I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA [ARTÍCULOS 79-B, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 21, 22, FRACCIÓN XXI, Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, ASÍ COMO EL 133 DE SU REGLAMENTO, TODAS DEL ESTADO DE MORELOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉLLA, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN DEBERÁ CUBRIRSE: "... POR EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO POR EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO ..."). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LA PERSONA PENSIONADA Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN DEBERÁ CUBRIRSE: "... POR EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO POR EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO ..."). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE SESENTA DÍAS ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO EL QUE REALIZARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR ESOS PAGOS, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN DEBERÁ CUBRIRSE: "... POR EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO POR EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO ...").
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 316/2024. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 6 DE AGOSTO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO.
SÍNTESIS
La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE Morelos) impugnó el decreto número mil seiscientos noventa y cuatro (1694), publicado el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número seis mil trescientos cuarenta y tres (6343), mediante el cual, se concedió una pensión por invalidez a ***********, ya que manifestó que dicho decreto transgrede los artículos 40, 41, 49, 116, fracción IX, 126 y 127, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), porque el Poder Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad, invaden su autonomía financiera.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al seis de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 316/2024, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos contra el Poder Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como Titular y representante legal de la FGE Morelos promovió la presente controversia constitucional en contra del Poder legislativo y del Poder Ejecutivo de la misma entidad, en la que demandó la invalidez del decreto número mil seiscientos noventa y cuatro (1694), publicado el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número seis mil trescientos cuarenta y tres (6343), mediante el cual, se concedió una pensión por invalidez a ***********.
2. Preceptos constitucionales violados. El poder actor señaló como transgredidos los artículos 40, 41, 49, 116, fracción IX, 126 y 127, fracción IV, de la CPEUM.
3. Conceptos de invalidez. El Fiscal General del Estado de Morelos expuso, esencialmente, lo siguiente:
PRIMERO. El Congreso de Morelos impone directamente una carga económica a la Fiscalía General del Estado de Morelos, derivado del reconocimiento de un derecho de seguridad social que adquirió una persona servidora pública que no mantuvo una relación laboral con esta institución, en perjuicio de su autonomía financiera y presupuestaria.
(...)
SEGUNDO. Incumplimiento por parte del Congreso local a la determinación de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de emitir el decreto de pensión 1694, pretendiendo fundar su actuar con la adición de los preceptos del Decreto 1621, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, insistiendo en subordinar a este órgano constitucional autónomo.
(...)
TERCERO. Impugnación de los actos atribuidos al Poder Ejecutivo Estatal. Respecto a los actos atribuibles al Poder Ejecutivo Estatal a través de los cuales participó en la emisión del decreto cuya invalidez se demanda, consistentes en la sanción, promulgación y publicación del mismo, se pone de relieve lo que al respecto establece la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos en sus artículos 44, 47, 49 y 70, fracciones II y XVII.
(...)
CUARTO. Invalidez conjunta de los actos emitidos por los Poderes demandados.
En suma, el acto que por esta vía se impugna causa perjuicio a la autonomía financiera de la Fiscalía General, principalmente por las siguientes razones:
1. Se considera inconstitucional que el Congreso del Estado de Morelos unilateralmente ordenara el pago de la pensión a una persona que no sostuvo una relación laboral con esta Fiscalía General del Estado, sin que además se transfirieran o ampliaran los recursos económicos necesarios para hacer frente a tal obligación.
2. Es inconstitucional el hecho de que el Congreso de Morelos pretenda disponer, conducir o administrar el presupuesto que le es asignado año con año a la Fiscalía General de Morelos. Máxime cuando se trata de un Decreto otorgado a favor de una persona que no fue trabajadora de este órgano constitucional autónomo.
3. Resulta inconstitucional el hecho de que el Congreso de Morelos se deslinde de la competencia que le es inherente y pretenda eludir su deber de girar la orden a la autoridad competente para que esta transfiera los recursos económicos suficientes a este ente público a quien se le ha asignado la obligación de pago del decreto de pensión de mérito, en claro desacato a las consideraciones vertidas por esa Suprema Corte, pues incluso pretende dejar a este órgano constitucional autónomo a expensas de la decisión del Poder Ejecutivo Local en caso de requerir una ampliación presupuestal para el pago de la obligación unilateralmente impuesta.
4. Radicación. Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 316/2024 y, por razón de turno, se designó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama como instructora del procedimiento.
5. Admisión y trámite. En acuerdo de quince de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Lenia Batres Guadarrama admitió a trámite la controversia constitucional y tuvo como demandados al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, a quienes ordenó emplazar a efecto de que formularan sus respectivas contestaciones. Además, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación, o a su esfera competencial conviniera.
6. Contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por oficio LV/SSLyP/DJ/3392/2025 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN el treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, Jazmín Juana Solano López, Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa y señaló, en esencia, lo siguiente:
• Consideró que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, concatenado con el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, pues la FGE Morelos carece de interés legítimo para intentar el presente medio de control constitucional.
• Aunado a ello, señala que la FGE Morelos tuvo conocimiento de la expedición del decreto del cual demanda su invalidez en la fecha de su publicación, es decir, el cuatro de septiembre de dos mi veinticuatro, no obstante, que la demanda la presentó el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, es decir de forma extemporánea.
• Señala que contrario a lo sostenido por la autoridad actora, el pago de la pensión que nos ocupa debe corresponder a la FGE Morelos en su calidad de órgano constitucional autónomo, por haberse realizado tanto la presentación del último cargo, como la solicitud correspondiente a la emisión del decreto pensionario correspondiente.
• Manifestó que la FGE Morelos tiene, conforme a su autonomía presupuestal, la facultad de actuar libremente para responder a las obligaciones que tiene frente a su personal, tanto en activo como de los jubilados.
7. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN el cuatro de febrero de dos mil veinticinco, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa y señaló, en esencia, lo siguiente:
• Manifestó que en el proceso legislativo para la emisión del Decreto que se impugna, llevó a cabo su promulgación y publicación, sin que tales actos hayan sido motivo de impugnación por vicios propios, por lo que resultaría falso que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos haya violado en perjuicio de la FGE Morelos, disposiciones constitucionales que pueda invocar en sus conceptos de validez.
• Precisó que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en los actos de promulgación y publicación del decreto, que son los únicos actos que le resultan atribuibles, en ningún momento incurrió en violación a los preceptos constitucionales que señala la autoridad demandante.
8. Alegatos formulados por parte de la FGE Morelos. Por escrito presentado el once de junio de dos mil veinticinco, a través de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, Alejandra Mayren de León, delegada de la FGE Morelos, manifestó en síntesis lo siguiente:
• Señaló que contrario a lo manifestado por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, la FGE Morelos sí tiene interés legítimo para impugnar el Decreto reclamado, pues el Congreso de dicha entidad en reiteradas ocasiones, ha invadido su autonomía financiera.
• Respecto de las manifestaciones vertidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, señaló que es equivocada la afirmación referente a que los actos de promulgación del decreto reclamado son los únicos actos atribuibles a ese poder
9. Celebración de audiencia y cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento, el once de junio de dos mil veinticinco, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y por admitidas las pruebas ofrecidas. Luego, en auto de veinticinco de junio de dos mil veinticinco, se determinó el cerrar la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
10. Avocamiento. Por auto de ocho de julio de dos mil veinticinco, el Ministro Javier Laynez Potisek, Presidente de esta Segunda Sala, se avocó al conocimiento del presente asunto y acordó remitir el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para su radicación y resolución.
I. COMPETENCIA
11. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k, de la CPEUM;(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM;(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) abrogada, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de esta SCJN(5) y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
12. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(7) se aprecia que en esencia la FGE Morelos se duele de que el Congreso de Morelos haya otorgado una pensión por invalidez con cargo a su presupuesto.
13. Por lo anterior, esta Segunda Sala de la SCJN fija únicamente como acto objeto de la presente controversia el artículo 2(8) del decreto 1694 (mil seiscientos noventa y cuatro) por el que se concede pensión por invalidez, publicado el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6343 (seis mil trescientos cuarenta y tres) y ordena a la FGE Morelos a pagar con cargo a su presupuesto a favor de ***********.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
14. El decreto número mil seiscientos noventa y cuatro (1694), del que se ha tenido por impugnado su artículo 2, se encuentra plenamente acreditado, toda vez que obra en autos copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Morelos de cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, mediante el cual se publicó un extracto del mismo, de ahí que está acreditada la existencia del acto impugnado.
IV. OPORTUNIDAD
15. De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(9) tratándose de actos, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que, el actor se ostente sabedor de dichos actos.
16. En la especie, para el cómputo del plazo se tomará la fecha de la publicación oficial del Decreto impugnado como el día en que la FGE Morelos tuvo conocimiento de este, es decir, el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, en virtud de que no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha distinta, por lo que el referido plazo de treinta días para promover el presente medio de control constitucional transcurrió del diecisiete de septiembre al veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro.(10)
17. Entonces, si la demanda se presentó el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
18. La demanda fue presentada por parte legitimada. Uriel Carmona Gándara, en su carácter de titular de la FGE Morelos,(11) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación de la citada institución estatal de procuración de justicia.
19. Esto es así, ya que la FGE Morelos es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso k, de la CPEUM; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional;(12) y corresponde al Fiscal General su representación en los litigios en que dicho ente sea parte, en términos de los artículos 79-B, segundo párrafo, inciso e), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 21, 22, fracción XXI y 75 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; así como el 133 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.(13)
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
20. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas al Congreso y al Gobernador del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación del decreto impugnado.
21. Consecuentemente, se tienen como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos.
22. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
23. El caso del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejero Jurídico,(14) quien conforme el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(15) tiene facultades de representación.
24. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura,(16) quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(17) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
VII. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
25. El Poder Legislativo hizo valer la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 19, en relación con el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria, argumentando que la FGE Morelos carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional.
26. De las manifestaciones relativas se advierte que en realidad la causa de improcedencia que hacen valer es la falta de legitimación activa, pues señalaron que el artículo 105, fracción I, inciso I, de la CPEUM no la faculta al efecto.
27. No le asiste razón al poder demandado ya que, como ya se indicó previamente, el artículo 105, fracción I, inciso k, de la CPEUM, reconoce la legitimación activa a los órganos constitucionales autónomos locales para acudir a este medio de control constitucional a demandar la constitucionalidad de las normas generales, actos y omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, de los poderes Ejecutivo y Legislativo de su entidad federativa.
28. En este caso, si la FGE Morelos acudió a la controversia constitucional a demandar la invalidez de un decreto expedido y publicado por el Congreso y el Gobernador de Morelos, respectivamente; entonces, con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso k, de la CPEUM, esta Segunda Sala de la SCJN le reconoce legitimación activa para promover la presente controversia constitucional.
29. Consecuentemente, la causa de improcedencia planteada es infundada.
30. De igual manera es infundado el argumento en donde se señala que la demanda se presentó de forma extemporánea, pues de acuerdo con el análisis de la presentación de demanda que se realizó en el apartado anterior la misma sí fue presentada dentro del plazo respectivo.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
31. Acto reclamado: El Decreto número mil seiscientos noventa y cuatro (1694), publicado el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6343, por el que se concede pensión por invalidez a ***********.
32. En sus conceptos de invalidez, la Fiscalía actora sostuvo que el Decreto impugnado viola la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrado en el artículo 116 de la CPEUM, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales de la FGE Morelos.
33. Además, que es el Poder Legislativo quien debe otorgar los recursos para cubrir la pensión respectiva, y en el presente caso no sucedió así; es decir, la Fiscalía actora manifiesta que la Legislatura del Estado de Morelos transgrede el principio constitucional de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116, fracción IX, la CPEUM, al emitir un decreto que autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto de la Fiscalía actora.
34. La determinación del Poder Legislativo en el Decreto mil seiscientos noventa y cuatro (1694) en tanto ordena a la Fiscalía actora que pague en forma mensual la pensión por invalidez a una persona con cargo a su partida presupuestal constituye una violación a su independencia financiera y, en consecuencia, al principio de autonomía que expresamente se encuentra previsto en el artículo 116 de la CPEUM.
35. Se trata de una subordinación de la FGE Morelos ante el Congreso del Estado, pues, además de que la actora no puede disponer autónomamente de sus recursos económicos, implica que está sometida a la voluntad del poder subordinante, es decir, el Poder Legislativo local no permite a la Fiscalía actora un curso de acción distinto al que le ordena en el Decreto, esto es, pagar una pensión por invalidez. Es necesario aclarar que la trabajadora *********** (quien desempeñó como último cargo el de Agente de la Policía de Investigación Criminal D, adscrita en la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado) prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y su último patrón fue la Fiscalía General de esa Entidad. 36. Lo anterior se afirma pues, si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones, así como los requisitos que deben cubrirse y la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante Decreto, así como que la legislación vigente faculta a la FGE Morelos a administrar, manejar y aplicar el presupuesto que le es asignado, de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales, por ese motivo, el hecho de que cualquier otro poder público pretenda tener injerencia en ello representa una violación a lo previsto por el artículo 116 de la CPEUM.
37. Además, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no define cómo deben financiarse esas pensiones, ni en su caso, cómo se distribuirán las cargas respectivas, incluso, en caso de que en algún momento las personas servidoras públicas hayan laborado para alguna otra dependencia del Gobierno del Estado, para que sean cubiertas aquellas a los servidores públicos al momento de generar el derecho a recibir su pensión.
38. Por su parte, la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece que las prestaciones, los seguros y los servicios que reconoce estarán a cargo de las instituciones obligadas estatales o municipales, y se cubrirán de manera directa cuando así proceda y no sea con base en aportaciones de los sujetos de la ley.
39. En ese sentido, esta Segunda Sala considera que es precisamente tal indefinición lo que torna al decreto aquí impugnado inconstitucional. Máxime que de conformidad con los artículos 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado,(18) el Congreso estatal es el órgano encargado de revisar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, y por ende, correspondería a dicha legislatura, además de determinar el monto correcto del pago, establecer y autorizar las partidas presupuestarias correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como de distribuir las cargas financieras, dependiendo de qué poder o poderes fueron patrones del pensionista y por cuánto tiempo, pues es el propio Congreso quien cuenta con la información necesaria para ello en términos de la Ley del Servicio Civil.
40. Por lo expuesto, es fundado el concepto de invalidez hecho valer al respecto por la parte actora y, en consecuencia, se declara la invalidez parcial del Decreto mil seiscientos noventa y cuatro (1694), por el que se concede pensión por invalidez, exclusivamente en la porción del artículo 2 que indica que la pensión deberá cubrirse: ...por el Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, del Presupuesto otorgado por el Decreto número mil seiscientos veintiuno...”.
41. En consecuencia, y como lo ha sostenido el Tribunal Pleno en reiteradas ocasiones, al haberse alcanzado la pretensión de la parte actora, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos hechos valer.(19)
IX. EFECTOS
42. El artículo 73, en relación con los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, señalan que las sentencias deben contener los alcances y efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las normas generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.
43. Declaratoria de invalidez parcial: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez parcial del Decreto número mil seiscientos noventa y cuatro (1694), por el que se concede pensión por invalidez, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, únicamente en la porción del artículo 2o. que indica: “...por el Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, del Presupuesto otorgado por el Decreto número mil seiscientos veintiuno...”.
44. Otros lineamientos: El efecto de la invalidez parcial decretada no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado a la beneficiaria y que no son materia de la invalidez determinada, por lo que, al igual que esta Segunda Sala lo ha sostenido al resolver las controversias constitucionales 168/2020,(20) 201/2020,(21) 10/2021(22) y 199/2024,(23) el Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá:
a. Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez; y,
b. A fin de no lesionar la independencia financiera de la FGE Morelos y en respeto del principio de autonomía deberá establecer de manera puntual:
- Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del estado, o
- En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión, aclarando que fueron transferidos para cubrir la pensión por invalidez a ***********.
45. Lo anterior, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales siguientes a que le sea notificada la presente resolución.
46. Notificaciones: Deberá notificarse esta sentencia, por oficio, a la Fiscalía General (parte actora), a los Poderes Ejecutivo y Legislativo (partes demandadas), todos del Estado de Morelos.
X. DECISIÓN
Por todo lo antes expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional.
SEGUNDO. Se declara la invalidez parcial del decreto impugnado.
Notifíquese, mediante oficio a las partes y devuélvase el expediente a la Sección de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama (ponente) y Presidente Javier Laynez Potisek.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:[...].
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y [...].
2. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...].
4. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: [...].
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...].
5. Artículo 37. La Suprema Corte contará con dos Salas integradas por cinco Ministros cada una, que ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica, bastando con la presencia de cuatro de ellos para funcionar. La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y la Segunda Sala, de las materias administrativa y laboral, en los términos establecidos en el presente Reglamento Interior. Además, conocerán de los asuntos que determine el Pleno mediante Acuerdos Generales.
6. PRIMERO. Las Salas de la Suprema C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33716-28beb0c3/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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