I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 32 Y 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. VIII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. X. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES ..."). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LA PERSONA PENSIONADA O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES ...")
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 324/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 14 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto 832 (ochocientos treinta y dos), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6181 (seis mil ciento ochenta y uno), de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 324/2023, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del citado Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.
2. En la demanda se solicitó la declaración de invalidez del Decreto número 832 (ochocientos treinta y dos) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6181 (seis mil ciento ochenta y uno), de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Diana Velázquez Casales, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de ese Estado, sin transferir los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el citado Decreto jubilatorio.
3. Antecedentes. En la demanda el Poder actor señaló los siguientes:
a) El veintiocho de agosto de dos mil veinte, el entonces Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante oficio, remitió al Titular del Poder Ejecutivo del mismo Estado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual para el Poder Judicial de ese Estado para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, en el que se previó una partida presupuestal específica para el pago de pensiones y jubilaciones que llegara a emitir el Congreso local.
b) El uno de octubre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos remitió al Poder Legislativo local el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, sin respetar el importe proyectado por el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.
c) Posteriormente, el quince de diciembre de dos mil veinte, el Congreso del Estado de Morelos aprobó el Decreto número 1105 (mil ciento cinco), en el cual autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno de ese Estado para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, por medio del cual asignó al Poder Judicial del Estado de Morelos un presupuesto de egresos que comprendió, entre otras, una partida presupuestaria para el pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos.
d) Luego, en diciembre de dos mil veintiuno, el Congreso local no aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, por lo que de manera tácita se asignó el mismo presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.
e) Después, el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el Decreto número 579 (quinientos setenta y nueve) por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintitrés.
f) Finalmente, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6181 (seis mil ciento ochenta y uno) el Decreto número 832 (ochocientos treinta y dos), a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Diana Velázquez Casales, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, en los términos siguientes:
"DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS POR EL CUAL SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A DIANA VELÁZQUEZ CASALES
"ARTÍCULO 1.- Se concede pensión por Jubilación a Diana Velázquez Casales, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: actuaria de Primera Instancia al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec."
"ARTÍCULO 2.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente en la entidad a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, en el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, penúltimo párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."
"ARTÍCULO 3.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley."
4. Artículos que se estiman violados y concepto de invalidez. Los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
5. La parte actora planteó un único concepto de invalidez, en el cual, esencialmente expresa lo siguiente:
• El decreto impugnado viola el principio de división de poderes y la autonomía de gestión presupuestal consagrada en los artículos 17, 49 y 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción Xl, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial local.
• El Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva y en este asunto no sucedió así, ya que el monto asignado en la partida presupuestal correspondiente difiere del que solicitó al Congreso local para cubrir el pago de pensiones a su cargo, por lo que los recursos asignados no son suficientes.
• Si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue, como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación, lo cierto es que, para que se les conceda mediante decreto, no basta la presunción de que existe una partida para estimar que, por estar contemplada en el presupuesto de egresos anualizado, la partida destinada a pensiones necesariamente tiene fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, pues no debe perderse de vista que la pensión otorgada se debe encontrar garantizada por quien la expide, por estar comprendida dentro de la proyección autorizada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente o porque exista una bolsa adicional a la que comprende a los jubilados anteriores, o porque, al momento de emitirse el decreto, se ordene el aumento o transferencia en la misma proporción en que deba cubrirse el referido gasto.
• El propósito del asunto no es que se excluya al poder actor de la decisión de a quiénes, en su carácter de trabajadores, debe concederse una pensión, sino que se le otorgue suficiencia de recursos para enfrentar dicho gasto.
• La Legislatura del Estado de Morelos transgrede el principio constitucional de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que emitió el Decreto mediante el cual se autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, el cual resulta insuficiente. Además de que, a su juicio, la orden reclamada implica una subordinación del Poder Judicial al Poder Legislativo estatal.
• El Congreso del Estado de Morelos aprobó una partida presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones del Tribunal Superior de Justicia por la cantidad de $160,547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.), sin embargo, aduce que en ese numerario sólo está considerado el pago de nómina de pensionados, jubilados y personal de retiro vigentes al dos mil veintidós, sin considerar el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, entre otros.
6. Trámite. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente Controversia Constitucional a la que correspondió el número 324/2023 y turnarlo al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien correspondió la instrucción del asunto.
7. Mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, no así al Secretario de Gobierno de ese Estado, por tratarse de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo estatal, a quienes mandó a emplazar para que formularan su contestación; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera; quienes no formularon opinión en el presente asunto.
8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. A través del escrito recibido el catorce de julio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de este Alto Tribunal, el Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, en la que hizo valer una causa de improcedencia y diversos argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado, los cuales se sintetizan a continuación:
Causa de improcedencia
• La controversia constitucional es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia en relación con el numeral 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal por falta de interés legítimo del Poder actor, pues considera que el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones de ese Poder, de conformidad con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Con la expedición del Decreto número 832 (ochocientos treinta y dos) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6181 (seis mil ciento ochenta y uno), el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, no se pretende de forma alguna disponer de manera directa de los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial, por lo que, con base en lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, constitucional, 40, fracción XX, de la Constitución Política Local y 54, fracción VII, así como 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Poder Legislativo cuenta con las facultades constitucionales y legales para expedir los decretos que otorguen a los Trabajadores del Gobierno Estatal, con lo cual de ninguna forma se invade la autonomía presupuestaria.
• El acto impugnado ha cesado sus efectos por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional.
Argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado
• La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, faculta al Congreso del Estado para otorgar los decretos de pensión en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al Estado de Morelos, entre los que se encuentran los del Poder Judicial.
• En el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés se previeron asignaciones para el Poder Judicial, entre ellas, una partida presupuestaria específica para pensiones y jubilaciones. Por lo que con ello se evidencia que el Tribunal Superior de Justicia cuenta con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores.
• Al haber otorgado la partida destinada para el pago de la pensión controvertida, de ninguna manera se transgrede en perjuicio de la parte actora el principio de autonomía en la gestión presupuestal.
9. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito recibido por vía electrónica el dos de agosto de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su Consejera Jurídica, dio contestación a la demanda. En ésta formuló argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado, los cuales, en esencia, consisten en lo siguiente:
• Es infundado que se viole lo dispuesto en los numerales 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
• El Poder actor está en condiciones de cubrir a cabalidad con el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión de sus exservidores públicos, sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales, porque anualmente cuenta con la certeza de un presupuesto con un porcentaje fijo en el Presupuesto de Egresos anual.
• El Poder Judicial actor tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado.
• Los actos emitidos por el Poder Ejecutivo Estatal, relativos a la promulgación y publicación del decreto impugnado, se encuentran apegados al orden constitucional establecido en la Constitución Federal y demás normativa en la materia.
• Debe considerarse que el Ejecutivo Estatal no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que actualmente tiene el Poder Judicial local con sus jubilados.
• El Poder Judicial del Estado es el que tiene la obligación de instrumentar aquellos mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, para dar cumplimiento a las obligaciones que por mandato constitucional y judicial le corresponde.
• El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Decreto 579 (Quinientos Setenta y Nueve) por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, precisando que dentro del artículo Décimo Sexto se estableció que, del presupuesto asignado, se deberán cubrir las erogaciones de seguridad social, como el pago de jubilados y pensionados.
• El Poder actor cuenta con un presupuesto mayor para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, por lo que, con base en su autonomía financiera, tiene la obligación de instrumentar mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, para dar cumplimiento a sus obligaciones.
10. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el once de octubre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, y por acuerdo del diecisiete del mismo mes y año, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
11. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada mediante dictamen de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés por el Ministro instructor, por acuerdo de veinticinco del mismo mes y año, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió para su radicación y resolución el asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal. Posteriormente, por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés emitido por el Ministro Presidente de la Primera Sala, se determinó el avocamiento para conocer de la Controversia Constitucional.
12. Returno. Finalmente, en atención a la aprobación de la readscripción de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf(1) a la Primera Sala de este Alto Tribunal, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala le returnó este asunto para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
13. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente Controversia Constitucional, conforme lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 10, 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) vinculado con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; en relación con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero, del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año; por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno por haberse impugnado un acto.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
14. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.
15. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:
"El decreto número OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 6181, de treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés, por el que se concede pensión por jubilación a Diana Velázquez Casales, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2023 ... ."
16. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda se advierte, en específico, del único concepto de invalidez que hizo valer el Poder Judicial del Estado de Morelos, que de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por jubilación a una persona con cargo a su presupuesto, sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.
17. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2o., de maneraqueéste es el que constituye la materia de la presente controversia constitucional. En consecuencia, se tiene únicamente al artículo 2o. del Decreto número 832 (ochocientos treinta y dos), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6181 (seis mil ciento ochenta y uno), de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, como acto impugnado. III. OPORTUNIDAD
18. La demanda de Controversia Constitucional fue presentada oportunamente conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) el cual señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, de acuerdo a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
19. En el presente caso, debido a que el Poder Judicial actor impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, el viernes treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del lunes tres de abril al viernes diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.(8)
20. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los incisos a), b), g), h) y n) del Punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(9) relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.
21. Entonces, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de mayo de dos mil veintitrés resulta claro que su presentación resultó oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
22. Esta Primera Sala advierte que la demanda fue presentada por parte legítima.
23. En efecto, Luis Jorge Gamboa Olea promovió la demanda en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(10) quien se encuentra legitimado para promover esta Controversia Constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(11) 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia;(12) 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(13) así como en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2003.(14)
24. Lo anterior, porque de conformidad con los preceptos referidos, el Poder Judicial del Estado de Morelos es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico a ese Poder, corresponde al Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
25. Esta Primera Sala considera que los Poderes Legislativo y Ejecutivo demandados tienen legitimación pasiva.
26. En cuanto al Poder Legislativo del Estado de Morelos, en su representación compareció Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, personalidad que acreditó con copia certificada del acta de la Sesión Ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintitrés, en la que consta su designación para el periodo que comprende del uno de septiembre de dos mil veintitrés al treinta y uno de agosto del dos mil veinticuatro, y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en los artículos 32 y 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(15)
27. Por otro lado, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos cuenta con legitimación, toda vez que en su representación acudió Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, Consejera Jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se publicó su nombramiento y cuya atribución para representar al Poder Ejecutivo de la entidad federativa se prevé en el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos,(16) en relación con los numerales 74 de la Constitución Política de este Estado,(17) así como con el "Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de la entidad federativa el dieciséis de abril de dos mil diecinueve.
28. Como se aprecia, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer en este juicio, toda vez que a ellos se les imputan los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
29. En el caso, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos hicieron valer las siguientes causas de improcedencia:
a) Poder Legislativo del Estado de Morelos.
30. El Poder legislativo local, en su contestación de demanda aduce que esta Controversia Constitucional resulta improcedente porque el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial de ese Estado y, por tanto, carece de interés legítimo.
31. Sin embargo, tal y como esta Primera Sala sostuvo en las controversias constitucionales 209/2022(18) y 7/2023(19) se desestima la causa de improcedencia propuesta, ya que la determinación de la afectación que genera la expedición del decreto es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto y no es posible disociar con toda claridad el estudio de la improcedencia de aquellas cuestiones que refieren al fondo de la controversia.
32. Por estas razones, conforme la jurisprudencia P./J. 92/99 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.",(20) los argumentos del Poder Legislativo del Estado de Morelos propuestos no pueden ser motivo de análisis en este apartado, sino del estudio de fondo.
33. Lo que nos lleva a desestimar la causa de improcedencia planteada.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
34. En su contestación de demanda, el Poder Ejecutivo demandado señala que es improcedente la presente controversia constitucional, toda vez que el actor no formula conceptos de invalidez que controviertan su actuar por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.
35. Esta Primera Sala considera que es infundado el motivo de improcedencia antes expuesto, puesto que de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(21) la autoridad mencionada forma parte del proceso de creación del Decreto combatido y, por ende, la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Sala.
36. En ese sentido, al haber sido desestimados los planteamientos antes expuestos y al no advertirse de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al análisis del estudio de fondo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
37. El Poder Judicial del Estado de Morelos demanda la invalidez de la porción normativa del artículo 2o. del Decreto 832 (ochocientos treinta y dos), mediante el cual el Congreso del Estado de Morelos otorgó una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto de egresos, al considerar que ello constituye una intromisión indebida en sus decisiones presupuestales, por lo que se viola la autonomía entre poderes, la autonomía de gestión y el principio de congruencia presupuestal consagrados en los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
38. La porción normativa combatida es del contenido siguiente:
"DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS POR EL CUAL SE LE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A DIANA VELÁZQUEZ CASALES.
"...
"ARTÍCULO 2.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente en la entidad a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, en el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, penúltimo párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."
39. En dicho precepto, el Congreso local dispuso la cuota mensual de la pensión a cubrir, así como la fecha en que deberá comenzar a pagarse; además, indicó que la autoridad obligada a pagar tal pensión de manera mensual sería el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.
40. Pues bien, el planteamiento de invalidez expuesto por el poder accionante es fundado.
41. Esta Primera Sala ha resuelto múltiples controversias constitucionales(22) en las que ha analizado el otorgamiento unilateral de pensiones por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32321-280d137e/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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