PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO NO LO OBLIGA A SEÑALAR LA REGLA DE LA SANA CRÍTICA QUE SUSTENTA SU DECISIÓN. REGLAS DE LA SANA CRÍTICA (LÓGICA, MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO). SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE VALORACIÓN DE PRUEBAS POR PARTE DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 98/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 8 DE FEBRERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.
B. COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.
14. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales; así como el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
C. LEGITIMACIÓN
15. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)
I. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
16. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de ha interpretado que los requisitos(3) para la existencia de una contradicción, a saber: a) necesidad de ejercicio interpretativo mediante el arbitrio judicial de los tribunales contendientes; b) existencia de un punto de toque en los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico y, finalmente, c) posibilidad de formular una genuina cuestión jurídica acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
17. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, se satisface el requisito.
18. Los Tribunales Colegiados de Circuito realizaron un ejercicio interpretativo aplicando su arbitrio judicial para llegar a una solución determinada.
a) El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (denunciante), resolvió el amparo directo 173/2023 de las características siguientes:
19. El tres de agosto de dos mil veintiuno, se emitió el auto de apertura a juicio oral con la acusación en contra de **********, por los delitos de atentados al pudor, abuso sexual equiparado, violación equiparada y violación, cometidos en agravio de la víctima menor de edad.
20. Del diecisiete al veintiuno de enero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de debate, en donde se escuchó a las partes y se desahogaron los medios de prueba.
21. El veinte de enero de dos mil veintidós, el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Partido Judicial emitió fallo condenatorio por los delitos señalados y absolvió por el diverso de violación equiparada.
22. Inconforme con dicha determinación, el sentenciado interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Partido Judicial con sede en el Municipio de Aguascalientes, el cual fue radicado por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, el cual el nueve de septiembre siguiente, dictó sentencia en la que modificó la de primer grado, únicamente respecto al tema de individualización de penas, pues se ubicó al sentenciado en el grado mínimo de culpabilidad.
23. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, ante la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, el sentenciado solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, señaló como autoridad responsable ordenadora a la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, y al Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Oral, al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y al Director del Centro Penitenciario, todos del Estado de Aguascalientes como ejecutoras; como acto reclamado señaló la resolución del recurso de apelación de nueve de septiembre de dos mil veintidós.
24. La demanda fue a ese órgano colegiado, en el que por auto de presidencia de tres de abril del citado año, se admitió únicamente respecto a la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y se desechó respecto de las diversas señaladas como responsables del Estado de Aguascalientes.
25. Así, por auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés se turnaron los autos al Magistrado relator para proyecto de resolución.
26. Dicho órgano colegiado, precisó que en el caso concreto, tanto el tribunal de enjuiciamiento (en su fallo oral y en la versión escrita) como la sala responsable, observaron los requisitos de fundamentación y motivación que para la emisión de todo acto de autoridad exige el artículo 16 constitucional, ya que en sus decisiones citaron los preceptos legales que consideraron aplicables al caso, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva –fundamentación–; vertieron los argumentos jurídicos por los que consideraron que la conducta antijurídica imputada encuadraba en la hipótesis normativa que describe la ley penal –motivación–. Además, indicaron las razones y fundamentos del porqué asignó valor probatorio a los medios de convicción, o bien, aquéllas que no les merecieron eficacia demostrativa.
27. No soslayó que tanto en la instancia de apelación, como en la demanda de derechos fundamentales, la transgresión al principio de legalidad se hizo consistir en que a juicio del quejoso no se invocó la máxima de la experiencia que se empleó para resolver el asunto, ya que ambas autoridades sólo señalaron que se apoyaron en ésta para resolver, pero sin especificar cuál.
28. Destacó que la argumentación del peticionario de amparo –en parte– está respaldada en la doctrina del razonamiento probatorio.
29. Compartió lo señalado por la sala de apelación, en cuanto a que no hay dispositivo legal o criterio jurisprudencial vinculante para que se señale expresamente a qué regla de la lógica se acude al momento de justipreciar los elementos de juicio.
30. Señaló que, si bien no desconoce que los artículos 259, segundo párrafo, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contienen el esquema de valoración racional de la prueba, redacción que, en armonía con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser libre, es decir: no tasado.
31. Lo cierto es que con plena observancia a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas.
32. Destacó que dichos preceptos legales y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando constriñen a valorar las pruebas a la luz de las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, no obligan a que de forma expresa y sacramental en una resolución, deba indicarse cuál fue la aplicada al momento de atribuir valor a determinado medio probatorio, para considerar que el fallo esté motivado en cuanto a la valoración de la prueba.
33. En virtud que lo verdaderamente relevante más allá de la explicitación de la regla lógica o máxime de la experiencia empleada, es que se exponga de manera razonada la valoración libre y lógica que efectuó de cada elemento de prueba de descargo, tanto en lo individual, como colectivamente.
34. Consideraciones que señaló se reafirman con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5425/2022, donde precisó las reglas que derivan del sistema libre de valoración asumido como regla primordial en el procedimiento de justicia penal, dentro de las cuales destacaron las directrices procesales de valoración.
35. En dicha ejecutoria, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado, sino que las directrices se enfocarían a observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sin que el juzgador tenga una absoluta libertad que implique arbitrariedad de su parte (íntima convicción), sino que tal facultad debe estar limitada por la sana crítica y la forma lógica de valorarlas.
36. Incluso se estableció que el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera en la prueba para motivar su decisión; señaló que aun cuando los fallos de primera y segunda instancia no invocaron la regla de la lógica o máxima de la experiencia no tiene el alcance de asumir falta de fundamentación y motivación. Aunado a que dichos procesos corresponden a la actividad intelectiva de cada juzgador.
37. Destacó que al tratarse de un proceso intelectual que consiste en una interpretación individual e integral de los resultados que conduce a asignarles o rechazarles consecuencias jurídicas. Para llevar a cabo el procedimiento valorativo el juez empleará:
a) Su preparación intelectual: conocimientos jurídicos, psicológicos, experiencia en la materia, cultura, etcétera.
b) Las denominadas “máximas de la experiencia”, enseñanzas o precedentes de la vida cotidiana que, en forma concreta, según cita de Leone, debemos entender como: definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, independientes del caso concreto que debe decidirse en el proceso y de las singularidades circunstancias de él, conquistadas con la experiencia pero autónomas respecto de los casos singulares de cuya observación han sido deducidos y, además, de los cuales deben valer para nuevos casos.
c) El conocimiento de los hechos notorios que, por su propia naturaleza, no están necesariamente sujetos a prueba, ya que son acontecimientos provenientes del hombre o de la naturaleza que por su fuerte impacto quedan grabados en la conciencia general.
38. Sin embargo, consideró que sería ilógico exigirle al juzgador que plasmara en cada sentencia su preparación, su experiencia de vida o aquellos acontecimientos que le han impactado, para estimar que sólo así podría considerarse motivada una resolución.
39. Indicó que, conforme al numeral 388 del Código Nacional de Procedimientos Penales los hechos pueden ser probados por cualquier medio, siempre que éste sea lícito. A fin de que el conocimiento obtenido por medio del proceso penal sea fiable, la actividad del juzgador debe observar criterios orientadores para que no sea en el fondo un sistema de íntima convicción, las cuales consisten en la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. En el entendido de que dichos criterios servirán no sólo como guía metodológica para el juzgador en la actividad de valoración de la prueba, sino además como un límite racional en esa función.
40. Destacó que conocido el significado de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos, coincidir con lo planteado por el quejoso, trastocaría el sistema de valoración libre de la prueba, ya que el juicio acusatorio oral funciona a partir de un sistema de libre valoración de la prueba, donde el juzgador debe motivar el procedimiento intelectual realizado a efecto de exponer las razones que condujeron a la formación de su decisión, con base tales orientadores pero no bajo un estricto orden.
41. Por tanto, el sistema de valoración libre y lógico implica, conferir libertad al juzgador de apreciar el elemento de convicción y otorgarle, bajo un proceso racional, un determinado valor.
42. Finalmente, negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.
b) El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en auxilio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, resolvió el amparo directo 25/2016, (cuaderno auxiliar 697/2021), de las características siguientes:
43. El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Tepic Nayarit, dictó auto de apertura de juicio oral, a fin de que el Tribunal de Enjuiciamiento de ese órgano conociera de la acusación formulada por la fiscalía contra el peticionario de la protección constitucional.
44. La audiencia de juicio oral se desarrolló ante el citado tribunal de enjuiciamiento, se desahogaron diversos elementos de juicio.
45. Una vez incorporados los medios de prueba la fiscalía, la asesora jurídica de la parte ofendida, así como la defensa externaron sus alegatos de clausura, así como sus respectivas réplicas; y el tribunal de enjuiciamiento a través del juez relator, emitió fallo condenatorio por el delito de feminicidio.
46. Inconforme con lo anterior, el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, quien confirmó la sentencia impugnada.
47. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, el sentenciado promovió juicio de amparo directo; la demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit; la cual el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado de ese circuito admitió a trámite.
48. El Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinó que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región apoyaría en el dictado de las sentencias al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito; se tuvo por recibido el expediente, ordenó formar un cuaderno con el número auxiliar DP 697/2021; lo turnó a la ponencia para el dictado de la resolución correspondiente.
49. Dicho Tribunal Colegiado, respecto a las reglas de la sana crítica, señaló que debe precisarse qué principio lógico, máxima de experiencia o conocimiento científico rige la valoración de la prueba, para estimar que esta se ajustó a aquellas, ya que en contexto con la jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, donde destacó que las autoridades jurisdiccionales deben de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, con base en la expresión de las razones de derecho y motivos de hecho considerados para el dictado de su resolución, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de fuerza legal suficiente, es decir, observar las garantías de debido proceso y legalidad inmersas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
50. En concordancia con lo anterior, subrayó que la justificación de los hechos, en el derogado sistema tradicional, estaba delimitada por un esquema de reglas probatorias tasadas que de suyo excluían –por regla general– el razonamiento probatorio en las decisiones de los jueces; ya que se concretizaban a corroborar si la actividad probatoria desplegada por las partes se ajustaba o no a las directrices preestablecidas por el legislador.
51. Así, destacó, con la reforma constitucional en materia de justicia penal, el modelo de valoración que debe regir la decisión de los hechos, está contenida en la fracción II del apartado A, del artículo 20 constitucional; en esencia, el legislador dispuso que en el actual sistema acusatorio oral, la valoración de las pruebas recae exclusivamente en el juez sin que pueda ser delegada en otra persona; valoración que deberá hacerse “de manera libre y lógica”.
52. Sobre dicho tópico, la Primera Sala del Máximo Tribunal destacó que ese tipo de valoración no implica que el juzgador de los hechos tenga una absoluta libertad que involucre arbitrariedad, esto es, que lo posicione en un sistema de valoración ligado con su íntima convicción, sino que, en cambio, esa apreciación está limitada por las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, así como las máximas de experiencia (comúnmente denominadas como reglas de la sana crítica racional).
53. Citó en apoyo a lo anterior, el criterio emitido en la tesis 1a. LXXIV/2019 (10a.), de rubro: “PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”
54. Indicó que el esquema de valoración racional, se encuentra cristalizado en los arábigos 259, segundo párrafo, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de donde se advierte que la valoración de las pruebas deberá ser libre –en cuanto a no estar sujeta a reglas preestablecidas en la norma– y de manera lógica –lo cual, como se vio, se vincula no sólo con las reglas de esa disciplina, sino además con las máximas de experiencia, así como los conocimientos científicos–; aunado a que se acentúa la obligación del juzgador de motivar adecuadamente el valor otorgado a los elementos de juicio, así como de explicar y justificar su valoración con base en una apreciación integral, así como racional de cada uno de ellos, inclusive, de los que hubiere desestimado.
55. Precisó que aun cuando el sistema de valoración que debe ser observado por los juzgadores si bien está desprovisto de reglas de valoración previamente asignadas en una norma, se limita por los criterios racionales intersubjetivos; pero en la realidad los jueces y tribunales se concretizan a referir que la valoración de los elementos de juicio incorporados en la audiencia de juicio se sustenta en: “las reglas de la sana crítica”, o bien, “en las de la lógica, las máximas de experiencia y la ciencia”, pero sin detallar qué postulado lógico, máxima de experiencia o conocimiento científico respaldan sus inferencias.
56. Se estimó así, porque la referencia de que la valoración de los elementos probatorios se hizo conforme a las reglas de la sana crítica sin un respaldo argumentativo se traduce en una sentencia o resolución huérfana de cualquier soporte epistémico o racional, lo que, en términos reales, se equipara a que el juzgador resuelva el asunto conforme a su íntima convicción, puesto que tanto en uno como en otro caso no puede saberse qué directriz sustentó la apreciación relativa, ni muchos menos se podrá someter a escrutinio posterior.
57. En los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dispone explícitamente que la valoración libre y lógica de la prueba implica necesariamente el deber del juzgador de justificar o motivar adecuadamente el valor otorgado a cada uno de los elementos de prueba, así como de materializar una valoración global de aquellos.
58. Por ello, para que la valoración de los elementos de prueba se acople al sistema de valoración constitucional y legal, es necesario que exista una justificación de las razones por las cuales se atribuye un grado de corroboración a cada una de las pruebas incorporadas en juicio y, a su vez, al conjunto de ellas.
59. Justificación en la que el juzgador de los hechos deberá precisar con base en qué regla de la lógica, máxima de experiencia o conocimiento científico en específico sustentó la valoración concerniente. 60. Si el decisor asevera que un determinado testimonio aporta un grado de corroboración mínimo a la hipótesis de la defensa conforme a las “reglas de la lógica”; esa estimación necesariamente debe estar acompañada de la mención de la regla de la lógica en específico que la soporte, atento al principio de identidad, de no contradicción, del tercero excluido, o bien, de razón suficiente.
61. En cambio, si el decisor de los hechos expresa que una prueba documental aporta un nivel de confirmación elevado a la hipótesis de la fiscalía al tenor de: “las máximas de experiencia”, aquel deberá expresar a qué máxima en concreto se refiere.
62. Hizo alusión a la doctrina del razonamiento probatorio, ya que estimó que eran acordes con el nuevo esquema de enjuiciamiento penal y útiles para la solución de las problemáticas subyacentes.
63. Con relación a la posibilidad de acudir a la doctrina como elemento de análisis, citó la tesis 2a. LXIII/2001, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: “DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.”
64. Mencionó que la doctrina de razonamiento probatorio identifica a las máximas de experiencia como las premisas mayores fácticas, esto es, permiten que la inferencia probatoria de carácter inductivo se reconstruya como una deducción; ejercicio que también es dable de realizar a partir de las reglas de la lógica, así como los conocimientos científicos afianzados.
65. Hizo referencia a la necesidad de que el juzgador puntualice cuál es la máxima de experiencia en concreto que sustenta su visión del asunto, para estar en condiciones de escudriñar si, en efecto, el postulado enunciado tiene esa calidad, o bien, constituye un mero prejuicio.
66. Agregó que, la valoración que sin la argumentación del cómo una determinada regla de la lógica, máxima de experiencia o conocimiento científico sustenta esa apreciación se equipara a resolver conforme a la íntima convicción, puesto que, ante ese contexto de abstracción, se elimina la posibilidad de controlar esa decisión en instancias posteriores.
67. Dicho órgano colegiado resaltó que la narrativa a manera de relato no implicaba motivar la prueba, ya que la motivación de la prueba no sólo depende de la justificación general de los enunciados fácticos principales sobre los hechos controvertidos, esto es, con relación a las teorías del caso sustentadas por la fiscalía y la defensa del acusado, sino que debe repararse en que en la motivación del suceso principal intervienen numerosas proposiciones que deben, a su vez, ser justificados como parte integrante de ese razonamiento.
68. Aunado a que el relato presupone la verdad de los enunciados que los componen, pero no constituye, por sí mismo la justificación de las afirmaciones que lo integran.
69. Señaló que la técnica analítica consistente en la priorización de la valoración individual de todas las pruebas practicadas, en la que no se excluye la valoración global de esos elementos, ni que el razonamiento probatorio del juez culmine con un relato de los sucesos relevantes del proceso, es el modelo de motivación de la prueba que se ajusta al esquema de valoración racional al que hace referencia el marco constitucional y legal.
70. Lo anterior, porque solo a partir de plasmar los términos en que fueron incorporadas las pruebas en el juicio oral, los criterios de valoración utilizados para asignar un determinado grado de confirmación a cada uno de los elementos de prueba, así como el resultado de esa valoración individual y –posteriormente– en conjunto, esto es, a partir de un modelo analítico, es que se puede permitir controlar exhaustivamente las inferencias que integran el razonamiento probatorio del decisor de los hechos; en cambio, si este echa mano de la técnica del relato que estriba en una mera relatoría abstracta de los hechos probados, esa circunstancia se traducirá en que no se motivó la determinación de los hechos.
71. El órgano colegiado resaltó que la valoración probatoria y estándar de prueba, son dos momentos lógicamente distintos y sucesivos en la actividad probatoria, ya que en la mayoría de las veces se les considera como uno solo, lo que origina que dada una determinada valoración de un cuadro probatorio, en automático, se dé por sentado que el estándar probatorio se encuentre superado.
72. Mencionó que respecto al momento concerniente a la toma de decisión condicionado a la objetivación de un estándar probatorio, existen posturas doctrinales en contraposición que sustentan que un umbral de suficiencia probatoria no es realmente útil, o bien, que pueden adoptarse criterios vinculados con las hipótesis en conflicto; sin embargo, en los arábigos 359 y 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé que el tribunal de enjuiciamiento sólo puede condenar al acusado si llega a la convicción de su culpabilidad: “más allá de toda duda razonable”.
73. Apuntó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, vía jurisprudencia, la necesidad de contar –por lo menos en materia penal– con este estándar de prueba; se ha considerado al estándar de prueba conocido como: “más allá de toda duda razonable”, como una vertiente del principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional; el cual –cuando coexistan tanto pruebas de cargo como de descargo requiere, de entrada, que se analicen conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia, así como que se salden con dos condiciones torales:
74. 1) El grado de corroboración brindado por las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio; y al mismo tiempo, y 2) Se descarte que el nivel de confirmación de las pruebas de descargo dé lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora, verbigracia, al refutar la fiabilidad de las pruebas de cargo, o bien, por corroborar, a manera de elementos exculpatorios, la indicada hipótesis de inocencia.
75. Lo anterior, según lo indicado por la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 2/2017 (10a.), de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.”
76. Señaló que, la valoración de los elementos probatorios que implica delimitar qué nivel de corroboración brindan aquellos a las hipótesis en conflicto, así como la dilucidación concerniente a si ese grado de confirmación es suficiente o no para aceptar alguna de esas hipótesis como verdadera, son momentos lógicamente diferentes y sucesivos; de ahí que, la motivación del primero no puede presuponer la del segundo.
77. Por lo cual el juez debe justificar de manera destacada tanto uno como otro momento, es decir, no solo debe limitarse a motivar el por qué asignó un determinado valor probatorio al conjunto de elementos de juicio respecto de las hipótesis fácticas en conflicto, sino que está constreñido a motivar las razones a través de las cuales cuales estimó que ese nivel de corroboración es suficiente para superar el umbral probatorio, lo que implica que se justifique, a partir de un ejercicio de confrontación, que la hipótesis de inocencia aducida por la defensa se encuentra desvirtuada, y al mismo tiempo la hipótesis sustentada por la fiscalía no ha sido refutada.
78. Respecto a la psicología del testimonio, el órgano colegiado indicó que era indispensable recordar que el actual esquema de valoración solo es libre en cuanto a que no depende de directrices contempladas previamente en una norma, pues esa apreciación debe guiarse por criterios objetivos (o más bien intersubjetivos) de racionalidad; es decir, que es irrelevante la convicción que tenga el juzgador respecto de los hechos relevantes del proceso, ya que inclusive, conforme a dichos criterios, puede suscitarse que resuelva contra su convicción, esto es, en oposición a su creencia subjetiva de los sucesos puestos a su conocimiento.
79. Máxime que es dable reiterar para que el sistema acusatorio tenga una real efectividad, sus principios básicos deben entenderse en su justa dimensión por los operadores jurídicos; y sobre esa base, si ese nuevo esquema de enjuiciamiento obliga, entre otras cuestiones, a poner especial atención en los avances de la ciencia, en lo que respecta a la prueba testimonial, es imperioso adoptar los principales postulados de la aludida rama para testear la fiabilidad del testimonio.
80. De tal suerte que, al valorar un testimonio en lo individual, el juez debe ponderar si concurre algunos de los factores de influencia en la codificación, retención y recuperación del recuerdo, a manera de criterios negativos, a causa de que la presencia de esos factores será indicativo de la poca o nula fiabilidad del testimonio, en cambio, su ausencia no conlleva necesariamente a que la indicada prueba testimonial se le otorgue un grado de confirmación elevado.
81. Es así, pues no basta que el juzgador justifique las razones por las cuales considera que un determinado cuadro probatorio, valorado en lo individual y luego en su conjunto, aportan un nivel de corroboración elevado a una determinada proposición fáctica (principal), puesto que ésta, con normalidad, se compone a su vez de múltiples hipótesis fácticas en específico que, por igual, necesitan estar justificadas.
82. Así, la motivación de la valoración probatoria, en específico, respecto de la prueba testimonial no puede depender de una concepción presuntivista de la persona quien declara, sino de un escrutinio minucioso acerca de la ocurrencia de los factores mencionados en las declaraciones respectivas considerad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32312-fec0e786/pruebas-en-el-sistema-penal-acusatorio-su-valoracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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