CONCILIACIÓN PREJUDICIAL. AL PRIVILEGIAR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA, ES INNECESARIO AGOTARLA SI SE DEMANDAN ÚNICA Y CONJUNTAMENTE LA DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS Y LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS EN LA CUENTA INDIVIDUAL.
AMPARO DIRECTO 670/2023. 5 DE ENERO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LOURDES MINERVA CIFUENTES BAZÁN. SECRETARIA: DIANA LETICIA AMAYA CORTÉS.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Previo al estudio de los conceptos de violación, conviene señalar algunos antecedentes origen de la sentencia impugnada.
El actor, solicitó del tribunal responsable la declaratoria y reconocimiento en su favor de ser el único beneficiario de los derechos derivados del extinto trabajador; del Instituto Mexicano del Seguro Social, de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el reconocimiento y aceptación de ser beneficiario de los derechos del finado trabajador, así como la devolución de las aportaciones y fondos acumulados en la cuenta individual del sistema de cesantía y vejez, cuota social, del sistema de ahorro para el retiro 92 y 97, y cualquier otra cantidad resultante en su favor, más los intereses y/o rendimientos generados hasta el cumplimiento de la sentencia. (fojas 2 a 6 vuelta del juicio de origen)
El tres de marzo de dos mil veintitrés, la responsable previno a la parte actora a fin de exhibir la constancia de no conciliación respecto de todos los demandados; así como a efecto de indicar el domicilio del promovente y del extinto trabajador, número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado del finado, y constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de la misma. (fojas 23 a 27 ídem)
El ocho de marzo de dos mil veintitrés, el tribunal responsable hizo efectivo el apercibimiento al no presentar el actor la constancia de no conciliación, únicamente por lo que hace a la solicitud de devolución de aportaciones, remitiendo las constancias respectivas al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en la Ciudad de México, a efecto de agotar la instancia conciliatoria; admitiendo únicamente por cuanto hace a la designación de beneficiarios. (fojas 34 a 37 vuelta ídem)
El cinco de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió auto de depuración, y el quince siguiente turnó los autos para el dictado de sentencia. (fojas 131 a 136 del juicio laboral).
Seguido el juicio en sus trámites de ley, el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Laboral emitió la sentencia ahora impugnada en la cual declaró al actor como único y legítimo beneficiario de los derechos laborales del extinto trabajador.
Acotado lo anterior, procede el análisis de los argumentos formulados.
En el primer concepto de violación señala, el tribunal laboral indebidamente realiza los apercibimientos establecidos en el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, soslayando, en los conflictos inherentes a la designación de beneficiarios por muerte y seguridad social no se requiere agotar la instancia conciliatoria; en ese orden, considera, al obligarlo a pasar por la citada etapa se está dilatando el procedimiento, lo cual le causa perjuicio, pues las demandadas manifestarán no es procedente la conciliación porque el actor no ha sido declarado legítimo beneficiario, causando con ello un detrimento a sus derechos fundamentales. Por lo cual, sostiene, la responsable debe emplazar a juicio a los demandados a fin de contestar la demanda instaurada en su contra y ofrecer pruebas, continuando el procedimiento laboral sin requerir la constancia de conciliación.
En el segundo motivo de inconformidad arguye, el tribunal responsable incorrectamente lo requiere para exhibir la constancia de negativa de pensión, olvidando, cuando se demanda con carácter de dependiente económico no se requiere de ninguna constancia de negativa de pensión, además, al demandar al Instituto Mexicano del Seguro Social, éste puede validar si otorgó o no pensión alguna; por ende, aduce, al solicitarle documentos que no tiene, lo deja en estado de indefensión, dilatando con ello el procedimiento laboral. Debiendo la autoridad continuar el procedimiento sin requerir la constancia de negativa de pensión por no ser necesaria al caso en concreto.
Las aludidas manifestaciones se consideran fundadas, aunque suplidas en su deficiencia en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo.
Para probar tal aserto, conviene referir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 360/2021, de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 19/2022 (11a.) citada más adelante, señaló que de la exposición de motivos del "DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral", se advertía que uno de los ejes centrales de la reforma procesal laboral en el ámbito constitucional (artículos 107 y 123), fue el establecimiento de la función conciliatoria, como una instancia prejudicial obligatoria a la cual deben acudir los trabajadores y patrones, la cual se propuso estaría a cargo de los Centros de Conciliación especializados e imparciales, dotados de personalidad jurídica, patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión, así como con el carácter de organismos descentralizados.
En consecuencia, derivado de esa exposición de motivos la cual originó discusiones y debates interesantes a nivel legislativo, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia laboral, en lo que interesa, al artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es el siguiente:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ...
"XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción III, y 122, Apartado A, fracción IV, de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
"Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.
"La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución ..." (Énfasis añadido)
De lo anterior, se advierte, el poder reformador elevó a rango constitucional la instancia de conciliación obligatoria como requisito previo a la vía jurisdiccional, pues resulta un componente esencial del derecho de acceso a la justicia en materia de trabajo, acorde a la realidad laboral nacional e internacional.
Derivado de lo anterior, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de mayo de dos mil diecinueve, el Congreso de la Unión adicionó, entre otros, los siguientes artículos a la Ley Federal de Trabajo:
"Artículo 684-A. Las disposiciones de este Título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria previa a la de los conflictos ante los Tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en esta Ley."
"Artículo 684-B. Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta Ley."
"Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio."
Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el objetivo primordial del legislador con las múltiples reformas, tanto a nivel constitucional y legal, radicó en la creación de una justicia moderna, en aras de eliminar todo elemento que la convierta en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable, ello mediante la instauración de la conciliación obligatoria como medio alternativo de solución de controversias laborales, antes de acudir a la instancia judicial.
Además, señaló el alto tribunal, si bien esta figura ya se encontraba en la legislación laboral de manera previa a la reforma, ahora representa un medio innovador en la solución de conflictos y diferencias que surjan entre las partes, el cual cuenta con organismos descentralizados dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, a nivel federal y local (Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y, Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, respectivamente) competentes para sustanciar el procedimiento de conciliación.
Es decir, el poder reformador de la norma apostó por la vía conciliatoria como un espacio de comunicación y de diálogo entre las partes para lograr un acuerdo amistoso, con el principal objetivo de erradicar las malas prácticas, disuadir la carga excesiva para los tribunales y hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia laboral de manera expedita, breve y gratuita.
La jurisprudencia 2a./J. 19/2022 (11a.) en comento, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1672 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, abril de 2022, Tomo II, Undécima Época, registro digital: 2024532, es de rubro y texto siguientes:
"PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN Y PAGO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, NO SE CONSIDERAN EXCEPCIONES PARA AGOTAR LA INSTANCIA CONCILIATORIA PREJUDICIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 685 TER, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si los conflictos inherentes a diversas prestaciones de seguridad social que se demandaron en los respectivos juicios laborales, concernientes a la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como a la devolución y pago de aportaciones de seguridad social correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, pueden o no considerarse como hipótesis de excepción a la instancia de conciliación prejudicial en materia laboral.
"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los conflictos inherentes a las prestaciones de seguridad social de pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como a la devolución y pago de aportaciones de seguridad social correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, no pueden considerarse como excepciones para agotar la instancia conciliatoria prejudicial, previstas en el artículo 685 Ter, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.
"Justificación: La conciliación como instancia prejudicial obligatoria, elevada a rango constitucional en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye uno de los ejes centrales que motivó la reforma en materia de justicia laboral, pues resulta un componente esencial del derecho de acceso a la justicia, acorde a la realidad nacional e internacional en esa materia, con el propósito de eliminar todo elemento que la convierta en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable. Además, atiende la intención de privilegiar que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de su nueva responsabilidad y, de esta forma dar atención a la demanda de la sociedad mexicana, consistente en acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente. Por tanto, analizado el proceso legislativo que dio origen al artículo 685 Ter, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, si bajo la óptica del legislador federal se suprimieron el supuesto de cesantía en edad avanzada y vejez del catálogo de trato, así como las prestaciones de seguridad social relativas a la devolución y pagos acumulados correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los rendimientos del Sistema de Ahorro para el Retiro, ello conlleva entender que tal situación particular la visualizó como un aspecto conciliable entre las partes. Considerar lo contrario implicaría el riesgo de desnaturalizar la vía conciliatoria que el Poder Reformador plasmó a nivel constitucional, como una de las piezas torales para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia laboral de manera expedita y gratuita."
En ese tenor, una vez desahogado el procedimiento de conciliación, conforme a las disposiciones legales conducentes, existe la posibilidad de que los intervinientes logren un acuerdo respecto de la controversia laboral planteada, en cuyo caso se emitirá un convenio por escrito que tendrá consecuencias jurídicas puntuales e incluso, puede dar origen a acciones ejecutivas; por ende, tendrá la condición de cosa juzgada.
En contraposición, de no llegar a un acuerdo, la autoridad administrativa emitirá la constancia de haber agotado el procedimiento de conciliación prejudicial obligatoria.
Lo anteriormente expuesto, revela que a nivel de diseño legislativo, el procedimiento de conciliación es de agotamiento obligatorio, excepto en las hipótesis específicamente enunciadas en el artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone lo siguiente:
"Artículo 685 Ter. Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria, cuando se trate de conflictos inherentes a:
"I. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual;
"II. Designación de beneficiarios por muerte;
"III. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo;
"IV. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con:
"a) La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva;
"b) Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio, y
"c) Trabajo infantil. Para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando alguno de estos derechos;
"V. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y
"VI. La impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación."
Exceptuar de agotar la instancia conciliatoria a la acción de designación de beneficiarios por muerte, no sólo responde a una cuestión práctica como lo es, que primero se agote tal acción, para con ello conocer quiénes son las personas legitimadas para reclamar las diversas prestaciones derivadas de la relación laboral de la extinta persona trabajadora, sino también, resulta de la regulación histórica de dicha figura jurídica.
Históricamente, la acción de designación de beneficiarios por muerte se resolvió por medio de la costumbre, llenando una laguna de la ley laboral, pues se determinó que las prestaciones adeudadas derivadas de un contrato de trabajo no debían considerarse como bienes hereditarios, por ende, para obtener su pago, era innecesario agotar el juicio sucesorio en la vía civil, sino se determinó correspondiente el procedimiento laboral.
Al promulgarse la Ley Federal del Trabajo el uno de abril de mil novecientos setenta, el legislador ordinario adoptó esta misma conclusión; lo cual puede advertirse en el texto actual de los artículos 115, 472, 477, 500, 501, 502, 503, 892, 893, 896 y 900.
En ese orden, es factible afirmar, la interpretación histórica de la figura sucesoria en materia de trabajo, en concordancia con los artículos citados, permite concluir, el objetivo de la legislación es brindar un procedimiento ágil, por medio del cual, quienes estimen tener un derecho ante el fallecimiento del trabajador, puedan obtener rápidamente las prestaciones derivadas o generadas con motivo de la prestación del servicio.
Por otra parte, en cuanto al procedimiento, su naturaleza fue definida por la ya mencionada Segunda Sala como un verdadero juicio, sin que pueda considerarse como una incidencia o etapa preliminar; y la resolución dictada como un laudo –en legislación vigente como una sentencia, propiamente dicha–, lo cual deriva de la jurisprudencia 2a./J. 1/2017 (10a.), emitida por la referida superioridad, visible a página 530 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo I, registro digital 2013592, Décima Época, de rubro y texto siguientes:
"PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. Ahora bien, en dicho procedimiento la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por ello, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo." En otro aspecto, en conformidad con el artículo 503, el procedimiento relativo prevé la práctica de una investigación a efecto de averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador, ordenando la publicación de avisos en el centro de trabajo, citándolas para que comparezcan ante el tribunal del conocimiento.
Cumplido con lo anterior, la fracción V del propio precepto legal establece, el procedimiento ante el tribunal se seguirá de conformidad con lo dispuesto con el diverso 893, siguiendo el procedimiento especial; el artículo 896 dispone un procedimiento específico para el trámite sucesorio en análisis, en donde se establece que, con la presentación de la demanda, el tribunal iniciará las investigaciones respectivas. En caso de existir controversia entre los interesados, citará a la audiencia preliminar. Finalmente, se dictará resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos derivados de las prestaciones generadas por el trabajador.
Lo anterior, permite corroborar, el procedimiento sucesorio en materia de trabajo, comúnmente conocido como designación o declaración de beneficiarios, se trata de un verdadero juicio, cuyo objetivo es determinar, de una forma ágil, sencilla y rápida, quién o quiénes y en qué proporción, tienen derecho al pago de las prestaciones o indemnizaciones del trabajador fallecido, entendidas éstas desde un punto de vista amplísimo, liberando al patrón o entidad obligada de responsabilidad, una vez hecho el pago consignado en la resolución emitida por el tribunal.
En ese sentido, pudiera resultar que las personas interesadas requirieran de la tramitación del procedimiento de designación de beneficiarios para obtener, la satisfacción de diversas pretensiones, como el pago de prestaciones devengadas y no cubiertas por los patrones, derechos de seguridad social o, incluso, la misma devolución de saldos de la cuenta de ahorro, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de quien resulte obligado, esto es, la parte patronal u organismos de seguridad social.
De ahí que, el creador de la norma previó el objetivo patrimonial en que puede incidir la declaración de beneficiarios, pues la ley laboral no solo hacen referencia a determinar quién o quién o quiénes pueden suceder al trabajador extinto o fallecido, sino también al pago de la indemnización o el otorgamiento de prestaciones, y en qué proporción tienen aquel derecho; lo cual evidencia la posibilidad de que con la petición de declaración de beneficiarios pueda procurarse la obtención de algún beneficio material, ya sea el pago de las prestaciones dejadas de cubrir al extinto o la satisfacción de los derechos de seguridad social que se deriven; de ahí exista la posibilidad de que se ejerza el reclamo de forma conjunta con diversa prestación de índole patrimonial.
Ahora bien, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de criterios 15/2023 en sesión de catorce de junio de dos mil veintitrés, dilucidó en quién recae el conocimiento de un asunto en el que a través de una misma demanda se reclama de forma conjunta únicamente esas dos prestaciones, es decir, la designación de beneficiarios de una persona trabajadora fallecida y la devolución o entrega del saldo que obre en la cuenta individual.
Al respecto, la Segunda Sala determinó, la continencia de la causa tiene por objeto contener o mantener en un mismo proceso las prestaciones que derivan de un mismo hecho, acto o causa eficiente que a su vez origina la acción de la parte promovente con el propósito de que en un mismo juicio se planteen y resuelvan todas las pretensiones, lo cual implica, se administre justicia de forma completa y pronta, de conformidad con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, así como en los diversos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Precisó, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo prevé que el proceso del derecho laboral se rige por principios de economía, concentración, sencillez, entre otros, los cuales consagran el derecho a la tutela judicial efectiva, con el fin de que se respete la unidad del proceso, privilegiando la solución de conflictos por encima de formalismos procedimentales y se fomente la impartición de justicia de forma expedita y efectiva, lo cual también es acorde a lo establecido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, señaló, en procedimientos laborales, el principio de no división de la continencia de la causa relacionado con el diverso de economía procesal implica resolver de forma concentrada las prestaciones vinculadas por la misma causa o que derivan del mismo origen para evitar que el trámite del juicio se demore, la materia de aquél se fragmente y/o se emitan resoluciones contradictorias respecto a un solo asunto en perjuicio de las partes.
De ahí que, en tratándose de asuntos en los que se demanden diversas acciones estrechamente relacionadas entre sí por derivar de un mismo hecho o acto, lo procedente es que el órgano jurisdiccional que conozca de la pretensión también lo haga de las cuestiones accesorias con el propósito de evitar que se divida la materia del litigio innecesaria e injustificadamente.
En ese contexto, advirtió, la solicitud formulada por una persona para ser designada beneficiaria obedece a la necesidad que tiene de adquirir legitimación para obtener las prestaciones o indemnizaciones que estén pendientes o se generen con motivo de la muerte de una persona trabajadora, así como para instar la actividad jurisdiccional cuando sea necesario.
La consideración anterior se corrobora con lo establecido en el artículo 193 de la Ley del Seguro Social, pues la interpretación de ese numeral revela que sólo las personas que han sido previamente declaradas beneficiarias de una persona trabajadora fallecida, con base en la designación directa que hizo esta última o atendiendo al orden de prelación previsto en la ley, serán titulares del derecho a recibir los recursos de la cuenta individual relativa.
Precisó que, el procedimiento de designación de beneficiarios constituye el medio a partir del cual la parte promovente pretende adquirir legitimación para estar en aptitud jurídica de solicitar que los recursos existentes en la cuenta individual de una persona trabajadora fallecida le sean entregados.
Por consiguiente, evidenció, ser designado beneficiario de una persona trabajadora fallecida es una condición jurídica sin la cual no es posible obtener la devolución de los saldos que obren en la cuenta de aquélla, por lo tanto, en tratándose de asuntos en los que la parte promovente demanda conjunta y únicamente ser designada beneficiaria de una persona trabajadora fallecida y se le entregue el saldo existente en la cuenta individual de esta última es innegable esas prestaciones guardan relación en cuanto a que la primera es el medio para acceder a la segunda y ésta, a su vez, condiciona su procedencia o trámite a la resolución de la inicial –entre otros presupuestos procesales–.
Concluyó que, en atención a los principios de economía procesal, impartición de justicia pronta y completa, así como de continencia de la causa, los operadores jurídicos no deben dividir esta última aceptando la competencia por una parte y declinando por otra cuando sea evidente que las prestaciones están estrechamente relacionadas a tal grado que en el supuesto de que éstas se desvinculen o separen la pretensión de la parte promovente se fragmentaría injustificadamente en su perjuicio, además de que esa determinación sería contraria a los derechos y principios fundamentales referidos.
Por lo tanto, si al analizar íntegramente la demanda laboral, en la cual se señalan como únicas prestaciones que al promovente se le designe beneficiario de una persona trabajadora fallecida y le sea entregado el saldo existente en su cuenta individual, el operador jurídico advierte que a través de aquéllas la finalidad de la acción es obtener la cantidad de dinero que se haya generado con motivo de las aportaciones realizadas en dicha cuenta es indudable ese asunto no debe dividirse a fin de proveer de forma independiente y fijar competencia en cuanto a cada una de las prestaciones demandadas.
Toda vez que de llevarse a cabo dicha división se infringirían los derechos y principios fundamentales de impartición de justicia pronta y completa, economía procesal, así como no división de la continencia de la causa, pues se obligaría a la parte promovente a tramitar dos procedimientos para un solo fin, lo cual no está justificado pues se estima que las prestaciones al tener un mismo origen –el fallecimiento de una persona trabajadora– y objeto –obtener la devolución de saldos de la cuenta individual de aquélla– deben resolverse de manera conjunta, aunado al hecho de que no hay disposición expresa que faculte a los operadores jurídicos a separar la pretensión de la parte actora para que puedan proveer lo concerniente a su competencia discrecionalmente.
Afirmó que, en ese supuesto, es evidente la designación de beneficiarios es el medio que legitimará a la parte actora para reclamar y, en su caso, recibir la cantidad de dinero que resulte a título de aportaciones hechas a la cuenta individual del trabajador fallecido,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32155-cae495c0/conciliacion-prejudicial-al-privilegiar-la-continencia-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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