I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO SEISCIENTOS DIECINUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. X. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA, ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO SEISCIENTOS DIECINUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y DEBE SER CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ÉSTE, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ..."). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO SEISCIENTOS DIECINUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y DEBE SER CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ÉSTE, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ..."). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE LE SEA NOTIFICADA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 202/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 17 DE ENERO DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto número seiscientos diecinueve (619), por el que el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó conceder una pensión por cesantía en edad avanzada, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de dicha entidad, publicado en el Periódico Oficial local el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 202/2023, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, contra los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno, todos de la referida entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el trece de febrero de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Luis Jorge Gamboa Olea, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, ambos del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno, todos de la citada entidad, solicitando la invalidez del Decreto número seiscientos diecinueve (en adelante, "619"), por el que se concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a una trabajadora, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.
2. Concepto de invalidez. En su demanda, el Poder actor hizo valer un único concepto de invalidez, medularmente, bajo los siguientes términos:
a. El Decreto impugnado vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127, de la Constitución Federal, así como diversos preceptos de la Constitución local, ya que se invade la autonomía en la gestión presupuestal del Poder actor y se lesiona su independencia en el grado más grave (subordinación).
b. En el Decreto impugnado (artículo 2), se determina que la pensión será cubierta por el Poder Judicial del Estado, con cargo a su presupuesto, con lo que se dispone directamente de sus recursos financieros, fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin su autorización e intervención.
c. La pensión otorgada debe encontrarse garantizada por quien la expide, es decir, debe estar comprendida dentro de la proyección autorizada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, o porque existe una bolsa adicional a la que comprende a los jubilados anteriores, o porque al momento de emitirse el decreto, se ordena el aumento o trasferencia en la misma proporción en que deba cubrirse el referido gasto, de modo que al no existir justificación que soporte el actuar del Poder Legislativo demandado, dicho acto se constituye en una intromisión injustificada y en una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial actor.
d. La emisión de decretos sin la correspondiente garantía económica que asegure su cumplimiento genera que se violen los derechos de los trabajadores que pasan al retiro, en tanto, se impide que se realice su pago ante la innegable falta de recursos.
e. La atribución del Congreso local de emitir decretos jubilatorios de otros poderes estatales se aparta del principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues no se justifica la razón por la que una autoridad ajena al Poder Judicial evalúe si sus trabajadores cumplen los requisitos de ley para ser beneficiarios de una pensión. Máxime que la legislatura no dota de los recursos adicionales al Poder actor, ni autoriza la ampliación de recursos para sufragar la pensión impuesta.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 202/2023 y, por razón de turno, se designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
4. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de abril siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, –mas no así al Secretario de Gobierno de la referida entidad–, a quienes solicitó emplazar a efecto de que formularan su contestación. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación o a su esfera competencial conviniera.
5. Contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito depositado el dos de junio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicha entidad, señalando, esencialmente, lo siguiente:
• La controversia constitucional es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, pues el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial de la entidad y, por tanto, carece de interés legítimo. Esto, toda vez que el Congreso local no pretende ejercer de manera directa los recursos que integran el presupuesto del actor mediante la expedición del Decreto impugnado, sino que, por el contrario, aquél cuenta con las facultades constitucionales y legales para expedir esos decretos.
• Los trabajadores del Estado de Morelos (o sus beneficiarios) tienen derecho a disfrutar de una pensión que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con las que hayan celebrado convenio. Además, los trabajadores (entre los que se encuentran los del Poder Judicial local) también tienen derecho a otra pensión que se otorga mediante decreto expedido por el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la Ley del Servicio Civil; en tal sentido, es la citada ley la que faculta al Congreso para otorgar el Decreto de pensión impugnado.
• En el ejercicio fiscal dos mil veintidós se llevó a cabo la reconducción del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, ello debido a la falta de aprobación del Presupuesto de Egresos dos mil veintidós.
• Mediante Decreto mil ciento cinco (1105), el Congreso del Estado aprobó en el Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se asignó al Tribunal Superior de Justicia de la entidad la cantidad de $524,034,000.00 (quinientos veinticuatro millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), destinando $75,000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) al pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del referido Tribunal.
• Adicional a lo anterior, por oficios SH/0877-GH/2022 y SH/1398-GH/2022, de cuatro de octubre y veintidós de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente, se autorizaron en favor del Poder Judicial del Estado de Morelos, las cantidades de $35,000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) y $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), destinadas para la atención de diversos temas en materia de pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo.
• Por tanto, al haber otorgado el Poder Legislativo de Morelos la partida destinada para el pago de las pensiones, la emisión del Decreto impugnado no transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, ya que de manera previa se le otorgaron recursos suficientes al Poder Judicial estatal para el pago de dicha pensión, generando con ello las condiciones legales y materiales para que pueda hacer frente a esa carga.
6. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, Consejera Jurídica del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad, manifestando, en síntesis, lo siguiente:
• La controversia constitucional es improcedente, porque el Gobernador del Estado únicamente promulgó y publicó el Decreto impugnado, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales aplicables que lo facultan para ello, sin que tales actos sean cuestionados por vicios propios en los conceptos de invalidez.
• La impugnación que se formula en su contra es infundada, porque los actos que se le atribuyen no invaden el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas en favor del Poder Judicial actor.
• El Congreso local asigna al Poder Judicial una partida equivalente al 4.7 % del monto total del gasto programable del Presupuesto de Egresos anual, por tanto, el actor está en condiciones de cubrir el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión, toda vez que anualmente cuenta con la certeza de un porcentaje fijo en el presupuesto. En tal virtud, el Poder Judicial debe instrumentar mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, para responder a las obligaciones del pago de pensiones.
• Independientemente de lo señalado, el Ejecutivo estatal no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que actualmente tiene el citado Poder Judicial con sus jubilados, por lo que aquél solo debe hacerse cargo de sus propias obligaciones, no así de las obligaciones que deje de cumplir el Poder actor.
7. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería del Gobierno Federal. Ninguna de dichas instituciones emitió opinión en el presente asunto.
8. Alegatos. No se formularon en esta controversia constitucional.
9. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas. Posteriormente, mediante proveído de veinticinco de agosto siguiente, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
10. Avocamiento. Previo dictamen del Ministro instructor, mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veintitrés se ordenó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución. Luego, en proveído de once de diciembre siguiente, el Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y que se remitieran los autos al Ministro Ponente.
I. COMPETENCIA
11. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h),(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero,(6) y tercero(7) del Acuerdo General Número 1/2023,(8) al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS
13. Con fundamento en el artículo 41, fracción I,(9) de la Ley Reglamentaria, se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.
14. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el actor se duele, en esencia, de que el Decreto número 619, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, invade la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado, toda vez que el Poder Legislativo demandado, de manera unilateral, determinó conceder una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto, sin brindarle intervención alguna y sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con dicha obligación.
15. En ese sentido, tal determinación se encuentra contenida en el artículo 2(10) del Decreto impugnado, por lo que en esta controversia constitucional se tiene como acto impugnado exclusivamente el referido artículo 2, mediante el cual el Poder Legislativo concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a una trabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a su presupuesto.
16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
17. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Segunda Sala estima que está acreditada la existencia del acto impugnado, toda vez que en autos obra copia certificada del extracto del ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6152, del Estado de Morelos, de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, donde se publicó el Decreto número 619, que contiene el artículo 2, efectivamente controvertido.
18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
IV. OPORTUNIDAD
19. Conforme al artículo 21, fracción I,(11) de la Ley Reglamentaria, tratándose de actos, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
20. En el caso, para el cómputo del plazo se tomará la publicación oficial como fecha de conocimiento del Decreto impugnado, esto es, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa. Por tanto, el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del dos de enero al trece de febrero de dos mil veintitrés.(12)
21. Consecuentemente, si la demanda se presentó el último día del referido plazo (trece de febrero de dos mil veintitrés) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, es inconcuso que la controversia constitucional se promovió oportunamente.
22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
23. En primer lugar, resulta conveniente señalar que conforme al artículo 11, párrafo primero,(13) de la Ley Reglamentaria, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
24. En el presente asunto, suscribe la demanda Luis Jorge Gamboa Olea, quien acreditó su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y, en términos de los artículos 34(14) y 35, fracción I,(15) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(16) tiene la representación legal de dicho Poder.
25. De tal manera, debe reconocerse legitimación al Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al ser un ente legitimado para instar la presente vía, en términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal.
26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
27. Conforme a los artículos 10, fracción II,(17) y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, los poderes o los órganos que emitan y promulguen la norma general o pronuncien el acto o incurran en la omisión que sea objeto de controversia, los cuales, como se mencionó, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
28. En el caso, se estima que los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos tienen legitimación pasiva, por las consideraciones que se desarrollan a continuación.
29. En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos comparece el Diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, quien acreditó su personalidad y, en términos del artículo 36, fracción XVI,(18) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, cuenta con atribuciones para representar en juicio al Congreso del Estado.
30. Por su parte, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos comparece Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, quien acreditó dicho carácter y, en términos del artículo 36, fracción II,(19) de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, tiene la atribución de representar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad.
31. En consecuencia, las referidas autoridades tienen legitimación pasiva, ya que se les atribuye la emisión y la publicación del Decreto impugnado en el presente asunto y quienes comparecen en su representación cuentan con facultades para ello.
32. No pasa inadvertido que en el escrito de demanda el Poder actor señaló como demandado al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo, en congruencia con lo determinado en el acuerdo admisorio de cuatro de abril de dos mil veintitrés, al tratarse de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo local, no se le reconoce legitimación pasiva en la presente controversia constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 84/2000, de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."(20)
33. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
34. VII.1. Hecha valer por el Poder Legislativo estatal. El Poder Legislativo en su contestación de demanda, sostuvo que la controversia constitucional es improcedente dado que el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial del Estado de Morelos y, por tanto, éste carece de interés legítimo.
35. Al respecto, esta Segunda Sala estima que dicha causal de improcedencia debe desestimarse, ya que la determinación de si el Decreto impugnado afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial estatal es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto, tal como lo sostuvo el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis jurisprudencial, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(21) 36. VII.2. Aducida por el Poder Ejecutivo local. El Poder Ejecutivo señala que la controversia constitucional es notoriamente improcedente e infundada, toda vez que en los conceptos de invalidez no se combaten por vicios propios los actos de promulgación y publicación que se le atribuyen, siendo que tanto la Constitución Federal, como la Ley Orgánica de la Administración Pública estatales, le otorgan facultades para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones en el Periódico Oficial de la entidad, así como para hacer cumplir éstas.
37. En ese sentido, se desestiman los argumentos hechos valer, pues, como ya se desarrolló, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria, tienen el carácter de demandados en la controversia constitucional la entidad, el poder o el órgano que hubiera pronunciado el acto impugnado; por lo tanto, si el Poder Ejecutivo demandado formó parte del proceso de creación del decreto combatido, tanto su participación como la constitucionalidad de su actuación son susceptibles de analizarse en este medio de control constitucional, a efecto de lograr una adecuada resolución del juicio.
38. Resultan ilustrativas, en lo conducente, las tesis de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.";(22) y, "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."(23)
39. Precisado lo anterior, esta Segunda Sala no advierte, de forma oficiosa, que se actualice alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
40. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
41. Criterio jurídico o ratio decidendi: El Decreto impugnado, por el que el Congreso del Estado de Morelos concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a una trabajadora del Poder Judicial local, con cargo a su presupuesto, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal.
42. En su único concepto de invalidez el Poder actor sostiene, en esencia, que el Decreto impugnado viola la independencia y la autonomía de gestión presupuestal previstas en los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal, pues con dicho acto el Congreso estatal indebidamente se entromete en las decisiones presupuestales del Poder Judicial del Estado de Morelos.
43. De manera específica, sostiene que en el Decreto impugnado se dispone directamente de los recursos financieros del Poder Judicial local, sin brindarle intervención alguna ni transferirle efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica la pensión otorgada.
44. A fin de dar respuesta a lo anterior, resulta necesario explicar cómo funciona el sistema de pensiones en el Estado de Morelos, para lo cual esta Segunda Sala retoma las consideraciones que ha expuesto en diversos precedentes, entre ellos, las controversias constitucionales 126/2016,(24) 226/2016,(25) 187/2018(26) y 201/2020,(27) en las que se ha señalado, esencialmente, lo siguiente:
• Por una parte, los trabajadores del Estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quienes hayan celebrado convenio. A efecto de cumplir con ese derecho, los poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
• Con independencia de las pensiones anteriores, los trabajadores del Estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto que expide el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil para tal efecto.
• Sin embargo, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del Estado que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos poderes.
• En atención a lo anterior, y de los informes presentados por el Poder Judicial de Morelos y por el Instituto Mexicano del Seguro Social en las diversas controversias constitucionales 142/2017 y 199/2017,(28) así como del portal de transparencia del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, se advierte que desde mil novecientos noventa y siete el citado Poder se encuentra inscrito como patrón ante dicho Instituto bajo el Régimen Obligatorio del Seguro Social; y que ha enterado las aportaciones respectivas y ha inscrito a sus trabajadores, quienes cubren sus cuotas y reciben las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social en relación con los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y demás prestaciones sociales.
45. Con base en lo anterior, el Congreso del Estado ha otorgado mediante decreto diversas pensiones en favor de los trabajadores del Poder Judicial local, con cargo al presupuesto de dicho Poder, como sucedió en el caso que ahora se analiza.
46. En ese contexto, el Tribunal Pleno sostuvo que la Constitución Federal protege el principio de división de poderes, así como la autonomía en la gestión presupuestal entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que, respecto de este último, tales principios pueden verse violados cuando se incurre en las siguientes conductas:
I. En cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice una actuación antijurídica imputable a alguno de los poderes Legislativo o Ejecutivo;
II. Que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a aquél; y
III. Que la intromisión, la dependencia o la subordinación de otro Poder verse sobre el nombramiento, la promoción o la indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial; o la autonomía en la gestión presupuestal.
47. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 81/2004, de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."(29)
48. Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que la autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no disminuible), el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores; además de que dicho principio tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que estatuye la garantía de expeditez en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación de las legislaturas federal y locales de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal.
49. Por tanto, en la medida en que la mencionada autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los poderes judiciales locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues esto implicaría la violación del principio de división de poderes contemplado en el artículo 116 constitucional.
50. Lo anterior, se desprende de la tesis jurisprudencial P./J. 83/2004, de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."(30)
51. Con base en lo anterior, esta Segunda Sala se encuentra en condiciones de concluir que, efectivamente, el Decreto impugnado lesiona la independencia del Poder Judicial actor en el grado más grave (subordinación)(31) y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal referido, pues a través de dicho instrumento legislativo el Congreso de Morelos dispone de los recursos presupuestales de otro Poder sin que le haya otorgado algún tipo de participación y sin que hubiera generado previamente las condiciones legales y materiales para que el actor pudiera hacer frente a esa carga.
52. Aunado a lo anterior, si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones; los requisitos que deben cubrirse; y la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante decreto, no define cómo deben financiarse esas pensiones, ni, en su caso, cómo se distribuirán las cargas respectivas entre las distintas instituciones para las cuales haya laborado el servidor público, ni mucho menos autoriza a éste a imponer la obligación del pago de las pensiones sin haber otorgado previamente los recursos presupuestales suficientes a los Poderes Judicial o Ejecutivo, para que sean los que cubran aquéllas a los servidores públicos que estén en sus respectivas nóminas al momento de generar el derecho a recibir su pensión.
53. En ese sentido, esta Segunda Sala estima que es, precisamente tal indefinición, lo que torna al Decreto ahora impugnado inconstitucional. Máxime que, de conformidad con los artículos 32 de la Constitución Federal(32) y 61, fracción II,(33) de la Ley Orgánica par
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32254-c0400f0f/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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