I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA [ARTÍCULOS 79-B, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 21, 22, FRACCIÓN XXI, Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, ASÍ COMO 133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, TODAS DEL ESTADO DE MORELOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LOCAL LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉLLA, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "... POR EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO POR EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO ..."). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LA PERSONA PENSIONADA Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "... POR EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO POR EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO ..."). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE LE SEA NOTIFICADA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA: "... POR EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DENOMINADO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO POR EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO ...").
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 199/2024. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 19 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y MINISTRAS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: SALVADOR OBREGÓN SANDOVAL.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El decreto 1862 (mil ochocientos sesenta y dos) por el que se concede pensión por viudez, publicado el quince de mayo de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6309 (seis mil trescientos nueve).
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 199/2024, promovida por la Fiscalía General, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo todos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito recibido el veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fiscal General del Estado de Morelos promovió la presente controversia en la que demandó la invalidez del decreto 1862 (mil ochocientos sesenta y dos) por el que el Congreso de Morelos otorgó una pensión por viudez a Carolina Nateras García, cónyuge supérstite del finado Juan Carlos Valladares Cabrera, publicado el quince de mayo de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6309 (seis mil trescientos nueve), con cargo al presupuesto del órgano constitucional autónomo que representa.
2. En este sentido, la parte demandante expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. El decreto 1862 (mil ochocientos sesenta y dos) causa una grave afectación a la Fiscalía General de Morelos porque el Congreso del Estado ordenó el pago de una pensión por viudez sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, lo que vulnera la autonomía e independencia presupuestaria y constituye una forma de subordinación frente al poder demandado.
b. El Congreso estatal, al emitir el decreto impugnado no dio participación alguna a esta Fiscalía General de Morelos lo que significa que se trata de un acto que emitió de manera unilateral e inconstitucional.
c. Del decreto impugnado se advierte que el Congreso de Morelos omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos porque no realizó correctamente el análisis de porcentaje de pensión correspondiente a la antigüedad soportada documentalmente y determinó que la pensión por viudez debe ser pagada mensualmente por la Fiscalía actora.
d. El Congreso de Morelos subordina a la Fiscalía, toda vez que sin otorgarle participación en la emisión del decreto 1862 (mil ochocientos sesenta y dos), le impone una obligación de pago por concepto de pensión por viudez sin transferirle los recursos necesarios para cumplir con tal obligación. Esto constituye un agravio a la autonomía en la gestión presupuestal del órgano constitucional autónomo en tanto interfiere con la facultad de administrar, manejar y ejercer su presupuesto.
Lo anterior, en la inteligencia de que la autonomía en la gestión presupuestaria es una garantía financiera e institucional que se afecta con la emisión del decreto impugnado, toda vez que sin otorgar recursos necesarios le impone una obligación económica sin expresar con cargo a qué partida presupuestal debe cumplir.
e. Respecto al decreto 1621 (mil seiscientos veintiuno) por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. En específico, los artículos Décimo Quinto, párrafo VI, Décimo Sexto, párrafo XVIII, Vigésimo Octavo, segundo y tercer párrafo, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, en el Periódico ‘Tierra y Libertad’, número 6267, considera que resultan inconstitucionales porque no obstante de imponerse una carga económica a la Fiscalía General, como es el pago de un decreto de pensión por viudez, sin habérsele proporcionado los recursos necesarios para ello, ahora se pretende que lleve a cabo las gestiones necesarias para poder acceder a los recursos que permitan precisamente el pago de la pensión, sin que el Congreso Local, asuma responsabilidad y facultades que tiene conferidas en la Constitución Federal.
f. Indica que con dicho actuar se transgrede el principio de división de poderes que establecen los artículos 49 y 116 constitucionales.
g. El decreto 1862, cuya invalidez se demanda en conjunto con los artículos Décimo Quinto, párrafo VI, Décimo Sexto, párrafo XVIII, Vigésimo Octavo, segundo y tercer párrafo, del Decreto 1621, mediante los cuales el Congreso funda su actuar, implica los tres grados de violación al principio de división de poderes (intromisión, dependencia y subordinación) en agravio a la autonomía financiera y de gestión presupuestal de la Fiscalía General.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 199/2024; asimismo, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.
4. Posteriormente, en proveído del día cinco de julio siguiente, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos; finalmente ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Contestación de demanda por los poderes demandados. El nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recibió el escrito por el que el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de Morelos dio contestación a la demanda. Asimismo, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado presentó su escrito de contestación el tres de octubre de la citada anualidad, en la oficina de correos de la localidad y se recibió el catorce siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte.
6. De la Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No emitieron opinión en el presente asunto.
7. Alegatos. No se formularon.
8. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria, en ella se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas. Posteriormente se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
9. Avocamiento. Mediante dictamen de veintisiete de enero de dos mil veinticinco, el Ministro instructor solicitó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, el Presidente de la Segunda Sala avocó a ésta al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia correspondiente para la elaboración del proyecto respectivo.
I. COMPETENCIA
10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I,(3) 11, fracción VIII(4) y 21, fracción IX(5) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(6) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y el punto segundo, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General Número 1/2023,(7) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
11. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(8) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(9)
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
12. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(10) se aprecia que en esencia la Fiscalía General del Estado de Morelos se duele de que el Congreso de Morelos haya otorgado una pensión por viudez con cargo a su presupuesto, particularmente sin que le transfiriera los recursos económicos necesarios para cumplir con esa obligación.
13. Por lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte fija únicamente como acto objeto de la presente controversia el artículo 2(11) del decreto 1862 (mil ochocientos sesenta y dos) por el que se concede pensión por viudez, publicado el quince de mayo de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6309 (seis mil trescientos nueve) y ordena a la Fiscalía General del Estado de Morelos a pagar con cargo a su presupuesto a favor de Carolina Nateras García (como beneficiaria de su finado esposo Juan Carlos Valladares Cabrera).
14. Por otra parte, no pasa inadvertido que la parte actora haya señalado como primer acto de aplicación de aquél el decreto 1621 (mil seiscientos veintiuno) por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, en específico, los artículos Décimo Quinto, párrafo VI, Décimo Sexto, párrafo XVIII, Vigésimo Octavo, segundo y tercer párrafo, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, en el Periódico ‘Tierra y Libertad’, número 6267.
15. Sin embargo, no se acredita que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, en el Periódico ‘Tierra y Libertad’, número 6267, tenga por objeto que la Fiscalía General de ese mismo estado, hiciera frente a la carga impuesta mediante el Decreto 1862 (mil ochocientos sesenta y dos), por el que se concedió pensión por viudez y ordena a la Fiscalía pagarla con cargo a su presupuesto a favor de Carolina Nateras García (como beneficiaria de Juan Carlos Valladares Cabrera).
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
16. El decreto número mil ochocientos sesenta y dos (1862), del que se ha tenido por impugnado su artículo 2, se encuentra plenamente acreditado, toda vez que obra en autos copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Morelos de quince de mayo de dos mil veinticuatro, mediante el cual se publicó un extracto del mismo, de ahí que está acreditada la existencia del acto impugnado.
IV. OPORTUNIDAD
17. Conforme al artículo 21, fracción I,(12) de la Ley Reglamentaria de la Materia, tratándose de actos, el plazo para promover controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o en el que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
18. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna, para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, esto es, el quince de mayo de dos mil veinticuatro, fecha en que el actor manifestó haber tenido conocimiento de tal acto.
19. En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves dieciséis de mayo al miércoles veintiséis de junio de dos mil veinticuatro.(13) De ahí que, si la demanda se envió el último día mencionado, su presentación resulta oportuna.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
20. La demanda fue presentada por parte legítima.
21. Uriel Carmona Gándara, en su carácter de titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos,(14) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación de la citada institución estatal de procuración de justicia.
22. Esto es así, ya que la Fiscalía General del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional;(15) y corresponde al Fiscal General su representación en los litigios en que dicho ente sea parte, en términos de los artículos 79-B, segundo párrafo, inciso e), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 21, 22, fracción XXI y 75 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; así como el 133 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.(16)
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
23. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.
24. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas al Congreso y al Gobernador del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación del decreto impugnado.
25. Consecuentemente, se tienen como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos.
26. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
27. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejero Jurídico,(17) quien conforme el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(18) tiene facultades de representación.
28. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura,(19) quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(20) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
29. El Poder Legislativo hizo valer la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 19, en relación con el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria, argumentando que la Fiscalía General de Morelos carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional.
30. De las manifestaciones relativas se advierte que en realidad la causa de improcedencia que hacen valer es la falta de legitimación activa, pues señalaron que el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Federal no la faculta al efecto.
31. No le asiste razón al poder demandado ya que, como se indicó previamente, el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal en vigor, reconoce la legitimación activa a los órganos autónomos locales para acudir por este medio a demandar la constitucionalidad de las normas generales, actos y omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, de los poderes Ejecutivo y Legislativo de su entidad federativa.
32. En este caso, si la Fiscalía General de Morelos acudió a la controversia constitucional a demandar la invalidez de un decreto expedido y publicado por el Congreso y el Gobernador de Morelos, respectivamente; entonces, con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le reconoce legitimación activa para promover el presente asunto.
33. Consecuentemente, la causa de improcedencia planteada es infundada.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
34. Criterio jurídico o ratio decidendi: El decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos, que obliga al órgano constitucional autónomo Fiscalía General de la entidad federativa a pagar una pensión por viudez a la beneficiaria de una persona con la que no sostuvo relación laboral o administrativa alguna, es inconstitucional por vulnerar el principio de independencia financiera y autonomía (en el grado más grave de subordinación) previsto en el artículo 116, fracción IX, de la Constitución General.
35. En sus conceptos de invalidez, la Fiscalía actora sostiene que el decreto impugnado viola la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrado en el artículo 116 de la Constitución Federal, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales de la Fiscalía Estatal.
36. Ello, aunado a que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva, y en el presente caso no sucedió así.
37. Es decir, la Fiscalía actora manifiesta que la Legislatura del Estado de Morelos transgrede el principio constitucional de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que emitió el Decreto mediante el cual se autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto de la actora.
38. La determinación del Poder Legislativo en el Decreto 1862 (mil ochocientos sesenta y dos) en tanto ordena a la Fiscalía actora que pague en forma mensual la pensión por viudez a una persona con cargo a su partida presupuestal constituye una violación a la independencia financiera de la Fiscalía y, por consecuencia, al principio de autonomía que expresamente se encuentra previsto en el artículo 116 de la Constitución General.
39. Se trata de una subordinación de la Fiscalía General del Estado de Morelos ante el Congreso del Estado, pues, además de que la actora no puede disponer autónomamente de sus recursos económicos, implica que está sometida a la voluntad del poder subordinante, es decir, el Poder Legislativo Local no permite a la Fiscalía actora un curso de acción distinto al que le ordena en el Decreto, esto es, pagar una pensión por viudez. Es necesario aclarar que el finado Juan Carlos Valladares Cabrera, (quien en vida desempeñó como último cargo el de “Agente de Investigación Criminal”) prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y su último patrón fue la Fiscalía General de esa Entidad.
40. Lo anterior se afirma pues, si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores y sus beneficiarios a obtener este tipo de pensiones; los requisitos que deben cubrirse; la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante Decreto; así como que la legislación vigente faculta a la Fiscalía General del Estado de Morelos a administrar, manejar y aplicar el presupuesto que le es asignado, de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales, por ese motivo, el hecho de que cualquier otro poder público pretenda tener injerencia en ello representa una violación a lo previsto por el artículo 116 de la Constitución Política del país. 41. Además, la Ley no define cómo deben financiarse esas pensiones, ni en su caso, cómo se distribuirán las cargas respectivas, incluso, en caso de que en algún momento las personas servidoras públicas hayan laborado para alguna otra dependencia del Gobierno del Estado, para que sean cubiertas aquéllas a los servidores públicos al momento de generar el derecho a recibir su pensión.
42. Por su parte, la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece que las prestaciones, los seguros y los servicios que reconoce estarán a cargo de las instituciones obligadas estatales o municipales, se cubrirán de manera directa cuando así proceda y no sea con base en aportaciones de los sujetos de la ley.
43. En ese sentido, esta Segunda Sala considera que es precisamente tal indefinición lo que torna al decreto aquí impugnado inconstitucional. Máxime de conformidad con los artículos 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 61, fracción II, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado,(21) el Congreso Estatal es el órgano encargado de revisar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, y por ende correspondería a dicha legislatura, además de determinar el monto correcto del pago, establecer y autorizar las partidas presupuestarias correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como de distribuir las cargas financieras, dependiendo de qué poder o poderes fueron patrones del pensionista y por cuánto tiempo, pues es el propio Congreso quien cuenta con la información necesaria para ello en términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
44. Por lo expuesto, es fundado el concepto de invalidez hecho valer al respecto por la parte actora y, en consecuencia, se declara la invalidez parcial del Decreto 1862 (mil ochocientos sesenta y dos), por el que se concede pensión por viudez, exclusivamente en la porción del artículo 2 que indica que la pensión deberá cubrirse: “(...) por el Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, del Presupuesto otorgado por el Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno (...)”.
45. En consecuencia, y como lo ha sostenido el Tribunal Pleno en reiteradas ocasiones, al haberse alcanzado la pretensión de la parte actora, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos hechos valer.(22)
IX. EFECTOS
46. El artículo 73, en relación con los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, señalan que las sentencias deben contener los alcances y efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las normas generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.
47. Declaratoria de invalidez parcial: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez parcial del decreto número 1862 (mil ochocientos sesenta y dos), por el que se concede pensión por viudez, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el quince de mayo de dos mil veinticuatro, únicamente en la porción del artículo 2 que indica: “(...) por el Órgano Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, del Presupuesto otorgado por el Decreto número mil seiscientos veintiuno (...)”.
48. Otros lineamientos: El efecto de la invalidez parcial decretada no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado a la beneficiaria y que no son materia de la invalidez determinada, por lo que, al igual que esta Segunda Sala lo ha sostenido al resolver las controversias constitucionales 168/2020,(23) 201/2020(24) y 10/2021,(25) el Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá:
h. Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez, y
i. A fin de no lesionar la independencia financiera de la Fiscalía General del Estado de Morelos y en respeto del principio de autonomía deberá establecer de manera puntual:
- Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado, o
- En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión, aclarando que fueron transferidos para cubrir la pensión por viudez a Carolina Nateras García.
49. Lo anterior, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales siguientes a que le sea notificada la presente resolución.
50. Notificaciones: Deberá notificarse esta sentencia, por oficio, a la Fiscalía General (parte actora), a los Poderes Ejecutivo y Legislativo (partes demandadas), todos del Estado de Morelos.
X. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional.
SEGUNDO. Se declara la invalidez parcial del decreto reclamado.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán (ponente), Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y [...]
2. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]
4. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...]
5. Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:
[...]
IX. Las demás que expresamente les encomiende la ley.
6. Artículo 37. La Suprema Corte contará con dos Salas integradas por cinco Ministros cada una, que ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica, bastando con la presencia de cuatro de ellos para funcionar. La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y la Segunda Sala, de las materias administrativa y laboral, en los términos establecidos en el presente Reglamento Interior. Además, conocerán de los asuntos que determine el Pleno mediante Acuerdos Generales.
[...].
7. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquellas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. [...]
8. “Tercero.- Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el uno de septiembre de dos mil veinticinco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33200-bef449ad/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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