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Modo: Corpus Pro

AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 676/94. · Registro digital (IUS): 3208
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HUMBERTO CHENA NAVA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, , Pág. 389.

RECURSO DE REVISION 676/94. HUMBERTO CHENA NAVA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Son ineficaces en parte y fundados pero inoperantes en otra, los agravios acabados de transcribir.

Lo aducido en el primero de ellos es de suyo inatendible, pues con independencia de si tiene razón o no el recurrente en cuanto a los temas ahí planteados, lo cierto es que en relación con el acto reclamado que se hizo consistir en la resolución recaída el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en los autos del expediente de ejecución número 76/94 del índice del juzgado responsable, mediante la cual se aprueba la planilla de liquidación de honorarios al abogado patrono, aquí tercero perjudicado, y que el quejoso atribuye tanto al juez como al secretario de dicho órgano judicial; este Tribunal de oficio advierte que son causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser de orden público en términos del artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo.

En efecto, la resolución que dentro de la sección de ejecución resuelve una planilla de liquidación de gastos y costas, o sólo de honorarios como en la especie, en un asunto de materia de naturaleza puramente civil -también como en el presente evento-, es apelable de acuerdo con el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, al así deducirse de lo estatuido en el artículo 106 de este propio código, porque éste no proscribe recurso contra la resolución de que se trata, como sí lo hace el artículo 361 del conjunto normativo en consulta, que se refiere a la liquidación de prestaciones distintas a los gastos y costas erogados en y con motivo de juicio civil y, por consiguiente, si el inconforme acudió directamente al juicio de garantías a impugnar el aludido acto, resulta inconcuso que no agotó el principio de definitividad que tiene lugar en la materia de amparo, debiendo sobreseerse en el juicio por cuanto a ello se refiere acorde con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, y 74, fracción III, ambos de la repetida Ley de Amparo. De igual manera lo ha sostenido este órgano colegiado al resolver, entre otros, los juicios de amparo en revisión números 372/94 y 578/94, en sesiones de treinta y uno de agosto y veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Además, aplicable al particular deviene, por su sentido, la Tesis Jurisprudencial número 3a./J. 20/92, consultable en la página diecisiete y siguiente de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 59, noviembre de mil novecientos noventa y dos, bajo la voz: "APELACION. PROCEDE ESE RECURSO EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS RECAIDAS A INCIDENTES DE GASTOS Y COSTAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA)".

Ahora bien, por cuanto hace a ese mismo acto que también se reclama al secretario del juzgado responsable (véase hecho diez de la demanda de amparo), cabe significar que como éste carece de facultades de decisión y ejecución cuando suscribe resoluciones judiciales, como la que resolvió la planilla de liquidación de honorarios, al constituir su función, principalmente, en dar fe de lo actuado por el juez titular del despacho, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 38 del código adjetivo de la materia y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; por ende, no puede considerársele como autoridad responsable en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo porque no dicta, ordena, ejecuta ni trata de ejecutar el acto reclamado en cita, lo que actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, de la invocada ley reglamentaria, en relación con el precitado artículo 11, a contrario sensu, que obliga asimismo a sobreseer en el juicio con base en el artículo 74, fracción III, de dicha legislación, por lo que respecta a ese acto impugnado al secretario del juzgado responsable. Criterio éste, que ha sustentado el Tribunal Colegiado de Circuito que hoy resuelve, en las ejecutorias pronunciadas en los amparos en revisión números 268/94 y 604/94, de fechas nueve de junio y veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

En otro aspecto, en el segundo y tercero de los agravios, entre otras cosas, dice el quejoso que el juez de Distrito soslayó que la autoridad responsable violó garantías individuales al despachar la ejecución de la sentencia que lo condena a pagar en términos del resolutivo segundo de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio civil del que deriva dicha sección de ejecución, relacionándola con el expediente número 1331/92, cuando el número del juicio correcto lo es el 1278/93, lo cual implicó para él indefensión al listarse los acuerdos en el juzgado con aquel número equivocado, que como de autos se observa esa irregularidad se cometió desde el primer acuerdo en la sección de ejecución y con ello que al ser ilegal la diligencia de notificación del proveído de inicio y requerimiento que se le hizo de nombrar perito de su parte para la cuantificación de honorarios a pagar (que es en sí el segundo de los tres actos impugnados), trajo como consecuencia que no pudiese ofrecer el dictamen pericial requerido, que -añade- la actuación judicial fue levantada en contravención a lo dispuesto por los artículos 76 y 77 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad y, por tanto, resulta nula de acuerdo con las tesis citadas en los agravios (que como quiera no apoyan sus asertos), en virtud de que la persona con quien aparece entendida la mencionada diligencia -Prócoro Santiago-, si se "negó a intervenir en ella, se debió proceder como se indica en los citados numerales y al no haberse hecho así, dicha diligencia es nula de pleno derecho y en consecuencia todo lo actuado a partir de la misma debe correr la misma suerte"; argumentos que constituyen reiteración, en síntesis, de lo expuesto en la demanda constitucional. Sin embargo, no es atendible lo anterior, pues tomando en cuenta que el propio recurrente narró que tuvo conocimiento de tales "irregularidades" después de dictada la resolución que aprobó la planilla de liquidación de honorarios aludida, misma que, según ya se puso de manifiesto, debió recurrirse vía la apelación, en donde el inconforme pudo y debió aducir las cuestiones arriba reseñadas, invocándolas como infracciones cometidas en la sustanciación del procedimiento de ejecución, por lo que en lugar de negar la protección de la Justicia Federal solicitada, como lo estimó el a quo, se impone sobreseer en el juicio por no resultar procedente contra el acto reclamado que aquí se refiere, o sea, la notificación y requerimiento al ejecutado para que designara perito, lo cual se proveyó en el auto de inicio de la sección de ejecución del controvertido natural, de conformidad con los ya invocados artículos 73, fracción XIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando que no se hizo uso de los medios de defensa ordinarios que prevé la legislación local aplicable, dado que, se reitera, ello pudo esgrimirlo el impetrante en concepto de agravio en la apelación que debió interponer.

En ese orden de ideas, deviene irrelevante si con las "tarjetas de asistencia" que exhibió el quejoso -que sí examinó el juez federal, mas ahora es intrascendente, por las razones anotadas, el valor convictivo que les otorgó- en el proceso de amparo demostró o no que el día en que se practicó la diligencia de que se habla, ésta no pudo entenderse con la persona con la cual ahí aparece como tal (Prócoro Santiago), es decir, para restarle verosimilitud a dicha actuación judicial, atento lo considerado en el párrafo que antecede.

Finalmente, es cierto que el juez federal agravia al inconforme al decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que respecta al acto impugnado consistente en el "embargo excesivo" de bienes para garantizar el cobro de los honorarios determinados en la planilla correspondiente aprobada, porque, consideró dicho juzgador de manera inexacta, no se formularon conceptos de violación para poner de relieve la ilegalidad de aquella diligencia, puesto que no debe soslayarse el alcance que tiene el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, descrito en la Jurisprudencia número 31, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y seis del Informe de Labores rendido por el presidente de ese máximo Tribunal al finalizar el año de 1989, que es del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO.- El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos previstos en la propia ley, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Este dispositivo no puede ser tomado literalmente pues si así se hiciera, su contenido se volvería nugatorio habida cuenta que contra los actos de autoridad arbitrarios e ilegales, el agraviado siempre podrá defenderse a través del juicio constitucional, de manera que la indefensión prevista nunca se presentaría; en cambio, una saludable interpretación del citado numeral permite sostener que la suplencia en la deficiencia de la demanda, ha lugar cuando el examen cuidadoso del problema que se plantea hace patente que la responsable infringió determinadas normas en perjuicio del quejoso, quien como consecuencia de ello, quedó colocado en una situación de seria afectación a sus derechos que de no ser corregida, equivaldría a dejarlo sin defensa", que permite definir que se cuenta con el beneficio de la suplencia de la queja deficiente como un instrumento más de análisis de los actos impugnados en el juicio constitucional, sin que el organismo judicial que hoy resuelve esté obligado a acatar el criterio jurisprudencial en que se apoya el a quo, como se infiere del artículo sexto transitorio de la reforma a la Ley de Amparo de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, pues huelga decir que es a partir de estas reformas que el mencionado principio del juicio de amparo se hizo extensivo a la materia civil, en la cual se ubican los actos aquí reclamados. Por consiguiente, en reparación de tal agravio se procede al estudio de la referida diligencia de embargo (visible a fojas ochenta y ochenta y dos del sumario federal), teniendo presente la primordial inconformidad que ha aseverado el peticionario de garantías, esto es, si es o no excesivo el secuestro de bienes ahí decretado; así, se tiene que la diligencia en cuestión se advierte ceñida a los artículos 76, 77, 379, 380, 381 y demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles veracruzano, por ser la consecuencia directa de aquella resolución que condenó a pagar cantidad líquida al ahora impetrante de garantías en concepto de honorarios al ejecutante y si bien contiene la traba de embargo sobre diversos bienes aparentemente propiedad del reo, no existen por el momento elementos fehacientes para convenir con el inconforme en el sentido de que sea "excesivo" el embargo fincado, en razón de que con independencia de que aún no se conoce su valor real o el que se debe determinar a través de los peritos técnicos auxiliares del juzgador, pierde de vista el recurrente que por lo pronto esos bienes sirven sólo como garantía, amén de que evidentemente aquél, como quiera que sea, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante la autoridad responsable.

No obsta al sentido de la presente sentencia, el que este Tribunal observe que no se llamó al juicio de garantías a la notificadora del juzgado responsable (la oficial "D" Norma Tapia Santés), que fue quien practicó tanto la notificación y requerimiento inicial de la sección de ejecución al quejoso, como la diligencia de embargo recaída en ese mismo período, ambos actos aquí impugnados, tal y como fue señalado en la demanda constitucional, aun cuando no en el capítulo ex profeso, sino además en el atinente a los antecedentes del caso y conceptos de violación, habida cuenta de que esa violación a las reglas que norman el procedimiento de amparo no trasciende al resultado del fallo, ni conlleva indefensión a alguna de las partes, tomando en consideración lo aquí establecido.

En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar el fallo recurrido y sobreseer en parte y negar en otra la Justicia Federal solicitada.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 89, 90, 91 y demás aplicables de la Ley de Amparo y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:

PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la resolución que aprueba la planilla de liquidación de honorarios y la notificación del auto inicial de la sección de ejecución del juicio civil y por las autoridades señaladas como responsables de esos actos.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Humberto Chena Nava contra la diligencia de embargo reclamada y por las autoridades responsables, puntualizadas en el resultando primero de esta ejecutoria, con la salvedad anterior.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución envíense los autos al juez de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: Hugo Arturo Baizábal Maldonado, Agustín Romero Montalvo y Héctor Soto Gallardo, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, habiendo sido ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3208-517c3a93/autoridad-responsable-en-el-pronunciamiento-de-los-acuerdos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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