten servicios especializados conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.
• En tal virtud, plantea que el numeral y el acuerdo que se impugnan a través del juicio de amparo establecen que para poder registrarse en dicho padrón debe cumplirse con diversos requisitos, en particular, uno de ellos consiste en estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social, lo cual considera que no es una medida constitucionalmente válida ni tampoco resulta idónea para lograr el objetivo anteriormente mencionado.
• El requisito aludido transgrede la garantía (sic) de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 constitucional, en virtud de que no definen qué debe entenderse como "estar al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social" dejando al arbitrio de la autoridad la definición de dicha situación, así como para realizar las consideraciones respectivas.
En efecto, el decreto impugnado no contiene los elementos mínimos que definan dicho requisito ni su alcance, lo que lo convierte en una exigencia genérica y abstracta, dejando su plena interpretación a las autoridades responsables, lo cual la deja en un estado de incertidumbre.
Señala que los artículos 15 de la Ley Federal del Trabajo y octavo, punto 2, del acuerdo impugnado, violan el principio de seguridad jurídica, pues si bien es cierto que las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social están constitucionalmente facultadas para requerir a las personas físicas o morales que presten servicios especializados y que estén interesadas en registrarse en el padrón, lo cierto es que los requisitos y requerimientos que al efecto se establezcan deben guardar estrecha relación con los fines que persigue dicho padrón, así como con las facultades legales y constitucionales permitidas.
En ese orden, considera que el requisito consistente en estar al corriente con las obligaciones de naturaleza tributaria no guarda relación alguna con el objetivo que persigue la creación del padrón, esto es, si las facultades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sólo se justifican en función de contar con un acervo vigente, estadístico y de control que permita identificar, registrar y regular a las personas físicas o morales que presten servicios especializados y si, además, el padrón no está encaminado a verificar el cumplimiento de obligaciones de naturaleza tributaria, en consecuencia, resulta inconcuso que ello resulta violatorio de la garantía (sic) de seguridad jurídica.
En realidad, la facultad de verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de los gobernados les compete a las autoridades de naturaleza tributaria, tales como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, quienes pueden hacer uso de las facultades que enumera el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, entre otras.
• En segundo lugar, la quejosa precisa que para poder seguir llevando a cabo los servicios especializados de seguridad, vigilancia y custodia deberá solicitar su registro en el padrón y para lograr dicha inscripción deberá demostrar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, de lo contrario no podrá darse de alta en dicho padrón y, por ende, no podrá seguir prestando los servicios referidos.
A su juicio, dicha circunstancia transgrede el principio de igualdad previsto en los artículos 1o. constitucional y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que constituye un trato discriminatorio entre gobernados que se encuentran en el mismo supuesto, pues a aquellas personas físicas o morales que no prestan un servicio especializado o no ejecutan una obra especializada, no se les exige el cumplimiento de dicho requisito.
En efecto, las normas impugnadas transgreden el referido principio, puesto que disponen que para poder prestar un servicio u obra especializada se tiene que estar inscrito en el padrón, lo que conlleva el requisito consistente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social, mientras que al resto de los prestadores no se les impone tal limitación, lo cual constituye una medida discriminatoria debido a que otorga un trato distinto a personas que se encuentran en igualdad de circunstancias ante la ley, esto es, se realiza una distinción dependiendo del tipo de servicio que prestan, sin que existan elementos objetivos que justifiquen dicho tratamiento desigual.
• En tercer lugar, plantea que el requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social no satisface el requisito de proporcionalidad y, por ende, constituye una restricción a la libertad de trabajo de las personas físicas o morales que presten servicios especializados.
En efecto, el requisito en cuestión no encuentra vinculación alguna con el objetivo que persigue la creación del padrón, esto es, dicho requisito no puede constituirse como una restricción para poder prestar los servicios de subcontratación a que alude el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que transgrede la libertad de trabajo, pues queda a discreción de la autoridad administrativa la decisión de formar parte o no del padrón y, por ende, de la posibilidad de ofrecer o no un servicio especializado, lo cual deja en un estado de inseguridad e incertidumbre a la quejosa.
Insiste en que el requisito impugnado constituye una medida desproporcional e injustificada en relación con los fines perseguidos por el legislador con la creación del padrón, ello es así debido a que la negativa del registro derivada del incumplimiento de dicho requisito genera como consecuencia que las personas dejen de prestar servicios especializados o de ejecutar obras de la misma naturaleza, lo que perjudica su actividad económica y empresarial.
• Considerando el propósito que persigue el padrón, en el caso particular, estima que se podría admitir una interpretación conforme del requisito impugnado en el sentido de que dicha obligación se colme con el hecho de estar dado de alta ante las autoridades tributarias, esto es, que para lograr su registro en el padrón sea necesario que el solicitante únicamente demuestre tener el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria y el registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. Sentencia de amparo. Una vez que se desahogó el juicio en todas sus etapas, la Jueza de Distrito dictó la sentencia correspondiente en la que sobreseyó en el juicio, ello bajo las siguientes consideraciones:
• Precisó que la parte quejosa reclamó de las Cámaras de Diputados y Senadores, el presidente de la República y la Secretaría de Gobernación la discusión, expedición, aprobación, promulgación, publicación, refrendo y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral.
Asimismo, señaló que la titular de la secretaría, el director general de Inspección Federal del Trabajo y del titular de la Unidad de Trabajo Digno, todos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, reclamó lo siguiente: I) el Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Personas Físicas o Morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, de manera específica los artículos tercero, octavo, punto dos, decimosegundo, primer párrafo, decimotercero y decimocuarto, primer párrafo e inciso b); y, II) la administración y operación del registro de contratistas, así como el trámite de inscripción al padrón a que se refiere dicho acuerdo.
• Refirió que, al rendir sus informes justificados, la Cámara de Senadores negó la expedición del decreto reclamado y que la Secretaría de Gobernación únicamente aceptó el acto consistente en el refrendo del decreto reclamado, negando los restantes. Respecto de dichos informes se dio vista a la parte quejosa, quien no la desahogó ni tampoco desvirtuó las negativas de mérito, por lo que consideró que resultaba procedente sobreseer en el juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos referidos.
• Determinó que eran ciertos el resto de los actos reclamados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; presidente de la República; Secretaría de Gobernación; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; director general de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y al titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ello en virtud de que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, respectivamente.
• Calificó como fundada la causal de improcedencia que hicieron valer el presidente de la República, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el director general de Inspección Federal del Trabajo y la titular de la Unidad de Trabajo Digno, estos últimos de la referida secretaría, en el sentido de que se actualizaba el supuesto establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debido a que la quejosa no demostró que el decreto reclamado afectara su interés jurídico.
Para sustentar lo anterior, en primer lugar, refirió que del precepto citado, así como de los diversos 6o. y 107, fracción I, de la Ley de Amparo y la tesis 2a. CLXXV/2000,(3) se desprende que cuando se reclame una ley autoaplicativa con motivo de su entrada en vigor, para acreditar el interés jurídico es necesario que la parte quejosa demuestre plenamente encontrarse bajo los supuestos de la norma, o si se reclama con motivo de su aplicación, deberá acreditar, además de ello, que le fue aplicado el dispositivo impugnado mediante un acto que le genera una afectación.
Aunado a lo anterior, realizó una descripción de las modificaciones que habían sufrido los diversos ordenamientos que prevé dicho decreto y, de ese modo, concluyó que éstas se encuentran dirigidas a regular lo relativo a la subcontratación de trabajadores, es decir, aun cuando la ley la prohíbe, se prevé en qué casos sí está permitida, así como las diversas situaciones tanto fiscales como de seguridad social que con motivo de ésta pueden derivarse y el registro que deberá llevarse a cabo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para quienes proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas.
En tal virtud, señaló que tales disposiciones pueden afectar, en términos generales, a personas físicas o morales que para su funcionamiento recurran a empresas para subcontratar personal con servicios especializados o la ejecución de obras especializadas; así como aquellos quienes mediante contrato se dediquen a proporcionar y/o suministrar los servicios de subcontratación, conocidos entre otros, como agencias de empleo o intermediarios; igualmente, a los trabajadores y patrones por cuanto al reparto de utilidades ahí especificado, reconocido en la Constitución Federal.
Asimismo, pueden afectar a las personas físicas o morales que contraten o presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas y que deben cumplir tanto con obligaciones fiscales como de seguridad social acordes con el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Sin embargo, determinó que la quejosa no acreditó que para su funcionamiento recurra a empresas para subcontratar personal con servicios especializados o la ejecución de obras especializadas; o bien, que mediante contrato se dedique a proporcionar y/o suministrar los servicios de subcontratación, conocidos entre otros, como agencias de empleo o intermediarios.
Lo anterior, debido a que en la demanda de amparo manifestó ser una persona moral que siempre ha dado cumplimiento a sus obligaciones fiscales y de seguridad social con sus trabajadores, y que se dio de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con diversos registros patronales por clase, con vigencia en todo el territorio nacional; además, señaló que el decreto que reclama, le afecta con su sola entrada en vigor porque le prohíbe contar con los registros patronales por clase.
De ese modo, determinó que los medios de prueba presentados por la quejosa resultaban insuficientes para demostrar la afectación que le causaban las disposiciones combatidas, esto es, que tiene celebrados contratos de prestación de servicios y suministro de personal con diversas personas físicas y morales, o bien, que efectivamente preste o que le proporcionen a ella servicios que puedan ser catalogados como subcontratación de personal.
A mayor abundamiento, precisó que de la copia certificada del documento contenido en la plataforma denominada "Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE)", que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante ese órgano jurisdiccional, se desprendía que la quejosa no se encuentra registrada como prestadora de servicios u obras especializadas. Por tanto, como la quejosa no acreditó la afectación que pudiera causarle las disposiciones que reclamó, concluyó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que estimó procedente sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción V del diverso numeral 63 de la ley de la materia.
5. Recurso de revisión. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, mediante el cual planteó, en esencia, lo siguiente:
• Planteó que los ordenamientos reclamados tienen una naturaleza autoaplicativa, en la medida que por su sola entrada en vigor trascendieron a la esfera jurídica de sus destinatarios naturales, esto es, por su contenido y alcances vincularon, desde el inicio de su vigencia a su inmediato cumplimiento.
• En atención a lo anterior, planteó que, para poder seguir prestando los servicios de subcontratación especializados en seguridad y vigilancia, se encontraba legalmente obligada a darse de alta en el padrón regulado en los ordenamientos reclamados.
• Planteó que con las documentales aportadas al juicio de amparo, acreditaba que se encontraba en los supuestos normativos de referencia y, por ende, que quedó obligada desde la entrada en vigor de los ordenamientos reclamados, a inscribirse en el padrón como prestadora de un servicio especializado.
• Precisó que, de conformidad con la Ley Federal de Seguridad Privada, la prestación de servicios de seguridad privada se considera una actividad especializada y regulada, lo cual implica contar con personal capacitado, certificaciones, permisos o licencias que regulan tal actividad (colmándose por ende los extremos exigidos por los artículos 13 de la Ley Federal del Trabajo, y segundo, fracción VII, del decreto reclamado), ya que de acuerdo con los artículos 2, fracción I, y 15, fracción III, de la Ley Federal de Seguridad Privada, la seguridad privada es la actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de, entre otras, custodia de personas; y traslado de bienes o valores, como es el caso que ampara la factura que exhibió en juicio.
• Reiteró que con las documentales presentadas y correlacionadas debidamente entre sí, resultaban suficientes para demostrar que, en forma contraria a lo sostenido en el fallo reclamado, la quejosa se ubicaba en los supuestos normativos de los ordenamientos tildados de inconstitucionales.
• Finalmente, precisó que el hecho de que, conforme a la copia certificada del documento contenido en la plataforma denominada Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), de once de noviembre del año próximo pasado, que la autoridad responsable Secretaría del Trabajo y Previsión Social allegó al presente juicio, y con la que se advierte que la quejosa no se encuentra inscrita como prestadora de servicios especializados u obras especializadas, no resulta en forma alguna motivo para desestimar el ilegal sobreseimiento del asunto que nos importa, en la medida que los ordenamientos reclamados se combaten por virtud de su sola entrada en vigor, y no por la existencia de un acto concreto de aplicación.
6. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. En su oportunidad, el Tribunal Colegiado dictó resolución en la que modificó la sentencia impugnada, sobreseyó en el juicio respecto de ciertos actos y reservó jurisdicción a este Alto Tribunal para el examen del fondo del asunto, ello bajo las consideraciones siguientes:
• Señaló que debía quedar firme la determinación de la a quo mediante la cual sobreseyó en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, ello debido a que no fue motivo de impugnación por la parte recurrente.
• Calificó como fundado el agravio de la recurrente en el que planteó, esencialmente, que los ordenamientos reclamados son de naturaleza autoaplicativa, en la medida que por su sola entrada en vigor trascendieron a su esfera jurídica, además, con las documentales presentadas en el juicio de amparo demostró que desde la entrada en vigor de los ordenamientos reclamados quedó obligada a inscribirse en el padrón como prestadora de un servicio especializado.
• Para sustentar dicha determinación, en primer lugar, hizo alusión al contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, y los diversos 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, para hacer referencia al concepto de interés jurídico. Asimismo, hizo hincapié en la diferencia que existe entre ordenamientos de naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa, de conformidad con lo establecido en el precepto constitucional referido y en diversos criterios que al efecto ha emitido este Alto Tribunal.
• De ese modo, determinó que la forma en cómo se ha de acreditar el interés jurídico dependerá de la naturaleza de la norma general, en particular, cuando tenga el carácter autoaplicativo, para que se acredite la afectación que una persona resiente con motivo de la entrada en vigor de una disposición, será suficiente demostrar que se reúnen las condiciones, circunstancias y posición de los individuos que la norma vincula para que se surta plenamente.
En segundo lugar, precisó que la norma y el acuerdo que reclamó la quejosa a través del juicio de amparo modifican el régimen de subcontratación laboral en nuestro país, entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra; en dicha reforma se incorpora la prohibición de la subcontratación de personal, permitiéndola de manera excepcional, esto es, únicamente se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos, para lo cual se deberá contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y para su obtención se deberá acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, además, tal registro deberá ser renovado cada tres años.
Considerando el contenido de las disposiciones impugnadas, determinó que su naturaleza jurídica es de carácter autoaplicativo, pues con la sola vigencia de los artículos antes citados, se imponen diversas condiciones y requisitos legales para trabajar u operar bajo el régimen de subcontratación, es decir, con su sola entrada en vigor, se impone a la parte quejosa la obligación de contar con un registro para operar bajo el régimen de subcontratación laboral.
Agregó que la normatividad impugnada constituye un sistema normativo, pues tanto el artículo como el acuerdo que fueron impugnados por la quejosa, en su conjunto, regulan el registro que deben obtener los contratistas para operar bajo el régimen de subcontratación laboral, de ahí que pueda reclamarse en su conjunto con el carácter de autoaplicativas.
Hecho lo anterior, precisó que para efectos de analizar si las normas combatidas le generan o no una afectación a la parte quejosa, se tomaría como parámetro de agravio el relativo al interés jurídico, esto es, para que la quejosa demuestre una afectación a su interés jurídico tiene que acreditar que labora u opera bajo el régimen de subcontratación, y de manera particular, en atención a las normas reclamadas que regulan el registro de contratistas, deberá probar que se trata de un contratista que presta servicios especializados o ejecuta obras especializadas.
Así, contrario a lo establecido por el a quo, determinó que con las pruebas exhibidas por la parte quejosa sí se demostró, que labora u opera bajo el régimen de subcontratación, y de manera particular, en atención a las normas reclamadas que regulan el registro de contratistas, probó en juicio que se trataba de un contratista que prestaba servicios especializados o ejecutaba obras especializadas.
En efecto, de acuerdo con los hechos narrados en la demanda de amparo y las pruebas presentadas y verificadas por el órgano colegiado, determinó que la quejosa es una persona moral, que presta servicios de seguridad privada, en específico los relativos a protección, custodia, y traslado de bienes o valores en todo el territorio que comprende la República Mexicana, y que es especializado de conformidad con la Ley Federal de Seguridad Privada, pues dicha ley en su artículo 2, fracción I, establece que la seguridad privada, se trata de una actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; de ahí de lo especializado del servicio.
Por ello, determinó que fue incorrecto el sobreseimiento decretado por la a quo, pues del análisis de las pruebas ofrecidas en el juicio de amparo de origen, se concluye que la quejosa sí demostró el interés jurídico para promover la acción constitucional, esto es, acreditar que laboraba u operaba bajo el régimen de subcontratación, y de manera particular, en atención a las normas reclamadas probó que se trataba de un contratista que presta servicios especializados en seguridad privada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 93, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, señaló que, previo a levantar el sobreseimiento decretado por la a quo, resultaba necesario analizar las diversas causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados.
• Desestimó la causal de improcedencia que hizo valer la Cámara de Senadores en el sentido de que existía una ausencia de conceptos de violación en contra del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, mismo argumento que también hicieron valer el director general de Inspección Federal del Trabajo y el titular de la Unidad de Trabajo Digno, ambos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues refirieron que la quejosa no expuso conceptos de violación en contra del acuerdo reclamado, en virtud de que sí los adu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32033-a1358128/subcontratacion-laboral-el-requisito-de-estar-al-corriente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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