HECHO NOTORIO. TIENE ESA CALIDAD LA PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE CÉDULAS PROFESIONALES EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
AMPARO DIRECTO 275/2020. 15 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO. PONENTE: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.
Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo directo 275/2020, promovido por **********, contra la sentencia definitiva de once de marzo de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en el expediente **********, acto considerado violatorio de los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Juicio oral civil.
I. Demanda. El cuatro de abril de dos mil dieciocho **********, promovió juicio oral civil en contra de ********** (en lo sucesivo **********), de quien demandó las prestaciones siguientes:
a) El cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales de diez de julio de dos mil catorce.
b) El pago de $********** (********* 99/100 M.N.), por concepto de adeudo remanente de honorarios.
c) El pago de $********** (********* 00/100 M.N.) ,por concepto de pena convencional.
d) El pago del interés legal sobre la suerte principal.
e) Las costas del juicio.
Hechos:
1. El diez de julio de dos mil catorce ********** (profesionista), celebró contrato de prestación de servicios profesionales con ********** (clienta).
2. El objeto del contrato consistió en que la actora realizaría un análisis financiero y valuación de las acciones de la demandada, así como de diversas sociedades mercantiles representadas por esta última (cláusula primera).
3. Las partes acordaron que el monto por concepto de honorarios sería de $********** (********* 00/100 M.N.), cantidad que se cubriría en pagos parciales, conforme al calendario convenido (cláusula tercera).
4. La demandada no dio cumplimiento cabal al contrato, pues los pagos parciales fueron realizados de forma extemporánea, y todavía tiene el adeudo de $********** (********* 99/100 M.N.), lo cual se hizo constar en un escrito privado, firmado por las partes, en donde se hace la relación de los pagos realizados y del saldo adeudado.
5. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones, los contratantes pactaron como pena convencional el pago de $********** (********* 00/100 M.N.) (cláusula décima tercera).
6. La enjuiciada ha incumplido con las obligaciones pactadas en el acuerdo de voluntades.
II. Turno, registro y admisión. La demanda se turnó al Juzgado Segundo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en donde se registró con el número de expediente **********.
La demanda se admitió a trámite por acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, y se ordenó emplazar a la demandada.
III. Contumacia. Mediante acuerdo de trece de enero de dos mil veinte, se tuvo por perdido el derecho para contestar la demanda a **********, pues transcurrió el plazo que tenía para hacerlo.
SEGUNDO.—Sentencia definitiva. Fue dictada el once de marzo de dos mil veinte, en la que se resolvió lo siguiente:
"Primero. Ha sido procedente la vía oral civil, en donde la parte actora ********** no acreditó su acción, en consecuencia;
"Segundo. Se absuelve a la demandada **********, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda.
"Tercero. No se hace especial condena en costas en la presente instancia.
"Cuarto. Reprodúzcase la presente sentencia y archívese en el legajo que se lleva en este juzgado.
"Quinto. Quedan notificadas las partes de esta resolución, con fundamento en el artículo 990 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México."
Ésta es la sentencia reclamada en el presente juicio de amparo.
TERCERO.—Oportunidad de la demanda de amparo. La sentencia reclamada fue notificada a la quejosa el once de marzo de dos mil veinte; la notificación surtió efectos el doce siguiente.
El plazo que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo corrió del trece de marzo al diecinueve de agosto de dos mil veinte.
La demanda de amparo se presentó el tres de agosto de dos mil veinte, esto es, dentro del plazo legal.
CUARTO.—Trámite y sustanciación del juicio de amparo directo. La autoridad responsable remitió la demanda con los autos relativos y su informe justificado a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito. Correspondió su conocimiento al que actúa, en donde se realizaron los trámites y diligencias para emplazar a la tercera interesada.
Hecho lo anterior, la demanda se admitió el catorce de agosto de dos mil veinte. El agente del Ministerio Público Federal adscrito no formuló pedimento.
El nueve de septiembre de dos mil veinte, se turnaron los autos a la Magistrada Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, con lo que el asunto se puso en estado de resolución.
El asunto se listó el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, para ser visto en sesión de veinticuatro siguiente. Al no haber sido aprobado el proyecto, el pleno del tribunal decidió returnar el asunto al Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este tribunal es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el contenido del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente desde el veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se trata de un amparo directo contra sentencia definitiva dictada en juicio oral civil, por autoridad residente en el primer circuito.
SEGUNDO.—Certeza del acto reclamado. La existencia de la sentencia reclamada se acreditó con su original, que obra en el expediente respectivo.
TERCERO.—Acto reclamado. Las consideraciones de la sentencia son las siguientes:
"III. La vía oral civil elegida por la parte actora resulta procedente, toda vez que conforme al artículo 969 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se tramitarán en este juicio todas las contiendas sobre la propiedad o demás derechos reales, cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el artículo 691 establece para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, así como las contiendas sobre derechos personales cuya suerte principal sea inferior a dicha cantidad.
"IV. En tanto que la acción que se encuentra prevista en el artículo 2606 del Código Civil, misma que resulta improcedente, por los motivos que más adelante se mencionan.
"En primer término resulta necesario señalar, que en todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada que, en esencia, está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.
"Lo anterior de acuerdo con el principio de congruencia, que estriba en que la sentencia debe dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formulada por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y, el segundo, la interna.
"La litis se fija con los escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de ésta, puesto que en ellas las partes plantean los hechos en que fundan su petición, los fundamentos de derecho, la clase de acción que intentan (en lo que hace a la parte actora) y las excepciones que se hagan valer (en lo que toca a la parte demandada).
"De tal suerte que en tales escritos quedará establecida la materia sobre la que versará el juicio y respecto de la cual habrá de pronunciarse el órgano jurisdiccional.
"Al respecto, es aplicable el siguiente criterio:
"‘DEMANDA CIVIL. LA OMISIÓN DE NARRAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE CIERTOS HECHOS, NO ES FACTIBLE SUBSANARLA NI DE ACREDITAR ÉSTAS POSTERIORMENTE CON LAS PRUEBAS APORTADAS. Corresponde al enjuiciante la obligación procesal de narrar en su demanda los hechos en que sustente la acción; de ahí que no basta señalar hechos genéricos y apreciaciones personales, sino que tal carga consiste en relatar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron todos y cada uno de los hechos en que apoye su demanda, a fin de que su contraparte tenga la oportunidad de preparar su defensa y no quede inaudita, para establecer claramente la litis. Consecuentemente, de no cumplirse con ello, es obvio que las pruebas del demandante no son el medio idóneo para subsanar las omisiones de los hechos de la demanda en los que quiso fundar su petición, pues éstos deberán ser relacionados con precisión, claridad y objetividad, en orden con tales circunstancias de modo, lugar y tiempo.’(1)
"En mérito de lo anterior, se puede decir que por litis se entiende el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso, para su resolución; empero, se estima necesario apuntar que es con la contestación a la demanda cuando la litis o relación jurídico-procesal se integra, produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del Juez.
"De lo anterior se desprende que, la litis en el juicio oral civil queda establecida con los hechos en que la actora funda su acción que expresó en su demanda inicial, y aquellos en que la demandada funda sus excepciones y que opuso en el escrito de contestación a la demanda y desahogo de vista de ésta.
"Por ello, si la actora en el presente asunto manifestó como causa de pedir que es ‘profesionista’ y que la demandada **********, representada por la ingeniera **********, en su carácter de presidente del Consejo de Administración, celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales el diez de julio de dos mil catorce.
"‘Que el objeto del contrato consistió en realizar, por parte de la actora, un análisis financiero y de valuación de las acciones de **********, así como para diversas empresas representadas por la misma.’
"‘Que los honorarios de la actora estarían establecidos en la cláusula tercera del contrato, por la cantidad de $********** (********* pesos 00/100 M.N.), que serían pagados en parcialidades, establecidos en el calendario de pagos a que se refiere dicha cláusula.’
"‘Que la demandada no cumplió cabalmente con los pagos establecidos en el calendario, adeudando la cantidad de $********** (********* 99/100 M.N.), para acreditar tal incumplimiento se exhibe una hoja tamaño carta con firmas autógrafas y fecha en la parte final de la misma, en la cual se establece la relación de pagos realizados mediante depósitos SPEI a favor de la actora, a cuenta de los honorarios pactados, apareciendo el saldo adeudado a la fecha, y es precisamente la cantidad reclamada en este juicio.’
"‘Que la actora demanda el pago de la pena convencional que está establecida en la cláusula décima tercera del contrato, al haber incumplido.’
"La acción intentada por la actora **********, consistente en la prestación de servicios profesionales, se encuentra prevista en el artículo 2606 del Código Civil, que establece:
"‘Artículo 2606. El que presta y el que recibe los servicios profesionales, pueden fijar, de común acuerdo, retribución debida por ellos.
"‘Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo.’
"Asimismo, lo dispuesto en el artículo 2608 del mismo ordenamiento legal, que prevé:
"‘Artículo 2608. Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado.’
"De los artículos antes citados se desprende que, para que proceda la acción de pago de honorarios derivada del contrato de prestación de servicios profesionales, resulta necesario demostrar la existencia del contrato y la prestación efectiva de los servicios.
"Lo primero, porque sin acuerdo de voluntades no puede prosperar una acción que se base en su cumplimiento; lo segundo, ya que es la satisfacción de la obligación principal a cargo del profesional la que hace surgir, para su contraparte, el correlativo deber de pago; y un tercer elemento, que dicho prestador cuente con la cédula profesional.
"Por tanto, quien ejerce la acción de cumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales, debe demostrar los siguientes elementos:
"1. La existencia de un acuerdo de voluntades.
"2. La prestación del servicio profesional.
"3. Que el prestador del servicio cuente con cédula profesional para el desempeño del mismo.
"Ahora bien, es preciso señalar que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, le corresponde a la parte actora demostrar los elementos constitutivos de su acción, sin que sea necesario que el acuerdo de voluntades conste de manera escrita.
"Sirve de apoyo la siguiente tesis aislada:
"‘PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SU EXISTENCIA PUEDE ACREDITARSE POR MEDIO DE PRUEBAS DISTINTAS A LA FORMA ESCRITA. Para que proceda la acción de pago de honorarios derivada del contrato de prestación de servicios profesionales resulta necesario demostrar la existencia del contrato y la prestación efectiva de los servicios. Lo primero, porque sin acuerdo de voluntades no puede prosperar una acción que se base en su cumplimiento; lo segundo, ya que es la satisfacción de la obligación principal a cargo del profesional la que hace surgir para su contraparte el correlativo deber de pago. La prueba que se rinda está en función de la manera en que se hayan celebrado el contrato y prestado los servicios. En cuanto a la celebración, el contrato no requiere formalidad alguna, por lo que existe la posibilidad de la aceptación tácita del profesionista, como se desprende de los artículos 1832 y 2547 del Código Civil para el Distrito Federal. Esa regla de aceptación tácita está en armonía con el artículo 1803 del mismo ordenamiento, conforme al cual el consentimiento tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, y que es aplicable para el cliente en el contrato de prestación de servicios profesionales, de suerte que si la ejecución de esos servicios es denotativa de la voluntad del profesionista también evidenciará la del cliente que permite, ante su falta de oposición, que aquél obre, o que participe en actos que posibilitan ese obrar. Sucede esto último, verbigracia, en el caso de la elaboración de escritos relacionados con un proceso jurisdiccional, por parte del profesionista del derecho, que requieren la firma del cliente para ser presentados ante la autoridad judicial, ya que la suscripción es un acto volitivo, que autoriza a presumir el consentimiento tácito de la prestación de servicios profesionales, máxime si en el escrito aparece el nombre del profesionista, a guisa de ejemplo, de autorizado con facultades más o menos amplias. La formación del consentimiento tácito que puede operar de la manera descrita será suficiente para evidenciar que el contrato ha sido perfeccionado, en términos del artículo 1796 del Código Civil, ordenamiento éste que carece de previsión especial en cuanto a la forma del contrato de que se trata, según se advierte de sus artículos 2606 a 2615. Tampoco exige forma alguna para el contrato celebrado por profesionistas que requieren título para ejercer como tales, la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, cuyos artículos 31 y 32 prevén la celebración del contrato en caso de trabajos no comprendidos en los aranceles, y la remisión a la ley aplicable al caso ante la falta de acuerdo de voluntades y la generación de un conflicto para el pago de honorarios. Esa ley aplicable es el citado Código Civil para el Distrito Federal, específicamente en sus artículos 2606 y 2607. La interpretación gramatical y sistemática, incluyendo el argumento interpretativo a rúbrica, de los artículos invocados, lleva a colegir que el contrato de prestación de servicios profesionales debe sujetarse a la regla general de informalidad, máxime que ante la ausencia de convenio expreso está prevista la manera de proceder para suplir la voluntad de las partes respecto de los honorarios que deben cubrirse por los servicios prestados, es decir, quedan normadas las obligaciones principales y características del contrato (prestación de servicios y pago de honorarios). Por ende, es factible que el contrato sea celebrado por escrito o verbalmente, lo que determina que pueda acreditarse su existencia por medio de pruebas distintas al contrato escrito, amplitud probatoria igualmente aplicable a la prestación de los servicios, sólo acotada por la naturaleza de éstos que determinará la idoneidad de las probanzas rendidas.’(2)
"El primer elemento de la acción, que es la existencia de un acuerdo de voluntades, quedó debidamente acreditado con las siguientes probanzas.
"La documental privada consistente en el contrato de prestación de servicios profesionales, de diez de julio de dos mil catorce; probanza que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en virtud de no haber sido objetado por la demandada, toda vez que no contestó la demanda.
"Además, con la prueba de reconocimiento de contenido y firma a cargo de la actora, desahogada en audiencia de juicio, de once de marzo del año en curso, demostrándose con ello la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre **********, en su carácter de profesionista, y por la otra **********, en su calidad de cliente.
"Que en su cláusula primera se estableció que el profesionista se obligaba a llevar un análisis financiero y valuación de las acciones de la demandada **********.
"Que en la cláusula tercera se pactó que el cliente se obligaba a pagar los honorarios a la profesionista, hoy actora, por llevar el patrocinio, la suma de $********** (********* 00/100 M.N.) los cuales serían pagados en parcialidades de conformidad con el calendario de pagos.
"De lo anterior se demuestra la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales.
"La documental privada, consistente en una hoja tamaño carta que contiene diversas firmas autógrafas y fecha en la parte final de la misma, que contiene la siguiente leyenda: ‘**********’, que contiene una relación con rubros que señala como: ‘fechas, concepto de depósitos SPEI, importe, CLABE. Valor contrato **********. Pagos realizados inge (sic) **********. Resta de pagar **********.’
"Con la prueba de reconocimiento de contenido y firma, con plena eficacia probatoria en términos del artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles, con la que se demuestra la relación contractual entre las partes.
"Ahora bien, respecto al segundo elemento de la acción, que es la prestación del servicio profesional, el mismo no fue demostrado con las pruebas rendidas y valoradas con anterioridad, en razón de que no quedaron acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo los servicios profesionales, habida cuenta que no rindió prueba alguna que acredite cuándo y de qué forma se prestaron los servicios profesionales; en qué consistieron dichos servicios; y el nombre de la persona de la demandada que recibió los mismos. "Que si bien es cierto rindió la confesional a cargo de la demandada, la cual se desahogó en la audiencia de juicio y que al no haber comparecido se le tuvieron por ciertas las afirmaciones de la oferente, también es cierto que dicha prueba no es la idónea para acreditar de forma contundente la prestación de los servicios, además de que se deberá estar a los términos de su ofrecimiento, siendo que la actora no la ofreció para acreditar que la demandada recibió los servicios o que la actora prestó los mismos, por lo cual dicha prueba es insuficiente para acreditar tal elemento de la acción.
"Ello es así, dado que la misma la ofreció para demostrar la relación contractual, la cual se demostró con la documental consistente en el contrato base de la acción, a la cual se le otorgó pleno valor probatorio y demostró la relación jurídica existente, al igual que los términos y condiciones, pero de ningún modo que haya prestado los servicios proporcionados.
"En relación con el tercer elemento de la acción, que es que el prestador del servicio cuente con cédula profesional para el desempeño del mismo, de conformidad con las disposiciones legales transcritas, el que presta servicios profesionales tiene derecho a su retribución; sin embargo, si la ley exige título para tener derecho a cobrar la retribución respectiva, deberá acreditarse fehacientemente que cuenta con el título correspondiente.
"En mérito de lo anterior, si en el presente caso se reclama el pago por los servicios prestados por quien se ostenta ser licenciado en finanzas y que, para su ejercicio, según la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, establece que para el ejercicio de una o varias especialidades se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente:
"1. Haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de esta ley; y
"2. Comprobar, en forma idónea, haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico, en la ciencia o rama de la ciencia de que se trate.
"En tal sentido, la actora debe justificar como requisito sine qua non, que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en finanzas, mediante la exhibición de la cédula profesional o títulos correspondientes.
"Ello con sustento en lo que establecen las siguientes tesis aisladas, de rubros y contenido:
"‘HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE EJERZAN LA ACCIÓN DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE ESA NATURALEZA, AMPARADA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN ACREDITAR QUE QUIEN LOS EJECUTÓ SE ENCUENTRA FACULTADO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN RESPECTIVA. La Primera Sala del Máximo Tribunal del País estimó que debido a la naturaleza de la acción de pago derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, constituye un requisito sine qua non que se exhiba la cédula profesional o copia certificada de ésta por ser la prueba idónea y directa de que la persona puede ejercer la profesión respectiva, lo que deriva de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 16/2005, de rubro: «HONORARIOS. LA ACCIÓN DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REQUIERE PARA SU PROCEDENCIA QUE EL ACTOR EXHIBA LA CÉDULA PROFESIONAL QUE ACREDITE SU CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO.». Ahora bien, aun cuando la jurisprudencia de mérito se refiere exclusivamente a la licenciatura en derecho, por identidad jurídica debe considerarse que el requisito enunciado es extensivo a cualquier profesión amparada en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las personas físicas o morales que ejerzan la acción descrita, deben acreditar que quien materialmente ejecutó los servicios cuya retribución reclama, se encuentra facultada para ejercer la profesión respectiva, aun cuando se trate de persona moral, pues es evidente que no puede prestar esos servicios per se, sino que lo realiza por medio de personas físicas.’(3)
"‘HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. EL ARTÍCULO 2608 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL ES APLICABLE A LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE FUNGEN COMO PROFESIONISTA EN UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. De acuerdo con el precepto mencionado, no tienen derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales prestados quienes carezcan de título en la profesión para cuyo ejercicio la ley exija título. Y si bien es cierto que sólo las personas físicas son susceptibles de obtener un título profesional, se entiende que cuando el contrato de prestación de servicios profesionales es celebrado por una persona jurídica como profesor o profesionista, la prestación del servicio se ejecuta materialmente a través de personas físicas, sean los socios o sujetos empleados por la sociedad para cumplir su objeto, o ambos, quienes deben contar con el título correspondiente a la profesión para la cual se exige ese documento. Por tanto, también las personas morales deben demostrar, al promover la acción de pago de honorarios o contraprestación a los servicios profesionales, no solamente la existencia del contrato y la prestación de los servicios, sino también que los sujetos o personas físicas a través de las cuales se prestaron los servicios sí cuentan con el título correspondiente exigido por ley. Carga que no es difícil o imposible de cumplir, ya que supone una selección o comprobación previa por la sociedad, de que los sujetos contratados cumplen los requisitos correspondientes, además de que las personas físicas a través de las cuales actúa la persona jurídica se encuentran ligadas a ésta y deben coadyuvar en el cumplimiento de las cargas que le corresponden; en todo caso, la persona jurídica está en posibilidad de acudir a los instrumentos probatorios previstos en las leyes procesales para lograr la exhibición de los títulos profesionales correspondientes, como los medios preparatorios a juicio, o el ofrecimiento de documentos en poder de otras personas.’(4)
"Una vez apuntado lo anterior, se desprende que en el presente asunto la actora se abstuvo de acreditar ser licenciada en finanzas, o alguna otra profesión equiparable que la faculte para prestar el servicio contratado, al no haber exhibido con la demanda su cédula profesional o copia certificada, como documento fundatorio de su acción, siendo insuficiente para acreditar tal supuesto el contenido de la declaración I, inciso a), del básico, toda vez que en la misma se estableció que se adjuntaba tal cédula al contrato, como anexo I, sin que la actora hubiera exhibido los anexos a los mismos.
"Sirve de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia:
"‘HONORARIOS. LA CÉDULA PROFESIONAL CONSTITUYE UN DOCUMENTO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN DE PAGO, DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR LO QUE DEBE ADJUNTARSE INDEFECTIBLEMENTE AL ESCRITO DE DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO ANTERIOR AL DECRETO DE REFORMAS 24842/LX/14, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE ABRIL DE 2014). De acuerdo con los artículos 1o. y 90, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los documentos que deben exhibirse con la demanda son aquellos en los que se funde la acción, o sea, de donde derive el derecho violado. Ahora, la facultad para reclamar el pago de los honorarios nace del hecho de estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, vinculado con el incumplimiento del contrato de prestación de servicios; por ende, al constituir la cédula profesional un documento fundatorio de la acción, debe adjuntarse indefectiblemente al escrito de demanda, sin que pueda presentarse con posterioridad, salvo que se encuentre en alguna de las excepciones a que alude el artículo 93 del referido código; de lo contrario, dicha cédula no podrá exhibirse en la fase probatoria.’(5)
"Con la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, pruebas todas ellas valoradas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, se llega a la conclusión de que la parte actora no acreditó su acción, en consecuencia.
"Se deberá absolver a la demandada **********, de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas en el escrito inicial de demanda.
"V. Por no actualizarse ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se debe hacer especial condena en costas en esta instancia, a alguna de las partes contendientes en el presente juicio."
CUARTO.—Conceptos de violación.
"Primero. En todo juicio donde existe controversia se hacen valer, por un lado, las acciones intentadas por la parte actora y, por el otro, las excepciones y defensas oponibles por la parte demandada, fijándose así los puntos controvertidos, mejor llamados litis; pero en el juicio que nos atañe no hubo tal controversia porque sencillamente la demandada, hoy tercera interesada **********, no opuso excepciones y defensas, al no comparecer a juicio en la etapa de contestación a la demanda, presumiéndose, por ende, confesados los hechos de la misma, al dejarla de contestar. Así las cosas, se constituye como fuente de los conceptos de violación las infracciones del procedimiento por lo expuesto por la autoridad responsable, al señalar en su considerando cuarto (IV), que la acción intentada por la quejosa, prescrita en el artículo 2606 del Código Civil aplicable, resulta improcedente, por las consideraciones vertidas en la sentencia que ahora se combate; sin embargo, los argumentos de defensa expuestos en la resolución debieron oponerse por la parte dema
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32099-9bffd1bb/hecho-notorio-tiene-esa-calidad-la-publicacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SOBRE EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA NO VINCULA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO A ADMITIRLA. (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE EJERZAN LA ACCIÓN DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE ESA NATURALEZA, AMPARADA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CO (AMPARO DIRECTO)
- PRÉSTAMOS PERSONALES OTORGADOS POR LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL A SUS ELEMENTOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE PAGARÉS. SU PAGO DEBE DEMANDARSE EN (AMPARO DIRECTO)
- HONORARIOS. LA CÉDULA PROFESIONAL CONSTITUYE UN DOCUMENTO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN DE PAGO, DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR LO QUE DEBE ADJUNTA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CUANDO EL JUICIO ENCOMENDADO NO CULMINA CON EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL MONTO DE LOS HONORARIOS DEBE CALCULARSE CO (I.8o.C.18 C (10a.))
- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CUANDO EL JUICIO ENCOMENDADO NO CULMINA CON EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL MONTO DE LOS HONORARIOS DEBE CALCULARSE CO (I.8o.C.18 C (10a.))
- ACCIÓN DE PAGO DE HONORARIOS. EL ELEMENTO CONSISTENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS, PUEDE ACREDITARLO EL PROFESIONISTA EN DERECHO DURANTE EL TÉRMINO (IX.2o.C.A.6 C (11a.))
- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONVENIOS SOBRE HONORARIOS TRATANDOSE DE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis