SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL ACUERDO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS, SÍ ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA DARSE DE ALTA EN EL PADRÓN PÚBLICO RESPECTIVO, POR LO QUE NO SE VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE PROHÍBE LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE PROHÍBE LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL, NO VULNERA EL DERECHO DE AUDIENCIA. SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LA OBLIGACIÓN DE DARSE DE ALTA EN EL PADRÓN PÚBLICO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO CONSTITUYE UN SUPUESTO DE TRABAJO OBLIGATORIO O FORZOSO.
AMPARO EN REVISIÓN 81/2023. SERVICIOS PIAGUI, S.A. DE C.V. 12 DE JULIO DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIOS: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, ELIZABETH MIRANDA FLORES, LUIS ALBERTO MARTÍNEZ DÍAZ Y LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 81/2023, interpuesto por la quejosa Servicios Piagui, Sociedad Anónima de Capital Variable contra la resolución dictada el dos de junio de dos mil veintidós en el juicio de amparo indirecto 1789/2021 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los artículos 12, 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo; la derogación del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social; el artículo quinto transitorio, todas estas normas del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral; así como el "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo", contravienen los derechos fundamentales de la quejosa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno Servicios Piagui, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades siguientes:
Acto reclamado:
a) Del H. Congreso de la Unión, la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, publicado el 23 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
b) Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, publicado el 23 de abril de 2021, en el Diario Oficial de la Federación.
c) Del C. Secretario del Trabajo y Previsión Social, se reclama la orden para aplicar el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, publicado el 23 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
d) Del C. Secretario de Gobernación y del C. Director del Diario Oficial de la Federación, se reclama la orden para publicar y la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, publicado el 23 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
e) Del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la inminente aplicación y administración del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, publicado el 23 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
2. Conceptos de violación. Del análisis a la demanda de amparo se advierte que la quejosa hace valer los conceptos de violación siguientes:
Primero
• Al impedirse la subcontratación de personal se atenta contra los artículos 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 6o. y 7o. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues esos tratados tienen como finalidad proteger el empleo incluyendo su creación y no interferir con medidas que puedan desincentivarlo.
• Deben declararse inconstitucionales los artículos 15-D del Código Fiscal de la Federación, 28, fracción XXXIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 4, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ya que limitan la deducción en el impuesto sobre la renta y el acreditamiento del impuesto al valor agregado al considerar como actividad prohibida a la subcontratación laboral; lo que también atenta contra el derecho al trabajo en su modalidad de fomento, protección y creación de empleos, pues al impedirse que las erogaciones de las empresas que subcontratan sean deducibles y acreditables para efectos fiscales impiden que se generen empleos.
• No existe proporcionalidad en los artículos referidos, ya que no es idónea la medida de prohibir la subcontratación por no ser adecuada al fin que persigue; no respetan el principio de necesidad ya que las medidas implementadas no son las más benignas para el trabajador; no guardan proporción con la medida implementada puesto que se genera desempleo y pierde el derecho a la seguridad social.
• Al establecer que la subcontratación es una actividad prohibida se atenta contra el mínimo vital de las personas trabajadoras, dado que si no existe empleo no existe seguridad social y, por ende, no existe ingreso para el trabajador y su familia.
• El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo contraviene los artículos 6o. y 16 constitucionales dado que el legislador fue omiso al dar a conocer en la ley cuáles son las directrices a considerar por las cuales la subcontratación debe ser estimada prohibida; tampoco se informa en el artículo 13 de la ley indicada porqué los servicios u obras especializados no son prohibidos.
• El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo es contrario a lo establecido en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no respeta la garantía de audiencia ya que no se permite demostrar en qué supuestos la subcontratación procura un trabajo digno, generando empleo y seguridad social, del mismo modo los artículos 15-D del Código Fiscal de la Federación y 38, fracción XXXIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 4o., párrafo tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dado que limitan la deducción en el impuesto sobre la renta y no conceden la oportunidad de demostrar que la subcontratación respeta el derecho al trabajo digno.
Segundo
• Al establecer una distinción entre la subcontratación en general y la denominada de servicios u obras especializados se genera una discriminación que no es válida a la luz de lo previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-18/03, además, de que esa distinción no es acorde a los principios rectores del derecho del trabajo.
• El legislador genera un trato discriminatorio en el artículo primero transitorio del decreto y otorga un trato inequitativo al permitir que las dependencias del gobierno continúen realizando actividades de subcontratación por un periodo mayor al concedido a los particulares, por lo que se debe ejercer un control de convencionalidad en el sentido de impedir la discriminación.
Tercero
• Al establecer la prohibición de llevar a cabo actos de subcontratación restringe el libre comercio que consagran los artículos 5o. y 9o. constitucionales, pues el legislador no estableció parámetros a partir de los cuales se pueda determinar que dicha actividad no se puede ejercer como comercio o trabajo, lo que también es contrario a la libertad de asociación.
• La prohibición de subcontratar vulnera el derecho de fomento a la competitividad como generadora de un mayor crecimiento económico, pues sólo se permite esa actividad si se trata de servicios u obras especializados, lo que sin duda provoca que sólo quede como competidor en el mercado el subcontratista que presta obras o servicios de ese tipo, lo que tiene como consecuencia una competencia desleal prohibida por el artículo 28 constitucional.
Cuarto
• Se agrega un elemento ajeno a las deducciones en el impuesto sobre la renta y del acreditamiento en el impuesto al valor agregado consistente en el registro como subcontratista, lo que transgrede el principio de capacidad tributaria, ya que no hay congruencia entre dicho requisito frente a la obligación de contribuir al gasto público y el derecho a la deducción, así como al acreditamiento en materia fiscal.
Quinto
• Se debe declarar la inconstitucionalidad del mecanismo establecido para determinar la participación de utilidades que contiene el artículo 127, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el legislador fue omiso en precisar cómo deben determinarse los últimos tres años de la participación de utilidades y aunado al hecho de que pretende considerar utilidades de ejercicios fiscales anteriores para determinar cuestiones presentes.
Sexto
• Se contraviene el derecho a la intimidad y reserva de datos, ya que el registro realizado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es de carácter público, además de que para lo anterior no media orden escrita que funde y motive la exigencia de esos datos.
Séptimo
• Se viola la garantía constitucional de no imponer la realización de trabajos obligatorios atendiendo a que el legislador en colaboración con la autoridad administrativa obligan al contribuyente a que obtenga un registro como subcontratista ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, esa carga constituye trabajo no remunerado prohibido por el artículo 5o. constitucional, por lo que es procedente que se conceda el amparo para el efecto de que se libere a la quejosa de llevar a cabo las cargas administrativas referidas.
3. Radicación de la demanda de amparo. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno la demanda de amparo fue radicada en el expediente 840/2021 por el Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien la desechó parcialmente, por lo que hace a los actos reclamados al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación al considerar que a esas autoridades no se les atribuyeron vicios propios; asimismo, se admitió a trámite respecto a las autoridades y actos reclamados restantes.
4. Ampliación. Mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno la quejosa formuló ampliación de la demanda de amparo en relación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y director del Diario Oficial de la Federación, lo anterior en los términos siguientes:
"RESPECTO A LAS AUTORIDADES: De la autoridad señalada en el inciso c) de la demanda el C. Secretario del Trabajo y Previsión Social:
"Se reclama adicional a la orden para aplicar el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, publicado el 23 de abril de 2021, en el Diario Oficial de la Federación, LA EMISIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EL 24 DE MAYO DEL 2021, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
"Asimismo al C. Director del Diario Oficial de la Federación se reclama la publicación del ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, publicado el 24 de mayo del 2021, en el Diario Oficial de la Federación."
5. Conceptos de violación de la ampliación de demanda. En la ampliación, la quejosa hizo valer los motivos de inconformidad siguientes:
Primero
• En relación con la violación a los artículos 5o., 123, apartado A, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los principios de fomento y creación de empleos, de seguridad jurídica, del mínimo vital y garantía de audiencia, derivada del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, 15-D del Código Fiscal de la Federación, 28, fracción XXXIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 4o., párrafo tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se reitera el argumento formulado en el primer concepto de violación del escrito inicial de demanda de amparo.
• Se viola el derecho a la información previsto en el artículo 6o. constitucional debido a que en el acuerdo publicado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación se omite comunicar por qué sólo se permite subcontratar a las empresas que presten servicios especializados o ejecuten obras de esa naturaleza, por qué las empresas que prestan esas actividades son las únicas que generan empleos o cumplen con prestaciones de seguridad social, cuáles serán los requerimientos que establecerá la plataforma para la aportación de información y documentación, así como los documentos en que serán solicitados y el plazo para tal efecto.
Segundo
• El acuerdo contraviene el principio de no discriminación entre empresas subcontratistas y las subcontratistas que prestan servicios especializados por lo que se reiteran los argumentos contenidos en el segundo concepto de violación.
• La discriminación se corrobora en el acuerdo porque el registro que ahí se prevé está dirigido sólo a las empresas que presten servicios o realicen obras especializadas.
Tercero
• Respecto a la violación a los artículos 1o., 5o., 9o., 25 y 26 constitucionales debido a que los diversos numerales 12 de la Ley Federal del Trabajo y 15-D del Código Fiscal de la Federación, así como el acuerdo referido contravienen la libertad de comercio y de trabajo, además del derecho a la libre asociación y a la libre competencia se reitera el tercer concepto de violación establecido en la demanda de amparo.
• Se vulnera la libre asociación ya que no se establecen parámetros o supuestos para determinar el carácter de lo no lícito.
Quinto (sic)
• En cuanto a la violación a los artículos 1o., 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por contravenir el derecho a la intimidad y reserva de datos debido a que el registro que debe realizarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será público, se reitera el quinto concepto de violación de la demanda de amparo.
Sexto (sic)
• Respecto a la violación manifiesta al derecho a no realizar trabajos obligatorios sin remuneración previsto en el artículo 5o. constitucional en atención al numeral 15 de la Ley Federal del Trabajo y el acuerdo publicado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación debido a que se exige a obtener un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son aplicables los argumentos del sexto concepto de violación de la demanda de amparo.
6. En auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno el Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco admitió la ampliación de demanda únicamente por lo que hace al acto reclamado al secretario del Trabajo y Previsión Social, toda vez que consideró que el atribuido al director del Diario Oficial de la Federación es improcedente por no impugnarse por vicios propios en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo.
7. Concentración de expediente. Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno el Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco precisó que mediante Circular SECNO/24/2021, del día nueve del mes y año referidos la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos comunicó que por oficio SEPLE./CNO./.001/2405/2021 se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la concentración de juicios de amparo en los que se combate el acto aquí reclamado, por lo que en dicho proveído se ordenó remitir los autos del juicio al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México.
8. Recepción de la demanda de amparo en diverso Juzgado de Distrito. En auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno la Jueza Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México registró la demanda en el expediente 1789/2021 y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo el uno de marzo de dos mil veintidós. 9. Sentencia de amparo. El dos de junio de dos mil veintidós se emitió sentencia la cual se apoya en las consideraciones siguientes:
• En los considerandos primero y segundo precisó su competencia y fijó los actos reclamados.
• En el considerando tercero señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, secretario de Hacienda y Crédito Público negaron la existencia de los actos que les fueron reclamados y al no demostrar lo contrario la quejosa, sobreseyó en el juicio por los actos atribuidos a esas autoridades y precisados en ese apartado.
• En el considero cuarto determinó que son ciertos los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
• En el considerando quinto estimó que tal como lo indicaron las autoridades responsables Cámara de Senadores; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así como el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo porque la quejosa no acreditó que los actos reclamados afecten su interés jurídico al no demostrar que mantenga relaciones comerciales o tenga contratos celebrados con personas físicas o morales a las que preste o bien le proporcionen servicios que puedan ser catalogados como subcontratación de personal.
10. Al tenor de esas consideraciones la Jueza de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
11. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación la quejosa interpuso recurso de revisión en el que hizo valer, en esencia, los agravios siguientes:
• En la resolución recurrida la Jueza de Distrito inadvirtió cuestiones fundamentales del orden público ya que no es suficiente que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Secretario de Hacienda y Crédito Público negaran la existencia de los actos reclamados, pues existen disposiciones a partir de las cuales aquéllas obtienen facultades para aplicar el decreto reclamado; por lo tanto, debe revocarse la determinación impugnada, tener a las autoridades referidas con el carácter de responsables y anular el sobreseimiento decretado.
• La Juez de amparo aplicó indebidamente el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que considera que el decreto reclamado no afecta el interés jurídico de la quejosa, sin embargo, esa afirmación carece de sustento y exactitud, pues la demanda de amparo cumple con lo establecido en el numeral 5o., fracción I, de la ley indicada y sí hay afectación ya que se expresaron los agravios y prejuicios personales y directos, lo que se acreditó con los documentos anexos a la demanda.
• Se contraviene en perjuicio de la inconforme el principio de legalidad tributaria y la garantía de impartición de justicia.
• Ante la duda de la aplicación de la norma, así como en la procedencia del juicio de amparo y en atención al principio pro homine previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe analizarse el fondo del asunto y resolver sobre la constitucionalidad del decreto reclamado.
12. Trámite ante el Tribunal Colegiado. Correspondió conocer del recurso al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien en auto de uno de agosto de dos mil veintidós lo admitió a trámite en el expediente 117/2022.
13. Revisión adhesiva. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintidós la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del subprocurador fiscal federal de Amparos en suplencia por ausencia de este último, y por ausencia del director general de Amparos contra Leyes y del director general de Amparos contra Actos Administrativos, el director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos hizo valer recurso de revisión adhesivo, el cual se admitió a trámite en proveído del día once del mes y año referidos.
14. En sesión de doce de enero de dos mil veintitrés el Tribunal Colegiado de Circuito señalado emitió sentencia al tenor de las consideraciones esenciales siguientes:
• En los considerandos primero, segundo y tercero se precisó la competencia del Tribunal Colegiado de circuito, la oportunidad del recurso de revisión y del diverso de naturaleza adhesiva.
• En el considerando cuarto se precisó la legitimación de las partes recurrentes.
• En el considerando quinto se señaló que es innecesario transcribir la resolución recurrida y los agravios.
• En el considerando sexto se indican los antecedentes del asunto, es decir, lo relativo a la demanda de amparo, autoridades responsables y actos reclamados, los términos en los que la Jueza de Distrito decretó el sobreseimiento y las causas de improcedencia que analizó esta última, asimismo, se transcribió una parte de las consideraciones de la sentencia recurrida.
• En el considerando séptimo el Tribunal Colegiado analizó los agravios formulados por la quejosa en los términos siguientes:
I. Declaró ineficaz el primer agravio de la inconforme debido a que aquélla no desvirtuó la inexistencia de los actos a partir de la cual la Jueza de Distrito determinó sobreseer en el juicio, aunado al hecho de que respecto a esos actos la quejosa no formuló concepto de violación alguno por lo que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo.
II. Precisó que una parte del segundo agravio resultaba fundada en lo relativo a que la quejosa acreditó que cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo pero únicamente respecto de los artículos 12, 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo y la derogación del segundo párrafo del numeral 75 de la Ley del Seguro Social, así como los artículos primero y quinto transitorios, todos del decreto publicado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno; así como el acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que respecto de tales normas resolvió que es incorrecto el sobreseimiento decretado.
III. Por otro lado, calificó fundados pero inoperantes los agravios relacionados con la impugnación de los artículos 15-D del Código Fiscal de la Federación; 27, fracción V, párrafo tercero y 28, fracción XXXIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 4, párrafo tercero y 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ya que al momento en que se presentó la demanda las disposiciones relativas aún no entraban en vigor, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
IV. En relación con el artículo 127, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo consideró que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que esa disposición es de naturaleza heteroaplicativa por lo que al no existir acto de aplicación es improcedente el juicio de amparo; por tanto, calificó infundado el agravio relativo.
• En el considerando octavo el Tribunal Colegiado de Circuito analizó las causas de improcedencias omitidas por la Jueza de Distrito.
• En el considerando noveno el órgano jurisdiccional referido declaró sin materia el recurso de revisión adhesivo.
• En el considerando décimo decidió levantar el sobreseimiento decretado por la Jueza de Distrito respecto de los artículos 12, 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo; la derogación del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social; así como los artículos primero y quinto transitorios del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
• En el considerando décimo primero reservó competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar el problema de constitucionalidad que subsiste.
15. Trámite ante la Suprema Corte. El tres de febrero de dos mil veintitrés la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión; asimismo, precisó que su tramitación sería en términos del decreto de reforma legal en la materia publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; además, ordenó formar y registrar el expediente respectivo, turnarlo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf y enviar los autos a la Sala a la que se encuentra adscrita.
16. Avocamiento. El veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés el presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución.
17. Vista a la quejosa de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo. El Ministro presidente de la Segunda Sala dio vista a la parte quejosa con las causas de improcedencia advertidas de oficio en esta resolución, en acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés.
I. COMPETENCIA
18. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo;(2) 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en su texto vigente a partir del decreto de reforma legal en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en los puntos prim
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32032-a4af0fb0/subcontratacion-laboral-el-acuerdo-para-el-registro-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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