Corpus
Modo: Corpus Pro

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA MERCANTIL. LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ESA CLASE DE TRÁMITES SON IRRECURRIBLES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 535 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 100/2023. · Registro digital (IUS): 32125
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-02-02
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo IV, Pág.3438.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 100/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. PONENTE: MAGISTRADO CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de la contradicción. El Magistrado Ubaldo García Armas, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito planteó la posible contradicción entre los criterios señalados, a través de correo electrónico dirigido a este Pleno Regional.

2. Avocamiento. La presidencia del Pleno Regional se avocó al conocimiento del asunto.(1) Ordenó hacerlo del conocimiento de los órganos contendientes (a quienes solicitó el acceso a los expedientes electrónicos objeto de la denuncia), así como a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anunció que el asunto sería turnado al Magistrado Cuauhtémoc Cuéllar De Luna, para la formulación del proyecto de resolución, una vez integrado el expediente.

3. Integración del expediente. Los órganos contendientes informaron la vigencia de los criterios contendientes, vincularon los expedientes electrónicos de sus respectivos índices y remitieron la digitalización de las ejecutorias denunciadas. El director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento de este Pleno Regional que no se encuentra en trámite alguna contradicción de criterios sobre el tema de la presente.

Sin embargo, de la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado "expedientes", se observa que el aludido Magistrado García Armas realizó una denuncia ante el Alto Tribunal, similar a la que aquí nos ocupa. Denuncia que planteó respecto del mismo criterio aquí contendiente del índice del Colegiado de su adscripción, contra el sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 337/2011. Contradicción de criterios que hasta la fecha en que se sesiona el presente asunto, no ha sido resuelta. Se le asignó el número de expediente 316/2023.

4. Turno. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés se confirmó el turno del asunto en comento, por lo que se remitieron los autos a la ponencia del Magistrado en cita.

II. COMPETENCIA

5. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, en atención a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del siete de junio de dos mil veintiuno y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Todos, en relación con los artículos 2 del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, en adición con el 14 del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(2) Ello, por suscitarse entre Tribunales Colegiados especializados en la materia de este Pleno (civil), pertenecientes al Tercer Circuito, el cual forma parte de la Región Centro-Sur.(3)

III. LEGITIMACIÓN

6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y el numeral 227, fracción III,(4) de la Ley de Amparo, al haberse formulado por el Magistrado Ubaldo García Armas, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco (contendiente).

IV. EXISTENCIA

7. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010(5)– estableció los elementos que debe reunir una contradicción de criterios, para considerarse existente. A saber:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de abordar la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

8. a. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este Pleno regional advierte que los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas ejercieron sus facultades de decisión a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Según se advierte de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados, que fueron señaladas como contrapuestas en el escrito inicial de denuncia.

9. Lo anterior se observa del contenido de las indicadas ejecutorias y sus antecedentes.

Primera postura

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL

DEL TERCER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 47/2022(6)

ANTECEDENTES

Una Sociedad Anónima de Capital Variable promovió diligencias de jurisdicción voluntaria –en la vía mercantil– para consignar ciertos pagos que había recibido, por parte de quien dijo ser el promitente comprador.

El Juez de origen negó admitir las diligencias, sobre el argumento de pretenderse en realidad, la rescisión de un contrato.

El promovente de la jurisdicción voluntaria interpuso recursos tanto de revocación, como de apelación en contra del auto de desechamiento. Empero, ambos medios de impugnación fueron declarados improcedentes.

La sociedad en cita reclamó –en amparo directo– tanto el auto que inadmitió las diligencias de consignación, como el desechamiento de los recursos en cuestión.

El Juez Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, sobreseyó respecto a la inadmisión del procedimiento de jurisdicción voluntaria, por haber estimado extemporánea la demanda de amparo para reclamar ese acto. Por otra parte, negó la protección de la Justicia de la Unión, respecto del desechamiento de los recursos, por considerar que las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria mercantil son irrecurribles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil.

La persona jurídica quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida por el Juez de Distrito.

EJECUTORIA

El Tribunal Colegiado confirmó la sentencia constitucional, sobre los siguientes argumentos:

• Consideró que en el Código de Comercio no está regulado el trámite del procedimiento de jurisdicción voluntaria, por lo que deben importarse las reglas de su procedimiento, en forma completa, del Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser supletorio, en términos de los artículos 1054 y 1063 de la ley mercantil en cita.

• El Código de Comercio prevé la figura de las jurisdicciones voluntarias, pero el legislador omitió definir las reglas para su trámite. Por ello, la solicitud de la quejosa sobre la aplicación de normas supletorias en atención al orden escalonado previsto por el legislador es correcto.

• Destacó que los procedimientos jurisdiccionales deben tramitarse en la vía y forma correctas. Una vez que el juzgador admite la demanda por considerar que se tramita en la vía adecuada, debe regirse por sus reglas específicas.

• Precisó que lo reclamado deriva de un procedimiento mercantil de jurisdicción voluntaria, ya que la quejosa solicitó se le tuviera consignado el precio que le entregó en parte el comprador, respecto del bien inmueble objeto de la compraventa, en términos del artículo 1111(7) del Código de Comercio.

• Precisó que el artículo 535 de la indicada ley procesal dispone la irrecurribilidad de las determinaciones que se decreten en la jurisdicción voluntaria; por lo que calificó acertado el desechamiento de los recursos interpuestos contra la inadmisión de las diligencias de consignación.

• Juzgó legal el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto del acto de inadmisión del procedimiento de jurisdicción voluntaria, ante su consentimiento, al no haberse promovido el amparo dentro de los quince días siguientes a su conocimiento.

• Puntualizó que en cuanto a recursos, la ley procesal no suple a la regulación del Código de Comercio, porque éste contiene un sistema completo, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil.

• Apoyó lo anterior en la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2011, Civil Primera Parte, con registro digital: 1013415, de rubro: "RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL."

• Afirmó que no se está en el caso de la supresión de algún recurso que contemple la legislación mercantil, debido a que el problema que se sometió a la potestad federal no surge de la falta de regulación de la institución de los recursos, sino del procedimiento de la figura de la jurisdicción voluntaria en materia mercantil.

• En el caso de las diligencias de jurisdicción voluntaria previstas, pero de manera incompleta, se acude a la legislación procesal civil federal. Ahí se proscribe la procedencia de cualquier medio ordinario de impugnación contra determinaciones dictadas en su trámite. Lo contrario, revisar sólo el catálogo de recursos en materia mercantil, sin atender al caso específico de su aplicación, transgrede el principio de especialización, conforme al cual la norma especial prevalece sobre la general.(8)

• Determinó que todas las cuestiones atinentes a la jurisdicción voluntaria –mal regulada– necesariamente deben seguirse conforme a lo establecido en la norma supletoria que las contempla con mayor vigor y diligencia.

• Concluyó que aplica la supletoriedad autorizada en el propio cuerpo de leyes en relación con la legislación procesal civil federal, de manera total. Incluso en lo referente a lo que regule sobre la procedencia de recursos, porque opera la supletoriedad respecto de toda la institución, y no de manera fragmentada, sólo por la existencia de la institución y no para su forma de impugnación.

• Consideró que la supletoriedad parcial en lo relativo al trámite de la jurisdicción voluntaria, sin incluir lo relativo a su impugnación es un absurdo jurídico, porque no daría debida coherencia a la tendencia sistematizadora de principios sobre un objeto de regulación. Se apartaría de su naturaleza jurídica no contenciosa.

• En cambio, consideró que el artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles es consecuente con el sistema de recursos contemplado en la ley mercantil, incluso, con su regulación. Refirió a guisa de ejemplo su Título Cuarto "Del Arbitraje Comercial", Capítulo X, en cuyo artículo 1466,(9) dispone que los asuntos que ahí se contemplan se tramitarán en vía de jurisdicción voluntaria y se sustanciarán conforme a los artículos 530 a 532 y 534 a 537 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo que sin duda incluye a la disposición legal que impide que las determinaciones ahí emitidas sean recurridas.

• Afirmó no ser aplicable al caso lo resuelto en la contradicción de tesis 357/2012,(10) porque la aplicación supletoria del artículo 535 en cita no deroga ni restringe las facultades de la autoridad en materia mercantil. El Código de Comercio no contempla la posibilidad de impugnar las determinaciones que sean dictadas en las jurisdicciones voluntarias, ni siquiera regula su trámite, permite acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, como su supletorio en su orden escalonado.

• Agregó que el hecho de que en la jurisprudencia con registro digital: 2020730(11) se haya interpretado una legislación federal distinta al Código de Comercio no constituye una razón para dejar de observar su contenido. Por el contrario, constituye un precedente judicial que tiene fuerza vinculante porque supone un caso análogo al que se sometió al conocimiento de ese tribunal. Su ratio decidendi permite corroborar lo que ahí se resolvió. Dispone que conforme al principio de especialidad de las leyes, para resolver si una determinación es recurrible o no, debe atenderse a la voluntad expresa del legislador al consignar normas específicas sobre las reglas que habrán de imperar en el procedimiento respectivo, y no al tipo de resolución que quiera atacarse, porque llevaría al extremo de atender las reglas generales aplicables a cada etapa del proceso.

• Observó que el legislador dispuso un sistema de supletoriedad escalonado. No otorgó a los juzgadores la facultad de elección en atención a la que resultara más benéfica para alguna de las partes. La norma no admite una interpretación distinta a la ya expresada. Así, si en un dado caso la segunda regula suficientemente el procedimiento de las jurisdicciones voluntarias, no hay razón para acudir a la legislación local.

Segunda postura

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL

DEL TERCER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 170/2023(12)

ANTECEDENTES

Una persona física solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el auto en el que una Jueza se "inhibió" del conocimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria que promovió, por considerarse legalmente incompetente para conocer de ellas.

La jurisdicción voluntaria mercantil tenía por objeto notificar a otra persona física para que se abstuviera de explotar el signo distintivo de un establecimiento comercial.

La demanda se turnó al Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, donde se negó el amparo solicitado.

El autorizado del quejoso interpuso recurso de revisión.

EJECUTORIA

El Tribunal Colegiado de referencia revocó la sentencia recurrida y, en su lugar, sobreseyó en el juicio de amparo, por mayoría de votos, bajo las consideraciones siguientes:

• El juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

• El artículo 1111 del Código de Comercio prevé que en todos los casos de jurisdicción voluntaria es competente el Juez del domicilio del promovente; sin embargo, dicha legislación mercantil no dispone reglas para su trámite, por lo que ante esa laguna, de conformidad con los artículos 1054 y 1063, debe estarse a las normas supletorias relativas a la jurisdicción voluntaria en la legislación federal, en este caso, las relativas a los artículos 530 a 534, 536 y 537 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

• Determinó que la aplicación supletoria de tal legislación en los procedimientos mercantiles no debe entenderse de un modo absoluto, sino con las restricciones que los artículos 1054 y 1063 señalan, pues esto sólo procede en defecto de las normas del Código de Comercio, y únicamente con respecto de aquellas instituciones establecidas por este ordenamiento, no reglamentadas o regulados en forma deficiente; sin embargo, respecto a los recursos, no existe la citada supletoriedad, en virtud de que debe operar la fragmentación para tramitarlos, y para impugnar las resoluciones que se dicten.

• En torno a esto último, citó la jurisprudencia de la ex Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL."(13)

• Señaló que si bien el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica la expeditez de los procedimientos mercantiles, que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea, a la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación", que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos.

• Destacó que el artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no admiten recurso alguno; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando se promueven en la vía mercantil, pues el Código de Comercio cuenta con un sistema propio y completo, respecto de la procedencia de los recursos contra las resoluciones dictadas en los procedimientos mercantiles, basado en la existencia de un principio de recurribilidad, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida, sería contraria a dicho principio y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir.

• Citó, por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."(14)

• Refirió que si el auto pronunciado en un trámite de jurisdicción voluntaria mercantil, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo, pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334(15) del Código de Comercio, puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que niegue conocer de una jurisdicción voluntaria, por incompetencia para proveer sobre esa solicitud.

• Por lo que determinó que el quejoso debió interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, previo a promover la demanda de amparo contra el auto reclamado.

• Concluyó que al no haberlo hecho así, se actualizaba la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo cual revocó la sentencia recurrida y la sobreseyó, conforme a lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley citada.

10. b. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Exigencia que también se cumple, ya que en los ejercicios interpretativos reseñados existe un punto de disenso, respecto de la misma cuestión jurídica analizada. 11. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito determinó que ante la falta de reglamentación del trámite de la jurisdicción voluntaria en el Código de Comercio, debe aplicarse supletoriamente, en su totalidad, la prevista al respecto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a la cual, son irrecurribles las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria, en atención a lo dispuesto en su artículo 535.

12. Precisó que si bien el Código de Comercio contiene un sistema completo de recursos, el problema no surgía de la falta de regulación de los medios de impugnación, sino del procedimiento de la figura de jurisdicción voluntaria en materia mercantil. Por lo que determinó pertinente aplicar todas las reglas que para ese tipo de trámites prevé la ley adjetiva en cita, en observancia del principio de especialización de la ley.

13. El Tercer Tribunal Colegiado Civil del Tercer Circuito consideró que la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, sobre el trámite de la jurisdicción voluntaria mercantil, sólo procede de manera parcial, porque el Código de Comercio contiene un régimen completo de recursos, que no admite supletoriedad.

14. Por ello, determinó que el auto que inadmite la jurisdicción voluntaria puede ser combatido a través del recurso de revocación, previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio.

15. Ante el escenario descrito, este Pleno Regional advierte que los tribunales contendientes se vieron en la necesidad de pronunciarse sobre la misma problemática jurídica. Tuvieron que decidir si resultaba aplicable al procedimiento de jurisdicción voluntaria mercantil, el artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual estatuye que las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria son irrecurribles, o bien, si contra la inadmisión de las indicadas diligencias de jurisdicción voluntaria, procede el recurso de revocación que –de manera genérica– establece el artículo 1334 del Código de Comercio.

16. Problema que resolvieron de manera antagónica. Ambos tribunales puntualizaron que en materia de recursos, el Código Federal de Procedimientos Civiles no suple al Código de Comercio, porque este último contiene un sistema completo.

17. Sin embargo, el primer colegiado juzgó que el problema en estudio no provenía de un tema de recursos, sino de la falta de regulación absoluta del trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, que obligaba a aplicar todas las reglas establecidas en la ley adjetiva en cita, sobre su procedimiento. Esto, sin excluir la regla de irrecurribilidad contemplada en su artículo 535.

18. Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado determinó que sólo cabía esa supletoriedad de manera parcial, excluyendo el indicado numeral 535, porque el Código de Comercio contiene un sistema propio y completo de recursos, entre ellos, el de revocación, estatuido en su artículo 1334, que consideró procedente contra la resolución que niega dar trámite a las diligencias de jurisdicción voluntaria en cuestión.

19. c. Pregunta detonante. Ante la disyuntiva presentada, podría plantearse como cuestionamiento para esclarecerla, el siguiente:

20. ¿Son irrecurribles las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria de naturaleza mercantil, en términos del artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria del Código de Comercio?

21. Cuestionamiento con el que se satisface el tercer elemento para determinar la existencia de la contradicción de criterios planteada; por lo que se procede a su estudio.

V. DECISIÓN

22. Resultan aplicables a la ley mercantil, las reglas de trámite de la jurisdicción voluntaria contempladas en la ley procesal de referencia, incluyendo la disposición de la irrecurribilidad de sus resoluciones, contenida en el artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque no es contraria a los principios ni a las reglas del ordenamiento mercantil.

23. Para demostrar lo anterior, se desarrollan los siguientes temas: A. naturaleza de la jurisdicción voluntaria; B. juicios mercantiles; C. supletoriedad; D. recursos; y E. diferencias entre jurisdicción voluntaria y juicios mercantiles. Finalmente, se expone la conclusión a la que llevan las premisas expuestas.

A. Jurisdicción voluntaria

24. Este Pleno regional analizó la figura de la jurisdicción voluntaria, al resolver la contradicción de criterios 76/2023, en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Habló de su naturaleza en los siguientes términos:

"25. La jurisdicción voluntaria ha sido considerada como un conjunto variado de actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales. Dichos procedimientos tienen como característica común la ausencia de conflicto entre partes. Se ha sostenido que la jurisdicción voluntaria es lo opuesto a la contenciosa, se ejerce a solicitud de una o por consentimiento de las dos partes, en un procedimiento en el que el litigio está ausente, a veces latente pero nunca presente.(16)

"26. La jurisdicción voluntaria puede definirse como la función que ejercen los Jueces, a solicitud de una o varias personas, en los casos especialmente previstos en la ley, que tiene como finalidad cooperar en el nacimiento de determinadas relaciones jurídicas y, en consecuencia, las resoluciones que en ella recaen no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes, en otras palabras, la característica primordial de la figura jurídica señalada, es la ausencia de controversia, o de parte contendiente.(17)

"27. Fix-Zamudio define la jurisdicción voluntaria como un conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad judicial que fiscalice, verifique o constituya una situación jurídica, en beneficio de los solicitantes, situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias del negocio que les dio origen y mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida.(18)

"28. Existen diferentes clasificaciones de los actos que se realizan en la jurisdicción voluntaria."

25. Lo expuesto por este Pleno en la mencionada contradicción de criterios pone de manifiesto que la característica principal de la jurisdicción voluntaria es la ausencia de controversia o litigio entre partes.

26. A través de su trámite no se pretende la resolución de un conflicto. No hay cuestión jurídica a resolver.(19) Incluso, algunos juristas la conceptualizan como parte de la actividad administrativa del Estado,(20) puesto que la intervención del órgano jurisdiccional, con fines distintos de la composición del litigio, tiene lugar no sólo por parte del Juez, sino también del Poder Ejecutivo (cuando se trata de cuestiones del estado civil, por ejemplo).

27. El Código de Comercio sólo se refiere a este tipo de procedimientos que requieren de la intervención del Juez, sin contienda, en un solo artículo genérico, que a la letra dice:

"Artículo 1111. En todos los casos de jurisdicción voluntaria es competente el Juez del domicilio del que promueve."

28. De manera particular, en su artículo 1466(21) establece que se tramitarán en vía de jurisdicción voluntaria, conforme a los artículos 530 a 532 y 534 a 537 del Código Federal de Procedimientos Civiles: la solicitud de designación de árbitros, la adopción de medidas para su nombramiento, entre otras cuestiones del procedimiento arbitral.

29. Los preceptos legales del enjuiciamiento civil federal relativos a la jurisdicción voluntaria, son del siguiente tenor:

"TITULO SEGUNDO

"Jurisdicción voluntaria

"CAPÍTULO I

"Disposiciones generales

"Artículo 530. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas."

"Artículo 531. Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, será citada conforme a derecho, advirtiéndole, en la citación, que quedan, por tres días, las actuaciones en la secretaría, para que se imponga de ellas, y se le señalará día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo, para la celebración de ella, la falta de asistencia de éste."

"Artículo 532. Se oirá precisamente al Ministerio Público Federal:

"I. Cuando la solicitud promovida afecte los intereses de la Federación;

"II. Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados;

"III. Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente; y

"IV. Cuando lo dispusieren las leyes."

"Artículo 534. El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidos respecto de la jurisdicción contenciosa.

"No se comprenden, en esa disposición, los autos que tengan fuerza de definitivos, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que determinaron la resolución."

"Artículo 535. Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no admiten recurso alguno."

"Artículo 536. Nunca se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria de que pueda resultar perjuicio a la Federación. Las que se practicaren en contravención de este precepto serán nulas de Pleno derecho, y no producirán efecto legal alguno."

"Artículo 537. No procede la acumulación de un expediente de jurisdicción voluntaria y otro de jurisdicción contenciosa."

30. Preceptos de los que destaca la mutabilidad de las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria, ya que de acuerdo con el artículo 534, el Juez puede variarlas o modificarlas, sin sujetarse a las reglas previstas para ello respecto de los juicios contenciosos.

31. Además, el artículo 535 establece la irrecurribilidad de las resoluciones dictadas en ese tipo de procedimientos. Lo que se explica porque en ellos, el Juez actúa junto con los interesados o sus representantes, y no en medio de dos contendientes o partes con intereses opuestos, que pudieran re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32125-6679084e/jurisdiccion-voluntaria-mercantil-las-resoluciones-dictadas-en-esa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.