INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONSTITUYEN EL MARCO JURÍDICO QUE DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS EN TRÁMITE O QUE SE INICIEN A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020.
AMPARO EN REVISIÓN 201/2023. CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: JAVIER EDUARDO ESTREVER RAMOS.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 201/2023, interpuesto por CIBanco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple contra la sentencia que dictó la Jueza Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 586/2021.
El problema jurídico para resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la regularidad constitucional de los artículos 5, segundo párrafo, 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los numerales 129 y 131 de su Reglamento.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Etapa de investigación y procedimiento de verificación. En agosto de dos mil veinte la institución financiera en comento sufrió una intrusión cibernética a un recurso compartido donde se ubicaban archivos de diferentes áreas para su operación cotidiana; detectaron la presencia de un virus informático de tipo "ransomware" por lo que, el equipo de seguridad y de sistemas inició las actividades de reacción, mitigación y contención. De igual forma, presentaron la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la República.
2. Por otra parte, y ante información publicada en la red social Twitter, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI) mediante acuerdo de 24/SEP/2020, decidió de oficio, iniciar la etapa de investigación INAI.3S.08.02-287/2020 por hechos que pudieran constituir un probable incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
3. A través de oficios de veintinueve de septiembre, diez y veinticinco de noviembre, todos de dos mil veinte, el Instituto formuló requerimientos a la sociedad financiera. Los que atendió y ocasionó que el veintiocho de enero de dos mil veintiuno emitiera las determinaciones de análisis.
4. Posteriormente, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se inició el procedimiento de verificación que se identificó con el consecutivo INAI.3S.07.02-013/2021; lo que se notificó vía correo electrónico al representante legal de la institución financiera.
5. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, los Comisionados del INAI dictaron la resolución identificada como ACT-PRIV/27/04/2021.03.01.08 que concluyó que la institución financiera de referencia realiza el tratamiento de datos personales y patrimoniales de manera que estaba encargado de su resguardo y que fueron expuestos y estuvieron disponibles para su descarga en una dirección electrónica pública mediante un archivo electrónico tipo ".zip" con lo que, puntualizó, se efectuó un tratamiento diverso de los datos que le fueron proporcionados, así como una posible infracción a los principios y deberes en su carácter de responsable. Por lo que, indicó, se incumplió el deber de seguridad.
6. Como consecuencia de lo anterior, se ordenó iniciar el procedimiento de imposición de sanciones.
7. Juicio de amparo. Inconforme con esa determinación, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el representante legal de CIBanco, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, presentó demanda de amparo en la que señaló como actos reclamados los siguientes:
- Autoridades responsables y actos reclamados:
- Del Congreso de la Unión, ambas Cámaras, la discusión y aprobación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3, fracción II y VII y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 2010, en específico los artículos 5, segundo párrafo, 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
- Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3, fracción II y VII y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 2010, en específico los artículos 5, segundo párrafo, 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
- Del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la emisión del "Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015, así como la emisión de la resolución ACT-PRIV/27/04/2021.03.1.08, dictada el 27 de abril de 2021, con la cual concluyó en definitiva el procedimiento de verificación INAI.3S.07.02-013/2021.
- De la Secretaria Técnica y del Secretario de Protección de Datos Personales ambos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la emisión de la resolución ACT-PRIV/27/04/2021-03-1-08 de 27 de abril de 2021, emitida en el expediente INAI.3S.07.02-013/2021, así como aquellos actos emitidos por las autoridades que intervinieron en el procedimiento de investigación INAI. 35.08.02-287/2020 y en el diverso de verificación INAI.3S.07.02-013/2021 incluyendo los actos del Director General de Investigación y Verificación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
- Del Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado de la Secretaría de Protección de Datos Personales, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la emisión del oficio INAI.3S.07.02-013/2021, de tres de mayo de dos mil veintiuno.
8. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registró la demanda de amparo con el consecutivo 586/2021 y formuló requerimiento a la parte promovente; luego, el diecisiete siguiente admitió la demanda.
9. Sentencia de amparo. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, el juez del conocimiento dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio constitucional porque consideró que los actos reclamados al INAI son de carácter intraprocesal que sólo transcienden y actualizan sus consecuencias hasta en tanto se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento.
10. Así, por ser el acto de aplicación de las normas generales reclamadas un acto intraprocesal que no genera una afectación de carácter sustantiva a la quejosa hizo extensivo el sobreseimiento a los lineamientos y preceptos reclamados.
11. Recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, por conducto de su autorizado, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 389/2021.
12. Revisión adhesiva. El Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en representación del Pleno de ese organismo, en su carácter de autoridad responsable, interpuso revisión adhesiva.
13. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que este Tribunal Constitucional asumía su competencia originaria para conocer del recurso de revisión, registrándolo con el número 201/2023; lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales y ordenó que se radicara en la Sala a la que se encuentra adscrito.
14. Posteriormente, por auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, el Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto, así como, remitió los autos al Ministro ponente para formular el proyecto correspondiente.
15. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se publicó en las listas relativas con la anticipación legal correspondiente.
I. COMPETENCIA
16. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 81, fracción I, inciso e)(2) y 83(3) de la Ley de Amparo y; 21, fracción III(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, competencia de esta Segunda Sala, sin que resulte necesaria la intervención del Pleno.
17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf y Presidente Alberto Pérez Dayán. Ausente el Ministro Javier Laynez Potisek.
II. OPORTUNIDAD
18. Resulta innecesario analizar la oportunidad con la que se interpusieron los recursos de revisión principal y adhesiva, toda vez que el tribunal colegiado que previno en el conocimiento del asunto ya se hizo cargo de tal aspecto, concluyendo que fueron presentados de manera oportuna.(5)
III. LEGITIMACIÓN
19. Tampoco es necesario analizar la legitimación de quienes interpusieron los recursos referidos en virtud de que dicho tópico fue analizado por el tribunal colegiado referido.(6)
IV. PROCEDENCIA
20. El recurso de revisión es procedente en virtud de que se interpuso contra una sentencia emitida en audiencia constitucional y en la que se alegó la inconstitucionalidad de ordenamientos legales que integran una ley federal y su reglamento.
21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf y Presidente Alberto Pérez Dayán. Ausente el Ministro Javier Laynez Potisek.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
22. Esta Segunda Sala advierte que el tribunal colegiado del conocimiento emprendió el análisis de diversas causales invocadas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (tanto en la principal como en la adhesiva) y calificó como ineficaces e inatendibles.(7)
23. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo(8) indica que el análisis de las causas de improcedencia debe ser oficioso por tratarse de una cuestión de orden público, lo que implica que su estudio debe efectuarse con independencia de que las partes la aleguen o no y en cualquier etapa del proceso. Asimismo, en el artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo(9) reitera esta obligación para el órgano jurisdiccional.(10)
24. En este orden de ideas debe indicarse que el problema de constitucionalidad se centra en el análisis de los artículos 5, segundo párrafo, 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; sin embargo, el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó que esas disposiciones legales guardan estrecha relación con los artículos 129 y 131 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y con el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones respecto de los cuales también se cuestionó su regularidad constitucional.
25. Sin embargo, en torno al último de los elementos normativos en cita, esto es, los Lineamientos, esta Segunda Sala concluye que se actualiza un impedimento legal para su análisis.
26. El conjunto de disposiciones legales que la parte quejosa controvirtió y que alegó violan el marco constitucional nacional son de naturaleza o carácter heteroaplicativos razón por la que, para combatir su regularidad constitucional, debe demostrarse la existencia del acto concreto de aplicación con el objeto de evidenciar que esos ordenamientos produjeron un impacto directo en la esfera jurídica de la quejosa y, por tanto, no existe una afectación a su interés jurídico o legítimo.
27. La parte recurrente asevera que los aludidos Lineamientos fueron aplicados para tramitar la etapa de investigación con expediente INAI.3S.08.02-287/2020; así como la resolución ACT-PRIV/27/04/2021.03.1.08 dictada en el expediente de verificación INAI.3S.07.02-013/2021 de veintisiete de abril de dos mil veintiuno.
28. Es el caso que al revisar la determinación emitida en la etapa de investigación como en el procedimiento de verificación no se observa que el contenido de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones haya sido sustento de las decisiones asumidas, es decir, no constituye parte del cimiento jurídico de las resoluciones reclamadas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
29. En efecto, por lo que hace a la etapa de investigación, el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en que se ordenó su inicio, así como los hechos que ponderó el Instituto para resolver que existen los elementos veraces y suficientes para abrir el procedimiento de verificación, reflejados en las determinaciones de análisis que sustentó y que a la postre derivaron en el inicio del procedimiento de verificación, no tuvieron como fundamento el contenido de los aludidos Lineamientos.
30. Lo que se hace extensivo a la resolución pronunciada en el procedimiento de verificación antes identificado en atención a que tampoco se observa que el contenido de dichos Lineamientos haya sido fundamento de su sentido.
31. Por ello, los agravios formulados por la parte recurrente deben calificarse como ineficaces.
32. Incluso, para robustecer tal improcedencia debe indicarse que el catorce de octubre de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación al anexo del Acuerdo ACT-PUB/25/11/2015.06 mediante el cual se aprueban los Lineamientos de los procedimientos de protección de derechos, de investigación y verificación, y de imposición de sanciones" de cuyo contenido se desprende que se adicionó un artículo Tercero Transitorio que indica:
"Tercero. A partir del 15 de octubre de 2020, se suspende la aplicación de las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos.
"En los procedimientos en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares que se encuentren en trámite, o cuya tramitación inicie a partir del 15 de octubre de 2020, se aplicarán directamente las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, en su caso, la legislación de aplicación supletoria."
33. Consecuentemente, es de concluirse que previo a la decisión del INAI respecto de que existen irregularidades que pudieran constituir infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares e incluso de la emisión de la resolución ACT-PRIV/27/04/2021.03.1.08 emitida en el expediente de verificación, el propio INAI determinó suspender la aplicación de los multirreferidos Lineamientos con motivo de distintas ejecutorias emitidas en juicios de amparo indirecto, juicios de nulidad, o bien amparo directo y que, incluso, fueron objeto de estudio por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; con el objeto de que su aplicación no afecte libertades y derechos de las partes involucradas en los procedimientos que derivan de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.
34. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el arábigo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo por cuanto hace al Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación y de Imposición de Sanciones.
35. Finalmente, esta Segunda Sala no advierte alguna otra causa de improcedencia por lo que se procede al estudio del asunto.
36. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf y Presidente Alberto Pérez Dayán. Ausente el Ministro Javier Laynez Potisek.
VI. ESTUDIO
37. De la demanda de amparo, como acertadamente lo identificó el tribunal colegiado, en el segundo concepto de violación, la parte quejosa alegó la inconstitucionalidad de los artículos 5, segundo párrafo, 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los numerales 129 y 131 del Reglamento respectivo, por lo que esta Segunda Sala procede a su estudio a la luz de los argumentos expuestos por la hoy recurrente.
38. Las disposiciones normativas en comento indican:
De la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
"Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
"Para la substanciación de los procedimientos de protección de derechos, de verificación e imposición de sanciones se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo."
"Artículo 59. El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de ésta derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte.
"La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capítulo anterior o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley."
"Artículo 60. En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la información y documentación que considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive.
"Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que conozcan derivada de la verificación correspondiente.
"El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que sustanciará el procedimiento a que se refiere el presente artículo."
Del Reglamento de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
"Artículo 129. El procedimiento de verificación se iniciará de oficio o a petición de parte, por instrucción del Pleno del Instituto. "Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto las presuntas violaciones a las disposiciones previstas en la Ley y demás ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos de procedencia del procedimiento de protección de derechos. En este caso, el Pleno determinará, de manera fundada y motivada, la procedencia de iniciar la verificación correspondiente."
"Artículo 131. La denuncia deberá indicar lo siguiente: I. Nombre del denunciante y el domicilio o el medio para recibir notificaciones, en su caso; II. Relación de los hechos en los que basa su denuncia y los elementos con los que cuente para probar su dicho, y III. Nombre y domicilio del denunciado o, en su caso, datos para su ubicación. La denuncia podrá presentarse en los mismos medios establecidos para el procedimiento de protección de derechos. Cuando la denuncia se presente por medios electrónicos a través del sistema que establezca el Instituto, se entenderá que se acepta que las notificaciones sean efectuadas por dicho sistema o a través de otros medios electrónicos generados por éste, salvo que se señale un medio distinto para efectos de las mismas. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de una denuncia, el Instituto acusará recibo de la misma, pudiendo solicitar la documentación que estime oportuna para el desarrollo del procedimiento."
VI. 1. ¿Los artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares son contrarios al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
39. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ocasiones ha tenido oportunidad de analizar la naturaleza jurídica del INAI así como ordenamientos tanto de la Ley como de su Reglamento.
40. En ese orden de ideas y para abonar a la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional en el presente asunto se retoman las consideraciones expuestas en esos precedentes.
41. Así, la parte recurrente asevera que la normatividad que observó el INAI (Ley y Reglamento) es contraria al contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en virtud de que infringe los principios de legalidad y seguridad jurídica toda vez que, en los casos de los procedimientos iniciados de oficio por dicho Instituto, su marco legal no establece la forma, etapas y plazos en que se sustanciará la etapa de investigación; tampoco regula el plazo para que la autoridad emita el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación.
42. Esos motivos de inconformidad deben calificarse como infundados. Para ello, en principio, es de especial relevancia recordar que los artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establecen las pautas generales del proceder del INAI en torno al procedimiento de verificación.
43. Asimismo, esta Segunda Sala definió(11) que una de las finalidades del INAI es la de proteger los datos personales en posesión de particulares y precisamente para lograrlo, conforme a lo establecido en los artículos 6o., fracción VIII, 16, segundo párrafo y 73, fracción XXIX-O, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) se facultó a dicho órgano constitucional autónomo para substanciar procedimientos de protección de derechos, de verificación e imposición de multas.
44. Asimismo, se reconoce que puede ser mediante una denuncia o bien, de oficio, que el INAI inicie la verificación del cumplimiento de la ley de la materia y su normatividad, así como de las resoluciones dictadas en procedimientos de protección de derechos.
45. Al respecto, esta Segunda Sala al resolver el Amparo Directo en Revisión 888/2017(13) analizó la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal y la trascendencia que este tiene en torno al procedimiento de verificación previsto en el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; lo anterior, bajo el principio de legalidad del que derivan los principios subordinados de reserva de ley y subordinación jerárquica de esta última.
46. Para tales efectos, entre otros aspectos, se destacó el contenido del artículo 16 constitucional que reza:
"Artículo 16. ...
"Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros."
47. El citado párrafo constitucional, se dijo, tiene como finalidad reconocer el derecho de protección de datos personales con relación al acceso y uso que se da a la información personal, tanto por entes públicos como privados, a efecto de que las personas tengan el poder de disposición y control sobre sus datos personales.
48. Esa salvaguarda derivó en los derechos ARCO (acceso, rectificación cancelación y oposición) y precisamente la referencia a la protección en los términos que fije la ley, a que hace referencia el artículo constitucional antes reproducido, es el reconocimiento para que el legislador establezca los lineamientos idóneos para esos efectos.
49. Así, el Constituyente Permanente delegó en el Congreso de la Unión la facultad de reglamentar el alcance del citado derecho fundamental a través de una ley federal tanto en su aspecto formal como material; precisamente en este instrumento normativo es en donde se establecerá y desarrollará el contenido del derecho humano en comento para que el destinatario de la norma cuente con total disposición sobre sus datos personales.
50. En el caso particular, lo anterior se materializó con la expedición de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que en términos de su artículo 1 tiene como objeto "la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas".
51. Asimismo, se puntualizó, el hecho de que por mandato del artículo 16 constitucional se haya delegado en el legislador federal la facultad de determinar el contenido y alcance del derecho humano a la protección de datos personales no conlleva el impedimento para que el Ejecutivo Federal, en ejercicio de su facultad normativa, regule aquellas cuestiones subsidiarias al núcleo del referido derecho fundamental, como lo es precisamente, el desarrollo de los aspectos procedimentales que deben realizar las autoridades administrativas.
52. Con base en ello se estableció que el principio de reserva de ley en la presente materia se encuentra dirigido a que sea en una ley formal y material donde regule el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, permitiendo dotar tanto a las autoridades como a los particulares de un grado mínimo de especificidad necesario para concebir la operatividad jurídica de tales principios fundamentales.
53. Precisamente bajo esta línea argumentativa es que el artículo 59 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, señala que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos "verificará el cumplimiento de la presente ley y de la normatividad que de ésta derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte". Mientras que el diverso 60 de ese ordenamiento legal prevé que "el Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento (de verificación) a que se refiere el presente artículo".
54. Por ello, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares es la que prevé la existencia del procedimiento de verificación, a fin de que la autoridad administrativa pueda cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones previstas en tal ordenamiento legal, y simplemente delega en el Reglamento "la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento"; es decir, sí existe en la normatividad de referencia, el cómo debe instruirse ese procedimiento.
55. Con base en ello, se concluyó, la remisión al Reglamento que expida el Ejecutivo Federal para detallar cómo debe sustanciarse el referido procedimiento administrativo, de manera alguna puede considerarse contrario al principio de legalidad en su vertiente de reserva de ley, pues la referida reserva debe entenderse en el sentido de que es en la ley formal y material en donde se regulen los aspectos sustantivos que incidan en el contenido y alcance del derecho humano de la protección de datos personales; lo cual no se transgrede por la delegación al Reglamento de la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento de verificación, pues no se está abordando en el Reglamento de manera novedosa la referida materia reservada al Poder Legislativo.
56. Conforme a lo expuesto, esta Segunda Sala concluyó que el hecho de que el último párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, establezca que "el Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento (de verificación)"; no resulta contrario al principio de reserva de ley, ni constituye una indebida delegación de facultades legislativas a favor de una autoridad administrativa, pues se insiste, sólo tiene como finalidad que se materialice en la vía administrativa lo previsto por el legislador; sin que con ello se esté delegando al Ejecutivo Federal, en forma alguna, la posibilidad de dotar de contenido y alcance al derecho humano de protección de los datos personales.
57. Por ende, las facultades de comprobación, incluidas la investigación, a que se refieren los artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32072-b7b30121/instituto-nacional-de-transparencia-acceso-a-la-informacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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