BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. EN RELACIÓN A LA CLÁUSULA 132 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, BIENIO 2013-2015, CELEBRADO ENTRE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SU SINDICATO DE TRABAJADORES, PUEDEN TENER EL CARÁCTER DE BENEFICIARIAS DOS PERSONAS QUE ACREDITARON LA CALIDAD DE CÓNYUGES, AUN CUANDO ALGUNA DE ELLAS NO HAYA SIDO DESIGNADA PREVIAMENTE COMO BENEFICIARIA.
AMPARO DIRECTO 32/2022. MARÍA GUADALUPE CASTELLANOS ZAPATA. 15 DE MARZO DE 2023. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Olga Lidia Alvarado Mijangos y María Guadalupe Castellanos Zapata, en su calidad de "viudas" y sus respectivos hijos, demandaron de Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica y Pemex Transformación Industrial, ser reconocidos como legítimos beneficiarios de los diversos derechos laborales derivados de la muerte del trabajador.
Ante dicha situación y a efecto de evitar una posible sentencia contradictoria, la Junta del conocimiento determinó acumular los juicios debido a que ambas partes actoras demandaban a la empresa petrolera, el reconocimiento de beneficiarios de las prestaciones que les podían corresponder del extinto trabajador.
La Junta al resolver sobre los reclamos formulados determinó declarar como beneficiarios del extinto trabajador a Olga Lidia Alvarado Mijangos y a María Guadalupe Castellanos Zapata, en su calidad de esposas, así como a sus respectivos hijos, al considerar que la Junta no era autoridad competente para determinar la validez o nulidad de alguno de los dos enlaces matrimoniales que contrajo el fallecido trabajador.
Inconformes con esa determinación tanto Olga Lidia Alvarado Mijangos como María Guadalupe Castellanos Zapata, por propio derecho, así como las empresas demandadas, promovieron juicio de amparo directo.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo 32/2022, promovido por María Guadalupe Castellanos Zapata, por su propio derecho, en contra del laudo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 2288/2016 y su acumulado 2553/2016, por la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se centra en determinar a quién corresponden los derechos laborales de un trabajador de planta fallecido, cuando concurren a reclamar esas prestaciones dos personas en su calidad de cónyuges.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO
1. Juicio laboral 2288/2016. Olga Lidia Alvarado Mijangos y Kevin Eduardo Ramírez Alvarado, por propio derecho, demandaron de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, y de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, con motivo de la muerte del trabajador Eduardo Ramírez Jerez, lo siguiente: 1) el reconocimiento de beneficiarios de los suscritos, en su calidad de esposa e hijo del extinto trabajador, para recibir las prestaciones por muerte a que tienen derecho; 2) el pago de la pensión post mortem, por el fallecimiento del de cujus, así como el pago y cumplimiento de las cláusulas 125, 126, 131 y 132 en sus incisos a), b) y c) del contrato colectivo de trabajo; 3) el pago del seguro de vida, así como la bonificación de los productos que elabora la empresa en términos de la cláusula 182; y, 4) pago de canasta básica que establece la cláusula 183 del pacto contractual.
2. Como hechos relevantes Olga Lidia Alvarado Mijangos señaló que contrajo matrimonio con el extinto trabajador Eduardo Ramírez Jerez(1) y que de dicha unión procrearon a su hijo Kevin Eduardo Ramírez Alvarado.(2) Asimismo, que con motivo de la muerte de su esposo reclamó de Petróleos Mexicanos los derechos que les correspondían como beneficiarios del trabajador; sin embargo, que ésta se había negado a cubrirlos.
3. Juicio laboral 2553/2016. María Guadalupe Castellanos Zapata, por propio derecho y en representación de su menor hijo y Karen Stephanie Ramírez Castellanos, por propio derecho, demandaron de Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica y Pemex Transformación Industrial, con motivo de la muerte del trabajador Eduardo Ramírez Jerez, el pago de las siguientes prestaciones: 1) seguro de vida; 2) prima de antigüedad; 3) pensión post mortem; 4) bonificación de productos que elabora el patrón; 5) canasta básica de alimentos; 6) los alcances insolutos generados por: vacaciones, aguinaldos, rendimientos, fondo de ahorro y cualquier otra prestación que hubiese generado; 7) otorgamiento del servicio médico; 8) reconocimiento de que a su hija se le otorgó una beca de estudios; y, 9) pago de la diferencia del concepto de la mencionada beca de estudios; todas las prestaciones citadas conforme al contrato colectivo de trabajo.
4. Como hechos relevantes, María Guadalupe Castellanos Zapata mencionó que ella y el extinto trabajador estuvieron unidos por vínculo matrimonial(3) y que de su relación procrearon dos hijos quienes contaban en el momento de la presentación de la demanda con dieciséis(4) y veintiún(5) años de edad, además que el de cujus laboró para las empresas Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica y la empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos de nombre Pemex Transformación Industrial, en el Centro de Trabajo Complejo Petroquímico Cangrejera. Asimismo, señaló que el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis el trabajador falleció, por lo que solicitaban se les reconociera como legítimos beneficiarios y se les otorgaran y pagaran las prestaciones previstas en el contrato colectivo de trabajo.
5. Acumulación de los juicios 2288/2016 y 2553/2016. Por resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Junta responsable estimó que se cumplía con lo establecido en el artículo 766 de la Ley Federal del Trabajo, porque varios actores demandaban a la empresa petrolera, el reconocimiento de beneficiarios de las prestaciones que les podían corresponder del extinto trabajador Eduardo Ramírez Jerez; por lo que a fin de evitar sentencias contradictorias, declaró procedente el incidente de acumulación planteado por la actora María Guadalupe Castellanos Zapata, del expediente 2553/2016 al más antiguo 2288/2016.
6. Laudo. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la Junta dictó el laudo en el que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, declaró como legítimos beneficiarios del extinto trabajador, a María Guadalupe Castellanos Zapata en su calidad de esposa, a su entonces menor hijo y a Karen Stephanie Ramírez, así como a Olga Lidia Alvarado Mijangos en su calidad de esposa y a su hijo Kevin Eduardo Ramírez Alvarado. Lo anterior, al indicar que la Junta no era autoridad competente para determinar la validez o nulidad de alguno de los dos enlaces matrimoniales que contrajo el fallecido trabajador.
7. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en la cláusula 132 del contrato colectivo de trabajo –bienio 2013-2015–, condenó a Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica, Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción al pago de las prestaciones consistentes en: 1) seguro de vida; 2) prima de antigüedad; 3) alcances insolutos; 4) pensión post mortem; 5) gas; y, 6) canasta básica, ello acorde al porcentaje que consideró correspondía a cada uno de los beneficiarios.
8. Demanda de amparo directo 27/2022. Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, María Guadalupe Castellanos Zapata, promovió juicio de amparo directo contra el laudo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 2288/2016 y su acumulado 2553/2016.
9. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló como conceptos de violación, los siguientes argumentos:
• La Junta responsable determinó declarar como legítimos beneficiarios del de cujus a María Guadalupe Castellanos Zapata y a Olga Lidia Alvarado Mijangos en su calidad de esposas, así como a los hijos de cada una de ellas; sin embargo, no atendió lo que dispone la cláusula 132 del contrato colectivo de trabajo, en la cual se establece que para el pago de las prestaciones el trabajador de planta "designará como beneficiarios al cónyuge y a los hijos que dependan económicamente del mismo, registrados en términos de la cláusula 105 para que reciban por lo menos el 50 % de dichas prestaciones y podrá disponer libremente del otro 50 %. Cuando carezca de éstos podrá libremente disponer del 100 % y designará a los beneficiarios que considere conveniente".
• No obstante lo indicado, la Junta determinó distribuir arbitrariamente el 50 % de la pensión post mortem sin que existiera fundamento legal para ello y desconociendo la voluntad del de cujus en la Declaración de Beneficiarios para el Pago de las Prestaciones Post Mortem al Personal de Planta y Jubilados de Petroquímica Cangrejera, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que consta la designación de ella y de sus hijos como beneficiarios de las prestaciones contempladas en la cláusula 132 del contrato colectivo de trabajo.
• Al existir declaración de beneficiarios en la cual María Guadalupe Castellanos Zapata es la favorecida, en su carácter de esposa, resulta incorrecto que la autoridad laboral haya decidido otorgar, en forma proporcional, las prestaciones post mortem a Olga Lidia Alvarado Mijangos.
10. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. Mediante resolución del once de agosto de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera la facultad de atracción para conocer del amparo directo 27/2022 (relacionado con los ADT. 25/2022 y 26/2022).
11. Trámite de la solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, ordenó su registro bajo el expediente 531/2022, se turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para su estudio y la radicación a la Segunda Sala.
12. En sesión de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, esta Segunda Sala determinó ejercer la facultad de atracción(6) del presente asunto.
13. Radicación del amparo directo en esta Suprema Corte. Por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el juicio de amparo directo 32/2022 y turnó el expediente para su estudio a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, enviando los autos a la Sala de su adscripción.
14. Avocamiento. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, el presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto, y ordenó remitir el expediente a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
15. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
16. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo directo, en atención a que se ejerció la facultad de atracción, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción V, 10, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además de que su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.
II. OPORTUNIDAD Y EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO
18. Resulta innecesario el estudio de la oportunidad y existencia del acto reclamado, en virtud de que dichas cuestiones ya fueron analizadas por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento.
III. LEGITIMACIÓN
19. La parte quejosa está legitimada toda vez que el escrito de demanda está suscrito por María Guadalupe Castellanos Zapata, quien compareció como parte actora en uno de los juicios laborales de origen.
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.
IV. ESTUDIO DE FONDO
21. De los antecedentes principales a considerar se tiene que la quejosa acudió ante la Junta responsable, en calidad de esposa del trabajador fallecido, a efecto de que se le declarara, a ella y a sus hijos, como legítimos beneficiarios de los derechos laborales del extinto trabajador Eduardo Ramírez Jerez.
22. Al respecto, la Junta del conocimiento al dictar el laudo dentro del juicio laboral 2288/2016 y su acumulado 2553/2016, determinó con fundamento en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, declarar como legítimos beneficiarios de los derechos del fallecido trabajador a María Guadalupe Castellanos Zapata y a Olga Lidia Alvarado Mijangos, en su calidad de esposas, así como a los hijos de cada una de ellas.
23. A partir de esa determinación la Junta resolvió condenar con base en el contenido de la cláusula 132 del Contrato Colectivo de Trabajo a Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica, Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción, al pago del seguro de vida en favor de María Guadalupe Castellanos Zapata y sus hijos, al pago de prima de antigüedad, alcances insolutos, pensión post mortem y prestaciones de canasta básica en iguales porcentajes a cada una de las respectivas esposas, así como en los porcentajes correspondientes a cada uno de los hijos del trabajador fallecido.
24. Inconforme con tal resolución, la quejosa promovió el presente juicio de amparo al considerar que la Junta responsable no debió distribuir proporcionalmente las prestaciones a que se condenó, toda vez que con la prueba documental que aportó, consistente en la "Declaración de Beneficiarios para el Pago de las Prestaciones Post Mortem al Personal de Planta y Jubilados de Petroquímica Cangrejera, Sociedad Anónima de Capital Variable", se advertía que había sido señalada como beneficiaria del trabajador, en su calidad de esposa y, por tanto, únicamente a ella debieron otorgársele tales beneficios.
25. Cabe precisar que la materia del presente asunto sólo se centra en determinar a quién corresponden los derechos laborales de un trabajador fallecido ante el reclamo de dos personas que se presentan en su calidad de esposas del de cujus.
26. Ello, en tanto que en el presente juicio de amparo directo, como en el 30/2022 promovido por Olga Lidia Alvarado Mijangos, únicamente acudieron como quejosas las personas a quienes les asiste el carácter de esposas, por propio derecho, a solicitar la protección constitucional en contra del laudo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, sin que acudieran a juicio los demás involucrados (hijos). Por tanto, debido a que la designación de beneficiarios realizada en favor de los hijos del trabajador fallecido, así como las condenas a los porcentajes establecidos para cada uno de ellos, no fueron controvertidas por la parte a quien pudiera perjudicarle,(7) éstas deben permanecer firmes.
27. Una vez precisado lo anterior, a efecto de llevar a cabo el análisis respectivo resulta conveniente citar el contenido de la cláusula 132 del contrato colectivo de trabajo –bienio 2013-2015–, citada como fundamento por la Junta al resolver el laudo.
"CLÁUSULA 132. En caso de fallecimiento de un trabajador de planta, el patrón liquidará en la oficina de recursos humanos del centro de trabajo respectivo, gastos funerarios en términos de la cláusula 125; además, cubrirá al o los beneficiarios designados, las prestaciones siguientes:
"a. SEGURO DE VIDA. Calculado sobre el salario ordinario, conforme a la siguiente tabla:
Ver tabla
"Para este efecto el mes se considera por 30.4 días.
"b) PRIMA DE ANTIGÜEDAD. Que se integrará con el importe de 20 días del salario ordinario, por cada año de servicios, por fracciones mayores de seis meses se pagarán 20 días y por menores, 10 días. Este pago lo efectuará el patrón en la oficina de recursos humanos del centro de trabajo que corresponda, en cumplimiento del artículo 162 fracción V de la LFT.
"c) PENSIÓN POST-MORTEM. La liquidará directamente el patrón y se calculará sobre el salario ordinario conforme al tipo de pensión elegido por el trabajador en las formas correspondientes, de acuerdo a las siguientes opciones:
Ver opciones
"El salario ordinario referido en los incisos anteriores será el que corresponda a la última categoría de planta que hubiese ocupado el trabajador.
"d) BONIFICACIÓN DE PRODUCTOS. Como lo señala la cláusula 182, a la viuda o a la mujer que haya hecho vida marital con el trabajador, por el tiempo durante el cual reciba la pensión post-mortem; en pensión post-mortem tipo ‘D’ únicamente le corresponderá el pago de gas doméstico.
"e) CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS. Por la cantidad mensual señalada en la cláusula 183, en pagos catorcenales, mientras dure la vigencia de la pensión post-mortem y únicamente a la viuda o a la mujer que haya hecho vida marital con el trabajador.
"f) ALCANCES INSOLUTOS. Serán pagados directamente por el patrón, y se integran con las cantidades que el trabajador hubiese generado antes de su fallecimiento, por concepto de salarios devengados, vacaciones, aguinaldo, fondo de ahorros y cualquier otro alcance pendiente de pago.
"Para el pago de las prestaciones señaladas, el trabajador de planta designará como beneficiarios al cónyuge y a los hijos que económicamente dependan del mismo, registrados en términos de la cláusula 105, para que reciban por lo menos el 50 % de dichas prestaciones, y podrá disponer libremente del otro 50 %. Cuando carezca de éstos, podrá disponer libremente del 100 % y designará a los beneficiarios que considere conveniente.
"Si el trabajador no designó beneficiarios, el patrón a través de la oficina de recursos humanos del centro de trabajo correspondiente, pagará a su cónyuge e hijos registrados en el censo médico, el 50 % del seguro de vida y de la prima de antigüedad, y directamente los salarios y prestaciones pendientes de pago y el 100 % de la pensión post-mortem que elijan, y al término de un año de no existir juicio laboral interpuesto en contra del patrón demandando estos conceptos, se liquidarán las cantidades restantes. En caso de reclamación de posibles derechosos (sic), el patrón suspenderá el pago de la pensión post-mortem.
"Si el trabajador omitió señalar el tipo de pensión post-mortem, los beneficiarios designados podrán seleccionar libremente la que mejor les convenga.
"Por fallecimiento de alguno de los pensionistas, el porcentaje correspondiente, se distribuirá entre los restantes hasta completar el plazo de la pensión post-mortem escogida.
"La pensión se dejará de pagar antes de que transcurra el plazo elegido, si fallecen todos los beneficiarios.
"El patrón se obliga a proporcionar las formas de declaración de beneficiarios, para que el trabajador al momento de suscribir su tarjeta de trabajo de planta, con intervención de su representación sindical, proceda a la formulación y suscripción correspondiente.
"A falta de derechohabientes registrados en el censo médico y de designación expresa de beneficiarios por parte del trabajador, se estará a lo que resuelva la JFCA en los términos previstos por el artículo 501 de la LFT."
28. De la citada cláusula se advierte cuáles son las prestaciones y la forma en que Petróleos Mexicanos, debe otorgarlas a los beneficiarios designados, cuando ocurra la muerte de un trabajador de planta. 29. Entre las prestaciones convenidas se encuentran las de: 1) seguro de vida; 2) prima de antigüedad; 3) pensión post-mortem; 4) bonificación de productos; 5) canasta básica de alimentos; y, 6) alcances insolutos.
30. De igual manera, se establece la forma en que se designarán los beneficiarios de dichas prestaciones. Al efecto, se indica que el trabajador deberá designar como beneficiarios, en primer término, al "cónyuge" y a los hijos que económicamente dependan del mismo, registrados en términos de la cláusula 105,(8) para que reciban por lo menos el 50 % de dichas prestaciones, y podrá disponer libremente del otro 50 %.
31. Asimismo, se indica que a falta de éstos podrá disponer libremente del 100 % para nombrar beneficiarios.
32. También se señala que cuando no se designe beneficiarios, el patrón deberá pagar a su "cónyuge" e hijos registrados en el censo médico, el 50 % del seguro de vida y de la prima de antigüedad, y directamente los salarios y prestaciones pendientes de pago y el 100 % de la pensión post-mortem que elijan y, al término de un año, de no existir juicio laboral interpuesto en contra del patrón demandando estos conceptos, se liquidarán las cantidades restantes.
33. Finalmente, se establece que a falta de derechohabientes registrados en el censo médico y de designación expresa de beneficiarios por parte del trabajador, se estará a lo que resuelva la Junta en los términos previstos por el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.
34. Conforme a lo indicado se aprecia que la citada cláusula tiene como finalidad esencial la protección a la familia del trabajador cuando sobreviene su muerte, pues de manera principal se establece que debe declarar como beneficiarios de dichas prestaciones al "cónyuge" e hijos del trabajador, sea que hayan sido designados directamente por él, o inclusive, cuando no se hubieran establecido como beneficiarios, pero se encuentren registrados en el censo médico.
35. En lo que interesa al caso, de la citada cláusula resalta que existe una estipulación expresa que obliga al trabajador a designar como beneficiario al "cónyuge" y a sus hijos que dependan económicamente de él –cuando éstos existan–, a efecto de recibir, por lo menos, el 50 % de las prestaciones ahí indicadas. Sin embargo, de dicha disposición no es posible advertir una solución clara de lo que debe determinarse cuando concurren dos personas unidas en matrimonio con el trabajador fallecido a reclamar esos beneficios.
36. Por tanto, a fin de poder dilucidar quién debe ser beneficiaria de los derechos laborales cuando se presenta dicha situación, resulta necesario analizar el asunto desde una perspectiva de género, ya que si bien en dicha cláusula se establece de manera general que el "cónyuge" deberá ser designado como beneficiario de las prestaciones ahí contenidas, sin hacer una distinción en cuanto al género, en el caso se advierte que pueden existir posibles situaciones que implicarían una desventaja, por dicha cuestión, cuando se pretende acceder al reconocimiento y otorgamiento de distintas prestaciones laborales con motivo de la muerte de un trabajador.
37. Es importante destacar que esta Segunda Sala ya se pronunció respecto de un tema similar al resolver el amparo directo 18/2021,(9) en el que se analizó el reclamo de una concubina que demandaba los derechos laborales de un trabajador fallecido frente a la existencia de un matrimonio previamente establecido del de cujus con otra persona, por tanto, al estar frente a temáticas similares en relación a la pluralidad de beneficiarias, resulta procedente retomar algunas de las consideraciones establecidas en ese precedente respecto al análisis realizado bajo una perspectiva de género y al derecho de protección a la familia.
IV.1. Estudio bajo perspectiva de género.
38. En principio, cabe mencionar que los estereotipos de género constituyen las ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres; son representaciones simbólicas de lo que mujeres y hombres deberían ser y sentir; son ideas excluyentes entre sí que al asignarnos una u otra reafirman un modelo de feminidad y otro de masculinidad.(10) Así, los estereotipos en muchos casos pueden ser motivo de discriminación de género y pueden reforzarse con teorías tradicionales o modernas, incluso, a través de leyes o de prácticas institucionales.
39. Un referente fundamental en contra de la eliminación de los estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas basadas en el género deriva de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la que se reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres, y obliga a los Estados a eliminar estereotipos en los roles de hombres y mujeres.
40. En efecto, el artículo 5, inciso a), de la CEDAW dispone que:
"Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para:
"a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres."
41. Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", ha establecido formas específicas sobre el derecho a la igualdad de las mujeres, enfocadas a la no discriminación y al derecho a tener una vida libre de violencia. En especial en su artículo 8, inciso b, se establece lo siguiente:
"Artículo 8. Los Estados Parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: ...
"b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer; ..."
42. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estereotipos de género causan violencia contra la mujer. Por ello, consideró que es posible asociar que la mujer se encuentra en un estado de subordinación por prácticas basadas en estereotipos de género que han sido socialmente dominantes y persistentes, situación que se agrava cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje.(11) Una de las fórmulas que se considera para erradicar lo anteriormente expuesto, consiste en implementar medidas que protejan jurídicamente los derechos de la mujer contra todo acto de discriminación buscando la igualdad a través de tribunales e instituciones públicas competentes.
43. En ese sentido, como parte del corpus juris interamericano, en diversos criterios que buscan garantizar los derechos humanos de las mujeres en la región, se cuenta con diversas resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), entre las que destacan las siguientes: 1) Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú (25 de noviembre de 2006); 2) Caso González y otras (Campo algodonero) Vs. México (16 de noviembre de 2009); 3) Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala (24 de noviembre de 2009); 4) Caso Fernández Ortega y otros Vs. México (30 de agosto de 2010); y, 5) Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México (31 de agosto de 2010).(12)
44. Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido que a partir del reconocimiento de una condición de desigualdad imperante entre los géneros, los asuntos deben analizarse bajo una perspectiva de género procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia.(13)
45. La perspectiva de género debe ser utilizada para interpretar las normas y aplicar el derecho, así como para apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia. Así, se debe evaluar si la norma provoca una violación directa al derecho de igualdad, al introducir impactos diferenciados por razón de género.
46. En ese sentido, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la perspectiva de género obliga a leer e interpretar la norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden en busca de justicia. Sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, pues a través de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres se reconoce la forma en que cada uno se enfrentan a problemáticas concretas y los efectos diferenciados que producen, en unos y en otras, las disposiciones legales y las prácticas institucionales.(14)
47. A partir de esa aproximación, respecto de los principios ideológicos, políticos o sociales que sustentan la norma y la diferencia que ésta produce en los hombres y mujeres, es que se puede advertir si una disposición legal que establece algo que tradicionalmente ha sido aceptado por la sociedad en el transcurso de los años, genera un impacto diferenciado entre ambos al desenvolverse bajo determinados estereotipos que en muchos casos les generan obstáculos para reclamar sus derechos.
48. En ese sentido, este Alto Tribunal ha definido algunos elementos a considerar para analizar un fenómeno con perspectiva de género.(15) Entre ellos, se establece lo siguiente:
(I) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;
(II) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32046-70065db1/beneficiarios-del-trabajador-fallecido-en-relacion-a-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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