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Modo: Corpus Pro

COMPENSACIÓN ECONÓMICA. FINALIDADES, CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS CON LA PENSIÓN ALIMENTICIA COMPENSATORIA. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. LA AUSENCIA DE UNA NORMA QUE LA CONTEMPLE NO IMPIDE QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PUEDAN IMPONERLA, A FIN DE REMEDIAR LAS ASIMETRÍAS ENTRE LOS CÓNYUGES AL DISOLVERSE EL VÍNCULO MATRIMONIAL. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. OPERA EXCLUSIVAMENTE RESPECTO DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE CÓNYUGES Y DE NO DISCRIMINACIÓN. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. PROCEDE SU PAGO EN FAVOR DEL CÓNYUGE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR Y/O AL CUIDADO DE LA FAMILIA DURANTE EL MATRIMONIO CELEBRADO BAJO SEPARACIÓN DE BIENES, SIN QUE ESTO IMPLIQUE QUE SU FINALIDAD SEA IGUALAR LAS MASAS PATRIMONIALES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7653/2019. · Registro digital (IUS): 32217
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo III, Pág.2164.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7653/2019. 10 DE NOVIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: MARÍA ELENA CORRAL GOYENECHE.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diez de noviembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7653/2019, interpuesto por ********** en contra de la sentencia dictada en sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

I. ANTECEDENTES

1. Los antecedentes son narrados con base en la información obtenida de la sentencia del juicio de amparo directo **********, dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, así como de lo manifestado en las constancias que fueron remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Tribunal Colegiado del conocimiento.

2. El trece de mayo de mil novecientos noventa y cinco, los señores ********** y ********** contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. En octubre de mil novecientos noventa y ocho tuvieron una hija, quien actualmente es mayor de edad.

3. Juicio ordinario civil ********** (pensión alimenticia). El diecisiete de agosto de dos mil nueve, **********, por derecho propio y en representación de su hija, demandó en la vía ordinaria civil de **********, el pago de una pensión alimenticia por el 80 % (ochenta por ciento) del total de las percepciones que recibía como soldador especialista en Pemex Exploración y Producción, Plataformas Marinas.

4. Al dar contestación a la demanda, el señor ********** negó tener la capacidad económica para otorgar el porcentaje reclamado y argumentó que siempre había cumplido con sus obligaciones alimenticias.

5. La Jueza Segunda de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, conoció del asunto en el expediente ********** y el cuatro de diciembre de dos mil doce dictó sentencia en la que condenó al señor ********** a pagar una pensión alimenticia consistente en el 35 % (treinta y cinco por ciento) del total de sus percepciones, de las cuales el 20 % (veinte por ciento) le correspondería a la señora ********** y el 15 % (quince por ciento) a su hija. La jueza consideró, esencialmente, que las enjuiciantes tenían la presunción de necesitar alimentos y que la capacidad económica del deudor alimentario quedó acreditada con su confesión ficta.

6. Juicio ordinario civil ********** (divorcio necesario). Por su parte, el veinte de octubre de dos mil nueve, el señor ********** demandó, en la vía ordinaria civil, de la señora **********, la disolución del vínculo matrimonial, con fundamento en la causal prevista en la fracción XVII del artículo 141 del Código Civil para el estado de Veracruz,(1) relativa a la separación del hogar conyugal por más de dos años.

7. El veintinueve de marzo de dos mil doce, el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, dictó sentencia absolutoria, al considerar que el señor ********** no acreditó los elementos de su acción.

8. Juicio ordinario civil ********** (divorcio sin expresión de causa).(2) El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el señor ********** demandó, en la vía ordinaria civil, de ********** la disolución del vínculo matrimonial, la cancelación de la pensión alimenticia del 20 % (veinte por ciento) decretada a favor de su contraparte en el diverso juicio de pensión alimenticia **********, porque al decretarse el divorcio se extingue la obligación de seguir proporcionando alimentos, y las costas. En relación con la pensión alimenticia del 15 % (quince por ciento) decretada a favor de su hija, el señor ********** manifestó su conformidad, por lo que este tema no formó parte de la controversia. Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda.(3)

9. Contestación y reconvención. Al dar contestación a la demanda por su propio derecho, la señora ********** opuso la excepción de falta de acción y derecho, en la cual argumentó, sustancialmente, que era improcedente la cancelación de la pensión alimenticia otorgada a su favor, en el diverso juicio ordinario civil **********. Asimismo, la señora ********** contrademandó del señor **********, las siguientes prestaciones:

a) El establecimiento de una pensión alimenticia en su favor, como consecuencia del divorcio, con fundamento en los artículos 162 y 233 Bis del Código Civil para el estado de Veracruz, derivado del estado de necesidad en que se encuentra por haberse dedicado preponderantemente al trabajo en el hogar y al cuidado de su hija.

b) El pago de una indemnización equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) de los bienes adquiridos por su cónyuge durante el matrimonio, al no contar con un patrimonio propio.

c) El incremento de la pensión alimenticia que reciben tanto ella como su hija.

10. Al narrar los hechos de la contrademanda, la señora ********** manifestó que, desde el inicio de su matrimonio, renunció a tener un desarrollo personal y profesional para poder cuidar de su casa y de su hija.

11. Asimismo, la reconvencionista señaló que actualmente ya no tiene la edad exigida para ingresar al mercado laboral, por lo tanto, no está en aptitud de conseguir un trabajo que le dé una remuneración adecuada para cubrir sus necesidades alimenticias, aunado a que el domicilio conyugal se asentó en una casa propiedad exclusiva del señor **********, de la cual, derivado del juicio de divorcio, la va a querer desalojar, sin que ella tenga otro lugar donde poder habitar junto con su hija, lo que demuestra plenamente su estado de necesidad financiera.

12. Al dar contestación a la contrademanda, el señor ********** se opuso a lo reclamado, sobre la base de que era falso que la señora ********** se hubiera dedicado preponderantemente a las labores del hogar y tampoco demostró estar impedida para obtener un trabajo remunerado. El divorciante manifestó que tanto lo relativo a la obligación de dar alimentos a su hija, como la división de los bienes, no debían formar parte de la controversia.

13. El veintiséis de junio de dos mil diecisiete, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, dictó sentencia en la que: i) declaró procedente la acción de divorcio, sin hacer declaración de cónyuge culpable o inocente,(4) ii) ordenó la cancelación de la pensión alimenticia a favor de la señora ********** y, iii) absolvió al señor ********** de lo que se le reclamó en la contrademanda, sustancialmente, porque del material probatorio se acreditó que los cónyuges tenían más de diez años separados, que la divorciante tenía buen estado de salud y que no había elementos para evidenciar el estado de necesidad aducido. El juez no hizo condena en costas.

14. Recurso de apelación. En contra de esta determinación, la señora ********** interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, mediante sentencia emitida el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual se confirmó la de primera instancia.

15. En esencia, el tribunal de apelación declaró infundados los agravios planteados por la inconforme, porque consideró que la continuidad del derecho alimentario, en términos de los artículos 162 y 233 del Código Civil para el estado de Veracruz,(5) vigentes en el momento de la emisión de la sentencia, dependía de que la señora ********** hubiera demostrado su situación de vulnerabilidad y estado de necesidad en el juicio, lo que no se acreditó con el material probatorio.

16. Primer juicio de amparo directo **********. En desacuerdo con la sentencia de apelación, la señora ********** promovió juicio de amparo directo, en el que fundamentalmente manifestó que la sentencia reclamada violó lo previsto en el artículo 233 Bis del Código Civil para el estado de Veracruz, pues el tribunal de alzada ignoró la presunción legal que tiene a su favor de necesitar alimentos, por haberse dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de su hija. Asimismo, la quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 162 de la citada legislación, por no contemplar la figura de la compensación para la disolución del matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, en contravención al derecho de igualdad entre cónyuges.

17. Sentencia de amparo. En sesión de catorce de junio de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional a la señora **********, para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente el acto reclamado y, en respeto al principio de congruencia, antes de resolver sobre los alimentos reclamados en la reconvención, emitiera determinación sobre la totalidad de los puntos controvertidos en la acción principal. Respecto a la constitucionalidad del artículo 162 del Código Civil para el estado de Veracruz, el Tribunal Colegiado precisó lo siguiente:

"Dada la concesión del amparo en los términos indicados, no es procedente abordar el estudio de lo restante que aduce la quejosa como conceptos de violación, relacionados con la inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Lo que se estima así, toda vez que, en virtud de los efectos para los que se otorgó el amparo en el presente asunto, el tribunal de alzada tendrá que subsanar las deficiencias formales en que incurrió, debiendo por ello pronunciarse de manera congruente, exhaustiva y con libertad de jurisdicción en torno a los agravios que le hizo valer la hoy quejosa en su escrito de apelación. Es inconcuso, que el criterio que adopte la responsable en respuesta de aquellos agravios de apelación podría incidir en cuanto a que se aplique o no el precepto legal tildado de inconstitucional. De ahí que, por tales razones, se estima innecesario abordar los demás conceptos de violación referentes al tópico de la inconstitucionalidad planteada."

18. Sentencia dictada en cumplimiento. En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el doce de julio de dos mil dieciocho, la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dictó una nueva sentencia, en la cual modificó la de primera instancia, al considerar el estado de necesidad en que se encontraba la señora **********, derivado del desequilibrio económico ocasionado por la disolución del matrimonio, determinó que se acreditó su dependencia económica del actor y fijó una pensión alimenticia a su favor, en atención al principio de proporcionalidad. Por estas razones, el tribunal de apelación:

i) Decretó la disolución del vínculo matrimonial, sin la necesidad de decretar la liquidación de bienes, porque los contendientes celebraron su matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.

ii) Decretó la cancelación de la pensión alimenticia a favor de la señora **********, ordenada en el diverso juicio ordinario civil expediente ********** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz.

iii) Sin embargo, al advertir cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico en perjuicio de la divorciante y dada la necesidad que prevalece en su favor, decretó en su beneficio el pago de una pensión alimenticia regulada por los artículos 162 y 242 del Código Civil, doctrinariamente denominada pensión compensatoria, consistente en el 20 % (veinte por ciento) de las percepciones laborales del señor **********, por el lapso que los contendientes estuvieron unidos en matrimonio, siempre y cuando la acreedora no contrajera nupcias o estableciera una relación de concubinato o de hecho semejante, ni percibiera ingresos propios por su actividad profesional o dejara de necesitar la pensión por laborar en cualquier trabajo permitido por la ley.

19. Segundo juicio de amparo directo **********. En desacuerdo con la resolución anterior, la señora ********** promovió juicio de amparo directo, al cual se adhirió el señor **********. En sus conceptos de violación, la quejosa adujo, sustancialmente, que la omisión de la sala responsable de resolver sobre el pago de la indemnización reclamada le generaba perjuicio y nuevamente hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Civil en el estado de Veracruz, por no contemplar la figura jurídica de la indemnización para los cónyuges casados bajo el régimen de separación de bienes, porque esta situación genera desequilibrio económico en contravención al principio de igualdad entre cónyuges.

20. En sesión de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado otorgó la protección constitucional a la señora **********, para el efecto de que la sala familiar dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara una nueva, en la cual reiterara las consideraciones que no fueron materia de la concesión y, con plenitud de jurisdicción, resolviera sobre el otorgamiento de una indemnización de hasta el 50 % de los bienes adquiridos durante el matrimonio, derivado de su disolución, en los términos reclamados desde el juicio de origen.

21. En relación con el argumento de inconstitucionalidad que se hizo valer respecto del artículo 162 del Código Civil en el estado de Veracruz, el Tribunal Colegiado determinó, en síntesis, que no podía abordar dicho tópico al ser necesario que la autoridad responsable se pronunciara al respecto, pues de hacerlo se limitaría el derecho de defensa, en la medida en que las determinaciones de los órganos colegiados de control constitucional son terminales, tal como se advierte de la transcripción siguiente:

"Cabe destacar que este Tribunal Colegiado no puede legalmente ocuparse de la justipreciación de la cuestión omitida, pues ello constituye precisamente una obligación legal que le incumbe a la autoridad responsable, en razón de que lo único que debe analizar este órgano de control constitucional es la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado en cuanto a la aplicación exacta y puntual de las leyes adjetiva y sustantiva correspondientes, con base en las garantías de legalidad y seguridad jurídica, por lo que previamente al analizar esta cuestión es inconcuso que debe existir pronunciamiento al respecto por el tribunal de alzada responsable, que fue el que conoció del asunto, dado que esta autoridad de amparo no puede sustituirse en funciones propias que le incumben a aquélla; máxime que de analizar este Tribunal el agravio aludido, vinculado con el otorgamiento de una indemnización de hasta el 50 % del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio, derivado del divorcio, se corre el riesgo de anular la posibilidad de las partes a un medio de defensa, en la medida de que la determinación del tribunal colegiado no podría ser sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de legalidad y sus decisiones en ese ámbito son inimpugnables."

22. Sentencia dictada en cumplimiento. El doce de marzo de dos mil diecinueve, la sala familiar responsable dictó una resolución en la que reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión de amparo (disolución del vínculo matrimonial y pensión alimenticia) y determinó la improcedencia de la indemnización reclamada, sobre la base de que la legislación civil del estado de Veracruz no contempla la figura de compensación económica por razón del trabajo realizado en el hogar.

23. El tribunal de apelación agregó que en el caso no era aplicable el criterio jurisprudencial citado por la quejosa titulado: "DIVORCIO. LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR RAZÓN DE TRABAJO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PERMITE RECLAMAR HASTA EL 50% DEL VALOR DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL MATRIMONIO Y NO SÓLO LOS LOGRADOS MIENTRAS SUBSISTIÓ LA COHABITACIÓN.",(6) porque interpretaba la legislación de un diverso estado. Máxime que, en el asunto, ya se había decretado una pensión alimenticia a favor de la quejosa, con el objetivo de compensarla de los perjuicios que se le ocasionaron por dedicarse al cuidado de su hija y al trabajo del hogar, circunstancia que le impidió desarrollarse profesionalmente y obtener ingresos que le permitieran subsistir.

24. Tercer juicio de amparo directo **********. En contra de esta determinación, ********** promovió juicio de amparo directo. Conoció del asunto el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el que por auto de presidencia de veinticinco de abril de dos mil diecinueve admitió a trámite la demanda y ordenó su registro con el número de expediente **********.

25. En su único concepto de violación, la quejosa se inconformó con lo resuelto respecto de la improcedencia de la compensación reclamada. Asimismo, planteó por tercera ocasión la inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Civil para el estado de Veracruz,(7) con base en los siguientes argumentos:

a) El artículo 162 del Código Civil para el estado de Veracruz vulnera el principio de igualdad entre cónyuges, previsto en el artículo 4o. constitucional, al no establecer el pago de una compensación económica sobre el 50 % de los bienes adquiridos dentro del matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, en favor del cónyuge que se dedicó preponderantemente al trabajo en el hogar y al cuidado de los hijos.

b) De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se deriva, como mecanismo compensatorio, el derecho de la cónyuge que se dedicó al hogar y al cuidado de las hijas y los hijos a obtener una compensación respecto al valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio.

c) La compensación debe enfocarse en la necesidad de equilibrar una situación de desigualdad, derivada de las actividades que cada uno de los cónyuges realizaron durante el matrimonio. También como una medida legislativa tendente a lograr una igualdad de derechos y responsabilidades en el matrimonio, así como en caso de su disolución.

d) En el caso, durante el matrimonio la quejosa reportó costos de oportunidad que generaron un efecto desequilibrador en su patrimonio, por lo que tiene derecho a exigir un resarcimiento por ello. Situación que se impide con la norma impugnada.

26. Sentencia de amparo. En sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que negó el amparo. En esencia, declaró ineficaces e inoperantes los conceptos de violación a partir de las siguientes consideraciones:

a) En términos de los artículos 170, fracción I, cuarto párrafo, y 175, fracción IV, de la Ley de Amparo, es un presupuesto que las normas cuya constitucionalidad se impugne en vía directa, sean aplicadas en el procedimiento o en su resolución, tal como se determina en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. CXXXIII/97 de rubro: "CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ."(8)

b) En el caso, de la sentencia reclamada no se advierte que la sala responsable mencionara el contenido del artículo 162 del Código Civil para el estado de Veracruz. Particularmente, en el estudio relacionado con la indemnización de hasta el 50 % del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio, celebrado bajo el régimen de separación de bienes, que fue solicitado por la quejosa, por lo tanto, el argumento es inoperante. 27. Amparo directo en revisión **********. Inconforme con la negativa de amparo, el diez de octubre de dos mil diecinueve la señora ********** interpuso recurso de revisión, el cual fue recibido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de octubre siguiente.

28. En su escrito de agravios, la señora ********** hizo valer, como única línea argumentativa, la inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Civil para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vigente hasta el diez de junio de dos mil veinte, al considerar que el referido precepto viola el principio de igualdad entre cónyuges, con base en los siguientes argumentos:

a) Es incorrecto que el Tribunal Colegiado dejara de analizar el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Civil para el estado de Veracruz, bajo el argumento de que solamente es posible impugnar la validez constitucional de una norma cuando haya sido aplicada en el acto reclamado y, en el caso, para desatender la pretensión de indemnización, la sala responsable no refirió ese precepto.

b) Esto es así, porque la norma se impugnó precisamente porque no contempla el pago de una indemnización económica a favor de la cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de su hija, respecto de los bienes adquiridos por el esposo, quien sí trabajó durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes.

c) Por lo tanto, aun cuando el referido artículo no dispone expresamente esta indemnización, al ser la norma que establece las reglas para el caso de disolución del matrimonio, ésta debe interpretarse a través del derecho a la igualdad entre los cónyuges.

d) De manera que si la norma no contempla un mecanismo paliativo, ante la inequidad que puede producirse cuando se liquida el régimen económico de separación de bienes y, por ende, impide resarcir el perjuicio económico sufrido por la parte que, en aras del funcionamiento del matrimonio, asumió determinadas cargas domésticas y familiares sin recibir remuneración económica a cambio, esta es inconstitucional, porque la cónyuge que se quedó al cuidado del hogar, reportó costos de oportunidad que generaron un desequilibrio económico en su patrimonio, por lo que tiene derecho a ser resarcida mediante una indemnización. Por lo que, al no estar contemplada, el artículo es inconstitucional, ya que no establece un mecanismo resarcitorio, tendente a lograr la igualdad de derechos y obligaciones entre cónyuges.

e) La compensación solicitada debe entenderse como una medida legislativa, que procura la igualdad de derechos y responsabilidades de ambos cónyuges en el matrimonio, su duración y disolución, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se exige como medida tendente a reivindicar el valor del trabajo doméstico y de cuidado largamente invisibilizado en la sociedad y, por ello, la falta de consideración de ese mecanismo vuelve inconstitucional la norma que regula los alimentos en el divorcio, porque no permite corregir situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento injustos, derivadas de que uno de los cónyuges asumió las cargas domésticas en mayor medida que el otro.

f) La Suprema Corte debe verificar si es obligatorio o no que las normas de derecho civil y familiar contienen el mínimo de derechos de los cónyuges, a la luz del derecho de igualdad.

29. Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso y ordenó su registro con el número de expediente 7653/2019. Asimismo, remitió el asunto a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su radicación y lo turnó a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales, para su estudio.

30. Por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinte, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó su returno a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

31. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer este recurso de revisión, en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, porque se interpuso en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo en materia civil por un Tribunal Colegiado de Circuito, sin que se considere necesaria la intervención de este tribunal en Pleno.

III. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD DEL RECURSO

32. El recurso de revisión se interpuso por la señora **********, parte quejosa en el juicio de amparo, por conducto de su autorizada, a quien se le reconoció tal carácter mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Además, se encuentra legitimada para interponerlo, en atención a que se inconforma con una sentencia de amparo que le causó perjuicio con la negativa de la protección constitucional.

33. Por su parte, el recurso de revisión se presentó dentro del plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo. La sentencia recurrida fue notificada personalmente a la señora ********** el miércoles veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, el jueves veintiséis siguiente.

34. El plazo para interponer este medio de impugnación transcurrió del viernes veintisiete de septiembre al diez de octubre de dos mil diecinueve.(9) En consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el diez de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, se considera oportuno en tiempo.

IV. PROCEDENCIA

35. Para determinar la cuestión de procedencia del recurso de revisión, esta Primera Sala señala que debe tenerse presente lo establecido por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el punto Segundo del Acuerdo General Plenario 9/2015. De conformidad con la legislación citada, el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando en la sentencia:

a) Se decida sobre la constitucionalidad de una norma general, incluida su inconvencionalidad.

b) Se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política del país o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o, se omita el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

c) Se fije un criterio de interés excepcional a través del problema de constitucionalidad.

36. En relación con este último requisito, se entiende que un asunto cumple el requisito de tener un interés excepcional, en los supuestos en que:

a) Se advierta que la resolución del asunto dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,

b) Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con una cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

37. Ahora bien, en el caso concreto esta Primera Sala determina que del estudio de la demanda de amparo, la sentencia del Tribunal Colegiado y el recurso de revisión, el presente asunto sí satisface los requisitos necesarios para la procedencia del amparo directo en revisión.

38. En efecto, la procedencia del recurso se justifica porque en su demanda de amparo, la señora ********** alegó que el artículo 162 del Código Civil para el estado de Veracruz resulta contrario al principio de igualdad entre cónyuges y vulnera su derecho de acceso a una vida digna, porque a pesar de ser la norma que regula la situación de los cónyuges después del divorcio, no contempla el pago de una pensión compensatoria de hasta el 50 % (cincuenta por ciento) de los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, a favor de la cónyuge que se dedicó al trabajo del hogar y al cuidado de su hija.

39. Por su parte, el Tribunal Colegiado determinó que este planteamiento era inoperante, porque con fundamento en los artículos 170, fracción I, cuarto párrafo, y 175, fracción IV, de la Ley de Amparo, para estudiar la constitucionalidad de una norma en vía directa, ésta debió ser aplicada durante el procedimiento o en la resolución reclamada y, en el caso, no se advierte que la sala responsable hubiera mencionado el artículo impugnado, ni siquiera en las consideraciones relativas a la indemnización reclamada.

40. En sus agravios, la señora ********** combate la omisión de estudiar su planteamiento de constitucionalidad, al manifestar que dicha determinación resultó incorrecta, porque precisamente el artículo fue impugnado por no contemplar el pago de una indemnización económica sobre los bienes adquiridos por el cónyuge que sí trabajó en el mercado convencional, mientras duró el matrimonio celebrado por separación de bienes.

41. Adicionalmente, la recurrente argumenta que esa norma es la que establece las reglas para fijar la pensión en casos de disolución del vínculo matrimonial, misma que fue interpretada en el sentido de que en el estado de Veracruz no existe esa figura y, a partir de esa interpretación se le negó el derecho que r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32217-70e2dbcb/compensacion-economica-finalidades-caracteristicas-y-diferencias-con-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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