SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LA DEROGACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ABRIL DE 2021, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LA DEROGACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ABRIL DE 2021, NO RESULTA DESPROPORCIONAL. SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LA DEROGACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ABRIL DE 2021, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO EN REVISIÓN 611/2022. 14 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIOS: LUIS ALBERTO MARTÍNEZ DÍAZ, LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ, ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ Y ELIZABETH MIRANDA FLORES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una sociedad promovió juicio de amparo indirecto contra el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, en específico la parte que deroga el segundo párrafo, del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, y su artículo quinto transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de abril de 2021", así como del diverso "Decreto por el que se reforman los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral’, publicado el 23 de abril de 2021, en específico, por la reforma al artículo quinto transitorio".
Seguido el juicio correspondiente en todas sus etapas, la Juez de Distrito resolvió sobreseer en el juicio, por lo que, inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión.
En relación con el medio de impugnación referido el Tribunal Colegiado de Circuito determinó revocar la sentencia recurrida y reservar jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 611/2022, interpuesto por **********, por conducto de su representante **********, en contra de la resolución terminada de engrosar el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós por la Jueza Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 851/2021.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la derogación del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social se ajusta al parámetro de regularidad constitucional.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. I. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De acuerdo con las constancias que obran en autos del expediente 851/2021, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se desprenden los hechos siguientes:
a) El catorce y veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, respectivamente, la quejosa se dio de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, abriendo diversos registros patronales correspondientes a distintas clases, los cuales tenían una vigencia en todo el territorio nacional, en términos del artículo 75, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el veintitrés de abril de dos mil veintiuno;
b) La quejosa tiene registrados a sus trabajadores en cada uno de sus registros patronales por clase y ha pagado oportunamente las cuotas obrero-patronales;
c) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, por el que se derogó el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, y a través de su artículo quinto transitorio se obligó a los patrones a dar de baja sus registros patronales por clase, so pena de que, en caso de no hacerlo, el instituto procedería de oficio a darlos de baja.
2. II. Juicio de amparo indirecto. Autoridades responsables y actos reclamados. Mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación **********, por conducto de su apoderado, presentó demanda de amparo indirecto en la que señaló como autoridades responsables:
a. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
b. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y,
c. Presidente de la República.
3. A tales autoridades les reclamó respectivamente lo siguiente:
a. La iniciativa, expedición, promulgación, orden de publicación, discusión y aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, en específico la parte que deroga el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social,(1) y artículo quinto transitorio del citado decreto,(2) publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.
4. Conceptos de violación. La quejosa señaló los conceptos de violación siguientes:
a) Primero. La derogación impugnada es desproporcional e irrazonable. En el caso es aplicable un escrutinio estricto de constitucionalidad, ya que la medida combatida viola los derechos fundamentales de seguridad jurídica, irretroactividad y derechos adquiridos, en perjuicio de la quejosa. Esto, porque, con motivo del decreto combatido, los patrones con registros patronales por clase obtenidos con anterioridad a su vigencia deberán darlos de baja y, en caso de no proceder con dicha baja, el Instituto Mexicano del Seguro Social la realizará de forma automática.
La derogación combatida no obedece a un fin constitucionalmente válido, ya que el legislador no la justificó, pues lo único que mencionó fue que debía eliminarse la facilidad administrativa que se otorgaba a las empresas de servicios de personal para abrir un registro patronal por clase a nivel nacional. Si bien se prohibió la subcontratación de personal, lo cierto es que subsiste la subcontratación de servicios especializados, en donde válidamente pueden subsistir los registros patronales por clase con vigencia en todo el territorio nacional, ya que tiene la finalidad de que se paguen las cuotas correspondientes. Además, tampoco el legislador justificó la medida consistente en dar de baja los registros patronales que fueron obtenidos con anterioridad.
La medida tomada por el legislador no es idónea, ya que no se explica cómo ésta abonará a obtener el fin buscado. Suponiendo sin conceder que el fin buscado consiste en prevenir la implementación de esquemas agresivos de subcontratación que afectan derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y disminuya la competitividad de aquellas empresas que sí cumplen con sus contribuciones, lo cierto es que la medida tomada resulta desproporcional, ya que las conductas que se pretenden inhibir pueden darse indistintamente si el patrón tiene dados de alta uno o varios registros patronales por clase con vigencia en todo el territorio nacional, o si bien, si tiene abiertos uno o varios registros ordinarios en cada Municipio en que tenga centros de trabajo.
A través de la eliminación de los registros patronales por clase se afecta a la quejosa en aspectos torales de la seguridad social, ya que inhibe la posibilidad de clasificar y cotizar de manera independiente a los trabajadores, de acuerdo con lo peligroso que resulte la actividad que realizan, lo que impacta en la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo y en las condiciones que imperaban con sus trabajadores quienes gozan de seguridad social a través de dichos registros en los cuales han generado una antigüedad, incapacidades, derechos, amortizaciones y pensiones. Además, no existe una relación con el fin buscado, toda vez que los registros derogados buscan el pago de cuotas, pero no implican una omisión o variación en la integración del salario base de cotización o la relación entre patrón y trabajadores.
La medida impugnada no es proporcional en sentido estricto, ya que afecta los términos en que la quejosa venía realizando el pago de cuotas, e implica dar de baja a los trabajadores aun cuando subsista la relación laboral, e inclusive los trabajadores que tienen centros de trabajo a nivel nacional no podrán acceder a los servicios de seguridad social a ese nivel e impactará en sus derechos de antigüedad, incapacidad, amortizaciones, entre otros.
b) Segundo. Restricción a la libertad de trabajo. La derogación combatida resulta violatoria del derecho a la libertad de trabajo, ya que se obliga a la quejosa a dar de baja sus registros patronales por clase, lo que tiene como consecuencia que se modifique la forma en que contribuye al Seguro Social, obligándola a dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social de la forma más gravosa posible, lo que provocaría que no pudiera mantener la totalidad de su plantilla laboral y deje de prestar servicios en las actividades más riesgosas (limitación y restricción a la libertad de trabajo) para poder hacer frente a las nuevas obligaciones contributivas.
c) Tercero. Violación al principio de irretroactividad y afectación a derechos adquiridos. El decreto combatido viola el principio de irretroactividad y afecta los derechos adquiridos de la quejosa, ya que desde su entrada en vigor la obliga a dar de baja sus registros patronales por clase, no obstante que le fueron otorgados en forma previa al amparo de una norma anterior.
Además, de conformidad con el artículo quinto transitorio impugnado, se están retrotrayendo los efectos de la derogación de los registros patronales por clase obtenidos por la quejosa en forma previa a la entrada en vigor del decreto impugnado, lo que deja en estado de indefensión e inseguridad jurídica a la quejosa, pues las actividades realizadas como persona moral, así como la obtención de los registros patronales por clase se efectuaron conforme a la normatividad vigente en el momento de su obtención.
d) Cuarto. Violación al principio de seguridad jurídica por seguir subsistiendo la subcontratación de servicios especializados. Se viola el principio de seguridad jurídica en perjuicio de la quejosa, ya que siguen subsistiendo la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, actividades por las cuales le fueron otorgados diversos registros patronales por clase; en consecuencia, la derogación combatida no tiene razón de ser, pues los patrones que realicen dichas actividades deberán dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social de conformidad con las actividades que realicen sus trabajadores a nivel nacional.
e) Quinto. Violación al principio de seguridad jurídica por no determinar el destino de los trabajadores que se encuentran incapacitados temporalmente para trabajar. Al dar de baja los registros patronales por clase, automáticamente los trabajadores de la quejosa que se encuentren dados de alta en esos registros, también serán dados de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social, perdiendo de esta forma su acceso a la seguridad social, sin que en el decreto combatido se establezca el procedimiento o el destino de los trabajadores que se encuentren incapacitados temporalmente para desarrollar sus actividades cotidianas dentro del plazo contemplado en el artículo quinto transitorio y una vez fenecido éste.
Lo anterior resulta relevante, toda vez que, conforme a lo previsto en los artículos 21 de la Ley del Seguro Social y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, existe una imposibilidad material y legal de dar de baja a los trabajadores dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén incapacitados temporalmente para trabajar.
5. Ampliación de demanda. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda presentada por la parte quejosa el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que amplió su escrito inicial respecto de las autoridades antes mencionadas y contra el acto siguiente:
a. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, por el cual se reforman los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, del decreto impugnado previamente, en específico por la reforma a su artículo quinto transitorio.
6. Conceptos de violación en la ampliación. En su escrito, la quejosa reiteró los conceptos de violación que hizo valer en la demanda de amparo, al considerar que el nuevo acto reclamado guarda una estrecha relación con los actos señalados desde un inicio, ya que el nuevo decreto modifica el plazo de noventa días que había otorgado el artículo quinto transitorio del decreto impugnado inicialmente para dar de baja los registros patronales por clase, pues establece que el nuevo plazo será hasta el uno de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que manifestó que la litis del juicio de amparo resultaba ser la misma tanto en el escrito inicial como en la ampliación.
7. Sentencia de amparo. La Jueza Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a quien correspondió conocer del juicio de amparo indirecto 851/2021, dictó sentencia que se terminó de engrosar el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, conforme al punto resolutivo siguiente:
"ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo que promovió *********, contra los actos reclamados a la 1) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y 3) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, precisados en el considerando segundo de la presente resolución; lo anterior, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia."
8. Tal resolutivo se sostuvo en las consideraciones siguientes:
a. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la quejosa no demostró que las disposiciones impugnadas afecten su interés jurídico.
b. Las disposiciones combatidas regulan lo relativo a la subcontratación de trabajadores, pues, aun cuando la ley lo prohíbe, se prevé en qué casos sí está permitida, así como las diversas situaciones tanto fiscales como de seguridad social que con motivo de ésta pueden derivarse y el registro que deberá llevarse a cabo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para quienes proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas.
c. Por tanto, es indudable que tales disposiciones pueden afectar, en términos generales, a personas físicas o morales que para su funcionamiento recurran a empresas para subcontratar personal con servicios especializados o la ejecución de obras especializadas; así como aquellos quienes mediante contrato se dediquen a proporcionar o suministrar los servicios de subcontratación; igualmente, a los trabajadores y patrones por cuanto al reparto de utilidades que se especifica en la reforma combatida. Además, pueden afectar a las personas físicas o morales que contraten o presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas y que deban cumplir tanto con obligaciones fiscales como de seguridad social acorde con las leyes modificadas por el decreto impugnado.
d. En el caso concreto, la quejosa no acreditó que para su funcionamiento recurra a empresas para subcontratar personal con servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, o bien, que mediante contrato se dedique a proporcionar o suministrar los servicios de subcontratación.
e. La quejosa no demostró que las disposiciones combatidas le causen algún perjuicio, esto es, que tiene celebrados contratos de prestación de servicios y suministro de personal con diversas personas físicas o morales, o bien, que efectivamente preste o que le proporcionen a ella servicios que puedan ser catalogados como subcontratación de personal, conocidos entre otros, como agencias de empleo o intermediarios.
f. La copia certificada de la escritura pública en la que se asentó la constitución de la persona moral quejosa sólo acredita su existencia social, pero no demuestra que realice alguna de las actividades señaladas.
g. Los diversos avisos de inscripción patronal presentados únicamente demuestran los números de registro, la denominación o razón social de la empresa, la clase, lugar y fecha de expedición, domicilio, registro federal de contribuyentes, tipo de sociedad y el giro comercial, con los que se dio de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
h. Las cédulas de determinación de pago de cuotas y su comprobante de pago, sólo demuestran que la quejosa tiene trabajadores dados de alta en los registros mencionados en el inciso anterior.
i. Como se observa, la quejosa no acredita que mantenga relaciones comerciales o tenga contratos celebrados con personas físicas o morales a las que les preste el servicio de subcontratación de personal, o bien, le proporcionen a la quejosa tales servicios.
III. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior **********, por conducto de su representante, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito bajo el número de expediente 72/2022, y en el que hizo valer los argumentos siguientes:
j. Primero. Falta de congruencia y exhaustividad. La sentencia recurrida es incongruente, ya que no se estudió lo efectivamente reclamado por la quejosa, pues ésta no reclamó la prohibición de la subcontratación laboral, sino la derogación del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social y la expedición del artículo quinto transitorio de la reforma combatida, los cuales impiden la posibilidad de que los patrones cuenten con registros patronales por clase con vigencia en el territorio nacional. Por tanto, la Jueza de Distrito únicamente debió verificar si la quejosa contaba con registros patronales por clase o no.
k. Segundo. Acreditamiento de una afectación. Las disposiciones combatidas son autoaplicativas, pues con motivo de su entrada en vigor pueden afectar, en términos generales, a personas físicas o morales que para su funcionamiento cuenten con registros patronales por clase. En consecuencia, la quejosa únicamente tenía que acreditar que contaba con dichos registros, lo cual se demostró con las tarjetas de diversos registros patronales por clase con vigencia en todo el territorio nacional, las cédulas de determinación de cuotas, así como las cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones del Sistema Único de Autodeterminación y los avisos de inscripción patronal que exhibió. l. Tercero. Violación a los principios de congruencia y exhaustividad. La quejosa reclamó la imposibilidad de que los patrones cuenten con registros patronales por clase con vigencia en el territorio nacional, acreditando con las pruebas ofrecidas que la quejosa cuenta con dichos registros y los utiliza, con lo que se demuestra un perjuicio es su esfera jurídica con la expedición de las normas reclamadas.
m. Cuarto. Estudio de cuestiones relacionadas con el fondo para sobreseer. Contrario a lo determinado por la Jueza de Distrito, la afectación o el perjuicio que le causa la norma tildada de inconstitucional es una cuestión de fondo que no puede ser analizada para sobreseer en el amparo.
9. Sentencia del Tribunal Colegiado. Mediante resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó revocar la sentencia recurrida y reservar jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar lo siguiente:
a. Oportunidad y legitimación.
I. El recurso se presentó de forma oportuna y fue interpuesto por parte legitimada.
b. Estudio de los agravios.
I. Son fundados los agravios, ya que la sentencia recurrida viola los principios de congruencia y exhaustividad, pues la naturaleza jurídica de la reforma que deroga el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social y contiene el artículo quinto transitorio, es de carácter autoaplicativa, porque con su sola vigencia se suprimen los registros patronales por clase y se impone la obligación para quienes cuenten con éstos de darlos de baja a más tardar el uno de septiembre de dos mil veintiuno y, de ser procedente, solicitar el otorgamiento de un registro patronal en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
II. La Jueza de Distrito resolvió de manera incongruente la litis constitucional, toda vez que no tenía que estudiar la totalidad del decreto, pues debió ocuparse únicamente de los artículos reclamados por la quejosa, establecer su naturaleza jurídica y analizar si con las pruebas ofrecidas acreditaba su interés jurídico.
III. Para demostrar tener interés jurídico, la quejosa tenía que acreditar que, previo a la reforma reclamada, contaba con un registro patronal por clase, el cual estaba previsto en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social.
IV. De las pruebas documentales exhibidas por la quejosa consistentes en los avisos de inscripción patronal o de su modificación en su registro, así como de las tarjetas de identificación patronal, se acredita que, al momento de la presentación de la demanda de amparo, la quejosa contaba con diversos registros patronales por clase a los que se refería el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social, por lo que se acredita su interés jurídico para reclamar las disposiciones señaladas en su demanda de amparo y ampliación.
c. Estudio de las causas de sobreseimiento y de improcedencia que no fueron estudiadas por la Jueza de Distrito.
I. Se desestima la causa de improcedencia que hacen valer el presidente de la República y las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, en la que mencionan que las normas combatidas son heteroaplicativas y que el proceso legislativo no le causa perjuicio a la quejosa. Esto, toda vez que las normas reclamadas tienen el carácter de autoaplicativas, ya que con su sola vigencia se suprimen los registros patronales por clase y se impone la obligación de darlos de baja.
II. Se desestima la causa de improcedencia que hace valer la Cámara de Diputados en la que argumenta que la quejosa carece de interés jurídico porque el artículo segundo transitorio reclamado es de utilidad pública, por lo que no le puede generar algún perjuicio ni violar algún derecho humano. Toda vez que en el estudio de fondo es en donde se debe determinar si se vulnera o no un derecho humano y, además, en el caso no se impugna el artículo segundo transitorio.
III. Se desestima la causa de improcedencia que hace valer la Cámara de Senadores en la que menciona que se combaten actos futuros de naturaleza incierta, ya que las nomas combatidas son de carácter autoaplicativo, pues con su simple entrada en vigor modifican y extinguen una situación concreta de derecho.
IV. Se desestima la causa de improcedencia en la que el presidente de la República señala que se tratan de actos consumados irreparablemente, pues la aprobación, expedición o promulgación de una ley no puede considerarse como un acto consumado de modo irreparable para efectos del juicio de amparo.
V. Se desestima la causa de improcedencia que hace valer el presidente de la República en la que menciona que no se combate por vicios propios la promulgación y orden de publicación del decreto en estudio, ya que tratándose del amparo contra normas generales se debe llamar a la autoridad que promulgó la ley, independientemente si se combate o no dicho acto por vicios propios.
d. Reserva de jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha emitido jurisprudencia ni tres precedentes respecto de los artículos combatidos, por lo que no se actualizan los supuestos de competencia delegada y, en consecuencia, se deben remitir los autos al Máximo Tribunal Constitucional.
10. Trámite ante la Suprema Corte. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el presidente de este Alto Tribunal ordenó reasumir competencia originaria para conocer del amparo en revisión 72/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registrar el asunto con el número 611/2022, radicarlo en la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y turnarlo al Ministro Luis María Aguilar Morales para su estudio.
11. Avocamiento. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocaba a su conocimiento y remitió los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto correspondiente.
12. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, párrafo segundo, y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
I. COMPETENCIA
13. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver este recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013; por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, competencia de esta Sala, cuya resolución no amerita la intervención del Tribunal Pleno.
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
15. Esta Segunda Sala considera innecesario pronunciarse sobre la oportunidad de la presentación del recurso y la legitimación del recurrente, ya que el Tribunal Colegiado del conocimiento se ocupó de esos aspectos.
III. PROCEDENCIA
16. Esta Segunda Sala considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo, en virtud de que se interpuso en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional en la que se determinó sobreseer en el juicio respecto de los actos impugnados sin que se analizaran los conceptos de violación que se hicieron valer. Sin embargo, el Tribunal Colegiado del conocimiento ordenó levantar el sobreseimiento decretado y reservar jurisdicción a este Alto Tribunal.
17. Por tanto, se deberán analizar los conceptos de violación que esgrimió la quejosa en su demanda de amparo y ampliación en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, en específico la parte que deroga el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, y artículo quinto transitorio del citado decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, así como del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, por el cual se reforman los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, del decreto impugnado previamente, en específico por la reforma a su artículo quinto transitorio.
18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
19. Dentro de la resolución emitida por el tribunal del conocimiento, concretamente en el considerando sexto, éste se pronunció respecto de las causas de improcedencia que no fueron analizadas por la Jueza de Dis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32035-d64d8b4c/subcontratacion-laboral-la-derogacion-del-parrafo-segundo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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