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Modo: Corpus Pro

SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE SE ATRIBUYE AL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 674/2022. · Registro digital (IUS): 32037
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-05
Promovente: NAZUR SERVICIOS PROFESIONALES, S. DE S.S.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo III, Pág.2898.

AMPARO EN REVISIÓN 674/2022. NAZUR SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL. 5 DE JULIO DE 2023. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIOS: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, ELIZABETH MIRANDA FLORES, LUIS ALBERTO MARTÍNEZ DÍAZ Y LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al cinco de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 674/2022 interpuesto por Nazur Servicios Profesionales, Sociedad de Solidaridad Social, contra la resolución dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 2307/2021.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, así como las diversas disposiciones que fueron reformadas por aquél contravienen los derechos fundamentales de la quejosa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de junio de dos mil veintiuno Nazur Servicios Profesionales, Sociedad de Solidaridad Social, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos siguientes:

1. Del H. Congreso General de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores se reclama la discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral.

2. Del presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación y expedición del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en específico los artículos 12; 13; 14; 15; 127, primer párrafo; 1004-A y 1004-C, 41; una fracción VIII al artículo 127; los artículos 15 A; 304 A, fracción XXII y 304 B, fracción IV, fracción V, del artículo 304 B de la Ley del Seguro Social, 29, tercer párrafo, y 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como los artículos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios.

3. De la H. Secretaría de Trabajo y Previsión Social se reclama la posible ejecución del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en específico los artículos 12; 13; 14; 15; 127, primer párrafo; 1004-A y 1004-C, 41; una fracción VIII al artículo 127; los artículos 15 A; 304 A, fracción XXII, y 304 B, fracción IV, fracción V del artículo 304 B de la Ley del Seguro Social, 29, tercer párrafo y 29 Bis, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como los artículos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios.

4. Del H. Instituto Mexicano del Seguro Social se reclama la posible ejecución del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en específico los artículos 12; 13; 14; 15; 127, primer párrafo; 1004-A y 1004-C, 41; una fracción VIII al artículo 127; los artículos 15 A; 304 A, fracción XXII y 304 B, fracción IV, fracción V del artículo 304 B de la Ley del Seguro Social, 29, tercer párrafo y 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como los artículos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios.

5. Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se reclama la posible ejecución del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en específico los artículos 12; 13; 14; 15; 127, primer párrafo; 1004-A y 1004-C, 41; una fracción VIII al artículo 127; los artículos 15 A; 304 A, fracción XXII y 304 B, fracción IV, fracción V del artículo 304 B de la Ley del Seguro Social, 29, tercer párrafoy 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como los artículos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios.

2. Conceptos de violación. Del análisis a la demanda de amparo se advierte que la quejosa hace valer los conceptos de violación siguientes:

PRIMERO

a) El artículo que prohíbe la subcontratación de personal restringe la libertad de trabajo y de la exposición de motivos se advierte que éstos son insuficientes, pues los mismos son subjetivos y carecen de constancias o de hechos objetivos que convenzan al Juez de Distrito de que dicha restricción es legal, por lo tanto, debe revisarse la motivación reforzada; y,

b) Los artículos 14, párrafo segundo y 15 de la Ley Federal del Trabajo son inconstitucionales debido a que si la quejosa pretende subcontratar se establece que la responsabilidad sea compartida con un tercero, es decir, solidariamente; además de que esa circunstancia puede desalentar a las demás personas para contratar los servicios especializados de la quejosa.

SEGUNDO

a) Las sanciones consistentes en la negación o cancelación en cualquier tiempo del registro previstas para el incumplimiento de cualquier requisito de la Ley Federal del Trabajo son excesivas y desproporcionales, lo que evidencia la inobservancia de las garantías de seguridad jurídica establecidas en los artículos 14, 16 y 22 constitucionales; y,

b) El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo violenta el principio de tipicidad pues no establece con precisión cuáles son los requisitos previstos en la ley que se deben cumplir para que no se niegue o cancele el registro, por tanto, el principio de tipicidad debe hacerse extensivo a la materia administrativa; de tal modo que de actualizarse la conducta sancionada ésta debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito que se amplíe ni por analogía o mayoría de razón.

TERCERO

a) Los artículos combatidos violentan el principio de confianza legítima en relación con el principio de seguridad jurídica dado que se modifican las disposiciones legales que a la quejosa se le han venido aplicando, además de que se prohíbe la subcontratación de personal sin una razón válida ni justificada;

b) El principio de protección de la confianza legítima en el ámbito de adopción de normas exige que las innovaciones y modificaciones normativas para los gobernados no sean impuestas de manera súbita e inesperada, sino que se mantengan relativamente estables, a fin de no provocar incertidumbre jurídica a los gobernados;

c) El acto reclamado rompió con la certeza jurídica que debiera asistir a los gobernados, ya que modifica la forma de ejercer el derecho a la libertad de comercio y trabajo, pues al prohibir la subcontratación de personal para únicamente permitir que se efectúe subcontratación de servicios especializados se genera violación a los artículos 5o., 4o. y 16 constitucionales; y,

d) Se transgrede el principio de protección y confianza legítima que debe regir a todo acto administrativo, en tanto que aquél obliga a no variar las condiciones de esos actos con la finalidad de proteger a los gobernados de decisiones arbitrarias e inesperadas que pudieran violentar su seguridad jurídica y causar incertidumbre, lo que en el asunto sucede, ya que modifica la forma en que los contribuyentes pueden efectuar su derecho al trabajo haciéndolo más complejo y oneroso para los contribuyentes.

3. Radicación y prevención. La Juez Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México(1) registró la demanda en el expediente 2307/2021(2) y previno a la quejosa; carga procesal que esta última desahogó mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

4. Admisión de la demanda de amparo. La Juez de Distrito admitió la demanda de amparo,(3) requirió a las autoridades responsables que rindieran informe justificado, ordenó tramitar incidente de suspensión y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo el diez de febrero de dos mil veintidós.

5. Sentencia de amparo. Seguido el juicio en sus etapas, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós se emitió sentencia en la que la Juez Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México resolvió sobreseer en el juicio y negar el amparo debido, esencialmente, a lo siguiente:

• En los considerandos primero y segundo precisó su competencia y fijó los actos reclamados;

• En el considerando tercero señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores negaron la existencia de los actos que les fueron reclamados y, al no demostrar lo contrario la quejosa, sobreseyó en el juicio por los actos atribuidos a esas autoridades;

• En el considerando cuarto determinó que son ciertos los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como al presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y,

• En el considerando quinto desestimó las causas de improcedencia que hicieron valer las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, pues refirió que la quejosa sí demostró que proporciona servicios de subcontratación de personal y que la afectación de las normas de carácter autoaplicativa se da al ubicarse en los supuestos jurídicos que éstas prevén.

Asimismo, estimó que al no reclamarse por vicios propios la promulgación atribuida al Ejecutivo Federal, el juicio de amparo indirecto es improcedente por lo que hace a ese acto y autoridad; en consecuencia, declaró el sobreseimiento por aquéllos; y,

• En el considerando sexto desestimó los conceptos de violación, en esencia, por las razones siguientes:

- Está impedida para realizar un análisis de igualdad debido a que la quejosa omitió proporcionar los requisitos mínimos para atender a su causa de pedir.

- En relación con los argumentos relativos a que la prohibición de subcontratar carece de razones y sustento jurídico consideró que son infundados, ya que de la exposición de motivos se advierte que la figura de la subcontratación era insuficiente para evitar las prácticas indebidas de algunos patrones y que dicha medida prohibitiva se sustenta en la necesidad de brindar una protección del derecho al trabajo de los empleados.

- La prohibición contenida en el decreto reclamado no viola el derecho a la libertad de trabajo o de comercio, pues es acorde con el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que aunque prohíbe la subcontratación de personal, sí permite la subcontratación de servicios u obras especializadas; lo anterior encuentra justificación en la necesidad de eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales de las personas trabajadoras y al erario.

- Tampoco se conculca en su perjuicio el derecho de libre concurrencia, pues la prohibición referida no implica que se excluya o limite a la quejosa en el goce de su derecho de libre de concurrencia ni establece una especie de monopolio, pues el decreto relativo permite que cualquier persona se dedique a la subcontratación de servicios u obras especializados siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del beneficiario.

- No se violenta el derecho de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que los nuevos requisitos establecidos en los numerales reclamados tienen el objeto de que las autoridades cuenten con los elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales, además de que el respeto a la seguridad jurídica no vincula al legislador a que defina todos y cada uno de los conceptos que contengan las normas, aunado al hecho de que diversas instituciones están reguladas en otros ordenamientos.

- No se vulneran los derechos de audiencia y seguridad jurídica ni el principio de tipicidad ya que, contrario a lo que alega la quejosa, sí se establece lo relativo a los requisitos que deben cumplirse para llevar a cabo el registro, el procedimiento a seguir para el padrón, lo concerniente a la respuesta que la secretaría encargada dará a la petición de registro y el medio que empleará para su contacto.

- En relación con el argumento de la quejosa tocante a que la sanción de negar o cancelar el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es una medida excesiva y desproporcional se considera que la norma que prevé dicha sanción es de naturaleza heteroaplicativa para efectos de la procedencia del juicio de amparo y, en el caso, no existe un acto de aplicación.

- La modificación normativa reclamada no transgrede el principio de confianza legítima, ya que la figura de subcontratación no fue regulada por un periodo prolongado de tiempo ni la reforma fue intempestiva y sin normas jurídicas que sirvieran de fundamento.

6. Al tenor de esas consideraciones, la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y negó la protección constitucional solicitada respecto de las normas generales reclamadas a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.

7. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación la quejosa interpuso recurso de revisión en el que hizo valer, en esencia, los agravios siguientes:

• La sentencia impugnada contraviene los principios de congruencia y exhaustividad ya que, contrario a lo considerado por la Juez de Distrito, la quejosa sí expuso lo parámetros de comparación que permitirían juzgar la existencia de un trato discriminatorio;

• La norma reclamada da un tratamiento diferenciado sin ninguna justificación entre sujetos que se dedican a una sola actividad económica o sólo un objeto social, a diferencia de la quejosa que cuenta con varios objetos sociales;

• La Juez de Distrito tenía los parámetros necesarios para determinar que la norma reclamada restringe la libertad de trabajo, para lo cual era necesario que aquélla analizara la motivación reforzada proveniente de la autoridad creadora de la norma;

• La Juez de Distrito soslayó que la norma reclamada no tiene sustento en una base objetiva y razonable, al no existir factores contundentes que demuestren la necesidad de prohibir la subcontratación, ya que existen otros medios previstos para sancionar a las personas que no respetan los derechos de los trabajadores ni las disposiciones fiscales;

• Son inconstitucionales los artículos 14, párrafo segundo y 15 de la Ley Federal del Trabajo debido a que si la quejosa subcontrata se pretende que un tercero sea responsable solidario, lo que es contrario a los principios de certeza y seguridad jurídicas, así como de legalidad, aunado al hecho de que esa circunstancia puede provocar que la demanda de los servicios de la promovente disminuya debido al desaliento de adquirir los servicios con la probabilidad de poder ser responsables solidarios;

• De las normas impugnadas se desprende que se negarán o cancelarán los registros de las personas que presten servicios de subcontratación cuando no se cumplan los requisitos previstos en la Ley Federal del Trabajo, lo que es desproporcional y excesivo, por lo tanto, resulta contrario a lo establecido en los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, aunado al hecho de que el artículo 15 de la ley referida en primer término no precisa cuáles son los requisitos previstos que se deben cumplir a fin de evitar dichas sanciones; y,

• Se violentan los artículos 5o., 14 y 25 de la Constitución Federal debido a que se permite únicamente que se efectúe subcontratación de servicios especializados siempre que se cuente con un registro previo.

8. Trámite ante el Tribunal Colegiado. Correspondió conocer del recurso al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien lo admitió a trámite en el expediente 102/2022.

9. Revisión adhesiva. Por escrito presentado el siete de julio de dos mil veintidós el Ejecutivo Federal hizo valer recurso de revisión adhesivo, el cual se admitió a trámite en proveído del día ocho del mes y año referidos.

10. Sentencia del Tribunal Colegiado. El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós el Tribunal Colegiado de Circuito emitió sentencia, al tenor de las consideraciones esenciales siguientes:

• En los considerandos primero y segundo se precisaron la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y la oportunidad del recurso de revisión, así como del diverso de naturaleza adhesiva.

• En el considerando tercero se señaló que es innecesario transcribir la resolución recurrida y agravios.

• En el considerando cuarto se indican las autoridades responsables y actos reclamados, los términos en los que la Juez de Distrito decretó el sobreseimiento y las causas de improcedencia que analizó esta última; asimismo, se transcribieron las consideraciones en las que esa operadora jurídica declaró infundados los conceptos de violación y negó el amparo.

• En el considerando quinto el Tribunal Colegiado declaró firme el sobreseimiento en relación con los actos atribuidos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; lo anterior, en virtud de que esa determinación no fue combatida a través de los agravios.

• En el considerando sexto el Tribunal Colegiado abordó el análisis de las causas de improcedencia que fueron soslayadas por la Juez de Distrito, las cuales fueron desestimadas.

• En el considerando séptimo se precisaron las causas de improcedencia advertidas de oficio por el Tribunal Colegiado, por lo tanto, estimó que se actualizó la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo respecto a los numerales 127, fracción VIII; 1004-A y 1004-C de la Ley Federal del Trabajo; 304-A y 304-B de la Ley del Seguro Social; en consecuencia, se decretó el sobreseimiento en el juicio por lo que hace a esas normas.

• En el considerando octavo el Tribunal Colegiado emprendió el análisis de las causas de improcedencia hechas valer en el recurso de revisión adhesivo, las cuales fueron desestimadas; además, precisó que los agravios restantes se encuentran relacionados con el fondo del asunto y que, en todo caso, son materia del examen que realice este Máximo Tribunal.

• En el considerando noveno hizo referencia a los agravios formulados por la quejosa, sin embargo, precisó que esos motivos de disenso se encuentran relacionados con el fondo del asunto, por lo que consideró que su estudio corresponde a esta Suprema Corte. • En el considerando décimo el Tribunal Colegiado señaló que en el asunto no se actualizan los supuestos de competencia delegada, en esa virtud, ordenó remitir los autos a este Alto Tribunal.

11. Trámite ante la Suprema Corte. El tres de enero de dos mil veintitrés la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión y el diverso de naturaleza adhesiva; asimismo, precisó que su tramitación sería en términos del decreto de reforma legal en la materia publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; además, ordenó formar y registrar el expediente respectivo, turnarlo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf y enviar los autos a la Sala a la que se encuentra adscrita.

12. Avocamiento. El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés el presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución.

13. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

I. COMPETENCIA

14. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo;(5) 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) en su texto vigente a partir del decreto de reforma legal en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en los puntos segundo, fracción III, interpretado a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(7) de trece de mayo de dos mil trece, porque fue interpuesto contra una sentencia dictada por una Juez de Distrito y en la que subsiste el problema de constitucionalidad de normas federales, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.

II. OPORTUNIDAD, LEGITIMACIÓN Y PROCEDENCIA

16. Oportunidad. Es innecesario el estudio de dicho aspecto procesal, porque fue analizado por el Tribunal Colegiado del conocimiento.(8)

17. Legitimación. Esta Segunda Sala considera que Enrique Madinabeitia Aguirre, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de Nazur Servicios Profesionales, Sociedad de Solidaridad Social cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, más aún que impugna una sentencia que fue contraria a sus intereses.(9)

18. Asimismo, Grisel Galeano García, en su carácter de directora general de Amparos contra Leyes de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión adhesiva en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.(10)

19. Procedencia. El recurso es procedente dado que en esta instancia subsiste el problema de constitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral; así como de las diversas disposiciones que fueron reformadas por aquél, por lo que esta Segunda Sala debe asumir su jurisdicción para conocer de este problema jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Amparo.(11)

20. Además, el asunto cumple con los requisitos de procedencia en términos de artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo,(12) toda vez que la parte quejosa recurre la sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se negó la protección constitucional.

21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.

III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

22. Las causas de improcedencia fueron analizadas tanto por la Jueza de Distrito como por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del recurso de revisión, así como del diverso de naturaleza adhesiva sin que esta Segunda Sala advierta la actualización de alguna diversa a las que se hicieron valer o que alguna de las desestimadas deba examinarse desde una óptica distinta; por tanto, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto.

23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. ESTUDIO DE FONDO

24. La materia del presente recurso de revisión consiste en determinar si resultan o no constitucionales los artículos 12, 13, 14, 15 y 41 de la Ley Federal del Trabajo; 15-A de la Ley del Seguro Social; 29, párrafo tercero y 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; así como los artículos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios,(13) publicados el veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

25. Para el examen de los agravios debe puntualizarse que aun cuando se trata de un asunto en materia de trabajo, quien interpuso el medio de impugnación es una sociedad mercantil dentro de cuyo objeto social se encuentra la subcontratación general de personal, quien además tiene el carácter de persona empleadora, por lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo,(14) no opera en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja; de ahí que la presente resolución debe ajustarse al principio de estricto derecho.

26. En relación con lo anterior, son aplicables las jurisprudencias 2a./J. 42/97 y 2a./J. 158/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros:

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA."(15)

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."(16)

IV.1. Antecedentes de la figura de subcontratación laboral.

27. Antes de entrar al estudio de los agravios que se hacen valer, a fin de darles respuesta informada, se estima importante hacer referencia a diversos antecedentes relacionados con la figura de subcontratación laboral, tal como lo hizo esta Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 687/2022.(17)

IV.1.1. Implementación del régimen de subcontratación laboral.

28. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de nueve de julio de dos mil nueve, se adicionaron, en lo que interesa, los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 15-A, párrafo segundo al artículo 75 y la fracción XXII al artículo 304-A de la Ley del Seguro Social.(18)

29. En dichas disposiciones se indicaba, medularmente, que cuando un patrón o sujeto obligado por la ley pusiera a disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que ejecutaran los servicios o trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, el beneficiario de los trabajos o servicios asumiría las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social en relación con dichos trabajadores, cuando el patrón omitiera su cumplimiento, siempre que el instituto hubiese notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiera atendido.

30. Además, se dispuso la obligación de comunicar trimestralmente, dentro de los primeros quince días de los meses de enero, abril, julio y octubre, diversa información contenida en los contratos celebrados en el trimestre de que se tratara. Asimismo, se estableció que sería considerada una infracción a la Ley del Seguro Social y su reglamento el no presentar al instituto la información mencionada.

31. Finalmente, para efectos de la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, tratándose de los patrones que prestan servicios de subcontratación, se podía solicitar al instituto que se asignara un registro patronal por cada una de las cinco clases señaladas en el artículo 73 de la Ley del Seguro Social, con el que se realizaría la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional.

32. De los antecedentes legislativos de la reforma en comento, se desprende que el objetivo de dichas adiciones fue regular la "subcontratación" o "intermediación laboral" y que el Instituto Mexicano del Seguro Social contara con un marco legal que le permitiera garantizar y hacer efectiva la seguridad social a los trabajadores, pues dichas figuras laborales eran actividades que, en su mayoría, se venían consolidando como actividades empresariales en donde los trabajadores no disfrutaban de los beneficios del derecho a la seguridad social y no se encontraban reguladas.

33. Incluso, se destacó que era común que a la par con el desarrollo económico, las empresas hicieran uso de diversos esquemas de "subcontratación" o "intermediación laboral" que les permitía enfrentar la competencia internacional; sin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32037-adc67c5b/subcontratacion-laboral-la-responsabilidad-solidaria-que-se-atribuye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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