I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN CUANDO MENOS EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES FEDERALES [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA DE LEYES DE CARÁCTER FEDERAL Y LOCAL QUE VULNEREN EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (ARTÍCULOS 16, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 32, FRACCIONES I Y II, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UN CONTEXTO NORMATIVO CUYO ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ SE EXTINGUIÓ AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL RESPECTO DEL CUAL ESTUVO VIGENTE. V. CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS. LA ATRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA QUE LE PERMITE DISPONER DE LA BASE DE DATOS CREADA CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, CONSISTENTE EN LOS DATOS BIOMÉTRICOS DIRIGIDOS A IDENTIFICAR DE MANERA INEQUÍVOCA A LAS PERSONAS, PARA DAR EL SERVICIO A CUALQUIER PERSONA QUE ASÍ LO SOLICITE Y LOGRAR LA VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS USUARIOS DE ESTOS CERTIFICADOS, SIN MEDIAR CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES DE ESA INFORMACIÓN, NI CONDICIONARSE SU USO PARA LA REALIZACIÓN DE FINES LEGALES LEGÍTIMOS, TRASTOCA UNA DE LAS DIMENSIONES DEL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA, EN VIRTUD DE LA CUAL, CUANDO UNA AUTORIDAD TENGA EN SU POSESIÓN UNA BASE DE DATOS PERSONALES, NO DEBE DAR A CONOCER A TERCEROS LA INFORMACIÓN PRIVADA DE LAS PERSONAS, SALVO CUANDO SEA NECESARIO PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL RESPONSABLE DE DATOS O PARA DAR CUMPLIMIENTO A UN MANDATO LEGAL, POR RAZONES DE SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO, SALUD PÚBLICA O SALVAGUARDAR DERECHOS Y LIBERTADES DE TERCEROS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17-F, TERCER PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE "ASÍ COMO EL DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE LOS USUARIOS" DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). VI. CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS. LA NORMA QUE AUTORIZA DAR A CONOCER A TERCEROS (AUTORIDADES Y PARTICULARES) LA INFORMACIÓN QUE PERMITE LA VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS USUARIOS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, SIN QUE DELIMITE LOS ALCANCES DE ESA FACULTAD, VULNERA LA SEGUNDA DIMENSIÓN DEL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA EN DETRIMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA INTIMIDAD, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17-F, TERCER PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE "ASÍ COMO EL DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE LOS USUARIOS" DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). VII. DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. DERECHO HUMANO A LA VIDA PRIVADA. SUS RASGOS CARACTERÍSTICOS SE REFIEREN A AQUELLO QUE NO ATAÑE A LA VIDA PÚBLICA, SINO AL ÁMBITO RESERVADO FRENTE A LA ACCIÓN Y AL CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS. IX. DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD. CONSISTE EN MANTENER FUERA DEL CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS CIERTAS MANIFESTACIONES O DIMENSIONES DE SU EXISTENCIA Y AL CORRESPONDIENTE DERECHO A QUE LOS DEMÁS NO LAS INVADAN SIN SU CONSENTIMIENTO. X. DERECHO HUMANO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO ES VARIABLE TANTO EN SU DIMENSIÓN INTERNA COMO EXTERNA. XI. DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD. LA VARIABILIDAD INTERNA DE ESTE DERECHO ALUDE AL HECHO DE QUE EL COMPORTAMIENTO DE SUS TITULARES PUEDE INFLUIR EN LA DETERMINACIÓN DE SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN, LO QUE SIGNIFICA LA POSIBILIDAD DE QUE SUS TITULARES MODULEN, DE PALABRA O DE HECHO, SU ALCANCE. XII. DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD. LA VARIABILIDAD EXTERNA DE ESTE DERECHO ALUDE A LA DIFERENCIA NORMAL Y ESPERADA ENTRE EL CONTENIDO PRIMA FACIE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA PROTECCIÓN REAL QUE OFRECEN EN CASOS CONCRETOS, UNA VEZ CONTRAPESADOS Y ARMONIZADOS CON OTROS DERECHOS E INTERESES QUE APUNTEN EN DIRECCIONE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 308/2020 Y SU ACUMULADA 3/2021. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 29 DE MAYO DE 2023. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 308/2020 y su acumulada 3/2021, promovidas respectivamente por diversos Diputados Integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en contra de los artículos 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 1o. y 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 17-F, párrafo tercero, y 137, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, publicados en el mismo medio oficial el ocho de diciembre de dos mil veinte.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
2. Presentación de la demanda de la Cámara de Diputados. Por escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversas Diputadas y Diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión promovieron acción de inconstitucionalidad, en la que solicitaron la invalidez del sistema normativo conformado por el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en conjunto con los artículos 1o. y 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en cuanto hace a la reiteración de la tasa del 16 % en la enajenación de productos de gestión menstrual, ésta última contenida en el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veinte.
3. Como antecedentes, se narra que el ocho de septiembre de dos mil veinte, la Diputada Martha Tagle Martínez presentó iniciativa de reforma al artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de productos de gestión menstrual, proponiendo una tasa del 0 % a la enajenación de toallas sanitarias desechables, toallas de tela, comprensa, tampones, pantiprotectores, copas menstruales y cualquier otro bien destinado a la gestión menstrual, bajo el argumento central de que, a pesar de ser artículos de primera necesidad, los productos de gestión menstrual están sujetos a la tasa del 16 % del Impuesto al Valor Agregado.
4. Posteriormente, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la reserva a la iniciativa mencionada.
5. En su demanda, la parte actora señaló que el conjunto normativo se debe tener por integrado, ya que la Ley de Ingresos autoriza a percibir ingresos provenientes del impuesto al valor agregado, como la tasa del 16 % contenida en el artículo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que impone un gravamen a la enajenación de productos de gestión menstrual. Así, afirma "se delimita la existencia de un sistema normativo que contiene la política tributaria configurada para el ejercicio de 2021, posibilitando a la Federación a percibir ingresos provenientes del impuesto al valor agregado que estima, dentro de sus proyecciones, el ingreso discriminatorio proveniente de una necesidad fisiológica que solo afecta a las mujeres."
6. En contra de dicho sistema normativo, en la demanda se formulan tres apartados de argumentos. En el primero se alega la inconstitucionalidad del precepto que grava los productos de gestión menstrual como norma discriminatoria, así como la posibilidad que tiene la Federación de recaudar esos recursos y estimarlos en sus proyecciones económicas.
7. En el segundo apartado se alega la inconstitucionalidad de la carga impositiva por afectar el derecho de las mujeres a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental; y en el tercero, se argumenta que el hecho de gravar mediante un impuesto indirecto bienes insustituibles para las mujeres genera un impacto desproporcionado para aquellas en situación de precariedad económica.
8. Registro y turno. Por acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la demanda presentada con el número 308/2020; asimismo, conforme al turno se designó como instructor al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
9. Presentación demanda del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso la Información y Protección de Datos Personales. Por escrito presentado a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de enero de dos mil veintiuno, Miguel Novoa Gómez, en su carácter de representante legal y Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicita la invalidez de las reformas a los artículos 17-F y 137 del Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veinte.
10. En su escrito de demanda, la parte actora formula los siguientes cuatro conceptos de invalidez:
a) En el primero alega que el artículo 17-F, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, que establece la facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de prestar el servicio de verificación de identidad de los usuarios, viola el principio de finalidad lícita a la que debe sujetarse todo tratamiento de datos personales, contenido en los artículos 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
b) En su opinión, es irregular que la norma impugnada permita el servicio de verificación de identidad de los usuarios, desvinculándolo de la firma electrónica avanzada, ya que afirma que el SAT sólo podría prestar el servicio de verificación de identidad de los usuarios relacionada con la certificación de firmas electrónicas avanzadas prevista en la fracción I del numeral 17-F del Código Fiscal de la Federación.
c) De la exposición de motivos, se desprende que el legislador pretendió que el SAT otorgue el servicio de verificación de identidad a entes públicos y privados como bancos o empresas emitiendo una respuesta binaria (si/no) ante la validación de identidad biométrica requerida por el solicitante, lo que, insiste, es contrario al principio de finalidad lícita. Dicho principio exige que la autoridad se encuentra autorizada o facultada, mediante la ley o normativa aplicable, para determinados fines de tratamiento de los datos personales.
En su opinión, el precepto legal no puede calificarse como "la ley aplicable", pues no forma parte de la legislación dirigida a reglamentar el tratamiento de los datos personales. En efecto, afirma que el Código Fiscal de la Federación no tiene por objeto reglamentar el registro de población ni la acreditación de la identidad de las personas, como sí lo tiene la Ley General de Población y su Reglamento, ya que es ahí donde se regula el registro de la población, así como la acreditación de la identidad de las personas; como también lo es la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Afirma que debe considerarse que los artículos 6o., apartado A, fracciones II y VIII, 16, párrafo segundo y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal establece que la reglamentación de los datos personales se debe hacer a través de una ley general, que, por tanto, debe utilizarse como parámetro de control constitucional.
La actora señala que el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación establece que deben calificarse como confidenciales los datos de identidad obtenidos por el SAT a través de las comparecencias realizadas para la obtención de la firma electrónica avanzada; sin embargo, afirma que dicha porción normativa debe calificarse como derogada por ser anterior a la emisión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en cuyos transitorios se dispone la derogación de todas aquellas disposiciones en materia de protección de datos personales que contravengan lo dispuesto en las mismas.
d) Destaca que el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación establece que los datos de identidad recabados por el SAT en la comparecencia que se realiza para obtener la firma electrónica avanzada forman parte del sistema integrado de registro de población, de conformidad con la Ley General de Población.
Por su parte, el artículo 85 de la Ley General de Población prescribe que la Secretaría de Gobernación tenga a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y no la Secretaría de Hacienda, ni menos aún el SAT.
e) En su argumento, la actora afirma que debe recordarse que las leyes generales forman parte del parámetro de control y que su contenido incide en todos los órdenes de gobierno y se encuentran jerárquicamente por encima de las leyes federales, esto es, por encima del Código Fiscal de la Federación, por lo que el precepto impugnado es inconstitucional por contravenir lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley General de Población.
f) En el segundo concepto de invalidez, la actora alega que el artículo 17-F, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación viola el principio de variación de la finalidad en el tratamiento, contenido en el diverso 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que es contrario a los artículos 6o., apartado A, fracciones II y VIII, párrafo segundo, 14, 16, párrafo segundo, 73, fracciones XVI y XXIX-S y 133 de la Constitución Federal.
En su argumento parte de la premisa de que el artículo 18 de la Ley General de la materia establece que la autoridad responsable de los datos personales pueda variar la finalidad de aquella establecida en el aviso de privacidad, siempre y cuando: a) cuente con atribuciones conferidas en la ley; y, b) medie consentimiento del titular. Sin embargo, el SAT no cuenta con la atribución legal correspondiente para dar el servicio de verificación de identidad de las personas. Por tanto, la variación en la finalidad en el tratamiento de los datos personales es violatoria del artículo 18 citado y, por tanto, inconstitucional.
En este apartado, el actor transcribe el aviso de privacidad que utiliza el SAT, para destacar que de su contenido se desprende que la finalidad es "verificar y confirmar la identidad del contribuyente, así como la autenticidad de la información que nos proporciona".
g) Por ello, afirma, la variación de la finalidad se actualiza al ofrecer el servicio de verificador de la identidad de las personas a terceros. En su argumento señala que debe diferenciarse entre este servicio y la verificación y confirmación de la identidad del contribuyente para los fines de sus atribuciones legales.
h) Así, la verificación de la identidad del contribuyente tiene como fuente la obligación prevista en el artículo 17- D, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que "cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica"; mientras que el servicio de verificación de la identidad de las personas a terceros no tiene un fundamental legal propio, que, en su caso, deriva de la imposición de un ente privado que, sin estar legitimado para ello, exige de sus clientes este tipo de verificación de identidad.
i) En efecto, la verificación de la identidad del contribuyente es un requisito necesario para cumplir con una obligación legal, a saber, presentar documentos a través de la firma electrónica; mientras que la del servicio de verificación de la identidad de las personas a terceros no, ya que ésta se limita a ser un servicio que se presta a los privados.
j) Otra diferencia entre estos servicios es que, en caso de no poder verificar la identidad, el SAT podrá negar el otorgamiento de la firma electrónica avanzada, en tanto que la del servicio de verificación de la identidad de las personas a terceros no puede negarlo. Ello es porque la verificación de la identidad del contribuyente es un servicio que presta el Estado para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y, por tanto, no cobra a los contribuyentes por verificar su identidad. En cambio, el servicio de verificación de la identidad de las personas a terceros no es un servicio que presta el Estado en sus funciones, sino un servicio que otorga, con motivo de una contraprestación, a las entidades privadas.
k) En su tercer concepto de invalidez, la parte actora argumenta que el artículo 17-F, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación viola el principio de lealtad en el tratamiento de los datos personales, contenido en el diverso 19 de la de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que es contrario a los artículos 6o., apartado A, fracciones II y VIII, párrafo segundo, 16, párrafo segundo, 73, fracciones XVI y XXIX-S y 133 de la Constitución Federal.
l) Ello, ya que el precepto legal permite a la autoridad hacer uso de los datos de los particulares, aprovechándose del error al que son inducidos. Ello, ya que pareciera que la facultad contenida en la porción normativa impugnada, consistente en la verificación de la identidad de los usuarios, se trata de la misma facultad contenida en la fracción I del artículo 17-F, referida a verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación electrónica, sin embargo, no lo es.
m) Por lo que, aprovechándose del error, provocado por la falta de claridad y el desconocimiento de los contribuyentes de la reforma de mérito, el SAT puede lograr un lucro indebido al usar los datos biométricos de las personas para ofrecer el servicio de verificación de la identidad, tanto a entes privados como públicos.
n) La parte actora recuerda que, en materia de protección de datos personales, es un requisito fundamental hacer sabedor al titular de la información del cambio en las finalidades del tratamiento de sus datos, lo cual es vulnerado por el precepto legal impugnado.
o) Finalmente, en el cuarto concepto de invalidez, la parte actora combate la validez del artículo 137, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, el cual establece una regulación sobre las notificaciones a realizarse en el domicilio de las personas, omitiendo señalar que éstas deberán practicarse en el clasificable como "domicilio fiscal". En su opinión, esa omisión viola los artículos 6o., apartado A, fracciones II y VIII y 16 de la Constitución Federal.
p) La actora recuerda que antes de la emisión de la norma impugnada se requería que las notificaciones de los actos administrativos se realizarán en el domicilio fiscal; Sin embargo, con la emisión las notificaciones reguladas en el Código Fiscal de la Federación se pueden realizar en cualquier domicilio o lugar, en detrimento de la regularidad de los procedimientos administrativos, del principio de certeza, del derecho de la privacidad de las personas y la protección de datos personales.
q) En suma, el precepto legal impugnado es inconstitucional porque permite a la autoridad fiscal notificar en cualquier domicilio a los particulares sin acreditar los extremos de los artículos 134, 137 y 10 del Código Fiscal de la Federación.
r) En opinión de la actora, el precepto permite una intervención en el derecho a la protección de datos personales, al permitir el uso indiscriminado y excesivo de los datos personales relativo a los diversos domicilios del contribuyente, lo que no sucedería si la autoridad se constriñera a realizar sus diligencias en el domicilio fiscal.
s) Estima que la norma no pasa un test de proporcionalidad porque no tiene un fin constitucionalmente válido, o al menos no se observa de la exposición de motivos. Tampoco es una medida idónea, en tanto que no se observa en qué forma con la violación a la intimidad de las personas se logre un fin legítimo, como tampoco es necesaria, toda vez que existen otros medios idóneos para notificar al contribuyente y que intervienen con menor intensidad en el derecho, de acuerdo con los artículos 10, 134, 137 y restantes aplicables a las notificaciones del Código Fiscal de la Federación.
11. Registro y turno. Con motivo de la presentación de la demanda, por acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente con el número 3/2021, y dada la relación con aquella registrada con el número 308/2020, por impugnarse el mismo decreto legislativo, ordenó que se turnara el asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
12. Admisión y trámite. Mediante proveído de ocho de enero de dos mil veintiuno, el Ministro Instructor determinó tener por presentados a los promoventes con la personalidad con la que se ostentaron y admitir a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hicieron valer; ordenó que se previniera a determinados diputados para que acreditaran su personalidad. Finalmente, se ordenó dar vista a las Cámaras de Diputados, Senadores, y al Presidente de la República para que rindieran su informe, así como a la Fiscalía General de la República para que formule el pedimento correspondiente.
13. Informe de la Cámara de Diputados. Mediante escrito recibido el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la Diputada Dulce María Saurí Riancho, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, en representación de la Cámara de Diputados, acudió a rendir su informe, en el cual manifestó lo siguiente:
a) Argumenta que, en el caso se surte una causal de improcedencia que da lugar al sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad 308/2020, ya que, en su opinión, los diputados promoventes no formularon conceptos de invalidez en los que aduzcan la inconstitucionalidad de los Decretos Impugnados o cuando menos la causa de pedir.
b) Entrando al fondo, afirma que los argumentos de las demandas de ambas acciones acumuladas son infundados porque afirma que el Decreto legislativo impugnado fue el resultado de un proceso legislativo que siguió todos los requisitos exigibles, haciendo un recuento de cada etapa y porque su contenido no contraviene ningún precepto de la Constitución Federal.
c) En específico, señala que son infundados los planteamientos de la minoría de los Diputados, ya que los preceptos impugnados no vulneran los derechos de igualdad, no discriminación, a la salud, integridad personal, ni los principios de equidad tributaria, pues el hecho de que no establezcan tasa cero para los productos de gestión menstrual responde al hecho de que el legislador tiene libertad configurativa para establecer las particularidades del sistema impositivo.
d) Por otro lado, desestima como infundados los argumentos formulados en la demanda que inició el trámite de la acción de inconstitucionalidad 3/2021, pues afirma que el contenido de las normas impugnadas se sujeta al parámetro de control del sistema de protección de datos personales.
14. Informe del Poder Ejecutivo. Por su parte, mediante escrito recibido en este Alto Tribunal el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, Julio Scherer Ibarra, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación de éste, acudió a rendir su informe, en el cual manifestó lo siguiente: a) Debe sobreseerse en el juicio porque la demanda de la minoría de los Diputados es extemporánea, ya que transcurrió en exceso el plazo de treinta días desde que fue publicada la Ley de Ingresos para la Federación.
b) Se actualiza la diversa causal de improcedencia, consistente en la imposibilidad técnica del estudio de omisiones legislativas en una acción de inconstitucionalidad.
c) Por otra parte, señala que es improcedente el juicio promovido por la minoría de los Diputados porque no es cierto que las normas impugnadas formen un circuito normativo, además de que se pretende impugnar un contenido legal que no ha sido objeto de un cambio normativo.
d) Adicionalmente, señala que debe sobreseerse en el juicio porque, en su opinión, la accionante sólo pretende controvertir una etapa del procedimiento legislativo, específicamente la votación a través de la cual se determinó no aprobar la adición del inciso j), del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual no puede ser evaluada en una acción de inconstitucionalidad.
e) Posteriormente, el Poder Ejecutivo sostiene que, en el fondo, los argumentos de la minoría de los Diputados son infundados, pues debe reconocerse la validez de los artículos 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, y 1o. y 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que su contenido no vulnera los principios de igualdad y no discriminación, los derechos al mínimo vital, a la educación al trabajo, a la vida digna y a la salud, ni el principio de proporcionalidad tributaria.
f) Por otra parte, el Ejecutivo Federal defiende la validez del artículo 17-F del Código Fiscal de la Federación, pues afirma que no vulnera ningún precepto constitucional, ya que si bien consagra la facultad del SAT de prestar el servicio de verificación de identidad de los usuarios, afirma que ello se ajusta al principio de finalidad lícita a que debe sujetarse a todo tratamiento de datos personales.
g) En su opinión, el precepto impugnado tampoco viola el principio de variación de la finalidad del tratamiento, contenido en el artículo 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, como tampoco es contrario al principio de lealtad en el tratamiento contenido en el diverso 19 de la referida Ley General.
h) Ello, ya que dicha facultad no la puede ejercer de manera arbitraria, pues en la norma impugnada se encuentra acotada al objeto del SAT, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, quien tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto público.
i) Además de que, en su opinión, ese servicio sólo será prestado a los particulares que determinen el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firma de documentos digitales y acotada a las operaciones de carácter fiscal, sin que se exponga algún dato personal, "pues la validación será a partir de los elementos enviados por la persona que solicitó el servicio de verificación de identidad del usuario y el Servicio de Administración Tributaria sólo emitirá la respuesta de la coincidencia, esto es, una respuesta binaria, consistente en un sí o no".
j) Por otra parte, alega que el Servicio de Administración Tributaria no expondrá ni compartirá ningún dato personal proporcionado por algún ciudadano, pues el propósito del artículo impugnado sólo es constatar la fiabilidad de la firma electrónica avanzada para posteriormente emitir la respuesta de la coincidencia o no de la información biométrica, respuesta que, insiste, es binaria (si/no), y lo que se ajusta al parámetro de control aplicable a la protección de los datos personales.
k) Por otra parte, señala que no existe una violación al principio de no retroactividad, pues la facultad del Servicio de Administración Tributaria para verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación electrónica se incorporó al Código Fiscal de la Federación desde el cinco de enero de dos mil cuatro.
l) En el desarrollo de sus argumentos, el Poder Ejecutivo recuerda que quien desee utilizar su firma electrónica avanzada como medio de identificación o para firmar algún documento digital, en medios distintos al del Servicio de Administración Tributaria, lo hace con total consentimiento, es decir, que autoriza a la otra persona o plataforma, donde la utilice, a que ésta tenga trato con sus datos personales, entre ellos, la identidad; además afirma que a dicha persona o plataforma corresponderá dar a conocer que el uso de la certificación de la e.firma podrá ser sujeta a verificación de autenticidad por el Servicio de Administración Tributaria.
m) Finalmente, el Poder Ejecutivo defiende la validez del artículo 137, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, al señalar que su contenido no transgrede el parámetro de control aplicable a la protección de datos personales, ni el derecho de inviolabilidad de domicilio.
n) Ello, ya que la norma pretendió lograr una simplificación administrativa, y atendiendo a la realidad actual, pretende reconocer que los contribuyentes tienen la posibilidad de señalar el domicilio que más les convenga, en términos del artículo 136 del citado Código, el cual establece las distintas posibilidades en donde se pueden tener por hechas las notificaciones, lo que se ajusta a los principios constitucionales.
15. Informe de la Cámara de Senadores. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal el dos de marzo de dos mil veintiuno, el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en representación de ésta, acudió a rendir su informe, a través del cual manifestó lo siguiente:
A) Debe sobreseerse en el juicio porque no se agotó la vía legalmente prevista para solución del desacuerdo entre Diputadas y Diputados promoventes y el Congreso del a Unión, en relación con el sistema normativo conformado por los artículos 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2021, en conjunto con los diversos 1o. y 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
B) También se actualiza la causal de improcedencia, consistente en no reunirse las firmas suficientes para alcanzar el treinta y tres por ciento de integrantes de la Cámara de Diputados.
C) Posteriormente, en el informe se desestiman los argumentos de las actoras. Así, se afirma que el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 cumplió con los requisitos formales y procesales que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal.
D) Por otra parte, alega que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación cumple con los requisitos formales y procesales que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal.
E) Señala que contrario a lo alegado, el contenido de los dispositivos impugnados no viola los derechos a la no discriminación e igualdad, como tampoco los derechos a la salud e integridad personal.
F) Por otra parte, niega que los preceptos impugnados violen alguno de los principios del artículo 31, fracción IV, constitucional.
G) La Cámara de Senadores pasa a la otra demanda y niega que sea inconstitucional el artículo 17-F, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación. Ello, ya que al usar el vocablo "podrá", el legislador evidenció la naturaleza optativa de verificar la identidad de los usuarios ante el SAT, además de que éste puede abstenerse de llevar a cabo dicha facultad, y en este sentido, resulta inoperante el concepto de validez. Además, señala que la prestación del servicio es en el sentido de emitir una respuesta binaria (si/no) ante la validación de la identidad biométrica, es decir, se llevará a cabo la verificación a través de la comparación de información que se solicita con la que tiene para determinar si son coincidentes o no, sin que se exponga ningún dato personal proporcionado por el ciudadano.
H) Alega que debe descartarse la existencia de algún vicio de invalidez, ya que el precepto impugnado delimita el ámbito en el cual el Servicio de Administración Tributaria puede otorgar el referido servicio a los particulares, consistente en que sólo puede otorgarlo a favor de quienes determinen el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales.
I) Asimismo, no se transgrede el principio de licitud porque el precepto impugnado no permite a la autoridad recaudadora llevar a cabo un registro y acreditación de identidad de las personas, pues ello sólo corresponde a la Secretaría de Gobernación; además que el artículo combatido sólo permite la comparación de datos en estricto apego a lo establecido en la Ley General de Población y su Reglamento, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados, así como las reglas de carácter general que emita dicho órgano administrativo desconcentrado.
J) Tampoco se vulnera el principio de variación de finalidad de tratamiento, toda vez que el ordenamiento no ofrece el servicio de verificador de la identidad de las personas a terceros, sino sólo cuando los particulares lo soliciten y estos determinen el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firma de documentos digitales; finalmente, tampoco se viola el artículo 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, toda vez que en el aviso de privacidad emitido por el SAT, se informa expresamente la finalidad para las cuales serán tratados los datos recabados por la autoridad.
K) En
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32370-f6f539ad/i-accion-de-inconstitucionalidad-los-diputados-que-conformen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REVISIÓN FISCAL. LA AUTORIDAD RECURRENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZA (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
- CERTIFICADO DE E.FIRMA. LOS REQUISITOS PARA OBTENERLA, PREVISTOS EN LA FICHA DE TRÁMITE 197/CFF SEÑALADA EN LA REGLA 2.2.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021, NO VIOLAN (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DEBE DARSE VISTA CON ELLA A LA PARTE QUEJOSA SI EL ÓRGANO QUE CONOCE DEL RECURSO DE REVISIÓN ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL QUE FUE OBJETO D (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFEC (2a. CXIII/2016 (10a.))
- FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PENAL. (1a. CD/2014 (10a.))
- FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. PARA CONSIDERAR DEBIDAMENTE SIGNADA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL A TRAVÉS DEL USO DE DICHA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA, ES INNECESARIO QUE (I.1o.A.244 A (10a.))
- CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFEC (2a. CV/2016 (10a.))
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