I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, QUIEN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULOS 79-B, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO E) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 21, 22, FRACCIÓN XXI Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, ASÍ COMO 133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, TODAS DEL ESTADO MORELOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 32, 35 Y 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉLLA, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "... POR EL ÓRGANO AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. AUTORIDAD QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES..."). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LA PERSONA PENSIONADA Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "... POR EL ÓRGANO AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. AUTORIDAD QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES..."). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE LE SEA NOTIFICADA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL SETENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "... POR EL ÓRGANO AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. AUTORIDAD QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES..."). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE ORDENA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE EN FUTURAS OCASIONES EN LAS QUE, EN USO DE SU FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LA ENTIDAD, OTORGUE PENSIONES A TRABAJADORES DEL ESTADO, ESTABLEZCA EXPRESAMENTE EN EL DECRETO DE PENSIÓN EL PODER DEL ESTADO QUE SE HARÁ CARGO DEL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA Y, EN CASO DE SER OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS DE LA PENSIÓN, DEBERÁ GIRAR LA ORDEN A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA QUE TRANSFIERA AL PODER O ENTIDAD ENCARGADA DE SU PAGO LOS RECURSOS ECO
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 438/2023. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 31 DE ENERO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El decreto 1072 (mil setenta y dos) por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a un trabajador, publicado el cinco de julio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6206 (seis mil doscientos seis).
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 438/2023, promovida por la Fiscalía General, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido el uno de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fiscal General del Estado de Morelos promovió la presente controversia en la que demandó la invalidez del decreto número 1072 (mil setenta y dos) por el que el Congreso de Morelos otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a José Humberto González Martínez, con cargo al presupuesto del órgano constitucional autónomo que representa.
2. En este sentido, la parte demandante expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. Sostiene que el decreto 1072 (mil setenta y dos) causa una grave afectación a la Fiscalía General de Morelos porque el Congreso del Estado ordenó el pago de una pensión por cesantía en edad avanzada superior a la que corresponde legalmente al trabajador por los años laborados sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, lo que vulnera la autonomía e independencia presupuestaria y constituye una forma de subordinación frente al poder demandado.
El Congreso estatal, al emitir el decreto impugnado no dio participación alguna a esta Fiscalía General de Morelos lo que significa que se trata de un acto que emitió de manera unilateral e inconstitucional.
b. Del decreto impugnado se advierte que el Congreso de Morelos omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos porque no realizó correctamente el análisis de porcentaje de pensión correspondiente a la antigüedad soportada documentalmente y determinó que la pensión por cesantía en edad avanzada debe ser pagada mensualmente por la Fiscalía actora.
c. El Congreso de Morelos subordina a la Fiscalía actora, toda vez que sin otorgarle participación en la emisión del decreto 1072 (mil setenta y dos), le impone una obligación de pago por concepto de pensión por cesantía en edad avanzada a un servidor público sin transferirle los recursos necesarios para cumplir con tal obligación. Esto constituye un agravio a la autonomía en la gestión presupuestal del órgano constitucional autónomo en tanto interfiere con la facultad de administrar, manejar y ejercer su presupuesto.
Lo anterior, en la inteligencia de que la autonomía en la gestión presupuestaria es una garantía financiera e institucional que se afecta con la emisión del decreto impugnado, toda vez que sin otorgar recursos necesarios le impone una obligación económica sin expresar con cargo a qué partida presupuestal debe cumplir.
d. Considera que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos debió hacer la observación sobre el monto de la pensión otorgada en el Decreto conforme al artículo 70, fracción II de la Constitución local, lo cual causa un agravio sobre la autonomía financiera de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 438/2023; asimismo, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.
4. Posteriormente, en proveído del día doce de septiembre siguiente, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos; finalmente ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Contestación de demanda por los poderes demandados. El treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recibió el escrito por el que la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo de Morelos dio contestación a la demanda. Asimismo, se recibió el del Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado mediante buzón judicial automatizado de este Tribunal Constitucional.
6. De la Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No emitieron opinión en el presente asunto.
7. Alegatos. No se formularon.
8. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el trece de diciembre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ella se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas. Posteriormente se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
9. Avocamiento. Previo dictamen del Ministro instructor, mediante proveído presidencial del día catorce de diciembre siguiente se ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala; y, por acuerdo de tres de enero de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala avocó a ésta al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto respectivo.
I. COMPETENCIA
10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I,(3) 11, fracción VIII(4) y 21, fracción IX(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(6) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, párrafo primero y tercero del Acuerdo General Número 1/2023,(7) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año, ya que no se impugnan normas de carácter general, sino que se plantea un conflicto entre un organismo constitucional autónomo y los Poderes Ejecutivo y Legislativo todos del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
11. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS
12. En términos del artículo 41 fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(8) se aprecia que en esencia la Fiscalía General del Estado de Morelos se duele de que el Congreso de Morelos haya otorgado una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo a su presupuesto y en un monto superior al que correspondía legalmente por antigüedad, particularmente sin que le transfiriera los recursos económicos necesarios para cumplir con esa obligación.
13. Por lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte fija como acto objeto de la presente controversia el artículo 2(9) del Decreto 1072 (mil setenta y dos), publicado el cinco de julio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6206 del Estado de Morelos, mediante el cual el Congreso de esa entidad federativa concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a favor de José Humberto González Martínez y ordena a la Fiscalía General del Estado de Morelos a pagarla con cargo a su presupuesto.
14. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
15. El decreto número mil setenta y dos, del que se ha tenido por impugnado su artículo 2, se encuentra plenamente acreditado, toda vez que, obra en autos copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Morelos de cinco de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se publicó un extracto del mismo, de ahí que está acreditada la existencia del acto impugnado.
16. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
IV. OPORTUNIDAD
17. Conforme al artículo 21, fracción I(10) de la Ley Reglamentaria de la Materia, tratándose de actos, el plazo para promover controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
18. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna, para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es, el cinco de julio de dos mil veintitrés.
19. En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves seis de julio al jueves treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.(11) De ahí que, si la demanda se envió el último día del plazo mencionado, su presentación resulta oportuna.
20. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se aparta de las consideraciones que sustentan la oportunidad.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
21. La demanda fue presentada por parte legítima.
22. Carlos Andrés Montes Tello, en su carácter de titular de la Fiscalía Regional Metropolitana del Estado de Morelos, en suplencia por ausencia del titular de la Fiscalía General de dicho Estado, quien está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación de esa Fiscalía.
23. Esto es así, ya que la Fiscalía General del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional;(12) y corresponde al Fiscal General su representación en los litigios en que dicho ente sea parte, en términos de los artículos 79-B, segundo párrafo inciso e) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 21, 22, fracción XXI y 75 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; así como el 133 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.(13)
24. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
25. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.
26. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas al Congreso y al Gobernador del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación del decreto impugnado.
27. Consecuentemente, se tienen como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos.
28. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero de la ley reglamentaria, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
29. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejera Jurídica,(14) quien conforme el artículo 38, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(15) tiene facultades de representación.
30. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura, quien conforme al artículo 36, fracción XVI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(16) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
31. Lo anterior, según la copia certificada del acta de la sesión ordinaria de catorce de septiembre de dos mil veintidós, en la cual fue designado Presidente de la citada Mesa Directiva.
32. Conforme a lo anterior, los citados funcionarios tienen legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.
33. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
34. El Poder Legislativo hizo valer la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 19, en relación con el diverso 20, fracción II de la Ley Reglamentaria, argumentando que la Fiscalía General de Morelos carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional.
35. De las manifestaciones relativas se advierte que en realidad la causa de improcedencia que hace valer es la falta de legitimación activa, pues señaló que el artículo 105, fracción I, inciso I) de la Constitución Federal no la faculta al efecto.
36. No le asiste razón al poder demandado ya que, como se indicó previamente, el artículo 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal en vigor, reconoce legitimación activa a los órganos constitucionales autónomos locales para acudir a este medio de control constitucional a demandar la constitucionalidad de las normas generales, actos y omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, de los poderes Ejecutivo y Legislativo de su entidad federativa.
37. En este caso, si la Fiscalía General de Morelos acudió a la controversia constitucional a demandar la invalidez de un decreto expedido y publicado por el Congreso y el Gobernador de Morelos, respectivamente; entonces, con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le reconoce legitimación activa para promover la presente controversia constitucional.
38. Consecuentemente, la causa de improcedencia planteada es infundada.
39. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
VIII. ESTUDIO DE FONDO
40. El decreto del Congreso del Estado de Morelos, por el que concedió una pensión por cesantía en edad avanzada, con cargo al presupuesto de la Fiscalía General del Estado de Morelos, es inconstitucional por vulnerar el principio de autonomía de gestión presupuestal de éste, como a continuación se explica.
41. En su único concepto de invalidez, la Fiscalía actora sostiene que el decreto impugnado viola la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrada en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales de la Fiscalía del Estado.
42. Ello, aunado a que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva, y en el presente caso no sucedió así.
43. Es decir, el actor manifiesta que la Legislatura del Estado de Morelos transgrede el principio constitucional de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que emitió el Decreto mediante el cual se autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto de la actora.
44. La determinación del Poder Legislativo en el Decreto 1072 (mil setenta y dos) en tanto ordena a la Fiscalía actora que pague en forma mensual la pensión por cesantía en edad avanzada a una persona con cargo a su partida presupuestal constituye una violación a la independencia financiera de la Fiscalía y, por consecuencia, al principio de autonomía que expresamente se encuentra previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal.
45. Se trata de una subordinación de la Fiscalía General del Estado de Morelos ante el Congreso del Estado, pues, además de que la actora no puede disponer autónomamente de sus recursos económicos, implica que está sometida a la voluntad del poder subordinante, es decir, el Poder Legislativo Local no permite a la Fiscalía actora un curso de acción distinto al que le ordena en el Decreto, esto es, pagar una pensión por cesantía en edad avanzada a un exservidor público.
46. Lo anterior se afirma pues, si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores y sus beneficiarios a obtener este tipo de pensiones; los requisitos que deben cubrirse; la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante Decreto; así como que la legislación vigente faculta a la Fiscalía General del Estado de Morelos a administrar, manejar y aplicar el presupuesto que le es asignado, de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales, por ese motivo, el hecho de que cualquier otro poder público pretenda tener injerencia en ello representa una violación a lo previsto por el artículo 116 de la Constitución Política del país.
47. Además, la Ley no define cómo deben financiarse esas pensiones, ni en su caso, cómo se distribuirán las cargas respectivas, incluso, en caso de que en algún momento las personas servidoras públicas hayan laborado para alguna otra dependencia del Gobierno del Estado, para que sean cubiertas aquéllas a los servidores públicos al momento de generar el derecho a recibir su pensión.
48. Por su parte, la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece que las prestaciones, los seguros y los servicios que reconoce estarán a cargo de las instituciones obligadas estatales o municipales, y se cubrirán de manera directa cuando así proceda y no con base en aportaciones de los sujetos de la ley. 49. En ese sentido, esta Segunda Sala considera que es precisamente tal indefinición lo que torna al decreto aquí impugnado inconstitucional. Máxime que de conformidad con los artículos 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado,(17) el Congreso estatal es el órgano encargado de revisar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, y por ende correspondería a dicha legislatura, además de determinar el monto correcto del pago, establecer y autorizar las partidas presupuestarias correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como de distribuir las cargas financieras, dependiendo de qué poder o poderes fueron patrones del pensionista y por cuánto tiempo, pues es el propio Congreso quien cuenta con la información necesaria para ello en términos de la Ley del Servicio Civil.
50. Por lo expuesto, es fundado el concepto de invalidez hecho valer al respecto por la parte actora y, en consecuencia, se declara la invalidez parcial del Decreto 1072 (mil setenta y dos), por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada, exclusivamente en la porción del artículo 2 que establece que la pensión deberá cubrirse: "... por el Órgano Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos. Autoridad que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones ...".
51. En consecuencia, y como lo ha sostenido el Tribunal Pleno en reiteradas ocasiones, al haberse alcanzado la pretensión de la parte actora, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos hechos valer.(18)
52. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
IX. EFECTOS
53. El artículo 73, en relación con los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, señalan que las sentencias deben contener los alcances y efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.
54. Declaratoria de invalidez parcial: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez parcial del Decreto número 1072 (mil setenta y dos), por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6206 (seis mil doscientos seis) del Estado de Morelos el cinco de julio de dos mil veintitrés, únicamente en la porción del artículo 2 que indica: "... por el Órgano Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos. Autoridad que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones ...".
55. Otros lineamientos: El efecto de la invalidez parcial decretada no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado al beneficiario y que no son materia de la invalidez determinada, por lo que, al igual que esta Segunda Sala lo ha sostenido al resolver las controversias constitucionales 168/2020,(19) 201/2020(20) y 10/2021,(21) el Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá:
a. Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez, y
b. A fin de no lesionar la independencia del organismo actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, deberá establecer de manera puntual:
- Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado.
- En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá establecer los términos y, en su caso, el porcentaje correspondiente, así como otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión, aclarando que fueron transferidos para cubrir la pensión por cesantía en edad avanzada a José Humberto González Martínez.
56. Lo anterior, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales siguientes a que le sea notificada la presente resolución.
57. Por otra parte, esta Segunda Sala de la Suprema Corte advierte que en los últimos años ha resuelto cientos de precedentes en los mismos términos que esta controversia constitucional.
58. En todos, acudió como parte actora un Poder u Órgano Constitucional Autónomo del Estado de Morelos impugnando del Congreso local la emisión de un decreto que le otorgaba la pensión a una persona trabajadora de la parte actora. Las resoluciones han favorecido a la parte actora, estimando que los decretos del Congreso del Estado de Morelos por los que se otorgan pensiones a personas trabajadoras con cargo al presupuesto de otros Poderes u Órganos Constitucionales Autónomos sin que previamente les haya transferido los fondos necesarios para cubrir con la obligación, son inconstitucionales por vulnerar su independencia (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal.
59. Con todo y que esta Segunda Sala ha sido consistente en invalidar los decretos emitidos por el Congreso de Morelos, éste insiste en subordinar a los Poderes y Órganos Constitucionales Autónomos emitiendo nuevos decretos de pensiones sin previamente transferir los fondos necesarios para cubrir con la obligación; por lo que, a partir de este momento, se le ordena al Congreso del Estado de Morelos que en futuras ocasiones en las que haciendo uso de su facultad prevista en el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, otorgue pensiones a trabajadores de dicho Estado, deberá establecer expresamente en el decreto de pensión lo siguiente:
a. Qué poder del Estado se hará cargo del pago de la pensión respectiva y,
b. En caso de ser otro poder o entidad quien deba realizar los pagos de la pensión, deberá girar la orden a la autoridad competente para que transfiera al poder o entidad encargada de su pago los recursos económicos suficientes para cumplir con su obligación.
60. Lo anterior, sin perjuicio de que el Congreso de Morelos, en el próximo presupuesto de egresos del Estado, deberá programar un incremento en la partida correspondiente al pago de pensiones en la misma proporción de los recursos que el poder o entidad necesite para seguir cubriendo el pago de las obligaciones contraídas con motivo de los decretos emitidos en ejercicio de su facultad prevista en el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
61. Finalmente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace del conocimiento del Congreso de Morelos que en caso de incumplir lo ordenado en esta sentencia, con fundamento en el artículo 105, último párrafo,(22) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplicarán los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución General.(23)
Notificaciones: Deberá notificarse esta sentencia, por oficio, a la Fiscalía General del Estado de Morelos (parte actora), y a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos.
Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
X. DECISIÓN
Por lo antes expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO.—Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional.
SEGUNDO.—Se declara la invalidez parcial del Decreto reclamado.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y devuélvase el expediente a la Sección de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se aparta de las consideraciones que sustentan la oportunidad.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
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1. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y ..."
2. "Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."
3. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."
4. "Artículo 11. El Pleno
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32323-412c8a63/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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