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Modo: Corpus Pro

DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD PERPETUAM. LA POSIBLE AFECTACIÓN ALEGADA POR LA PERSONA TERCERA EXTRAÑA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EXCEDE EL TEMA DEL INTERÉS JURÍDICO, PUES EN TODO CASO ES UN TEMA DEL FONDO DEL ASUNTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 76/2023. · Registro digital (IUS): 32123
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-02-02
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo III, Pág.2627.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 76/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. PONENTE: MAGISTRADO CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. SECRETARIO: LUIS FERNANDO CASTILLO PORTILLO.

RESUMEN DEL CASO

El punto de derecho a dilucidar en la presente contradicción de criterios está vinculado con el proceso de interpretación realizado por dos tribunales de diferentes circuitos al resolver sendos recursos de revisión. Ambos tribunales se plantearon si el tercero extraño a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de llamarlo a ese procedimiento.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito consideró que no tiene interés jurídico el tercero extraño a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam para acudir al juicio de amparo indirecto, porque la resolución emitida en ese procedimiento no tiene ejecutividad con respecto al título que presentan los peticionarios, dado que en ningún momento se menciona que haya sido declarado nulo o que exista un mandamiento de ejecución dirigido a desocupar el predio que defienden.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito estimó que, basta que el inmueble objeto de las diligencias de jurisdicción voluntaria, corresponda a aquel que adquirieron los padres del autor de la sucesión quejosa, para establecer que tiene acreditado su interés jurídico, a fin de acudir al juicio de amparo, en protección al derecho de propiedad.

Agregó que el hecho de que el procedimiento de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam no genere la nulidad del título que acompañó la solicitante de la protección federal a su libelo constitucional, no lleva a establecer la improcedencia del juicio de amparo, sino que, en todo caso, habría que examinarse el alcance de esa afectación con el objeto de determinar si procede o no la concesión del amparo solicitado a fin de que se respete el derecho de audiencia, pues ello atañe al planteamiento de fondo.

Posturas que son incompatibles entre sí, puesto que un tribunal indica que dicha parte no tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, mientras que el diverso tribunal sostiene lo contrario.

Ante lo cual, se plantea la pregunta detonante en los términos siguientes:

¿Tiene interés jurídico el tercero extraño para promover el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declaró procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam?

Este Pleno Regional considera que, una vez demostrado que la parte quejosa, en su carácter de tercera extraña, es titular de un derecho de propiedad sobre el inmueble materia de las diligencias de jurisdicción voluntaria ad perpetuam, en las que se declaró propietario al promovente, se debe tener por acreditado su interés jurídico sólo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, sin perjuicio del análisis de fondo.

Guadalajara, Jalisco. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, en la sesión correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 76/2023, que se suscita entre los criterios sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el amparo en revisión 371/2022, y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, al resolver el amparo en revisión civil 265/2021.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de contradicción. La Magistrada y los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción entre los criterios referidos.

2. La Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el Máximo Tribunal del país carecía de competencia legal para conocer de la contradicción de criterios suscitada entre aquellos Tribunales Colegiados de Circuitos, pertenecientes a la misma Región, por lo que ordenó remitirla a este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, por ser quien es competente por región y materia para conocer del presente asunto.

3. Avocamiento. La presidencia de este Pleno Regional radicó el presente asunto; ordenó hacerlo del conocimiento de los órganos contendientes, así como de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelantó que, en su momento, el asunto sería turnado al Magistrado Cuauhtémoc Cuéllar De Luna, para la formulación del proyecto de resolución, una vez integrado el expediente. Posteriormente, se recabaron las ejecutorias y la confirmación de vigencia del criterio denunciado.

4. El encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que no se advirtió algún asunto que guardara relación con la temática del presente caso.

5. Turno. Mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés se confirmó el turno del asunto en comento, por lo que se remitieron los autos a la ponencia del Magistrado en cita.

6. La presente contradicción de criterios fue listada para verse en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual fue retirado.

II. COMPETENCIA

7. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, en atención a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del siete de junio de dos mil veintiuno y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Todos, en relación con los artículos 2 del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, en adición con el 14 del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(1) Ello, por involucrar Tribunales Colegiados especializados en la materia de este Pleno (civil), pertenecientes al tercer y al séptimo circuito, los cuales forman parte de la región centro-sur.(2)

III. LEGITIMACIÓN.

8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y el numeral 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse formulado por la Magistrada y los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.

IV. EXISTENCIA

9. El presente asunto cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010(3) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la configuración de la contradicción de criterios, consistentes en:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior, puede dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de abordar la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial:

10. Este requisito se cumple, pues los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de criterio, tal como se verá a continuación.

Primera postura

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL

DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 265/2021

ANTECEDENTES

Un poblado, por conducto de su Comisario Ejidal promovió juicio de amparo indirecto contra todo lo actuado en un expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Tuxpan, Veracruz, en cuya resolución, sin perjuicio de tercero y para todos los efectos legales correspondientes, se declaró que la promovente era posesionaria y tenía el dominio del predio urbano respectivo.

El Juez Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan conoció de la demanda, quien concedió el amparo solicitado.

El Juez de Distrito estableció que las pruebas allegadas al juicio constitucional eran aptas y suficientes para acreditar por parte de los impetrantes, su interés jurídico para intervenir en el expediente de origen, toda vez que demostraron el derecho que tienen sobre el inmueble controvertido, que fue objeto de las diligencias de jurisdicción voluntaria, pues fueron afectados al no haber sido oídos y vencidos previamente en el procedimiento donde emanan los actos reclamados.

La tercera interesada interpuso recurso de revisión contra dicha sentencia.

EJECUTORIA

El Tribunal Colegiado, por mayoría de votos, consideró que debía de sobreseerse en el juicio de amparo en relación con el acto tildado de inconstitucional, consistente en todo lo actuado en el expediente y particularmente la resolución que culminó con la diligencia de jurisdicción voluntaria de información testimonial ad perpetuam, promovido por la tercera interesada, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es decir, porque el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de los quejosos.

Expuso que las resoluciones recaídas a las diligencias de jurisdicción voluntaria constituyen sentencias declarativas. En éstas no existe un proceso como tal, sino que sólo participa la promovente.

En la información ad perpetuam, la intervención del órgano jurisdiccional se reduce a dar fe de la declaración de los testigos y, en caso de que esas informaciones hayan convertido al poseedor en propietario, se hace la declaración correspondiente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho de audiencia previa sólo es exigible cuando el auto de autoridad causa perjuicio al justiciable, es de privación de los bienes jurídicos consistentes en la vida, la libertad, la propiedad, posesiones o derechos; de tal manera que, si no se trata de un acto de esa naturaleza, dicho derecho puede concederse con posterioridad a su emisión.

En el caso de la información ad perpetuam, es necesario que se dé la presunción legal de que, respecto al bien inmueble objeto de tales medios jurídicos, no existe una persona con mejor derecho a quien le pueda causar perjuicio una declaración judicial de tal índole, porque la resolución que se dicte en tal procedimiento no es un acto privativo y definitivo en perjuicio del quejoso.

Conforme a los artículos 724, 725, 726, 727 y 728 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el procedimiento de información ad perpetuam, debe seguirse en jurisdicción voluntaria y la resolución puede alterarse y modificarse cuando cambian las circunstancias.

Dada la naturaleza de estos medios jurídicos no tienen el carácter de sentencia, pues carece de la firmeza de la cosa juzgada al poder ser refutada cuando aparezca algún interesado que se ostente con un derecho superior al obtenido, a través de los juicios contenciosos respectivos, como pueden ser la acción reivindicatoria, la nulidad de tales diligencias, entre otras.

Así, concluyó que no se afectó el interés jurídico de los quejosos, porque la resolución emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria ad perpetuam, no tienen esa ejecutividad con respecto al título que presentan los peticionarios, dado que en ningún momento se menciona que haya sido declarado nulo o que exista un mandamiento de ejecución dirigido a desocupar el predio que defienden.

De esa ejecutoria derivó la tesis de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTE EL TERCERO EXTRAÑO QUE LO PROMUEVE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ PROCEDENTES LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN TESTIMONIAL AD PERPETUAM, PORQUE NO CONTIENE MANDATO DE EJECUCIÓN SOBRE SUS BIENES NI DECLARA LA NULIDAD DEL TÍTULO CON QUE SE OSTENTA CON DICHA CALIDAD."(4)

Segunda postura

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL

DEL TERCER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 371/2022

ANTECEDENTES

La albacea definitiva de una sucesión a bienes promovió juicio de amparo indirecto contra todo lo actuado en un expediente radicado en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil en Arandas, Jalisco, relativo a la tramitación de las diligencias de información ad perpetuam en la vía de jurisdicción voluntaria, promovidas por parte de una persona física (hermana del autor de la sucesión) y que culminaron con una resolución, donde se determinó que era procedente la información de dominio, en los términos del artículo 960 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, esto es, sin perjuicio de derechos de terceros; en consecuencia, se declaró que la actora, de poseedora se convirtió en propietaria del inmueble materia de dichas diligencias. Lo cual reclamó, porque se omitió ordenar emplazar o llamar a la sucesión que representa a ese procedimiento.

En la demanda de amparo narró que dos personas vendieron dicho predio a los padres del autor de la sucesión. Se estableció que el dominio del inmueble era en favor de este último y el usufructo vitalicio para aquéllos.

Precisó que la escritura de la compraventa se incorporó en la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro; asimismo, que ésta se encontraba pendiente de inscribir en la Oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

De la demanda de amparo correspondió conocer al Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.

El secretario encargado del despacho del Jugado de Distrito sobreseyó en el juicio, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6o., aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.

Lo anterior, por considerar que de lo dispuesto en el artículo 960 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se desprende que el Juez puede variar o modificar las providencias que dicte en las jurisdicciones voluntarias, es decir, en el caso, aun cuando se haya declarado a la promovente de esas diligencias como propietaria, la resolución se dictó sin perjuicio de que pudiera existir un tercero que demuestre un mejor derecho respecto del inmueble, por tanto, ésta puede modificarse de cambiar las circunstancias existentes al momento en que se emitió. En tal sentido, ese medio jurídico carece de la firmeza de la cosa juzgada, pues puede ser refutada cuando aparezca algún interesado que se ostente con un derecho superior al obtenido.

Así, resultaba improcedente el juicio de amparo promovido por la parte quejosa en calidad de tercera extraña a las diligencias referidas, en virtud de que no le perjudican los actos reclamados.

Apoyó lo anterior, en la tesis citada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTE EL TERCERO EXTRAÑO QUE LO PROMUEVE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ PROCEDENTES LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN TESTIMONIAL AD PERPETUAM, PORQUE NO CONTIENE MANDATO DE EJECUCIÓN SOBRE SUS BIENES NI DECLARA LA NULIDAD DEL TÍTULO CON QUE SE OSTENTA CON DICHA CALIDAD."

La gestora de amparo interpuso recurso de revisión contra esa resolución.

EJECUTORIA

El Tribunal Colegiado consideró que era fundado el agravio.

Estableció que basta que la parte quejosa demuestre que adquirió como propietaria el inmueble objeto de las diligencias de jurisdicción voluntaria, para establecer que tiene acreditado su interés jurídico, a fin de acudir al juicio de amparo, en protección al derecho de propiedad.

Agregó que en el procedimiento citado se declaró a la tercera interesada como posesionaria con dominio pleno del predio de que se trata, se expidió la escritura pública respectiva, misma que quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, la cual sirvió de base para efectuar enajenaciones posteriores de fracciones del terreno.

El hecho de que dicho procedimiento no genere la nulidad del título que acompañó la solicitante de la protección federal a su libelo constitucional, no lleva a establecer la improcedencia del juicio de amparo en los términos en que se hizo en la sentencia recurrida, sino que, en todo caso, habría que examinarse el alcance de esa afectación con el objeto de determinar si procede o no la concesión del amparo solicitado a fin de que se respete el derecho de audiencia, lo que atañe al planteamiento de fondo.

Así, debido a que no es dable que el Juez tome como principio de demostración la conclusión que se pretende probar o alguna proposición que de ella emane, pues ello constituye una petición de principio, resulta incorrecto sostener la improcedencia del juicio de amparo con base en argumentos de fondo, esto es, aquellos que servirían de fundamento para la negativa del amparo como se hizo en la sentencia recurrida.

Apoyó lo anterior, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(5)

Luego, estableció que no compartía el criterio citado en la sentencia impugnada, sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTE EL TERCERO EXTRAÑO QUE LO PROMUEVE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ PROCEDENTES LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN TESTIMONIAL AD PERPETUAM, PORQUE NO CONTIENE MANDATO DE EJECUCIÓN SOBRE SUS BIENES NI DECLARA LA NULIDAD DEL TÍTULO CON QUE SE OSTENTA CON DICHA CALIDAD."

Por otra parte, el Tribunal Colegiado, al resolver el fondo del asunto, señaló que contrario a lo que sostenía la quejosa, en el caso de las diligencias de jurisdicción voluntaria y concretamente las informaciones ad perpetuam no procede otorgar el derecho de previa audiencia, en virtud de que no derivan en actos privativos de derechos.

Indicó que el artículo 1052 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, consigna el mecanismo legal a través del cual el poseedor de un bien inmueble, a título de dueño, puede obtener el reconocimiento judicial de haber adquirido la propiedad por el paso del tiempo; pero este procedimiento parte de un presupuesto esencial, que consiste en que el inmueble no esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad en favor de persona alguna. Por tanto, para estar en el supuesto de la información ad perpetuam, es necesario que pueda establecerse la presunción legal de que no existe una persona con mejor derecho a quien le pueda causar perjuicio una diversa declaratoria judicial de prescripción adquisitiva.

Así, consideró que como se parte del supuesto de que no existe un propietario en relación con el bien objeto de las diligencias o, por lo menos no se le conoce por no existir inscripción alguna en el Registro Público de la Propiedad, lógicamente, el legislador no contempló el derecho de previa audiencia a quien se considere dueño del inmueble relativo.

Si se toma en cuenta que dicha prerrogativa se encuentra prevista para los actos privativos o definitivos que causen perjuicio al justiciable, ésta no se vulnera si se estima que las resoluciones que se emitan son susceptibles de alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la solicitud, por lo que no constituyen cosa juzgada. Lo que dijo se desprende de lo dispuesto en los artículos 954 y 960 del Código de Procedimientos Civiles del Estrado de Jalisco.

En consecuencia, si una condición sine qua non del procedimiento de información ad perpetuam consiste en que no se conoce a persona alguna con mejor derecho para adquirir el inmueble, entonces es lógico concluir que, si varía dicha condición, es posible alterar o modificar la declaratoria de propiedad por prescripción, mediante el ejercicio de las acciones judiciales a que haya lugar.

Con base en lo anterior, concluyó que no puede considerarse que el acto reclamado vulnera los derechos de audiencia y defensa de la quejosa, pues el resultado de esas diligencias no afecta de manera definitiva o permanente el derecho de propiedad que deriva del contrato de compraventa que acompañó a la demanda de amparo y, por ende, no procede conceder la protección federal en los términos solicitados por la peticionaria, esto es, a efecto de que se deje insubsistente lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se llame a la sucesión quejosa a dicho procedimiento.

11. Conforme a lo expuesto, se advierte que se encuentra acreditado el primer requisito, relativo a que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.

12. Exigencia que también se cumple, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes existe un punto de disenso respecto a la misma cuestión jurídica analizada.

13. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito consideró que no tiene interés jurídico el tercero extraño a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, para acudir al juicio de amparo indirecto, porque la resolución emitida en ese procedimiento no tiene ejecutividad con respecto al título que presentan los peticionarios, dado que en ningún momento se menciona que haya sido declarado nulo o que exista un mandamiento de ejecución dirigido a desocupar el predio que defienden.

14. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito estimó que, basta que el inmueble objeto de las diligencias de jurisdicción voluntaria, corresponda a aquel que adquirieron los padres del autor de la sucesión quejosa, para establecer que tiene acreditado su interés jurídico, a fin de acudir al juicio de amparo, en protección al derecho de propiedad.

15. Agregó que el hecho de que el procedimiento de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam no genere la nulidad del título que acompañó la solicitante de la protección federal a su libelo constitucional, no lleva a establecer la improcedencia del juicio de amparo, sino que, en todo caso, habría que examinarse el alcance de esa afectación con el objeto de determinar si procede o no, la concesión del amparo solicitado a fin de que se respete el derecho de audiencia, pues ello atañe al planteamiento de fondo.

16. Posturas que son incompatibles entre sí, puesto que un tribunal indica que dicha parte no tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, mientras que el diverso tribunal sostiene lo contrario.

Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver.

17. Igualmente se colma este elemento, pues una vez advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, se plantea la pregunta detonante en los términos siguientes:

18. ¿Tiene interés jurídico el tercero extraño para promover el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declaró procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam?

V. ESTUDIO DE FONDO

19. Este Pleno Regional considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los razonamientos siguientes.

20. Para explicar la decisión que aquí se adopta, se empleará la metodología siguiente: a) Hacer referencia al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. b) Definir la naturaleza jurídica de las jurisdicciones voluntarias de información ad perpetuam. c) Desarrollar el marco normativo del interés jurídico. d) Conclusión.

Derecho de audiencia

21. La Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 85/2005, ha sustentado que sólo es exigible el derecho de audiencia previa cuando el acto de autoridad que causa perjuicio al justiciable es de privación de los bienes jurídicos consistentes en la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos; de tal manera que, si no se trata de un acto privativo, entonces el derecho de audiencia bien puede concederse con posterioridad a su emisión.

22. El criterio anterior se encuentra además reflejado en la jurisprudencia P./J. 40/96, de rubro y texto:

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional."(6)

23. Tal como lo señala la jurisprudencia, los actos de privación son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del justiciable, por lo que su emisión requiere del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 Constitucional, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado.

24. Por tanto, si el acto de autoridad reclamado no produce esos mismos efectos, entonces se estará en presencia de un acto de molestia, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del justiciable, pues sólo se restringe un derecho de manera preventiva, provisional o no definitiva, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos.

Naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria

25. La jurisdicción voluntaria ha sido considerada como un conjunto variado de actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales. Dichos procedimientos tienen como característica común la ausencia de conflicto entre partes. Se ha sostenido que la jurisdicción voluntaria es lo op

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32123-87c258b7/diligencias-de-jurisdiccion-voluntaria-de-informacion-ad-perpetuam · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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