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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, QUIEN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULOS 79-B, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 21, 22, FRACCIÓN XXI Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, ASÍ COMO 133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, TODAS DEL ESTADO DE MORELOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL CONSTITUYE UNA POTENCIAL AFECTACIÓN AL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES DE ÉSTA QUE IMPLICA UN TEMA GENUINO DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. XI. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. XII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XIII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. XIV. AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECIN

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 441/2023. · Registro digital (IUS): 32806
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-08
Promovente: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.502.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 441/2023. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 14 DE AGOSTO DE 2024. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El Decreto 1176 (mil ciento setenta y seis), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6211(seis mil doscientos once), de fecha diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 441/2023, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Hechos que dieron origen a la controversia constitucional.(1) El trece de junio de dos mil dieciocho, Patricia Becerril Alarcón presentó ante el Congreso del Estado de Morelos, solicitud de pensión por jubilación.

2. El seis de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno de la LIV Legislatura del Estado de Morelos aprobó el Decreto número 614 (seiscientos catorce), del cual resulta relevante lo señalado en el numeral "IV" del apartado de "Consideraciones" en el que se estableció lo siguiente:

"IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del (sic) C. Patricia Becerril Alarcón, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 18 años, 01 mes, 10 días, de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, desempeñando el cargo de: Auxiliar Administrativo, adscrito en la Contraloría, del 04 de junio del 2013 al 31 de diciembre del 2015. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado, del 01 de septiembre de 1997 al 12 de noviembre de 1997; Secretaria Ejecutiva, adscrita en la Dirección General de Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 16 de noviembre de 1997 al 11 de febrero de 1998; Mecanógrafa, adscrita en la Dirección General de Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 01 de marzo de 1998 al 30 de junio de 1999; Analista Especializada, adscrita en la Dirección General de Averiguaciones Previas Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 01 de julio de 1999 al 16 de marzo de 2001; Analista Especializada, adscrito en la Dirección General de Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 01 de abril de 2001 al 15 de febrero de 2005; Agente del Ministerio Público, laboró bajo el Régimen de Nombramiento por Tiempo y Obra Determinados, en la Subprocuraduría Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 16 de febrero de 2005 al 31 de diciembre de 2007; Agente de Ministerio Público, adscrito en la Subprocuraduría Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 02 de enero de 2008 al 29 de junio del 2012; Agente de Ministerio Público, adscrito en la Subprocuraduría General de la Fiscalía General del Estado, baja el 19 de julio del 2012; Secretaria de Acuerdos, laboró bajo el Régimen de Nombramiento por Tiempo Determinado en Capacitación Inicial, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y sus Juntas Especiales de la Secretaría de Trabajo, del 01 de febrero al 30 de abril del 2013; Secretaria de Acuerdos, laboró bajo el Régimen de Nombramiento por Tiempo Determinado en Capacitación Inicial, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y sus Juntas Especiales de la Secretaría de Trabajo, del 02 al 31 de mayo del 2013; Agente de Ministerio Público, adscrito en la Vicefiscalía "B", de la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción, del 03 de octubre, al 31 de diciembre del 2017; Agente de Ministerio Público, adscrito en la Vicefiscalía "B" de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, fecha en la que causa baja. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra solamente en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio solicitado."

3. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se remitió el Decreto número 614 (seiscientos catorce) al Poder Ejecutivo local para los efectos legales correspondientes.

4. El diez de diciembre de dos mil diecinueve, el Poder Ejecutivo local remitió al Congreso del Estado de Morelos las observaciones que formuló al mencionado Decreto. A través de las mismas manifestó que la Fiscalía General del Estado de Morelos fue la última beneficiaria de los servicios de la solicitante de la pensión, por lo que le correspondía cubrir su pago.

5. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el Decreto número 614 (seiscientos catorce), del cual resulta relevante lo señalado en el numeral "V" del apartado de "Consideraciones" en el que se estableció lo siguiente:

"V.- Ahora bien, en virtud de que el 15 de febrero de 2018, se publicó en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 5578, la reforma al artículo 79-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por la cual se estableció a la Fiscalía General del Estado de Morelos como un Órgano Constitucional Autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya vigencia inició el 16 de febrero de 2018, y dado que el último cargo desempeñado por la C. Patricia Becerril Alarcón, es el de: Agente de Ministerio Público, adscrito en la Vicefiscalía ‘B’ de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, es por lo que el pago de la pensión que se otorga deberá cubrirse con cargo al presupuesto del referido Órgano Constitucional Autónomo."

6. Juicio de amparo 1244/2020. Mediante escrito presentado el dieciséis diciembre de dos mil veinte, la Fiscalía General del Estado de Morelos promovió demanda de amparo indirecto en contra del Decreto número 614 (seiscientos catorce).

7. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos. Sin embargo, la Fiscalía quejosa presentó y ratificó su desistimiento,(2) por lo que el juicio fue sobreseído.

8. Juicio de amparo 638/2021 (cuaderno auxiliar 270/2021). Por escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos promovió demanda de amparo indirecto en la que cuestionó la constitucionalidad del Decreto número 614 (seiscientos catorce).(3)

9. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, quien se declaró incompetente para resolverla. Lo anterior, al advertir la existencia de otro juicio relacionado radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos.

10. Mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos se avocó al conocimiento del asunto y ordenó registrarlo.

11. En auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, en atención al oficio número SECNO/STCCNO/445/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y a la Circular CAR09/CCNO/2021, remitió electrónicamente los autos del juicio de amparo al Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatán, Sinaloa.

12. En auto de diecinueve de octubre del citado año, se tuvo al Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, informando que, con motivo de la conclusión de funciones, remitió el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa a efecto de que fuera turnado aleatoriamente entre los Juzgados Auxiliares residentes en esa ciudad.

13. El asunto fue radicado por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, bajo el número de cuaderno auxiliar 270/2021.

14. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dictó sentencia en la que determinó sobreseer el juicio.

15. Inconforme con esa resolución, la Fiscalía quejosa interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien lo registró con el número 171/2022.

16. El doce de agosto de dos mil veintidós, el citado órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que determinó amparar a la Fiscalía quejosa para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos modificara el Decreto número 614 (seiscientos catorce); definiera con precisión la financiación de la pensión y, en todo caso, otorgara los recursos necesarios para que la Fiscalía General del Estado de Morelos, de la cual forma parte la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, pueda satisfacer la obligación en cuestión, así como las obligaciones futuras que surjan con motivo de la pensión jubilatoria.

17. El Congreso del Estado de Morelos modificó el Decreto número 614 (seiscientos catorce) dando lugar al Decreto número 1176 (mil ciento setenta y seis) el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6211 (seis mil doscientos once), de fecha diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

18. Por acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos concluyó que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

19. En desacuerdo con esa determinación, la Fiscalía General del Estado de Morelos interpuso recurso de inconformidad del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien lo registró con el número 12/2024.

20. En sesión de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, el citado órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que determinó declarar fundado el recurso de inconformidad. Esto debido a que el Congreso local había incumplido en otorgar a la Fiscalía los recursos específicos para hacer frente a la obligación de pago de la pensión, ya que, si bien ésta recibió una mayor asignación de recursos económicos, no se comprobó que esos montos fueron contemplados para el pago de la pensión materia del amparo. Por tales motivos, determinó devolver los autos al Juzgado de Distrito, a fin de que requerir al Congreso del Estado de Morelos el cumplimiento del fallo protector.

21. Juicio de amparo 1/2022. Por escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, Patricia Becerril Alarcón promovió demanda de amparo indirecto en la que señaló como autoridad responsable a la Fiscalía General del Estado de Morelos y como acto reclamado la violación al Decreto 614 (seiscientos catorce).

22. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos tuvo por recibida la demanda de amparo y la registró con el número 232/2021-II. Posteriormente, por acuerdo de veintidós de marzo del dos mil veintiuno, ese órgano jurisdiccional determinó que se actualizaban las hipótesis previstas en la fracción II, del artículo 45 y fracción II, del artículo 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por lo que ordenó remitir los autos del juicio de amparo al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, quien mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, la registró con el número 1/2022.

23. El once de abril de dos mil veintidós, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos dictó sentencia en la que determinó sobreseer el juicio.

24. Inconforme con esa resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien lo registró con el número 293/2022.

25. En sesión de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dicho órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que determinó conceder el amparo para el efecto de que la Fiscalía General del Estado de Morelos, dentro del ámbito de su competencia, realice las gestiones pertinentes y eficaces con la finalidad de que, atendiendo al contenido del decreto número 614 (seiscientos catorce), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el veinticinco de noviembre del dos mil veinte, en el que le fue concedida la pensión por jubilación a la quejosa Patricia Becerril Alarcón, se le pague y se le inscriba en el padrón de pensiones, con el fin de restituir a la quejosa en los derechos fundamentales que le fueron trasgredidos.

26. En cumplimiento a esa ejecutoria, mediante oficio presentado el seis de octubre de dos mil veintitrés, el Fiscal General del Estado de Morelos informó que toda vez que con motivo de la medida cautelar concedida en los autos del incidente de suspensión, el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés le fue realizada a la parte quejosa trasferencia bancaria por la cantidad de $6.500.01 (seis mil quinientos pesos 01/100 M.N.), por tanto el tres de octubre de la misma anualidad realizó diversa transferencia bancaria a dicha parte por la cantidad de $292,976.29 (doscientos noventa y dos mil novecientos setenta y seis pesos 29/100 M.N.), dando un total de $299,476.30 (doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos 30/100 M.N.), correspondiente al adeudo no pagado a Patricia Becerril Alarcón.

27. Posteriormente, mediante oficio FGE/CGJ/DGA/DA/3804/2023-10 presentado el trece de octubre del año dos mil veintitrés, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la parte quejosa había sido inscrita en el padrón de pensiones, para lo cual remitió la constancia de presentación de movimiento afiliatorio expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

28. Presentación de la controversia. Por escrito recibido mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fiscal Regional Metropolitano, en suplencia por ausencia temporal del Fiscal General del Estado de Morelos promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto número 1176 (mil ciento setenta y seis) mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa otorgó una pensión por jubilación a Patricia Becerril Alarcón con cargo al presupuesto de la Fiscalía actora.

29. Preceptos constitucionales violados. La actora señaló los artículos 40, 41, 49, 116, fracción IX, 126 y 127, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

30. Conceptos de invalidez. La Fiscalía General del Estado de Morelos formuló los siguientes argumentos:

Con la emisión del decreto impugnado se transgrede el principio de división de poderes, ya que el Congreso local:

• Ordena a la Fiscalía cómo es que debe ejercer, administrar y gastar su presupuesto, lo que vulnera los principios de autonomía financiera y presupuestaria con que deben ejercerse las funciones de procuración de justicia.

• Impuso una carga económica a la Fiscalía sin darle participación y sin haberle transferido los recursos necesarios para hacer frente a tal obligación, lo cual se traduce en una acción de subordinación, pues somete la aplicación del presupuesto asignado a esa institución a la voluntad de otro poder.

• No ha realizado un análisis exhaustivo de las constancias que obran en los expedientes, habiendo impuesto la obligación del pago de pensiones a cargo de la Fiscalía con respecto a personas con las que no se configuró una relación de carácter laboral o administrativa.

Lo anterior toda vez que la persona pensionada nunca prestó sus servicios para la Fiscalía General del Estado, pues en el decreto impugnado el Congreso local afirmó que dicha persona acreditó haber mantenido una relación administrativa con el Poder Ejecutivo local, ya que cuando concluyó la prestación de sus servicios la Fiscalía era dependiente de ese poder.

Por tal motivo, en un primer momento se determinó que el Poder Ejecutivo local debía hacerse cargo del pago de la pensión otorgada y, posteriormente, se estimó que el cumplimiento de tal obligación correspondía a la Fiscalía.

De este modo, se pretende modificar la relación administrativa que sostuvo la persona trabajadora con el Poder Ejecutivo al momento de causar baja y sin tomar en consideración que:

a) Si bien a la Fiscalía se le otorgó el carácter de órgano constitucional autónomo mediante reforma de quince de febrero de dos mil dieciocho, lo cierto es que fue hasta el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve cuando se materializó esa autonomía, pues fue el momento en el que el Poder Ejecutivo transfirió todos los recursos humanos y materiales necesarios para la operatividad de esa institución; y

b) La transferencia de recursos humanos únicamente versó con respecto a aquellos servidores públicos que se encontraban prestando un servicio profesional en activo y en ningún momento se estableció que la Fiscalía absorbería todas las obligaciones y cargas económicas del personal jubilado o pensionado, por lo que resulta incorrecto que el Congreso local haya manifestado que a la Fiscalía se le asignó un presupuesto para hacer frente a esas obligaciones, debido a que tales montos no fueron previamente solicitados.

• Pretende disponer de recursos económicos que corresponden a ejercicios fiscales anteriores y subsecuentes. Lo primero, debido a que la persona pensionada fue dada de baja por el Poder Ejecutivo el treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, por lo que al ordenar el pago de la pensión a partir del día siguiente en que dicha persona trabajadora se hubiere separado de sus funciones, implica efectuar el pago retroactivo de esa obligación. Lo segundo, al ordenar el pago de la pensión con cargo a sus partidas presupuestales para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés "y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes."

31. Radicación y turno. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 441/2023. Posteriormente, lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.

32. Admisión. El Ministro Instructor admitió a trámite la demanda por lo que hace al Decreto número 1176 (mil ciento setenta y seis) y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.

33. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por escrito recibido mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo de Morelos dio contestación a la demanda. Asimismo, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte, el Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado contestó la demanda interpuesta en su contra.

34. Cierre de la instrucción. El Ministro Instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

35. Avocamiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento de esta controversia constitucional. I. COMPETENCIA

36. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(5) 10, fracción I,(6) y 11, fracción VIII,(7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(8) del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el punto segundo, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General Número 5/2013,(9) de trece de mayo de dos mil trece al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

37. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos. Ausente Ministra Lenia Batres Guadarrama.

II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

38. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria(10) se precisa el acto objeto de la presente controversia.

39. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que -en esencia- la Fiscalía General del Estado de Morelos se duele de que el Poder Legislativo de la misma entidad federativa le imponga una carga económica que no le corresponde, porque: (I) considera que Patricia Becerril Alarcón fue trabajadora del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y además, (II) porque se otorgó una pensión sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.

40. Esa determinación únicamente se encuentra en el artículo 2o. del Decreto 1176 (mil ciento setenta y seis) impugnado; por lo que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte lo fija como acto objeto de la presente controversia.(11)

41. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos. Ausente Ministra Lenia Batres Guadarrama.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

42. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues el Poder Ejecutivo demandado remitió a este Alto Tribunal copia del Decreto 1176 (mil ciento setenta y seis) por el que se concede pensión por jubilación a Patricia Becerril Alarcón.

43. Consecuentemente, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(12) aplicado de manera supletoria, se tiene por probada la existencia del acto impugnado.

44. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos. Ausente Ministra Lenia Batres Guadarrama.

IV. OPORTUNIDAD

45. Conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General(13) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.

46. En este caso el acto impugnado es el decreto 1176 (mil ciento setenta y seis) publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6211 (seis mil doscientos once) el diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

47. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", en virtud de que la Fiscalía General del Estado de Morelos manifestó haber tenido conocimiento del mismo en esa misma fecha.

48. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del uno de agosto al once de septiembre de dos mil veintitrés(14) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(15) Por lo tanto, en este caso la demanda fue presentada de forma oportuna el once de septiembre de dos mil veintitrés.

49. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos. Ausente Ministra Lenia Batres Guadarrama.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

50. La demanda fue presentada por parte legítima.

51. Carlos Andrés Montes Tello, en su carácter de titular de la Fiscalía Regional Metropolitana del Estado de Morelos, en suplencia por ausencia del titular de la Fiscalía General de dicho Estado, está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación de esa Fiscalía.

52. Esto es así, ya que la Fiscalía General del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal;(16) 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional;(17) y corresponde al Fiscal General su representación en los litigios en que dicho ente sea parte, en términos de los artículos 79-B, segundo párrafo, inciso e), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;(18) 21, 22, fracción XXI y 75 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos;(19) así como el 133 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.(20)

53. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos. Ausente Ministra Lenia Batres Guadarrama.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

54. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria,(21) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.

55. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.

56. En el presente caso, se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.

57. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II(22) y 11, párrafo primero de la ley reglamentaria,(23) de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

58. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejera Jurídica,(24) quien conforme el artículo 36, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos(25) y el "acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo Acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos" publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5697, tiene facultades de representación.

59. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva, quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(26) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.

60. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.

61. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos. Ausente Ministra Lenia Batres Guadarrama.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

62. Al ser de estudio preferente se analizarán las causas de improcedencia y/o de sobreseimiento que hacen valer los poderes demandados.

63. VII.1. Argumentos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El Poder Ejecutivo local señala que la presente controversia constitucional resulta improcedente, ya que a través del Decreto número 1176 (mil ciento setenta y seis) solo se reformó el artículo 2o. del Decreto número 614 (seiscientos catorce) que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Por tal motivo, estima que la demanda resulta extemporánea, ya que el plazo para interponerla debió transcurrir a partir de la fecha de publicación del primer Decreto.

64. La causa de improcedencia alegada debe desestimarse.

65. Como ya fue reseñado en el apartado de antecedentes, el Decreto 614 (seiscientos catorce) fue impugnado mediante diversos juicios de amparo (juicio de amparo 638/2021, del cual derivó el amparo en revisión 171/2022 y juicio de amparo 1/2022, del cual derivó el amparo en revisión 293/2022).

66. De estos asuntos destaca lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito al resolver el amparo en revisión 171/2022, pues con motivo del mismo dicho órgano jurisdiccional concedió el amparo para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos modificara el Decreto número 614 (seiscientos catorce) y definiera con precisión la financiación de la pensión y, en todo caso, otorgara los recursos necesarios para que la Fiscalía General del Estado de Morelos, de la cual forma parte la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, pueda satisfacer la obligación en cuestión, así como las obligaciones futuras que surjan con motivo de la pensión jubilatoria.

67. Si con motivo de la concesión del amparo, el Congreso del Estado de Morelos emitió el Decreto 1176 (mil ciento setenta y seis) en el cual otorgó una pensión por jubilación a una extrabajadora, entonces el plazo para promover la demanda surgió precisamente a partir de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32806-663df1b5/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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