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Modo: Corpus Pro

RESOLUCION DE LA TERCERA SALA EN QUE SE ESTABLECE QUE NO EXISTE CONTRADICCION DE TESIS (19/92).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/92. · Registro digital (IUS): 6130
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Mayo de 1994, , Pág. 171.

CONTRADICCION DE TESIS 19/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-La jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la que se contiene el criterio que motivó esta denuncia de contradicción de tesis, se sustenta en las siguientes ejecutorias:

a) Amparo directo número D-139/989, promovido por AURORA GALICIA DELGADO, fallado el catorce de junio de mil novecientos ochenta y nueve, cuya resolución en lo que interesa, a continuación se transcribe:

"QUINTO.-Los conceptos de violación hechos valer son inatendibles e insuficientes.

"En efecto, la quejosa aduce que el actor pretende acreditar la propiedad de la cosa reclamada en el juicio reivindicatoria, con una escritura de compraventa de fecha siete de junio de mil novecientos cincuenta, elaborada ante el Juez local en funciones de notario público del Municipio de Nativitas, Tlaxcala, y si bien es cierto que tiene valor probatorio en términos de los artículos 319 y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, sin embargo de oficio debió analizarse si dicho título es suficiente para transmitir la propiedad, y por ende, para ejercitar la acción reivindicatoria, pues de ese documento se observa, que Luis Pérez, quien aparece como vendedor, no demostró la propiedad que dijo tener sobre el inmueble, además confundió el derecho de propiedad con el hecho de la posesión, que si bien por ésta puede intentar un derecho cuando se ejerce en las condiciones y por el tiempo que la ley establece, para convertirse en un medio de adquirir la propiedad, es necesaria una declaración judicial, por lo que no pudo transmitir un derecho de propiedad del que carecía."

"La quejosa, al hacer valer el recurso de apelación contra la sentencia pronunciada en primera instancia, expresó como agravios esencialmente lo siguiente: ... "

"Como se advierte de lo anterior, ante el tribunal responsable no se expresó como agravio que el Juez de primera instancia de oficio debió analizar si el título fundatorio de la acción reconvencional es suficiente para transmitir la propiedad, ni que de ese documento se advierte que Luis Pérez quien aparece como vendedor del inmueble en conflicto, no acreditó la propiedad del mismo, y que además confundió la propiedad con el hecho de la posesión, porque si bien por esta figura puede intentarse un derecho cuando se ejerce con las condiciones y por el tiempo que la ley establece para convertirse en un medio de propiedad, es necesario una declaración judicial, la cual al no existir, el vendedor no pudo transmitir un derecho de propiedad del que carecía. Por tanto, si tales argumentos no fueron propuestos como agravios en apelación es claro que el tribunal responsable no tuvo oportunidad de resolver sobre los mismos, y por ello este Primer Tribunal Colegiado no puede avocarse a su estudio, pues dada la técnica del juicio de amparo, sería antijurídico declarar inconstitucional una sentencia por alegaciones que no fueron sometidas a la consideración de la responsable. Este criterio ha quedado establecido por este tribunal en la tesis de jurisprudencia consultable en la página 735 de la Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su presidente, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y ocho, que es del tenor literal siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES EN EL AMPARO CIVIL, POR CONTENER ARGUMENTOS NO EXPRESADOS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-Cuando los argumentos hechos valer en los conceptos de violación no fueron propuestos ante la potestad común, deben declararse inatendibles pues si ésta no tuvo oportunidad de resolver sobre tales cuestiones, menos puede hacerlo el Tribunal de Amparo, ya que sería incorrecto declarar inconstitucional una sentencia como resultado de planteamientos que no fueron sometidos a la consideración de la autoridad responsable."

"A mayor abundamiento, debe señalarse que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el Juez de los autos de oficio debe analizar la procedencia de la acción, sin embargo también ha considerado que en caso de que el Juez de primera instancia sea omiso en ese examen, el tribunal de apelación no puede avocarse a su estudio si tal omisión no es expuesta como agravio. Por tanto, si en el caso la quejosa no expuso como agravio que el Juez del conocimiento omitió analizar de oficio si en el documento base de la acción el vendedor acreditó la propiedad legal del bien en conflicto, la responsable ningún agravio causó en su perjuicio al no ocuparse de ese aspecto. Es de citarse al efecto la tesis número 187, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Informe de Labores de mil novecientos ochenta y siete, que dice:

"ACCION. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACION SOLO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.-Si bien esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida ha reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio la improcedencia de la acción, cabe aclarar que el tribunal de apelación sólo puede emprender ese examen, siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse, o sea, que, en la segunda instancia, sólo pueden examinarse los elementos de la acción y los hechos constitutivos de la misma, a la luz de los agravios respectivos ..."

b) De igual forma, el precitado tribunal, en el amparo directo 255/89, seguido por MARIA DEL SOCORRO GOMEZ JARAMILLO y resuelto el nueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, sostiene lo siguiente:

"QUINTO.-Los conceptos de violación hechos valer son inatendibles en parte e infundados por lo demás... "

"... Por otra parte, la quejosa argumenta que conforme al artículo 454 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, la Sala responsable de oficio debió haber estudiado la improcedencia de la acción reivindicatoria, porque su posesión es anterior a la fecha de los títulos exhibidos por la actora."

"No asiste razón a la quejosa; en efecto, el artículo 454 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, establece: 'La sentencia tratará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas'. El diverso 478 de dicho cuerpo de leyes señala: 'El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revoque o modifique la sentencia'. El artículo 508 del referido ordenamiento legal dispone: 'La sentencia de segunda instancia sólo tomará en consideración los agravios expresados, sin que pueda fundarse en teorías o en doctrinas, que no hayan sido propuestos en los agravios ni en su contestación ni citadas en la sentencia recurrida'. Y, finalmente la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 3, consultable en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación con rubro: 'ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA', ha sustentado el siguiente criterio: 'La improcedencia de la acción, por falta de uno de los requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, también de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción.'"

"De esto pueden desprenderse las siguientes conclusiones: 1. Que la sentencia de primera instancia debe referirse a las acciones deducidas y a las excepciones opuestas, por lo que únicamente el Juez tiene facultades para examinar de oficio en esa instancia la improcedencia de la acción; y, 2. Que la sentencia de segunda instancia no abarca todas las cuestiones planteadas en la demanda y en la contestación, sino que únicamente se contrae a los agravios expresados por el apelante."

"En este orden de ideas, si la apelante, a pesar de haber alegado la improcedencia de la acción ejercitada al contestar la demanda, al apelar no expresa agravio alguno en ese sentido, proporcionando las bases suficientes para establecer su operancia, es claro que el tribunal de alzada no puede estudiar de oficio, en su fallo, esa cuestión y las pruebas que haya aportado para acreditarlos, por no haber sido materia de la apelación, en términos del artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla."

"Por tanto para que el tribunal de alzada en su fallo pueda emprender el examen de la improcedencia de la acción ejercitada, es indispensable no sólo que se haya apelado la sentencia de primera instancia, sino que en los agravios sometidos a su consideración, se exprese la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para establecer su operancia. Es de citarse en apoyo a esta consideración la tesis sustentada por este tribunal al resolver el catorce de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el amparo directo número 139/989, promovido por Aurora Galicia Delgado, que a la letra dice:

"ACCION. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACION SOLO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.-Si bien, en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Tercera Sala ha reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio la improcedencia de la acción, cabe aclarar que el tribunal de apelación sólo puede emprender ese examen, siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse, o sea, que en la segunda instancia, sólo pueden examinarse los elementos de la acción y los hechos constitutivos de la misma, a la luz de los agravios respectivos, como lo dispone el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla."

"Siendo así, no basta que la ahora quejosa al contestar la demanda, hubiera alegado la improcedencia de la acción reivindicatoria por la razón que aduce, sino que debió haberla hecho valer como agravio en la apelación; de manera que, al no haber procedido en esta forma, el tribunal responsable, en la sentencia reclamada no tenía por qué analizarla de oficio y las pruebas que aportó para acreditarla, por no haber sido materia de la apelación."

"A mayor abundamiento, debe señalarse que si la cuestión a que alude la quejosa, no fue propuesta como agravio en la apelación, es indudable que la Sala responsable no tuvo oportunidad de resolver sobre la misma, y por ello este tribunal no puede avocarse a su estudio, pues dada la técnica del juicio amparo, sería antijurídico declarar inconstitucional una sentencia por alegaciones que no fueron sometidas a la consideración de la responsable. Este criterio ha quedado establecido por este tribunal en la tesis de jurisprudencia consultable en la página 735, de la Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su presidente, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y ocho, que es del tenor siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES EN EL AMPARO CIVIL, POR CONTENER ARGUMENTOS NO EXPRESADOS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-(Se transcribe)."

c) Por otra parte, para resolver el juicio de amparo directo civil 215/89, promovido por ERNESTO GOMEZ GARCIA, el mencionado Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el día seis de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, sostuvo:

"QUINTO.-Los conceptos de violación son en parte fundados, pero insuficientes para conceder el amparo solicitado, y por otra inatendibles."

"El quejoso aduce, que en la sentencia que combate existe una marcada contradicción, pues no obstante que la responsable determina que la acción de usucapión es improcedente, confirma la sentencia de primera instancia, cuando que debió declarar la improcedencia. Asimismo, oficiosamente analiza la improcedencia de la acción, atendiendo a que el artículo 1411 del Código Civil para el Estado de Puebla, determina que la usucapión no puede comenzar a correr entre ascendientes y descendientes, con lo que dejan de observar los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 'ACCION. ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACION. PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ESTABLECER CUALES REQUISITOS DE LA ACCION DEJARON DE CUMPLIRSE.'; y 'ACCION ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.'. Pues de la lectura de ellos se llega al conocimiento de que la procedencia de la acción sólo puede estudiarse de oficio por el juzgador, mas no por los tribunales de apelación, ya que en esa instancia sólo podrá hacerse si en los agravios las partes proporcionan elementos suficientes para determinar cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse.

"En principio debe señalarse, que efectivamente la sentencia que constituye el acto reclamado fue dictada con poca técnica, ya que existe contradicción en los razonamientos vertidos por la Sala responsable para confirmar la sentencia de primer grado, pues inicialmente sostuvo que el juicio de usucapión es improcedente, y después analizando pruebas que se relacionan con el fondo del asunto, confirma la sentencia de primer grado, cuando que de operar la improcedencia, ello debió impedírsele entrar al estudio de aspectos que corresponden al fondo del asunto."

"También asiste razón al quejoso al sostener que la propia responsable en forma indebida analiza oficiosamente la improcedencia de la acción. En efecto, de la sentencia de primer grado, se advierte que para determinar que el actor no probó su acción, el Juez básicamente se apoyó en que no quedó acreditada la posesión del inmueble que pretende usucapir, con los requisitos necesarios para ello."

"Tal sentencia en su parte relativa, dice: (Se transcribe)."

"Al apelar dicha sentencia, el actor esencialmente argumentó en sus agravios que en los autos del juicio de origen quedaron acreditados los elementos de la acción; que el Juez de lo civil de Huauchinango, Puebla, no hizo una correcta valoración de las pruebas que aportó, pues con ellas acreditó la posesión del inmueble en conflicto, y que indebidamente tuvo por justificada la excepción del demandado, en el sentido de que él es quien tiene la posesión, pues con las pruebas que aportó no acreditó tal circunstancia; e invocó varias tesis al efecto y ofreció una serie de documentales, sosteniendo que son supervenientes (fojas 2 a 12 del toca de apelación). Debe precisarse que tales pruebas no fueron admitidas, sin que conste que ese acuerdo haya sido recurrido."

"Es pertinente señalar, que el demandado Severo Canales Islas promovió apelación adhesiva, sin embargo el Juez de primera instancia desechó tal recurso, en virtud de que no acompañó las copias para el traslado a las demás partes (foja 84 del toca de apelación). Sin que aparezca que ese acuerdo fuera recurrido."

"Sentado lo anterior, queda de manifiesto que sin ser materia de la sentencia de primera instancia, ni de los agravios que hizo valer el actor al apelar dicha resolución, la Sala responsable oficiosamente se ocupó de la improcedencia de la acción, basada en que el artículo 1411 del Código Civil para el Estado de Puebla, determina que la usucapión no puede comenzar ni correr entre ascendientes y descendientes, y atendiendo a ello, indica que la acción intentada por el actor, aquí quejoso, resultaba improcedente. Proceder, que es contrario a derecho, pues si el Juez de primera instancia fue omiso en ese examen, el tribunal de apelación no debió avocarse a su estudio, por no existir agravios al respecto, en donde se expresara la correspondiente inconformidad y se proporcionaran las bases suficientes para su análisis. Sentido en el que se ha pronunciado este tribunal al resolver el juicio de amparo 139/89, cuya tesis fue aprobada en sesión plenaria de veintiuno de junio del año en curso, que dice:

"ACCION. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACION SOLO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.-(Se transcribe)."

d) Al resolver el juicio de amparo 421/90, instaurado por MANUEL ALARCON PEÑA, LUZ MARIA GARCIA CASTILLO Y ROMAN MENDEZ DOMINGUEZ y fallado el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, el mismo órgano federal sostuvo:

"QUINTO.-Este tribunal considera procedente desestimar el primer concepto de violación, cuenta habida que se plantean cuestiones que no se pusieron a la consideración de la autoridad responsable."

"En efecto, el contexto integral del argumento, que se relaciona estrechamente con lo señalado en el capítulo de antecedentes revela que se pretende poner de manifiesto la improcedencia de la acción a través de aducir que el antes actor no es titular de ella en tanto no es propietario del inmueble arrendado."

"Ahora bien, cierto es que de conformidad con la jurisprudencia que citan los quejosos, los problemas de improcedencia deben estudiarse aun de oficio; sin embargo, esto debe entenderse referido al Juez de primer grado toda vez que para que se lleve a cabo el examen relativo en segunda instancia, es menester que se plantee agravio sobre el particular en términos de la tesis de este tribunal, que dice:

"ACCION. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACION SOLO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.-(Se transcribe)."

"Es el caso que, al expresar agravios ni al contestar la demanda, dicho sea de paso, se aludió a la falta de personalidad del hoy tercero perjudicado, mediante la cual los quejosos pretenden la improcedencia de la acción; por tanto sin prejuzgar si tal situación acarrea la consecuencia que se aduce ha lugar la aplicación de la jurisprudencia de este cuerpo colegiado publicada en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente al terminar el año de mil novecientos ochenta y ocho, Tercera Parte, Volumen II, página 735, que es del tenor siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES EN EL AMPARO CIVIL, POR CONTENER ARGUMENTOS NO EXPRESADOS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-(Se transcribe)."

e) Finalmente, con fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa, el propio tribunal resolvió el juicio de amparo en revisión número 201/90, seguido por THALIA ROSALES GARCIA, en los términos siguientes:

"QUINTO.-En virtud de que en el capítulo de conceptos de violación se formulan diversos planteamientos, para una mayor claridad y por cuestión de método se estima procedente abordarlos separadamente comenzando con el relativo a que la autoridad responsable pasó por alto presupuestos procesales de orden público y de oficioso estudio, todo lo cual debe declararse infundado."

"Para respaldar esta postura ante todo es menester anotar que el Juez natural consideró improcedente la prórroga solicitada porque la arrendataria no se encontró al corriente en el pago de las rentas; pronunciamiento éste que fue controvertido en vía de agravios dando pauta a la Sala responsable para revocar el fallo recurrido."

"Ahora bien, a propósito de la alegación en estudio, es pertinente distinguir dos puntos: la improcedencia de la acción y la prueba de los elementos que la constituyen, pues bien puede suceder que estando reunidos los requisitos de procedibilidad señalados por la ley, el demandante no demuestre los extremos hechos valer o que aun pudiendo considerarse que lo hizo, la acción resulte improcedente por cualquier motivo."

"En la especie lo que se aduce es que debió tenerse en cuenta la falta de prueba sobre todos y cada uno de los requisitos establecidos por el artículo 2321 del Código Civil del Estado de Puebla; sin embargo tal circunstancia incide en la segunda de las hipótesis planteadas con antelación, esto es, no es procedencia sino prueba y por tanto la autoridad no tenía por qué hacerse cargo de tales cuestiones en tanto ningún agravio se enderezó al respecto, debiendo señalarse que en caso de estimarse que la sentencia de primer grado fue omisa o sus razonamientos insuficientes, la hoy quejosa debió haberse adherido a la apelación expresando los planteamientos que ahora aduce ante la potestad federal, de todo lo cual se sigue que si la Sala hubiera abordado cuestiones que expresamente no le fueron propuestas, su conducta se traduciría en violación al artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles que le impone precisamente la obligación de sujetarse a las argumentaciones de las partes."

"En diverso aspecto y con fines puramente ilustrativos es pertinente señalar que aun en la hipótesis de que lo tratado se reflejara directamente en un problema de procedencia, dada la falta de agravios sobre el particular, la sentenciadora no estuvo en posibilidad de efectuar el pronunciamiento relativo de acuerdo con la tesis sustentada por este tribunal al resolver los juicios de amparo directo 139/89, 255/89 y 215/89, el catorce de junio, nueve de agosto y seis de septiembre, de mil novecientos ochenta y nueve, respectivamente, a cuyos razonamientos se hace remisión expresa para evitar repeticiones que conducirían a la misma conclusión."

"ACCION. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACION SOLO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.-(Se transcribe)."

TERCERO.-Por su parte, al resolver el juicio de amparo directo número 76/89, promovido por ROBERTO ACUÑA DE AVILA, VIRGINIA MURILLO DE ACUÑA, JAVIER Y GUSTAVO ACUÑA MURILLO, el veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, estableció:

"III. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es preciso referirse a los antecedentes del caso a debate, que son los siguientes: ..."

"Seguido el juicio por sus trámites legales, el Juez natural dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: 'PRIMERO.-Que este juzgado es el legalmente competente para conocer y resolver en definitiva sobre el presente juicio. SEGUNDO.-Igualmente la vía ordinaria intentada por la promovente es la legalmente procedente; y en ella la actora señora Barbarita Acuña de Avila quien promueve en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de su extinto progenitor JUAN ACUÑA BAÑUELOS, no colmó los extremos legales sine qua non para la legal procedencia de su acción que ejercitara en contra de los CC. Manuel y Roberto Acuña de Avila. Virginia Murillo de Acuña, Javier y Gustavo Acuña Murillo, Rosalío Loera García, a quien se les absuelve de todas y cada una de las prestaciones que les reclamara la actora en su demanda de 19 de mayo de 1981 ..., en consecuencia: TERCERO.-Y en virtud de los razonamientos expresados en el considerando cuarto de esta resolución es de declararse como se declara para todos los efectos legales que en derecho correspondan la inoperancia de la acción ejercitada por la C. Barbarita Acuña de Avila en su calidad que se ha mencionado ... en contra de los antes mencionados demandados ..."

"Inconforme la parte actora con dicho fallo, interpuso recurso de apelación ante el tribunal de alzada, quien al resolver, se basó en las consideraciones siguientes:

"SEGUNDO.-Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la apelante señora Barbarita Acuña de Avila, en contra de la sentencia de fecha once de julio de mil novecientos ochenta y ocho, dictada por la C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, dentro del expediente marcado con el número 323/987, relativo al juicio civil ordinario promovido por la ahora recurrente en contra de Manuel y Roberto Acuña de Avila, Virginia Murillo de Acuña, Javier Acuña Murillo, Gustavo Acuña Murillo, Rosalío Loera García, Francisco Palma Reyes, Everardo Palma Reyes y Luis Guerrero. Son infundados e inoperantes los agravios, porque es inexacto que la inferior en su sentencia dejara de aplicar lo establecido en los artículos 337 y 338 del Código de Procedimientos Civiles en vigor; toda vez que precisamente porque hizo un cuidadoso análisis de la demanda y de las contestaciones que formularon Roberto Acuña de Avila, dice ... Virginia Murillo de Avila, Javier, y Gustavo Acuña Murillo y Rosalío Loera García, que declaró procedentes las excepciones opuestas por los expresados demandados; éstos, aunque denominaron inapropiadamente una de las excepciones que opusieron, designándola 'obscuridad' y defecto legal en la forma de 'plantear la demanda', precisaron perfectamente los hechos en que hacían consistir su defensa y de acuerdo con el artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 'la excepción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad y precisión el hecho en que se hace consistir la defensa. Ciertamente la demanda que presentó Barbarita Acuña de Avila el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y uno (sic) ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de la capital se encuentra extremadamente mal planteada, empezando porque no se señala con precisión qué bienes se reclaman de cada uno de los demandados por virtud de la acción reivindicatoria que se ejercita culminando con que se demanda la nulidad de una escritura que data del diecinueve, se dice diecisiete de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, en la que intervinieron personas distintas de los demandados. Véase, se demanda la nulidad de escrituras (¿cuántas?), al parecer otorgadas por Juan Acuña Bañuelos a favor de María Luisa de Avila, pero tal demanda se plantea en contra de Manuel y Roberto Acuña de Avila, Virginia Murillo de Acuña, Javier y Gustavo Acuña Murillo, Rosalío Loera García, Francisco y Everardo Palma Reyes y Luis Guerrero, todos ellos ajenos al acto jurídico que se halla consignado en las escrituras de referencia y por ello no pueden ser demandados por la nulidad de unas escrituras en las que no tuvieron ninguna intervención. Bajo estas condiciones el a quo estuvo en lo correcto al desestimar la acción de nulidad que como principal se ejercitó porque no era posible que declara acreditada dicha acción cuando la misma se dedujo en contra de quienes ninguna intervención tuvieron en el acto primordial, que pretendió anularse. Realmente como demandada principal debió señalarse en el escrito inicial a María Luisa de Avila viuda de Acuña que fue la que supuestamente simuló las compraventas que se mencionan en la demanda, porque ese fue el acto en el que tuvieron su origen las posteriores compra ventas. Sin embargo, la actora se concretó a detallar en la demanda, una serie de escrituras cuya relación con la de mil novecientos cuarenta y seis, no se establece claramente; de manera que los demandados estaban legitimados para hacer valer en vía de defensa los defectos de la demanda, defectos que lógicamente repercutieron en la decisión del negocio y para llegar a la conclusión que emitió la inferior en su sentencia, no era necesario que examinara y valorizara las pruebas aportadas por las partes, ni tampoco que entrara al estudio de la acción reivindicatoria ejercitada, porque la improcedencia de la acción de nulidad hecha valer como principal, deriva de los defectos de la demanda que son palpables a la simple lectura y ante tal evidencia era innecesario el examen y valorización de las pruebas rendidas por las partes así como el estudio de la acción reivindicatoria ejercitada, respecto de la cual el actor en la demanda no manifestó siquiera qué bienes de los que pertenecen a la sucesión de Juan Acuña Bañuelos se encuentran en posesión de cada uno de los demandados. Por otra parte es cierto, como expresaron en su contestación Roberto Acuña de Avila, Virginia Murillo de Acuña, Javier y Gustavo Acuña Murillo y Rosalío Loera García, que la actora, Barbarita Acuña de Avila, hoy apelante, omitió desde la presentación de la demanda cumplir el requisito establecido en la fracción II del artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, toda vez que no acompañó a su demanda los documentos fundatorios del derecho ejercitado, es decir las escrituras del veintisiete de mayo de mil novecientos cuarenta y seis que como primordiales pretendió anular; se concretó a exhibir en fotostática simple los siguientes documentos: ... Sin embargo no se adjuntaron a la demanda las escrituras de fechas diecisiete de mayo de mil novecientos cuarenta y seis cuya nulidad se reclamó en primer término, ni tampoco se señaló que estuvieran en poder de los demandados, menos aún se indicó el lugar en que se encuentran ni se solicitaron las medidas tendientes a su incorporación; de manera que al dictarse la sentencia hoy recurrida, no se tenía ningún elemento para establecer que dichas escrituras existen y lógicamente nada pudo resolverse respecto de la nulidad de ellas que se demandó; por tanto al no proceder la acción de nulidad era innecesario el estudio de la acción reivindicatoria, la que al ejercitarse no se indicó cuáles bienes se reclamaban de cada uno de los demandados porque en lo que se refiere a Virginia Murillo de Acuña, Javier y Gustavo Acuña Murillo, se desconoce por qué se les demandó, quién y cuándo se les escrituraron bienes pertenecientes a la sucesión, qué bienes adquirieron y qué bienes están poseyendo que ameriten ser reclamados mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria y en idénticas condiciones se encuentra Rosalío Loera García, respecto de quien no se justificó que se le hubieran otorgado escrituras derivadas de las de fecha diecisiete de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, sobre qué bienes, quién se las expidió y cuándo se la otorgaron. Todo ello implica la serie de defectos contenidos en la demanda que constituyeron un impedimento inso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6130-4fa6adab/resolucion-de-la-tercera-sala-en-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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