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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE LA MISMA NATURALEZA, SIEMPRE QUE EXISTA IDENTIDAD DE PARTES, NORMAS GENERALES O ACTOS Y CONCEPTOS DE INVALIDEZ (DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICÓ EL DECRETO NÚMERO MIL QUINCE POR EL QUE SE CONCEDIÓ UNA PENSIÓN POR VIUDEZ CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 233/2022. · Registro digital (IUS): 32292
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-22
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo III, Pág.2904.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 233/2022. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 31 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. DISIDENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. AUSENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JEANNETTE VELÁZQUEZ DE LA PAZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 233/2022, promovida por el Poder Judicial de Morelos, contra el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, en contra del Decreto Número Cuatrocientos Sesenta y Ocho (468) –publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" ejemplar 6114, el trece de septiembre de dos mil veintidós– a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos, modificó el Decreto Número 1015 en el cual se determinó otorgar pensión por viudez a **********.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en determinar si la presente controversia constitucional resulta procedente y, en su caso, si se actualiza una invasión de competencias a las facultades del Poder Judicial del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El tres de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del decreto número cuatrocientos sesenta y ocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6114, de trece de septiembre de dos mil veintidós, por el que se modifica la pensión por viudez a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esa entidad federativa haya transferido efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio.

2. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

1) En cada ejercicio fiscal, el Poder Judicial ha remitido al titular del Poder Ejecutivo su ante proyecto de presupuesto de egresos, en los que se ha considerado una partida presupuestal para el pago de los decretos de las personas que han sido pensionadas o jubiladas por la autoridad demandada; no obstante, dichos proyectos no se han respetado, dado que el legislativo ha autorizado única y exclusivamente un porcentaje mínimo para el rubro de pago de pensiones.

2) Del ejercicio fiscal de 2013 a 2017, el presupuesto otorgado al Poder Judicial Estatal se mantuvo en el mismo monto, a pesar del aumento en los insumos necesarios para cumplir con el mandamiento judicial de administrar justicia, el aumento al salario del personal y el exponencial número de jubilados –estos por virtud de decretos jubilatorios autorizados por el Congreso Local– sin que durante dicho periodo existiera la partida presupuestal de pensiones a cargo de la cual determinaba el Congreso del Estado de Morelos, fueran sufragadas las mismas.

3) Mediante oficio número RJD/JUNTA ADMON/787/2020, de fecha de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se remitió al Poder Ejecutivo del Estado, el Ante Proyecto de Presupuesto de Egresos y programa Operativo anual del Poder Judicial de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, para su discusión y aprobación. En este se propuso asignar por lo menos la cantidad de 916'832,428.00 (novecientos dieciséis millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N), para el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, independientemente del presupuesto que se designaría al pago de decretos pensionarios, y a la implementación que se destinaría al pago de decretos pensionarios, y a la implementación del sistema de justicia laboral, los cuales, en total suman la cantidad de $1,480'051,000.000 (mil cuatrocientos ochenta millones cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N).

4) El primero de octubre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo Local, remitió a la LIV Legislatura del Estado de Morelos el proyecto de presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2021, sin respetar el importe proyectado por el Poder Judicial del Estado, sobre la base en el porcentaje que establecen los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Local, enviando así un proyecto de presupuesto directamente opuesto al contenido en el anteproyecto que le fue remitido por el Poder Judicial.

5) Por su parte, el Congreso del Estado de Morelos, el quince de diciembre de dos mil veinte aprobó el Decreto Número Mil Ciento Cinco (1105), en el cual autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial $549'034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N), desglosados de la siguiente manera: a)Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos $449'034,000.00 (cuatrocientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.); b) pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia $75'000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.); b) Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes $25'000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), sin contemplar la partida presupuestaria denominada "Apoyo Extraordinario a sindicalizados del Poder Judicial". La cantidad asignada al Poder Judicial en su totalidad no corresponde al 4.7% del gasto programable.

6) El trece de septiembre de dos mil veintidós fue publicado en el Periódico oficial "Tierra y libertad" número 6114 el Decreto Número Cuatrocientos Sesenta y Ocho (468) a través del cual se concede la pensión por viudez a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo Local haya transferido efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio.

7) El Congreso del Estado de Morelos no aprobó en diciembre del año dos mil veintiuno el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, por lo que de manera tácita se autorizó el mismo presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos expuso el siguiente concepto de invalidez:

• ÚNICO. El decreto impugnado vulnera en perjuicio del Poder Judicial actor, los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución General de la República; 32 párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal, la cual constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones con plena independencia.

• El Poder Legislativo del Estado, al determinar en el artículo 2o. del decreto impugnado que la pensión decretada se cubrirá con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, vulnera la autonomía de gestión presupuestal y en consecuencia, la independencia del Poder Judicial del Estado, ya que dispone directamente de los recursos financieros de éste.

• A juicio del Poder Judicial demandante, lo anterior es una subordinación del demandante al demandado, ya que teniendo el demandante la facultad de disponer de sus recursos financieros, no tuvo intervención alguna en el decreto impugnado.

• La emisión del decreto por el que se concede la pensión por viudez a **********, a cargo de la partida presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondiente al pago de derechos pensionarios implica una notoria afectación al Poder Judicial y, por ende, vulnera los principios de división de poderes, autonomía de gestión presupuestal e independencia judicial.

• Agrega que no basta que exista una partida destinada a pensiones para estimar que, por estar contemplada en el presupuesto de egresos anualizado, ésta necesariamente tiene fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, pues la pensión otorgada debe estar garantizada por quien la expide.

• Precisa que, ante la inexistencia de un grado de previsibilidad admisible constitucionalmente para rebasar el principio de autonomía presupuestal del Poder demandante, el Legislativo, al emitir el decreto impugnado, invadió la esfera competencial del Poder Judicial, a quien corresponde la proyección del personal que puede pasar al retiro.

• Adicionalmente, considera que con la emisión de decretos pensionarios sin la correspondiente garantía económica, se violan los derechos de los trabajadores que pasan a retiro, en tanto se impide que se realice el pago oportuno de sus prestaciones.

• También argumenta que la atribución del Congreso del Estado de Morelos de emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros poderes estatales se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron una relación de trabajo con el Poder Judicial, corresponde a la autoridad legislativa, evaluar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador del Poder Judicial se vea beneficiado con alguna de las distintas pensiones previstas en la ley, con cargo a la hacienda pública del Poder Judicial.

• El poder demandante señala que se transgrede su independencia y autonomía presupuestal con la expedición del decreto número cuatrocientos sesenta y ocho, puesto que el legislativo se entromete en la independencia judicial al emitir un decreto de pensión con impacto total en el presupuesto de egresos del poder actor. Torna dependiente al Poder Judicial en tanto impide de forma antijurídica que este tome decisiones o actúe de manera autónoma pues se le trata como un subalterno a la Legislatura Local, en tanto lo compele para que realice el pago en forma mensual, con cargo a su presupuesto -pero sin otorgar de manera concomitante la ampliación del presupuesto en la medida de lo necesario para cubrir la pensión. Finalmente, subordina al Poder Judicial al obligarlo a cubrir a ********** una pensión por viudez conforme al último salario del que hubiere gozado la finada **********, a partir del día siguiente de que ocurrió el fallecimiento.

• Así, considera que es evidente la intromisión del Poder Legislativo del Estado de Morelos, al determinar el pago de una pensión por viudez con cargo al erario en la partida de pensiones a cargo del Poder judicial, sin que se haya tomado el parecer del Poder Judicial y sin ampliar a la par el presupuesto en la medida de lo necesario para cubrir la pensión.

• La cantidad asignada en el decreto número mil ciento cinco no representa ni siquiera la mitad de lo que se necesita para cumplir con el pago de decretos pensionarios ya existentes, ni mucho menos el pago de incremento de los salarios de las pensiones correspondientes. Esto a pesar de que el Poder demandante proyectó un presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno por la cantidad de $399'409,000.00 (trecientos noventa y nueve millones cuatrocientos nueve mil pesos 00/100 M.N).

• Así, el decreto mil ciento cinco, publicado en el Periódico oficial "Tierra y Libertad" de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en su porción normativa prevista en el artículo décimo octavo, y el anexo 2 del mismo, transgrede el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 14, así como el principio de legalidad, previsto en el diverso 16.

• Finalmente, el Poder Judicial del Estado de Morelos considera necesario destacar que la sustancia y esencia de la controversia no es el que se excluya al Poder Judicial en la decisión de a quienes en su carácter de trabajadores debe concederse una pensión, sino que se omita otorgar suficiencia de recursos para enfrentar dicho gasto.

4. Artículos constitucionales violados. El Poder Judicial del Estado de Morelos estima violados los artículos 14, 16, 18, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Federal.

5. Registro, turno, admisión y trámite. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la controversia constitucional y turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución.

6. En proveído de once de noviembre de dos mil veintidós el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, autorizó al Poder Judicial del Estado de Morelos para tener acceso al expediente electrónico, tuvo por demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes ordenó emplazar para que en el plazo de treinta días hábiles dieran contestación a la demanda; además requirió a los dos poderes para que con sus contestaciones de la demanda remitieran las copias certificadas de los antecedentes legislativos y del ejemplar del periódico oficial relacionados con el decreto impugnado. Finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, lo que a su representación corresponda.

7. Certificación del plazo. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, por acuerdo del Ministro instructor, la Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad certificó que el plazo de treinta días hábiles concedido a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, para que presenten su contestación, transcurriría del jueves primero de diciembre de dos mil veintidós al veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el Diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:

• Respecto a los hechos narrados por la actora, la Legislatura Local sostiene que los hechos 1 y 2 son falsos, no afirma ni niega los hechos 3 y 4 por no ser un hecho propio del Poder Legislativo, califica como ciertos los hechos 5 y 6, éste únicamente en cuanto hace a la aprobación del Presupuesto de Egresos, pero sostiene que sí se otorgó al Poder Judicial el 4.7% del gasto programable; finalmente es parcialmente cierto el hecho 7.

• El Poder Legislativo Local sostiene que la controversia es improcedente, en términos del artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, pues el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial de la entidad por lo que la actora carece de interés legítimo para promover la presente controversia.

• Por lo que hace al concepto de invalidez planteado por el poder actor, el Legislativo Local sostiene que los trabajadores del Estado tienen derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. Con independencia de lo anterior, los trabajadores del Estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto que expide el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil para tal efecto.

• Derivado de lo anterior, ante la facultad otorgada por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al Congreso del Estado le corresponde otorgar los decretos de pensión en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al Estado de Morelos, entre los que se encuentran los del Poder Judicial.

• Luego entonces, resultan infundadas e inoperantes las afirmaciones del Poder actor, debido a que el Congreso Estatal aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, en el que se hizo una asignación presupuestal de $160'000,000.00 (ciento sesenta millones de pesos 00/100 M.N) al Poder Judicial para el pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos.

• Aunado a lo anterior, señala que el Congreso del Estado de Morelos, aprobó el decreto número 579, por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, en el que se asignó una partida presupuestal de $160'547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N) al Poder Judicial, integrada por los recursos necesarios para todas y cada una de las obligaciones financieras laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, la captación de recursos humanos y demás obligaciones que en general deban cumplir.

• Con base en lo anterior, sostiene que el Tribunal Superior de Justicia cuenta con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores, como en el caso concreto resultan ser los incrementos a las pensiones jubilatorias. Destaca que en caso de ser insuficientes los recursos debe estarse a lo ordenado por las leyes en la materia y solicitar al Ejecutivo del Estado la ampliación de presupuesto de manera fundada y motivada que le permita hacer frente a las obligaciones financieras.

• Argumenta que con la emisión del decreto no se transgrede el principio de autonomía presupuestal puesto que no se dispone de los recursos presupuestales de otro poder, porque de manera previa se han otorgado los recursos suficientes para el pago de la pensión aludida, generando con ello las condiciones legales y materiales para que la demandante pueda hacer frente a esa carga.

9. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, consejera jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en su carácter de representante legal de dicho poder, dio contestación a la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:

• Por lo que respecta a los hechos señalados en los numerales 1, 2, 5 y 7, ni se afirman ni se niegan al no ser propios ni atribuidos por el actor al Poder Ejecutivo Local. Señala que resulta cierto que el Poder Judicial remitió al Poder Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto de egresos y programas anuales del Poder Judicial del Estado de Morelos, también es cierto el hecho 4, pero niega que no se haya respetado el importe proyectado por el Tribunal Superior de Justicia. Reconoce que es cierto el hecho 7. • El Ejecutivo sostiene que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IV, de la ley de la materia pues anteriormente el Poder Judicial del Estado de Morelos, demandó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, ante la Suprema Corte de Justicia, la invalidez del Decreto Número Mil Quince por el que se concedió pensión por viudez a **********, radicándose la controversia constitucional 60/2021, la cual ya fue resuelta.

• Respecto del concepto de invalidez único destaca que el Poder Ejecutivo Estatal llevó a cabo la promulgación y publicación del decreto impugnado, sin que tales actos hayan sido motivo de impugnación por vicios propios, por lo que es falso que éste viole en perjuicio del Poder Judicial actor, las disposiciones constitucionales que invoca.

• El Ejecutivo sostiene que los actos que se le atribuyen no invaden el ámbito de las facultades del Poder Judicial actor, ya que, de conformidad con los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como 9, fracción II, 11 y 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Poder Ejecutivo Estatal cuenta con las facultades para promulgar y publicar leyes y demás disposiciones locales, a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado. Asimismo, afirma que las disposiciones citadas no fueron violadas en la promulgación y publicación del decreto impugnado.

• Además señala que el Decreto 468 impugnado se emitió en cumplimiento a lo ordenado en la controversia constitucional número 60/2021, resuelta por la primera Sala el dos de marzo de dos mil veintidós en la que se ordenó a las autoridades demandadas a modificar el decreto impugnado (1015) de manera que no se disponga del presupuesto del Poder Judicial demandante y que se haga el pago de la pensión por viudez con cargo al presupuesto general del Estado, o bien otorgar los recursos necesarios si se considera que otro poder o entidad debe realizarlo.

• Destaca que, en fecha de 16 de noviembre de 2022, se emitió un acuerdo en la controversia constitucional en el que reconoció que se dio cumplimiento a la sentencia puesto que el Poder Legislativo del Estado modificó el decreto 1015 y realizó las gestiones necesarias para emitir el diverso número 468 y que el Poder Ejecutivo demostró que realizó la transferencia de los recursos en favor del Poder Judicial de Morelos.

• Debido a que se cumplió con la sentencia de la controversia constitucional 60/2021, no existe razón alguna por la cual el Poder Judicial del Estado, pueda sostener que se dispuso de su presupuesto.

10. Contestación del secretario de Gobierno del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, en fecha de dos de febrero de dos mil veintitrés, Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno del Estado de Morelos dio contestación a la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:

• Respecto de los hechos señalados como antecedentes por el poder actor, señala que los señalados como 1, 2, 3, 4 y 5 no son atribuibles a la Secretaría de Gobierno y afirma que los hechos 6 y 7 son ciertos.

• Respecto del concepto único de invalidez, sostiene que si bien el Poder Judicial de Morelos reclama la invalidez del Decreto 468, se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combata por vicios respecto del acto de publicación atribuido al secretario de Gobierno, por lo que es evidente que se llamó al secretario a la controversia, en aras de que el actor cumpliera con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido, promulgado o publicado el decreto impugnado, para la adecuada tramitación y resolución de la controversia constitucional, y por lo tanto es falso que el secretario de Gobierno viole en perjuicio del poder actor las disposiciones constitucionales que invoca en su concepto de invalidez.

• Precisa que el Poder Ejecutivo Estatal, a través de su titular, cuenta con las facultades para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones Federales, a través del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como 9, fracción II, 11 y 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que sostiene la constitucionalidad de la promulgación y publicación del decreto impugnado.

• Con base en lo anterior concluye que, la publicación del decreto –que es el único acto que le resulta atribuible– se llevó a cabo con apego a la Constitución Local y la ley orgánica antes referidas, debido a que el secretario de Gobierno lo llevó a cabo conforme a las facultades legales que le han sido conferidas. Por lo tanto, la impugnación por parte del Poder Judicial es improcedente e infundada, ya que en ningún momento se invaden las facultades establecidas a su favor.

11. Opinión de la Fiscalía General de la República. De las constancias que obran en el expediente se desprende que la Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimiento o alegato alguno.

12. Audiencia. Agotados los términos en el trámite respectivo, el ocho de marzo de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución.(1) En el acta de la audiencia se hizo constar que no se presentaron las partes, por lo que únicamente se tuvieron por presentadas las pruebas que acompañaban la demanda y contestaciones respectivas.

13. Cierre de instrucción. Mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés el Ministro instructor declaró el cierre de instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente; ello con fundamento en los artículos 34 y 36 de la ley reglamentaria en la materia, en relación con el diverso 11, párrafo primero, fracción VI del Acuerdo General 8/2020.

14. Dictamen de radicación. Previo el dictamen de mérito, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés determinó enviar este asunto a la Primera Sala

15. Avocamiento. El diez de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de la Primera Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto correspondiente.

I. COMPETENCIA

16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución General;(2) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con lo dispuesto en los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General 1/2013 del Tribunal Pleno,(4) ya que el Poder Judicial de Morelos no impugna una norma de carácter general, lo que hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

17. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.(5)

18. En el apartado IV de su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos señala como acto reclamado el Decreto Número Cuatrocientos Sesenta y Ocho (468), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de trece de septiembre de dos mil veintidós.

19. Ahora bien, el actor no hace notar que dicho decreto no estableció una pensión por primera ocasión, sino que es un decreto modificatorio; más precisamente, modifica la pensión por viudez a *********, que había sido originalmente otorgada mediante decreto 1015.

20. Tampoco señala el actor que el decreto impugnado (468) se emitió precisamente en cumplimiento de la resolución dictada por esta Primera Sala en la controversia constitucional 60/2021, en la que se estudió la constitucionalidad del decreto mil quince (1015) por el que se otorgó la pensión por viudez a con cargo al Presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.

21. Ahora bien, es necesario aclarar que aunque el decreto impugnado es el 468, los conceptos de invalidez hechos valer se refieren a la inconstitucionalidad del Decreto 1015; incluso existen errores trascedentes en la demanda, pues ésta es una copia o reiteración de la demanda anterior que se presentó en contra del mencionado Decreto 1015.

22. Por ejemplo, la demanda dice que el legislativo local "de manera expresa determina afectar la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos". Como se advierte del cuadro consiguiente, el decreto que expresamente establece que la pensión por viudez se hará con cargo al presupuesto del Poder Judicial es el 1015 y no el 468.

Ver cuadro

23. No obstante, conforme al artículo 40 de la ley reglamentaria en la materia,(6) esta Primera Sala entiende como reclamado el Decreto 468, al que se le reclaman, entonces, los mismos vicios de constitucionalidad que se hicieron valer para el Decreto 1015.

24. Cabe precisar, además, que esta Primera Sala advierte que la materia del reclamo se circunscribe a la porción normativa del artículo 2o., relativo al pago de la pensión con el presunto cargo a su presupuesto, como se ve de lo subrayado a continuación:

"DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO POR EL QUE SE

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32292-27a10994/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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