AMPARO DIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS CIVILES QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DAN POR CONCLUIDO. AUNQUE EN ELLAS SE DEJEN A SALVO DERECHOS DEL ACTOR PARA EJERCITARLOS.
CONTRADICCION DE TESIS 21/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Por razón de método debe dilucidarse en primer término si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Con ese propósito, debe decirse que de la transcripción de las tesis que anteceden, así como del análisis de las ejecutorias en que se sustentan, se hace patente la contradicción de tesis denunciada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que se produce porque mientras el Primer Tribunal Colegiado sostiene que el juicio de amparo directo procede en contra de resoluciones que declaran la improcedencia de la vía y dejan a salvo los derechos del actor para que los ejercite en la forma que legalmente corresponda, ya que se trata de un fallo definitivo contra el que no procede recurso alguno, y aunque no decide el juicio en lo principal lo da por concluido y pone fin a la instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo; el Segundo Tribunal Colegiado considera que no pueden ser objeto de reclamación en amparo directo las sentencias que dejan a salvo los derechos del actor para que los ejercite en la vía y forma correspondiente, sino que de ellas debe conocer un Juez de Distrito, por ser de su exclusiva competencia, en atención a que no resuelven el fondo del negocio, ni lo dan por concluido.
En tales condiciones, cabe concluirse que sí existe contradicción entre la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Primer Circuito, residentes en el estado de Michoacán; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A, en relación con el diverso precepto 192, ambos de la Ley de Amparo, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe determinar cuál de ellas debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
Esta Tercera Sala estima que debe prevalecer la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 202/92, promovido por Enrique Rojas Peña, por conducto de su endosatario en procuración, por las razones que en seguida se expresan:
En efecto, la resolución mediante la cual se confirma la sentencia dictada por el Juez de primera instancia, en la que se declara improcedente la vía ejercitada y se dejan a salvo los derechos del actor para que los ejercite en la forma que corresponda conforme a la ley, es de aquellas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo; esto es, de las resoluciones que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo, y por este motivo su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 158 de la ley citada. Tomando en cuenta además, que cualquier determinación que se produzca después de iniciado el juicio hasta el pronunciamiento de la sentencia, quedará comprendida dentro del juicio y desde luego habrá algunas, que como en el caso, ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal.
Ciertamente, el vigente artículo 107 fracción V, de la Constitución Federal establece:
"ARTICULO 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: a). En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicio del orden común. En los civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d). En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos directos que por sus características especiales así lo ameriten."
A su vez, en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se establece:
"Artículo 44.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley."
"Artículo 46.- Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas."
"Artículo 158.- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."
De la interpretación de los textos transcritos se puede concluir que la intención del legislador fue la de resolver con mayor celeridad los juicio del orden común concluidos en cualquier forma, es decir, en los que agotada la instancia a través de las distintas resoluciones, que sin constituir propiamente una sentencia definitiva se le equiparan para ese fin, y sin ulterior recurso para las partes, dejándoles a éstas la alternativa de acudir al juicio de amparo en única instancia, para resolver su conflicto con la mayor premura. Dado pues la naturaleza de ese tipo de resoluciones, que por sí solas ponen fin a la controversia, no hay necesidad de acudir al amparo indirecto, como se exigía con anterioridad a las reformas de los numerales transcritos, ya que en éste se requiere de nuevos y mayores procedimientos de instrucción que en el amparo directo, que en muchos de los casos retardan su resolución, pues lo que se pretendió, se insiste, con las citadas reformas fue simplificar el trámite y decisión de los juicios del orden común, tomando en consideración que ya han sido aportadas en el procedimiento las pruebas suficientes para el fin perseguido. Así en la iniciativa de reformas y adiciones formulada para el período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión del mes de abril de mil novecientos ochenta y siete, se lee la siguiente exposición de motivos del texto que ocupa la atención de este asunto:
"Se propone la reforma del inciso a) de la fracción III del artículo 107 para que el amparo proceda contra sentencias definitivas o laudos, como se encuentra en el precepto vigente, pero además respecto de resoluciones que pongan fin a los juicios que se ventilen ante tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, pues la experiencia forense ha demostrado que existen resoluciones que ponen fin al juicio sin que constituyan sentencias definitivas o laudos; resulta contrario a la economía procesal que si la resolución pone fin al juicio, se deba recurrir a un amparo indirecto, cuando para efectos del amparo dichas resoluciones tienen la misma entidad que las sentencias definitivas o laudos". Por su parte, las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores señalan en su dictamen: "1o. Se reforma el inciso a) de la fracción III y la fracción V en su primer párrafo y en su inciso b), para hacer procedente el amparo contra cualquier resolución que ponga fin al juicio, sea o no una sentencia definitiva o laudo. Esta modificación aparece como correcta, dado que existen resoluciones jurisdiccionales que sin tener el carácter de sentencias, o laudos, resuelven en definitiva la controversia y ponen fin al proceso. La manera de combatir estas resoluciones ha sido la de acudir al amparo indirecto, la iniciativa señala que en atención a la economía procesal y dado que las mencionadas resoluciones tiene efectos equivalentes a las sentencias definitivas, o a los laudos, debe proceder contra ellas el amparo directo, lo cual parece pertinente a estas comisiones". De un tenor similar es el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en la parte del documento en seguida transcrita: "Y por último, por lo que respecta a la reforma al artículo 107 en la fracción III y la fracción V, se adiciona el término 'resoluciones que pongan fin al juicio', con esta reforma se introduce un nuevo caso de procedencia del juicio de amparo directo, ya que hasta la fecha éste sólo procedía contra sentencias definitivas o laudos definitivos, pero no contra resoluciones definitivas por lo que actualmente para hablar de amparo directo es necesario que previamente haya una sentencia o laudo definitivos, sin embargo, en muchas ocasiones en los juicios que se siguen ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se dictan resoluciones que tienen el mismo efecto de una sentencia definitiva, es decir, resuelvan el juicio sin probabilidad posterior de remedio alguno. Con la reforma se quiere que resoluciones de una misma naturaleza cuenten con el mismo procedimiento de defensa y con eso hacer menos técnico el juicio de amparo, en beneficio de quienes acuden a interponer sus demandas de amparo ante los tribunales de la Federación.". En el mismo orden de ideas se desarrolla el proceso legislativo en torno a las reformas a la Ley de Amparo, según puede advertirse de las ideas expuestas en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial y en los dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia y Segunda Sección de la de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, y de la de Justicia de la Cámara de Diputados; del primer documento interesa reproducir lo siguiente: "En el primer apartado, se incluyen las reformas de los artículos 22, fracción III, primer párrafo, 44, la adición de un tercer párrafo al artículo 46, y la reforma de los artículos 158, 161 primer párrafo, 163, 166 fracciones IV y V, 173 y 174 primer párrafo, a efecto de incluir a las resoluciones que ponen fin al juicio, como aquellas resoluciones que junto a las sentencias definitivas y laudos, pueden ser materia de amparo directo, en los términos que lo ordena la reforma de la fracción V, del artículo 107 constitucional. Por economía procesal y mejor técnica judicial, la fracción V, del artículo 107 constitucional asimila las resoluciones que ponen fin al juicio a las sentencias definitivas o laudos, puesto que todas ellas participan de la naturaleza procesal de concluir con el juicio, aunque con diversos efectos y consecuencias jurídicas; resultaba conveniente, como lo aprobó el Constituyente Permanente al reformar esta fracción constitucional, que el amparo directo fuese también procedente en contra de las resoluciones que ponen fin al juicio, además de las sentencias y laudos, sin dejar que las primeras fuesen atacables por medio del amparo indirecto. Dentro de este apartado, destaca la adición del tercer párrafo al artículo 46, a efecto de definir lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, y esta iniciativa propone que se consideren como tales aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.".
En efecto, la necesidad urgente y siempre creciente de crear mecanismos que agilicen los procesos y simplifiquen los fenómenos de impartición de justicia, gracias a los cuales los gobernados puedan tener a su alcance los instrumentos legales dispuestos normalmente con tal propósito, ha impelido a los órganos encargados de elaborar la normatividad de la materia transformar continuamente los sistemas de impugnación, defensa y organización del aparato a quien se ha encomendado la alta misión de garantizar la efectiva y real observancia de la garantía individual consagrada en el artículo 17 de la Constitución. Precisamente como producto de estos esfuerzos por expeditar la administración de justicia debe recibirse la reforma al artículo 107 de la Ley Suprema y de los artículos secundarios que la reglamentan en esta cuestión, pues en ella se manifiesta la voluntad del Constituyente Permanente de liberar a los quejosos de la tramitación de un procedimiento como el del amparo biinstancial, cuando no está justificada la apertura de un período de instrucción y pruebas como el que lo tipifica, en aquellos casos en los cuales la cuestión a debate puede resolverse por el Juez de amparo en una única instancia exactamente como acontece en el amparo directo.
En este sentido, en el renglón de resoluciones que ponen fin al procedimiento deben quedar comprendidas indudablemente todas aquellas cuyo enjuiciamiento por parte del órgano de amparo no exija la rendición de pruebas distintas de las recibidas por la autoridad responsable; así sucede tratándose de las resoluciones como la reclamada por virtud de la cual se confirma la sentencia que declaró improcedente la vía ejercitada y se dejan a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente, pues las probanzas necesarias para examinar su legalidad debieron ser acompañadas con los respectivos informes justificados, y sin requerir de mayores requisitos proceder a su resolución.
Es entonces por motivo de economía procesal, que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera indispensable aplicar el régimen de las resoluciones que ponen fin al juicio a casos como el ahora ventilado, porque únicamente en estos términos será posible que la reforma constitucional alcance los fines que en nuestro sistema está destinada a cumplir.
De otra manera, la interpretación rigorista de la letra de la ley en supuesta defensa de una interpretación quizá nunca querida por el autor de la reforma, aunada al desapego de la tradición jurisprudencial en esta materia, impediría que la reforma constitucional y legal surtiera sus afectos renovadores y benéficos sobre el sistema de impartición de justicia, lo cual desde luego no corresponde al Juez de amparo, quien como intérprete final de la Ley Suprema, está obligado a transformar su expresión fría en derecho vivo, en un derecho que al actuar sobre la realidad adapte las instituciones jurídicas a las circunstancias sociales imperantes en la época, logrando que la idea de justicia se encarne en su más concreta aplicación.
En la especie, como ya se dijo con anterioridad, la resolución de segunda instancia reclamada en la vía de amparo directo que confirma la sentencia de primer grado, en la cual se declara improcedente la vía ejercitada por el actor, dejándole a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía idónea que corresponda, se sujeta a la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, porque sin decidir el juicio en lo principal, es decir, sin decidir el fondo de la controversia planteada en la demanda, da por concluido el juicio; mejor dicho, finaliza la instancia en ese procedimiento para reclamar las prestaciones demandadas, y al no existir ulterior recurso o medio de defensa ordinarios en favor del actor, el amparo directo es la vía idónea a la que puede acudirse por ser éste el medio eficaz en el que se podrá resolver en definitiva sobre la constitucionalidad de la resolución impugnada, resultando en consecuencia irrelevante la circunstancia de que no se haya resuelto el fondo de la cuestión principal planteada en el juicio natural, porque precisamente ésta será uno de los puntos a resolver por el Tribunal Colegiado, en cuyo caso, de estimar fundado el concepto de violación que sobre el particular haga valer la parte afectada, podrá dejar insubsistente la resolución impugnada y ordenar la emisión de otra en la que se haga el estudio del fondo de la controversia planteada, de resultar procedente la vía ejercitada, con lo que concluiría en definitiva el juicio, abreviando de esa manera el procedimiento establecido en el juicio de amparo indirecto, en pro de la impartición de justicia en forma pronta y expedita, finalidad perseguida por el legislador al reformar los invocados artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, en cuanto a la procedencia de la vía de amparo directo competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.
En las condiciones apuntadas a juicio de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia obligatoria en los términos precisados en el último párrafo del artículo 92 de la Ley de Amparo, la tesis que a continuación se precisa, debiendo ordenarse su publicación, así como la parte considerativa de este fallo, en el Semanario Judicial de la Federación, para los efectos del artículo 195 de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La tesis indicada es la siguiente:
"AMPARO DIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS CIVILES QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DAN POR CONCLUIDO. AUNQUE EN ELLAS SE DEJEN A SALVO DERECHOS DEL ACTOR PARA EJERCITARLOS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, procede el amparo directo en contra de las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De lo anterior se sigue que la sentencia definitiva de segunda instancia en la que se confirma la de primer grado que declara improcedente la vía ejercitada, dejando a salvo los derechos del actor en el juicio natural, para que los haga valer en la vía que legalmente corresponda, goza de tal naturaleza y por lo mismo es a través del amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en que puede reclamarse, pues aun cuando no resuelvan el fondo de la cuestión principal ejercitada en el juicio, la sola circunstancia de que den por concluido o pongan fin al juicio, es suficiente para que proceda el amparo directo, de acuerdo con la interpretación de las reformas realizadas a los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigentes el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho."
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Sí existe contradicción entre la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 202/92, promovido por Enrique Rojas Peña con la sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito.
SEGUNDO.- Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta resolución.
TERCERO.- Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial y la parte considerativa que la sustentan en la presente resolución, al Semanario Judicial de la Federación y a la Gaceta del mismo para su publicación, así como al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo.
Notifíquese; con testimonio, de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad archívese el expediente.
Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez e Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Fue ponente el tercero de los señores Ministros antes mencionados. Ausente el señor Ministro Miguel Montes García, por la razón que consta en el acta del día.
Firman el presidente de la Sala y Ministro ponente con el secretario de acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/321-c276cbcb/amparo-directo-procede-en-contra-de-sentencias-civiles · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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