SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL ARTÍCULO OCTAVO, PUNTO 1, INCISO G), DEL ACUERDO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS, QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA ELLO, SE PROPORCIONE LA GEOLOCALIZACIÓN DEL DOMICILIO SEÑALADO POR LOS EMPLEADORES, NO ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS A LA PRIVACIDAD Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LA OMISIÓN DE PRECISAR LA FORMA EN QUE DEBE SER RESGUARDADA LA FIRMA ELECTRÓNICA A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO OCTAVO, PUNTO 1, INCISO A), DEL ACUERDO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS OCTAVO, PUNTO 2, DÉCIMO CUARTO, INCISO B), Y DÉCIMO QUINTO, INCISO C), DEL ACUERDO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, AUN CUANDO NO PRECISEN CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FISCAL QUE CADA UNO DE LOS PATRONES DEBE CUMPLIR. SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL PROHIBIR LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL Y PERMITIR LA DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS, NO TRANSGREDEN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE COMERCIO. SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL PROHIBIR LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL Y PERMITIR LA DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 15-A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 29 BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, AL ESTABLECER OBLIGACIONES Y REQUISITOS PARA PRESTAR SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 687/2022. PORTAL DINÁMICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 14 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIOS: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, ELIZABETH MIRANDA FLORES, LUIS ALBERTO MARTÍNEZ DÍAZ Y LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 687/2022, interpuesto por la empresa Portal Dinámico, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintidós por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 1934/2021.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar, en uso de sus facultades originarias, la constitucionalidad de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo; 15-A de la Ley del Seguro Social; y 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril de dos mil veintiuno; así como de los artículos segundo, fracción VII; octavo, punto 1, incisos a) y g), y punto 2; décimo primero; décimo cuarto y décimo quinto del "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo", publicado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el se que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 constitucional; y de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de subcontratación laboral, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación.
2. Asimismo, el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo".
3. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación el cuatro de junio de dos mil veintiuno, el apoderado legal de la empresa Portal Dinámico, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de sus respectivas esferas competenciales, respecto del Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 Constitucional; y de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en específico, respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 1004-C de la Ley Federal del Trabajo; 15-A, 304-A, fracción XXII y 304-B, fracción V, de la Ley del Seguro Social; y 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
4. Los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa fueron, en esencia, los siguientes:
• Primero. El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrado en la Constitución Federal, ya que desde la iniciativa de reforma que le dio origen, se partió de un planteamiento y argumentación falaz y, por ende, su estudio, aprobación y posterior publicación, estuvieron basados en una premisa falsa.
• La iniciativa de reforma propuso una modificación sustancial a las relaciones de trabajo con base en una premisa falaz, inexistente y despegada a nuestra realidad social, pues asumió que el sector empresarial dedicado y beneficiado por la subcontratación laboral, realiza diversas prácticas indebidas, fraudulentas e ilegales; sin embargo, no es posible generalizar que todas las personas que se dedican a la subcontratación laboral son defraudadores o simuladores.
• Segundo. Los artículos 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo, violentan el derecho de igualdad y no discriminación previstos en la Constitución Federal, ya que la prohibición de la subcontratación laboral, no resulta ser un medio-instrumento idóneo ni racional y afecta de manera desproporcional los derechos de los gobernados por lo que vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.
• Las disposiciones mencionadas son inconstitucionales sustancialmente porque al ser sometidas a un test de proporcionalidad se llega a la conclusión de que el trato diferenciado que establecen no constituye una medida idónea ni necesaria, así como tampoco resulta ser proporcional en estricto sentido.
• Por tanto, al no pasar la totalidad de las etapas del test de proporcionalidad, las normas reclamadas violan en perjuicio de la quejosa el derecho humano a la igualdad y no discriminación, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, toda vez que establecen un trato desigual y/o diferenciado para las personas que prestan servicios generales respecto a las que prestan servicios especializados, ya que a las primeras se les prohíbe seguir prestando servicios generales mediante la disposición de su personal a favor de un tercero.
• Las disposiciones reclamadas impactan en el ejercicio de su actividad económica, así como a las condiciones generales del trabajo que pactó con sus trabajadores, quienes resentirán afectaciones en los derechos de seguridad social, antigüedad, incapacidades, derechos, amortizaciones, e inclusive en el pago de sus pensiones.
• Tercero. Los artículos 12, 13 y 1004-C de la Ley Federal del Trabajo transgreden el derecho humano a la libertad de comercio previsto en la Constitución Federal, toda vez que prohíben de forma general a la subcontratación como una modalidad de las relaciones de trabajo y como una actividad económica lícita.
• Las normas tachadas de inconstitucionalidad transgredieron en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano a la libertad de comercio y del trabajo, en virtud de que limitan la subcontratación respecto de la ejecución de servicios especializados o de obras especializadas, cuando ésta no forme parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los servicios.
• Con la prohibición del régimen de subcontratación laboral, se le impide la consecución de su objeto social, lo que resulta en contravención del derecho a la libertad de comercio.
• Cuarto. El artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo viola el derecho de seguridad jurídica previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se condiciona el ejercicio de la subcontratación al hecho de que el servicio prestado sea especializado; sin embargo, en ningún momento el Poder Legislativo precisó o definió los elementos que se deben cubrir para que un servicio resulte ser especializado, posibilitando el actuar arbitrario de la autoridad.
• El legislador no fue claro ni preciso al no establecer qué se debe entender por servicios especializados y/u obras especializadas y/o los elementos mínimos que se deberán cubrir para que un servicio resulte especializado, toda vez que genera ambigüedad en su redacción el cual puede influir a su vez en el actuar arbitrario de las autoridades encargadas en su aplicación violentando con ello en perjuicio de la quejosa el derecho de seguridad jurídica contenido en la Constitución Federal.
• Quinto. El decreto impugnado, en específico el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo vulnera el derecho de audiencia previsto en la Constitución Federal, en virtud de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no establece el procedimiento que deberá seguir para efecto de cancelar o negar el registro por la prestación de servicios especializados.
• La disposición señalada no prevé los supuestos en los cuales negara o cancelara el registro, asimismo, no señala cuáles son los requisitos que deberán cumplir las personas físicas y las personas morales a fin de evitar la cancelación o negativa a su registro, además de no señalar de manera precisa cuáles son los requisitos que deberán cumplirse para la obtención del registro.
• Sexto. Los artículos 12, 13 y 1004-C de la Ley Federal del Trabajo transgreden el principio de irretroactividad de la norma, pues afectan, entre otros, los derechos previamente adquiridos derivados de las relaciones laborales y contractuales preexistentes a su entrada en vigor, afectando, además, la libertad de comercio con la cual desarrollaba su actividad económica, vulnerando así lo previsto por el artículo 14 constitucional.
• Los artículos referidos son inconstitucionales, en virtud de que sus efectos impactan directamente en la relación contractual preexistente entre los patrones que venían prestando el servicio de subcontratación de personal, sus clientes y sus trabajadores, modificando y disminuyendo en perjuicio de éstos las condiciones de trabajo previamente pactadas, así como las prerrogativas acaecidas entre las partes contratantes de un servicio de subcontratación laboral, ya que con la vigencia de los artículos reclamados, dicho objeto no podrá ser jurídica ni materialmente ejecutado no obstante que dicha relación contractual fue creada con anterioridad a la entrada en vigor de los dispositivos de referencia y al amparo de normas que estaban vigentes al momento en que fueron celebrados, por lo que se violan derechos adquiridos por la parte quejosa y el derecho de irretroactividad de la ley.
• Séptimo. Los artículos 15 y 1004-C de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los diversos 15-A, 304-A, fracción XXII y 304-B, fracción V, de la Ley del Seguro Social, así como el artículo 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, violan los principios de racionalidad y de seguridad jurídica, al exigir requisitos especiales para la subcontratación de servicios especializados; sin embargo, éstos no garantizan que se alcancen los fines buscados por la reforma, por lo que resultan ser requisitos innecesarios y excesivos al condicionar y restringir el ejercicio de una actividad económica al cumplimiento de diversos procesos de registro, de renovación, de prestación de información y documentación periódica que no se encuentra justificada en la reforma.
• Asimismo, el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual se debe renovar cada tres años, no garantiza el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales o el respeto de las condiciones de trabajo; todo lo contrario, se trata de procesos burocráticos destinados a generar cargas administrativas excesivas e innecesarias, que antes no estaban instrumentadas, por lo que no se cumplen los objetivos perseguidos por el legislador, ni el factor de razonabilidad de éste.
5. Ampliación de demanda. Por escrito de quince de junio de dos mil veintiuno, la compañía Portal Dinámico, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, señaló como nueva autoridad y acto reclamado los siguientes: de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la emisión del "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en específico, los artículos segundo, fracción VII, octavo, punto 1, incisos a) y g), y punto 2; décimo primero; décimo cuarto y décimo quinto.
6. Los argumentos que planteó la parte quejosa en la ampliación de demanda son, en síntesis, los siguientes:
• Primero. El artículo segundo, fracción VII, del acuerdo reclamado violenta el principio de subordinación jerárquica, previsto en la Constitución Federal ya que, excede los límites legislativos establecidos en la Ley Federal del Trabajo al definir y ampliar el concepto de servicios u obras especializadas, sin que el legislador haya establecido a favor del Ejecutivo una facultad reglamentaria para tales efectos.
• Lo anterior, toda vez que la mencionada normativa, viene a conceptualizar los rubros de servicios u obras especializadas, sin que tal definición se encuentre previamente en la Ley Federal del Trabajo, es decir se trata de una innovación propia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que impacta en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues es ésta la que determina los elementos que deben reunir los servicios y obras especializadas y no así el legislador, lo cual provoca inseguridad jurídica y posibilita el actuar arbitrario de la autoridad responsable, pues nada impide que modifique o altere los elementos necesarios para que un servicio u obra pueda considerarse especializado.
• Segundo. Es inconstitucional el artículo octavo, punto 1, inciso g), del acuerdo impugnado, toda vez que éste condiciona a las personas físicas o morales que, de conformidad a lo establecido en el artículo de la ley de mérito, presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas y estén interesadas en registrarse en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados y Obras Especializadas, a proporcionar en la plataforma informática su geolocalización, lo que a todas luces afecta el derecho fundamental a la privacidad previsto en la Constitución Federal.
• Tercero. Los artículos décimo primero, décimo cuarto, incisos c) y e), así como décimo quinto, incisos d) y f), todos del Acuerdo combatido, son violatorios del derecho de seguridad jurídica, en virtud de que establecen la facultad de requerir información adicional para corroborar y validar la documentación e información proporcionada,, no obstante, en ningún momento se precisan los supuestos que deben darse para que la autoridad requiera alguna adicional, ni qué elementos debería cubrir la misma, mucho menos el procedimiento en que la autoridad solicitará tal información.
Lo anterior es así, toda vez que las disposiciones reclamadas no son claras ni precisas al implementar la facultad a la autoridad de requerir información adicional, puesto que dicha denominación no permite entender los límites y alcances de tal facultad.
• Cuarto. Los artículos octavo, punto 2, décimo cuarto, inciso b), y décimo quinto, inciso c), del acuerdo de mérito, violentan el principio de seguridad jurídica de la parte quejosa, ya que la autoridad responsable podrá negar, cancelar y/o no renovar el registro en el padrón de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, si no se acredita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, sin que la autoridad responsable señale a qué obligaciones se refiere, lo que infringe el derecho a la seguridad jurídica de la quejosa, toda vez que existen diversos tipos de obligaciones fiscales que no son las mismas para las personas físicas, como para las personas morales.
• Quinto. El artículo octavo, numeral 1), inciso a), del acuerdo multicitado, es violatorio del derecho a la seguridad jurídica, toda vez que a través de dicho dispositivo se obliga a los patrones a proporcionar su firma electrónica vigente; sin embargo, no hay certidumbre respecto al manejo, resguardo ni confidencialidad de dicha información, máxime que tampoco justifica la necesidad de tal requisito.
7. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió la ampliación de demanda.
8. Concentración de juicios. Mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó el envío de los autos al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo de esta ciudad, de acuerdo al oficio número SECNO/STCCNO/365/2021, de trece de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en el que se informó que los asuntos en los que se impugne el contenido del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el cual es relativo a normas de trabajo, seguridad social, y fiscales, así como constitucionales, y en específico lo concerniente al tema de subcontratación laboral, se remitieran al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
9. Por proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, aceptó la competencia declinada, lo registró bajo el número de expediente 1934/2021 y se avocó al conocimiento del asunto.
10. Sentencia de amparo. El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el amparo en contra de los actos reclamados del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la promulgación y orden de publicación, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, al no haberse impugnado dichos actos por vicios propios.
11. Por otra parte, se negó el amparo a la parte quejosa en contra de los artículos 12, 13, 14, 15 y 1004-C de la Ley Federal del Trabajo; 15-A, 304-A, fracción XXII y 304-B, fracción V, de la Ley del Seguro Social y 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de los artículos segundo, fracción VII, octavo, punto 1, incisos a) y g), y punto 2; décimo primero; décimo cuarto y décimo quinto del "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo".
12. Las consideraciones que expresó la juzgadora al respecto, sustancialmente, son las siguientes:
• El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo no viola el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que la prohibición de la subcontratación de personal se encuentra justificada, en virtud de las diversas problemáticas que han enfrentado los sectores vulnerados, frente a los abusos laborales y fiscales en detrimento de los derechos de los trabajadores y el daño a las finanzas públicas; la precarización del empleo; la práctica de actos de elusión fiscal y de seguridad social; la afectación en materia de previsión social; la imposibilidad de un trabajador a tener una jubilación digna, dada su permanente entrada y salida al mercado de trabajo, así como por cotizar con un salario inferior al que realmente percibe; la afectación en materia de reparto de utilidades; la existencia de empresas virtuales, sin activos, que venden estrategias, sin cuidado ni respeto a los trabajadores, o la existencia de relaciones simuladas de trabajo o empresas que desaparecen a los pocos meses de haber sido creadas. • El artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, no viola el derecho de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, toda vez que si bien en el artículo reclamado no se establece qué debe entenderse por "servicios especializados" y "obras especializadas"; también lo es que en el "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo", se hace referencia a lo que se tiene que entender por "servicios especializados" y "obras especializadas".
• Asimismo, los artículos décimo primero, décimo cuarto, incisos c) y e), así como décimo quinto, incisos d) y f), el octavo, punto 2, décimo cuarto, inciso b) y décimo quinto, inciso c), no transgreden el derecho de seguridad jurídica, ya que tratándose de actos legislativos el respeto a la seguridad jurídica no llega al extremo de vincular al legislador a que defina todos y cada uno de los conceptos que contengan las normas, máxime que muchas de las instituciones se encuentran definidas en otros ordenamientos, como ocurre en el caso.
• De igual forma el artículo segundo, fracción VII, no transgrede el principio de subordinación jerárquica, toda vez que del artículo segundo transitorio del decreto impugnado se desprende que se facultó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto reclamado, expidiera las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 15, párrafo sexto, de la Ley Federal del Trabajo, por tanto, si bien el decreto reclamado no señala qué debe de entenderse por "servicios especializados" y "obras especializadas", también lo es que al incorporarse tal precisión al Acuerdo citado, el Ejecutivo Federal sólo precisó qué tiene que entenderse por los vocablos que se emplean en dichas disposiciones, para la exacta observancia de la ley.
• Los artículos 15 y 1004-C de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los diversos 15-A, 304-A, fracción XXII y 304-B, fracción V, de la Ley del Seguro Social, así como el numeral 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no violan los principios de racionalidad y de seguridad jurídica. Lo anterior es así, pues las obligaciones y lineamientos ahora impuestos a las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, no violan el derecho de la seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que los nuevos requisitos establecidos en los numerales reclamados son con el objeto de que las autoridades respectivas cuenten con los elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales (Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores).
• El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo no transgrede el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional, ya que en el "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo" en sus capítulos II, III y IV se establecen, en general, lo relativo a los requisitos que deben cumplirse para dicho registro, el procedimiento que se debe llevar a cabo para el mencionado padrón, la respuesta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará a la solicitud de registro, así como el medio que se empleará para su contacto.
• Los artículos 12 y 13 de la Ley Federal del Trabajo, no transgreden el derecho de igualdad y no discriminación debido a que si bien existía una situación comparable en relación a la subcontratación de servicios de personal, y se advertía un trato diferente, éstos perseguían un fin constitucionalmente válido, además que resultaban idóneas para satisfacer en alguna medida el propósito constitucional; que no existían medidas alternativas igualmente idóneas para lograr ese fin pero menos lesivas para el derecho fundamental reclamado, además que el grado de realización del fin perseguido era mayor al grado de afectación de los derechos de la quejosa.
• Los artículos 12, 13 y 1004-C de la Ley Federal del Trabajo, no transgreden el derecho humano a la libertad de comercio y el principio de irretroactividad de la norma previsto en los artículos 5o. y 14 constitucionales, respectivamente, pues si bien la ley prohíbe la subcontratación de personal, sí permite la subcontratación de servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del patrón; sólo que al hacerlo, deberán cumplir con las condiciones que permitan que su actividad se realice con la debida protección de los derechos laborales de los trabajadores, como lo es, el registro que deberá llevarse a cabo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para quienes proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas.
• Asimismo, la figura de subcontratación está plenamente justificada y limitada porque derivó de la necesidad de eliminar aquellas prácticas que dañan los derechos laborales de las personas trabajadoras y al erario público; además que disminuyen las obligaciones de los patrones para reconocer sus prerrogativas.
• Los preceptos reclamados no transgreden el principio de irretroactividad de la ley, en virtud de que los dispositivos reclamados en los que se limita la figura de la subcontratación no pueden crear derechos adquiridos, porque dicha institución se encuentra sujeta a reformas y modificaciones, según lo exija el interés público; asimismo, porque la subcontratación como acto emanado de una norma anterior, no puede estar en conflicto y permanente oposición con el orden jurídico que le dio origen, máxime que se modificó por razones sociales y legítimas que se justificaron y se precisaron con antelación.
• Por último, el artículo octavo, punto 1, incisos a) y g), relativos a la firma electrónica vigente y geolocalización, respectivamente, no violan el derecho a la privacidad y protección de los datos personales y a la confidencialidad de los datos de los gobernados y de la información que contienen, toda vez que tal información resulta necesaria para que la autoridad pueda contar con datos suficientes para verificar el registro en el padrón correspondiente.
13. Recurso de revisión. Inconforme con dicha sentencia, la empresa Portal Dinámico, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revisión. De dicho recurso conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente 121/2022.
14. Al respecto, la parte recurrente mencionó que la sentencia resultaba incorrecta debido a las siguientes consideraciones:
• Primero. La sentencia recurrida inobserva lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, debido a que no establece cuáles son las consideraciones y fundamentos legales por los que determinó que el primer concepto de violación señalado en su demanda resultaba infundado, ya que si bien refiere ciertos razonamientos éstos resultan ser insuficientes debido a que no atienden de manera eficaz la litis. Al respecto, se indicó que el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional debido a que tiene su origen en un proceso legislativo viciado desde la iniciativa de reforma, ya que estigmatiza y generaliza el uso indebido que algunas personas le han dado a la subcontratación.
Sin embargo, la a quo no emplea razonamientos suficientes para dilucidar porqué la exposición de motivos de la iniciativa de reforma que dio origen al precepto reclamado, en su caso, no partió de una premisa falaz al momento de emitirse, como se indicó en el concepto de violación. Lo anterior, ya que si bien la a quo señaló entre sus razonamientos que la iniciativa con proyecto del decreto reclamado sí fue acorde a la necesidad y a la realidad social que enfrenta nuestro país, de ello no se desprende ningún motivo o justificación para la prohibición de la subcontratación.
Sin que se desconozca el supuesto motivo de la iniciativa del decreto que busca el respeto de los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras, así como la solvencia de las finanzas públicas; sin embargo, lo que realmente se controvierte es que la iniciativa asume como premisa fundamental que todo el sector empresarial dedicado y beneficiado de la subcontratación realiza prácticas indebidas, fraudulentas e ilegales. No obstante, dicha motivación es falsa ya que se sustenta en casos particulares para llegar a una conclusión generalizada, sin que dicha reforma fuera acorde con la necesidad y la realidad social de nuestro país.
• Segundo. La sentencia recurrida no observa el princ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32034-e7cf2780/subcontratacion-laboral-el-articulo-octavo-punto-1-inciso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL REQUISITO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA SOLICITAR EL REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓ (AMPARO EN REVISIÓN)
- SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL ACUERDO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS, SÍ ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA DARSE DE ALT (AMPARO EN REVISIÓN)
- SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LA PROHIBICIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL EN GENERAL DERIVADA DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ABRIL DE 2021, NO (AMPARO EN REVISIÓN)
- SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LA DEROGACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE AB (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUBCONTRATACIÓN LABORAL. LOS ARTÍCULOS OCTAVO, PUNTO 2, DÉCIMO CUARTO, INCISO B), Y DÉCIMO QUINTO, INCISO C), DEL ACUERDO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS O EJECU (2a./J. 89/2023 (11a.))
- SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL ARTÍCULO OCTAVO, PUNTO 3, PRIMER PÁRRAFO, SEGUNDA PARTE, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS, DEL ACUERDO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS O EJE (2a. V/2023 (11a.))
- SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO, INCISO A), DEL ACUERDO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS, AL ESTABLECER QUE SE (2a. VI/2023 (11a.))
- SUBCONTRATACIÓN LABORAL. EL ACUERDO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS, SÍ ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA DARSE DE ALT (2a./J. 98/2023 (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis