I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A Y 79-B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 3, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, ASÍ COMO 1, 22, 23 Y 24 DE SU REGLAMENTO, TODAS DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SU CREACIÓN SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE ESTABLECER ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA EJERCER UNA FUNCIÓN PROPIA DEL ESTADO CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO SE DEBE GARANTIZAR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES AUTÓNOMOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, FRENTE A OTROS PODERES PÚBLICOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XII. AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉLLA, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO EN EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO, EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN SUFICIENTES, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, Y EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE, EL PODER EJECUTIVO PODRÁ OTORGAR DICHA AMPLIACIÓN EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 296/2024. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 2 DE ABRIL DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 296/2024, promovida por el Fiscal General del Estado de Morelos, en contra del Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. PRIMERO. Presentación de la demanda de controversia constitucional, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veinticuatro, remitido por medio de sistema electrónico con número de registro 3595-SEPJF y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional, en la que solicitó la invalidez de los actos emitidos por las autoridades siguientes:
Entidad, poder u órganos demandados:
• Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.
Actos cuya invalidez se demanda:
• Del Poder Legislativo del Estado de Morelos se reclama:
La aprobación y expedición del decreto número dos mil doscientos setenta y cinco (2275), publicado el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6339, por el que concede pensión por jubilación a **********.
• Del poder Ejecutivo del Estado de Morelos se reclama:
La sanción, promulgación y publicación del decreto número dos mil doscientos setenta y cinco (2275), publicado el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6339, por conducto de los servidores públicos con facultades para el efecto, esto es, el Gobernador del Estado (sanción y promulgación) y el Secretario de Gobierno (publicación).
Los efectos y consecuencias que de dicho acto se deriven en agravio de este organismo constitucional autónomo, violentando el principio de división de poderes y el orden constitucional establecido.
2. SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora señaló como hechos relevantes los siguientes:
• El veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, ********** solicitó por escrito al Congreso del Estado de Morelos le fuera otorgada pensión por jubilación, acompañando la documentación requerida por la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
• El catorce de agosto de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número seis mil trecientos treinta y nueve (6339), el decreto 2275, por el que se concede pensión por jubilación a **********, mismo que en su considerando tercero se estableció que, del análisis practicado a la documentación presentada por la solicitante y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de veinticinco años, un mes y diecisiete días.
3. TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló en sus conceptos de invalidez las siguientes consideraciones:
• Estima que el decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos, por el que se concedió pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto de la Fiscalía General del Estado de Morelos, otorgando un porcentaje mayor al que le corresponde y sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, es inconstitucional por vulnerar la autonomía e independencia presupuestal del órgano constitucional autónomo.
• Para sustentar lo anterior, considera que de manera errónea se realizó el cálculo de la antigüedad de la trabajadora citada, pues se determinó por parte del Congreso del Estado que se acreditaron veinticinco años, un mes y diecisiete días de servicio efectivo, pero contrario a lo que aduce, se advierte que la solicitante acreditó únicamente una antigüedad de veinticuatro años y catorce días, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso e) de la fracción II, del artículo 16 de la Ley de Prestaciones, que refiere que le corresponde un porcentaje de ochenta por ciento, por lo que por dicho error aritmético, se le esta otorgando un mayor beneficio al que le corresponde percibir.
• Conforme a lo anterior, argumenta que, por el acto emitido de manera unilateral e inconstitucional, el Poder Legislativo pasó por alto que la institución actora tiene la facultad de disponer de sus propios recursos al tratarse de un organismo dotado de autonomía constitucional, afectando de manera directa la autonomía financiera y de gestión presupuestaria de la misma.
• Establece que se han enviado múltiples oficios a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, relacionados con las controversias constitucionales promovidas por la Fiscalía, en los que ha insistido en que, siendo dicha Comisión la responsable de conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, al momento de realizar el dictamen correspondiente debe tomar en cuenta las constancias resultado de su investigación y los argumentos vertidos en las controversias promovidas en su contra y sobre todo las consideraciones de las sentencias de este Alto Tribunal, mismas que ha hecho caso omiso, circunstancia que tiene un impacto presupuestal inminente.
• Hace referencia a diversas determinaciones de este Alto Tribunal en las que se ha destacado la inconstitucionalidad del sistema de pensiones para los trabajadores burocráticos de Morelos.
• Establece que, de acuerdo a la esencia de la creación de los órganos constitucionales autónomos, se dotó de garantías de actuación e instituciones, para que efectivamente alcancen los fines para los que fueron creados, sin la interferencia de los clásicos poderes de los estados, lo cual, en este caso, considera que se afecta el principio de división de poderes.
• Por lo anterior considera que si el Congreso del Estado no amplía el presupuesto a la par de que le impone el pago de pensión mensual, existiría una carga económica en perjuicio de la garantía institucional de autonomía con la que cuenta.
• Considera que existe incumplimiento por parte del congreso local a la determinación de este Alto Tribunal al momento de emitir el decreto de pensión 2275, pretendiendo fundar su actuar con la adición de los preceptos del Decreto 1621, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del dos mil veinticuatro; pues, en diversas controversias de esta Suprema Corte se ha insistido en que si otra entidad distinta al Poder Legislativo, este debe girar orden a la autoridad competente para que transfiera a la entidad encargada los recursos económicos suficientes para cumplir su obligación, mismo que no se ha efectuado provocando una carga a la fiscalía.
• Respecto a la, impugnación de los actos atribuidos al Poder Ejecutivo Estatal, establece que al sancionar el decreto por el cual se establece la pensión de **********, transgredió el principio de división de poderes, al no observar la cuestión relativa a la antigüedad de la trabajadora, haciendo nugatoria su facultad de vetar decretos.
• Realiza una invalidez conjunta de los actos emitidos por los Poderes demandados al considerar inconstitucional que el Congreso del Estado de Morelos unilateralmente ordenara el pago de la pensión a razón de un porcentaje mayor, sin transferir o ampliar los recursos necesarios para tal obligación y en cambio pretenda disponer, conducir o administrar el presupuesto que le es asignado a la Fiscalía anualmente; por lo que considera que es evidente la transgresión al principio de no subordinación.
4. CUARTO. El municipio actor indicó que se transgreden en su perjuicio los artículos 40, 41, 49, 116, fracción IX, 126 y 127, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO. Trámite de la Controversia Constitucional. Por proveído de diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 296/2024, y ordenó su turno al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.
6. Mediante diverso proveído dictado el veintidós de octubre de dos mil veinticuatro por el Ministro Instructor, se admitió a trámite la demanda, se tuvo como demandado al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, se ordenó su emplazamiento para que formularan la contestación correspondiente.
7. SEXTO. Contestaciones de la demanda. El doce de diciembre de dos mil veinticuatro, el consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo, contestó la demanda y, por su parte, el Congreso del Estado, a través de la Presidenta de su Mesa Directiva, presentó el escrito por el cual dio contestación a la demanda.
8. SÉPTIMO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes y el escrito de alegatos de la Fiscalía General del Estado de Morelos y, finalmente el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco se determinó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
9. OCTAVO. Radicación a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, el Ministro instructor solicitó la radicación del asunto a la Primera Sala.
10. NOVENO. Avocamiento. En consecuencia, mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó avocarse al conocimiento del asunto y, en consecuencia, devolver los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
CONSIDERANDO
11. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(1) aplicable en términos del Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(2) en relación con el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; por tratarse de un conflicto entre la Fiscalía General y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno por haberse impugnado un acto, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero(3) del Acuerdo General Número 1/2023, modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el referido medio de difusión oficial el catorce de abril de esa anualidad, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas.
12. SEGUNDO. Precisión de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta necesario determinar el acto reclamado por la parte actora.
13. En el respectivo apartado de la demanda, se señala lo siguiente:
“La aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación del decreto número dos mil doscientos setenta y cinco (2275), publicado el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6339, por el que concede pensión por jubilación a **********.”
14. No obstante, del análisis íntegro de la demanda presentada, se advierte que el concepto de invalidez se encuentra dirigido a impugnar que se haya otorgado una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de Morelos, sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con tal señalamiento y, por tanto, que se vulnera su autonomía y la división de poderes.
15. Luego, tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2° del decreto impugnado y es el que constituye la materia de la presente controversia constitucional, que a la letra dice:
“ARTICULO 2°. – La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 85% del último salario mensual de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se haya separado de sus labores y será cubierta por el Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago en forma mensual, del presupuesto otorgado en el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de diciembre de 2024, en términos del artículo Décimo Sexto párrafo décimo octavo. En caso de que las asignaciones presupuestales consignadas en el Decreto referido no resulten suficientes, el Ente Público podrá solicitar una ampliación presupuestal en términos de lo establecido en el artículo vigésimo octavo segundo y tercer párrafo, y en caso de resultar procedente, el Poder Ejecutivo podrá otorgar dicha ampliación en términos de lo establecido en el artículo décimo octavo fracción VI del mismo Decreto de Presupuesto, cumpliendo con lo que disponen los artículos, cumpliendo con lo que disponen los artículos 14, 15 fracción I y 16 fracción II, inciso d) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.”
16. TERCERO. Oportunidad. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan de manera distinta, en función del tipo de acto controvertido.
17. En el presente caso, debido a que la Fiscalía General del Estado de Morelos impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 2275, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del quince de agosto al nueve de octubre de dos mil veinticuatro.(4)
18. Consecuentemente, dado que la demanda se recibió el nueve de octubre de dos mil veinticuatro, es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.
19. CUARTO. Legitimación activa. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(5) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.
20. La Fiscalía General del Estado de Morelos, compareció por conducto de Uriel Carmona Gándara, quien acreditó su carácter de titular y representante legal de dicha Institución.(6)
21. El mencionado titular se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional en representación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso k),constitucional; 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) en relación con los diversos artículos 79-A y 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; así como 1, 22, 23 y 24 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos.
22. QUINTO. Legitimación pasiva. Se reconoció como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos.
23. De conformidad con la fracción II, del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia,(8) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional.
24. Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.
25. Así, el Poder Ejecutivo es representado por el Consejero Jurídico Edgar Antonio Maldonado Ceballos; y, el Poder Legislativo es representado por la Diputada Jazmín Juana Solano López, Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.
26. Así, dichos funcionarios están legitimados para comparecer en la presente controversia constitucional, el Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo, de conformidad con la fracción II, del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.(9)
27. Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos es representado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
28. En esas condiciones, en términos del artículo 36, fracción XVI, de la referida ley, la Presidenta de la Mesa Directiva cuenta con facultades para representar al Poder Legislativo local.(10)
29. Por consiguiente, los funcionarios acreditaron tener facultades para comparecer a la presente controversia constitucional.
30. SEXTO. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio de fondo, resulta necesario analizar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que de oficio pudiera advertir este Alto Tribunal.
31. El Poder Legislativo aduce que la Fiscalía General del Estado de Morelos carece de interés legítimo al no ubicarse en algún supuesto previsto en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de la materia.
32. Tal causa de improcedencia es infundada, porque el artículo 105 de la Constitución Federal sí prevé un supuesto que legitima a la Fiscalía actora a promover la presente controversia constitucional.
33. Tal precepto constitucional fue reformado mediante decreto publicado el once de marzo de dos mil veintiuno.
34. Antes de la reforma citada, dicho artículo preveía únicamente el supuesto en el que la Suprema Corte de Justicia conocería de las controversias constitucionales cuando se suscitara entre: "l). Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.". 35. Tal supuesto daba a entender que los órganos constitucionales autónomos "federales", por los entes públicos con quienes podrían verse afectados en su esfera de competencia, esto es, el Poder Ejecutivo de la Unión y el Congreso de la Unión, que limitaba a tales órganos "locales" el poder impugnar la posible afectación a sus esferas de competencia por las demás instituciones públicas, tanto locales como federales.
36. En la exposición de motivos de dicha reforma consta lo siguiente:
"Con el fin de dar claridad constitucional en cuanto a las controversias constitucionales de los órganos autónomos de los distintos órdenes de gobierno, se propone establecer en párrafos diferenciados del artículo 105 constitucional, lo concerniente a los órganos autónomos federales y a los correlativos de las entidades federativas.
Así, se contempla expresamente la posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas puedan promover controversias constitucionales pues muchos de ellos tienen una esfera de atribuciones precisada en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que debe ser protegida a través de este medio de control constitucional. [...]."
37. Esto es, la intención tanto del Ejecutivo Federal como del Congreso de la Unión fue dar certeza a los órganos constitucionales autónomos locales para que impugnen actos de otros poderes públicos locales, ya que la participación de esos organismos es muy activa en el funcionamiento y en la vida pública de la entidad federativa a la que pertenezca y, como parte integrante de aquélla, están sujetos a que puedan verse afectados en la esfera de sus competencias por las decisiones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales.
38. En ese sentido, el artículo 105 constitucional dispone actualmente, en lo que interesa, lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y (...)"
39. Sobre esas bases, opuestamente a lo manifestado por el Congreso local, el artículo 105, fracción I, inciso k), Constitucional sí prevé el supuesto en el que un órgano constitucional autónomo (como la Fiscalía actora) está facultado para promover la controversia constitucional, cuando considera se ve afectado en su esfera de competencia.
40. Ahora bien, el mismo Poder Legislativo aduce que para estimar que la Fiscalía actora tiene interés legítimo debe existir un principio de agravio en la esfera de su competencia con lo decidido en el Decreto impugnado.
41. Sin embargo, el determinar si la expedición del Decreto 316 genera o no una afectación a la Fiscalía General de Morelos es una cuestión que sólo puede dilucidarse mediante un examen del fondo del asunto.(11)
42. De ahí lo infundado de la causal de improcedencia invocada.
43. Por otra parte, también señala que la demanda presentada por la Fiscalía General de Morelos es extemporánea; sin embargo, dicha causal de improcedencia debe desestimarse pues este presupuesto procesal ya fue analizado en la presente ejecutoria en el sentido de considerarla como oportuna.
44. En cuanto al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al dar contestación a la demanda, señala como causa de improcedencia que el acto reclamado de ninguna manera invade el ámbito de facultades constitucionalmente establecidas a favor de la fiscalía. Al respecto, dicho argumento también debe desestimarse pues, como sucede en la causal analizada en líneas anteriores, se trata de una cuestión que se debe dilucidar en el estudio de fondo de la presente controversia constitucional.
45. Pues bien, al no haber otra causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni que esta Primera Sala advierta otras de oficio en cumplimiento con la obligación prevista en el artículo 19, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia,(12) lo procedente es dar respuesta a los conceptos de invalidez formulados por la Fiscalía actora.
46. SÉPTIMO. Estudio de fondo. La Fiscalía General del Estado de Morelos, en esencia, demanda la invalidez del artículo 2° del Decreto 2275, mediante el cual el Congreso local otorgó una pensión por jubilación al cargo de la Fiscalía General, imponiéndole la obligación de pagarla a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se haya separado de sus labores, con cargo a su partida presupuestal otorgado a través del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.
47. Lo anterior, en base a dos argumentos:
a) Se otorga un porcentaje mayor al que le corresponde a la solicitante, con motivo de un cálculo erróneo de su antigüedad, pues se determinó por parte del Congreso del Estado que se acreditaron veinticinco años, un mes y diecisiete días de servicio efectivo, pero contrario a lo que aduce, se advierte que la solicitante acredito únicamente una antigüedad de veinticuatro años y catorce días, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso e) de la fracción II, del artículo 16 de la Ley de Prestaciones, que refiere que le corresponde un porcentaje de ochenta por ciento.
b) Se vulnera la autonomía del órgano autónomo, así como la división de poderes por obligar a cumplir con dicha determinación, sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplirla.
48. Esta Primera Sala, por un lado, que el concepto de invalidez sintetizado en el inciso a), deviene infundado toda vez que los argumentos relativos a la forma de calcular la pensión y la antigüedad de la solicitante se tratan de vicios que se hacen depender de aspectos que de ninguna forma denotan una afectación al ámbito de facultades de la promovente.
49. No obstante, el concepto de invalidez restante contenido en el inciso b) es fundado ya que el artículo 2 del Decreto impugnado vulnera la autonomía en la gestión de los recursos y el principio de división de poderes,(13) porque el Congreso del Estado de Morelos determinó de manera unilateral el pago de una pensión con cargo al presupuesto de la Fiscalía General del Estado de Morelos, tal como se verá a continuación.
50. A. Parámetro de regularidad constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado una sólida doctrina judicial respecto del principio de división de poderes, mediante la cual ha precisado que éste exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas, que opera a través de un sistema de pesos y contrapesos, con la finalidad de evitar la preponderancia de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que desarmonice el sistema de competencias previsto constitucionalmente y/o afecte el principio democrático o los derechos fundamentales reconocidos en la Norma Fundamental, en términos de la Jurisprudencia P./J. 52/2005.(14)
51. A partir de lo anterior y frente a la creación y reconocimiento de la autonomía que la propia Constitución Federal ha otorgado a los organismos constitucionales autónomos, esta Suprema Corte ha reconocido que, a partir de una teoría del principio de división de poderes, el poder público no sólo reside exhaustivamente en los tres poderes a los que tradicionalmente se han atribuido las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, que sin perder su esencia, han dejado a otros organismos constitucionales autónomos el ejercicio de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.
52. De esta forma, además de diversificar y especializar el ejercicio de funciones medulares del Estado, la introducción constitucional de estos órganos debe atender funciones primarias u originarias que implica necesariamente el mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación y al mismo tiempo contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
53. Por ello, a partir de una interpretación evolutiva del principio de división de poderes reconocida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el análisis de la constitucionalidad de normas u actos por violaciones a este principio debe partir de las normas constitucionales previstas para garantizar la autonomía y la independencia de estos organismos frente a los distintos órganos del poder público.(15)
54. En el caso de la Fiscalía General del Estado de Morelos realiza actividades de procuración de justicia, como es la persecución de los delitos como una de las necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad, lo cual debe realizarlo con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, en términos de lo previsto en el artículo 116, fracción IX, constitucional,(16) para justificar el principio de división de poderes.
55. Además, dicho principio encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos,(17) al determinar que la autonomía constitucional de dicho órgano se cumple con la autonomía financiera, ya que contará con un presupuesto que no podrá ser menor en términos reales, al que le haya correspondido en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del año inmediato anterior; la independencia en su estructura orgánica y la determinación de niveles, categorías y salarios, así como con la facultad reglamentaria.
56. B. Análisis del caso. En este caso, mediante el Decreto 2275 impugnado, el Congreso del Estado de Morelos otorgó una pensión por jubilación en beneficio de **********, por concepto de jubilación y se pre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33680-474b125a/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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