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Modo: Corpus Pro

CERTIFICADO DE E.FIRMA. LOS REQUISITOS PARA OBTENERLA, PREVISTOS EN LA FICHA DE TRÁMITE 197/CFF SEÑALADA EN LA REGLA 2.2.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3633/2024. · Registro digital (IUS): 33042
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-03-07
Promovente: MELTALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.51.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3633/2024. MELTALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 21 DE AGOSTO DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: HUMBERTO JARDÓN PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3633/2024, interpuesto en contra de la sentencia dictada en sesión del siete de marzo de dos mil veinticuatro, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

La materia del presente recurso de revisión consiste en determinar si es procedente el recurso de revisión.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Meltall de México, S.A. de C.V., demandó la nulidad del oficio de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se le notificó que no se renovaría el certificado de e.firma por no encontrarse al corriente con sus obligaciones fiscales, ello, al no cumplir con los requisitos necesarios de conformidad con la Regla 2.2.14 de la regla de Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) del ejercicio dos mil veintiuno.

2. Juicio Contencioso Administrativo. En fecha siete de junio de dos mil veintiuno, Meltall de México, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, José Javier Becerra Galindo, demandó la nulidad de la resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ante las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

3. Del juicio conoció la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y lo admitió a trámite por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, con el expediente número **********.

4. Sentencia. Seguida la secuela procesal y declarada cerrada la instrucción, en sesión de tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala del conocimiento se pronunció en el sentido de reconocer la validez de los actos impugnados.

5. Amparo Directo. Inconforme con la resolución, mediante escrito presentado en fecha dos de febrero de dos mil veintidós, Meltall de México, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, José Javier Becerra Galindo, presentó demanda de amparo ante las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por razón de turno tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que la registró con el número **********.

6. Ejecutoria. En fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dicho tribunal colegiado concedió el amparo solicitado. En cumplimiento a dicha determinación, la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en fecha trece de enero de dos mil veintitrés, pronunció sentencia reconociendo de nueva cuenta la validez de la Regla Fiscal 2.2.13 de la RMF para dos mil veintiuno.

7. Demanda de amparo. Nuevamente en desacuerdo con la determinación que precede, Meltall de México, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo, de la cual, por razón de turno tocó conocer de nueva cuenta al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que la admitió a trámite mediante acuerdo de fecha uno de marzo de dos mil veintitrés y la registró con el número **********.

8. Al respecto, la sociedad quejosa hizo valer los siguientes conceptos de violación:

- Que el acto reclamado es violatorio de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, pues la autoridad responsable no realizó una interpretación adecuada de la regla 2.2.13 de la RMF para dos mil veintiuno, para determinar la inconstitucionalidad de las cuestiones previstas en la misma.

- Que no se verificó si dichos requisitos eran acordes con el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación (CFF).

- Que la autoridad fue omisa en analizar si la regla de referencia rebasa lo establecido por el articulo 17-D del CFF, respecto a la generación o renovación de la e.firma.

- Que las exigencias contenidas en la regla no se encuentran previstas en ninguna ley de la materia.

- Que la aplicación de la ficha de trámite 197/CFF, del anexo 1-A, de la regla 2.2.13 de la RMF, no otorga una facilidad administrativa, sino que condiciona aún más el trámite para la generación o renovación del certificado de e.firma.

9. Sentencia del Tribunal Colegiado. El siete de marzo de dos mil veinticuatro, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito dictó sentencia en la que resolvió negar el amparo a la sociedad quejosa.

10. Para llegar a dicha conclusión el órgano colegiado sostuvo lo siguiente:

- Que el ejercicio de facultad reglamentaria debe realizarse dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan.

- Que la norma reglamentaria sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición.

- Que las cláusulas habilitantes constituyen un acto formal y materialmente legislativo que busca evitar arbitrariedad y discrecionalidad de las autoridades administrativas, de tal modo que las reglas de carácter general no constituyen una actuación normativa del Poder Legislativo. Al respecto refiere que dicho argumento encuentra sustento en la tesis aislada P.XXI/2003, del Pleno de la SCJN, de rubro: “CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS.”

- Que del análisis al artículo 17-D del CFF, así como a la regla 2.2.13 de la RMF para dos mil veintiuno, se desprende la facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de requerir información adicional a la que indica el artículo 17-D, para acreditar de manera fehaciente la identidad, domicilio y en general la situación fiscal de los solicitantes.

- Que resulta falso que el artículo 17-D del CFF, limite que para la tramitación de la e.firma, respecto de personas morales, se requiera un poder como lo establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, así como que dichos certificados tendrán una vigencia de cuatro años.

- Que el multicitado artículo 17-D prevé que el SAT, mediante reglas generales, podrá establecer documentos y procedimientos de validación de la información proporcionada por los contribuyentes, lo que constituye una cláusula habilitante, de manera que la regla reclamada, así como las fichas de trámite 106/CFF y 197/CFF, no son vulnerantes de los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.

- Que la ficha de trámite 197/CFF es acorde a lo previsto en el artículo 17- D del CFF; concluyendo que la autoridad responsable interpretó correctamente dicho numeral, así como la regla 2.2.13 de la RMF para dos mil veintiuno.

11. Recurso de revisión. En contra de lo precedente, la sociedad quejosa, por conducto de su autorizada, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo que antecede, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el nueve de abril de dos mil veinticuatro.

12. La recurrente planteó en sus conceptos de agravio los siguientes argumentos:

- Que la sentencia reclamada transgrede los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 31 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al ser contradictoria entre los razonamientos considerados, así como por no aplicar la interpretación más benéfica conforme al principio pro persona y su transgresión a los principios de seguridad y de debido proceso consagrados en los artículos 16 y 17 Constitucionales.

- Que el Tribunal Colegiado no analizó la constitucionalidad de la norma conforme fue planteada en la demanda de amparo.

- Que la regla 2.2.13 de la RMF para dos mil veintiuno resulta inconstitucional por violentar los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.

- Que, de igual manera, dicha regla es violatoria de los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, toda vez que el artículo 17-D del CFF habilita al Jefe de Administración Tributaria para establecer reglas de carácter general.

- Que la cláusula habilitante no faculta al SAT para establecer mayores requisitos a los ya previstos en la norma.

- Que la norma reglamentaria debe actuar como limitante de la ley, pues su función es la de regular el ordenamiento legal y no ampliar hipótesis o plasmar elementos no previstos en la norma en sí.

- Que la regla debe habilitar más que establecer cómo se habrá de atender lo establecido por la ley.

- Que, en la situación, no hace sino extender e ir más allá de la ley, al imponer mayores requisitos a lo ya atendido en la zona del qué, quién, dónde y cuándo.

13. Trámite ante esta SCJN. Mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la SCJN recibió las constancias en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este máximo tribunal, y registró el toca con el número 3633/2024.

14. Por lo anterior, admitió el recurso de revisión y ordenó remitir el expediente para su estudio a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, integrante de esta Segunda Sala y radicarlo en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.

15. Avocamiento. El Presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó acuerdo el veinticinco de junio de dos mil veinticuatro por el que se avocó al conocimiento del recurso de revisión, asimismo, ordenó turnar los autos a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

16. Revisión Adhesiva. Por oficio fechado en dos de julio de la presente anualidad, la persona titular de la Dirección General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en ausencia de las personas titulares de las Direcciones Generales de Amparos contra Leyes y de Amparos contra Actos Administrativos, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó recurso de revisión adhesiva, mismo que por acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido.

17. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

18. La Segunda Sala de la SCJN es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX,(1) de la CPEUM; 81, fracción II,(2) de la Ley de Amparo; 21, fracción IV,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) todas vigentes, y con los Puntos Primero(4) y Tercero del Acuerdo General número 1/2023,(5) emitido por el Pleno de esta SCJN el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, y modificado mediante instrumento normativo del diez de abril de dos mil veintitrés, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, competencia de la Segunda Sala.

II. OPORTUNIDAD

19. El Tribunal Colegiado notificó personalmente la sentencia a la parte recurrente el veinte de marzo de dos mil veinticuatro, la cual surtió efectos el veintidós siguiente. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86(6) de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veinticinco de marzo al diez de abril de dos mil veinticuatro, sin que se consideren los días veintiuno, veintitrés, veinticuatro, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo, así como seis y siete de abril de dos mil veinticuatro, por ser días inhábiles conforme a los artículos 19(7) de la Ley de Amparo, 143(8) de la LOPJF, además de tener en consideración el punto Primero, inciso n) del Acuerdo número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.

20. El escrito de recurso de revisión se hizo llegar de manera electrónica al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en fecha ocho de abril de dos mil veinticuatro, por lo que se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

21. Por otra parte, a la autoridad recurrente adhesiva en el presente asunto le fue notificado por oficio el veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, surtiendo efectos el mismo día, así, el plazo de cinco días transcurrió del veintisiete de junio al tres de julio del año corriente, descontándose los días veintinueve y treinta de junio por corresponder a sábado y domingo, con fundamento en los artículos 19(9) de la Ley de Amparo, 143(10) de la LOPJF.

22. El escrito de agravios se recibió el tres de julio, por lo que su presentación también es oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

23. Esta Segunda Sala de la SCJN considera que Isis Alejandra Bravo Michel, autorizada de la parte quejosa Meltall de México, S.A. de C.V., calidad que le fue reconocida en autos del juicio de amparo directo **********,(11) por ello, se encuentra facultada para interponer el presente recurso de revisión.

IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO

24. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo está previsto y regulado en los artículos 107, fracción IX, de la CPEUM,(12) 81, fracción II,(13) y 96 de la Ley de Amparo,(14) y 21, fracción IV, de la LOPJF.

25. De estos preceptos se desprende que las sentencias que emitan los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que: a) decidan sobre la constitucionalidad de normas generales; b) establezcan la interpretación directa de un precepto de la CPEUM o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; o, c) hayan omitido el estudio de la inconstitucionalidad de una disposición general o la interpretación directa de un precepto constitucional, cuando ello se haya planteado en la demanda de amparo.

26. Los anteriores requisitos son alternativos, es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo, sin embargo, existe una segunda exigencia que se debe cumplir, consistente en que los temas de constitucionalidad a analizar en cada asunto revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, de conformidad con el artículo 107, fracción IX, de la CPEUM.

27. Así se dispuso en la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de la que se desprende que las resoluciones que emitan los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo cual queda a discreción de esta SCJN.

28. Cabe destacar que de la exposición de motivos de veinte de febrero de dos mil veinte y de la discusión de veintisiete de noviembre de ese año, se advierte que la intención del legislador al prever como requisito un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos consistió en dotar de mayor fuerza la discrecionalidad de la SCJN para decidir qué asuntos resolverá y con ello, fortalecerlo como tribunal constitucional.

29. En el caso que nos ocupa, se observa que se cumple con el primer requisito de procedencia, debido a que la recurrente planteó la inconstitucionalidad de la Regla 2.2.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, al afirmar que es violatoria del principio de reserva de ley y subordinación jerárquica.

30. Lo anterior por señalar que establece mayores requisitos que los establecidos en el artículo 17-D del CFF.

31. También se satisface el segundo de los requisitos, a saber, el interés excepcional del asunto, puesto que la resolución del asunto implicaría un pronunciamiento sobre la Regla 2.2.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, respecto del cual no existe criterio específico por parte de esta SCJN.

32. Debido a lo anterior, debe desestimarse lo expresado por la parte quejosa en el recurso de revisión adhesiva en cuanto a la pretendida improcedencia del presente recurso, toda vez que los argumentos que hace valer tienden a establecer que el recurso es improcedente por no subsistir una cuestión de constitucionalidad además de que, en todo caso, el asunto no reviste interés extraordinario. Lo que, como se ha visto, es incorrecto jurídicamente.

V. ESTUDIO DE LA REVISIÓN PRINCIPAL

33. Señala la recurrente que el tribunal colegiado no advirtió que la regla 2.2.13 de la RMF para el 2021(15) viola los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, además de que la cláusula habilitante no permite al SAT establecer mayores requisitos que los previstos por la norma, pues no otorgan a la autoridad una autorización para plasmar cualquier requisito sino deben guardar armonía con la norma reglamentada.

34. Es infundado el agravio. Pues la regla impugnada no puede estar sujeta a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, toda vez que son estas normas de las que emanan las atribuciones de la autoridad fiscal. Es decir, el artículo en comento se trata del desarrollo que surgió de la cláusula habilitante contenida en el artículo 17-D del CFF.(16)

35. En tal aspecto, una cláusula habilitante no puede estar sujeta al principio de reserva de ley o de jerarquía normativa, pues es de donde emanarán las atribuciones de la autoridad para regular aspectos de una materia específica. Sino que son los reglamentos y las reglas administrativas las que deben sujetarse a ellos.

36. Resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 79/2009,(17) del Pleno de esta SCJN, de contenido siguiente:

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del Presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del Presidente de la República, dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita. 37. Ahora bien, las denominadas cláusulas habilitantes constituyen actos formalmente legislativos, en los cuales el legislador ordinario habilita a un órgano estatal (especialmente de la administración pública) para emitir una regulación en relación con una materia específica, precisándole bases y parámetros generales, más no limitándole en la reglamentación que está autorizada a emitir.

38. Lo anterior para enfrentar problemas en la materia aprovechando la información y experiencia adquirida por el ente administrativo, con celeridad y eficiencia, pero siempre respetando el principio de legalidad.

39. En ese sentido se ha manifestado el Pleno de esta SCJN, en la siguiente tesis de rubro:(18)

CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS. En los últimos años, el Estado ha experimentado un gran desarrollo en sus actividades administrativas, lo que ha provocado transformaciones en su estructura y funcionamiento, y ha sido necesario dotar a funcionarios ajenos al Poder Legislativo de atribuciones de naturaleza normativa para que aquél enfrente eficazmente situaciones dinámicas y altamente especializadas. Esta situación ha generado el establecimiento de mecanismos reguladores denominados "cláusulas habilitantes", que constituyen actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, para regular una materia concreta y específica, precisándole bases y parámetros generales y que encuentran su justificación en el hecho de que el Estado no es un fenómeno estático, pues su actividad no depende exclusivamente de la legislación para enfrentar los problemas que se presentan, ya que la entidad pública, al estar cerca de situaciones dinámicas y fluctuantes que deben ser reguladas, adquiere información y experiencia que debe aprovechar para afrontar las disyuntivas con agilidad y rapidez. Además, la adopción de esas cláusulas tiene por efecto esencial un fenómeno de ampliación de las atribuciones conferidas a la administración y demás órganos del Estado, las cuales le permiten actuar expeditamente dentro de un marco definido de acción, susceptible de control a través del principio de legalidad; en la inteligencia de que el establecimiento de dicha habilitación normativa debe realizarse en atención a un equilibrio en el cual se considere el riesgo de establecer disposiciones que podrían propiciar la arbitrariedad, como generar situaciones donde sea imposible ejercer el control estatal por falta de regulación adecuada, lo que podría ocurrir de exigirse que ciertos aspectos dinámicos se normen a través de una ley.

40. Ahora, la recurrente controvierte el alcance de la cláusula habilitante contenida en la Regla impugnada, a su decir, por violar el derecho de legalidad, al no establecer las bases y parámetros generales de la materia a desarrollar, porque a su consideración, los requisitos de presentar un escrito libre de aclaración en el que el contribuyente manifieste bajo protesta de decir verdad que desvirtuó la irregularidad de su situación fiscal y los documentos o pruebas de su dicho, requisitos que contiene la ficha de trámite 197/CFF, señalada en la regla 2.2.13 de la RMF, combatida exceden la cláusula habilitante.

41. Sin embargo, ello resulta jurídicamente incorrecto, pues lo cierto es que no puede perderse de vista que el artículo 17-D del CFF señala que la autoridad tributaria debe validar la información relacionada con la identidad, domicilio y en su caso, situación fiscal del contribuyente.

42. Precepto que señala la extensión y límites de la cláusula habilitante del órgano administrativo. Por ello, si la autoridad, en ejercicio de dicha facultad requiere la presentación de un escrito en que se desvirtúen irregularidades de la situación fiscal del gobernado, así como documentos o pruebas con que lo acrediten, no se violenta el principio de legalidad de la cláusula habilitante, toda vez que la propia norma le facultó para verificar esa situación fiscal.

43. En consecuencia, tal como lo señaló el tribunal colegiado, la autoridad, al estar facultada para verificar la información del contribuyente, también puede solicitar documentación más allá de la contenida en el artículo 17-D del CFF, en aras de cumplimentar el mandato de ese mismo precepto.

44. Por lo que, contrario a lo que señala la parte recurrente, el precepto sí respeta el principio de legalidad al tratarse de una cláusula habilitante.

45. Por tales motivos, es que resultan infundados los argumentos enderezados en ese sentido.

46. De igual forma, es infundado el argumento que aduce que el tribunal colegiado no hubiere aplicado la interpretación pro persona.

47. Lo anterior se afirma así, porque como ya se ha visto, la regla impugnada se trata de una cláusula habilitante, que respeta el principio de legalidad. Además, no debe perderse de vista que el principio pro persona es uno de los elementos que otorga la CPEUM para poder determinar, analizar y definir los derechos fundamentales, su alcance y ámbito de protección.

48. Lo que no conlleva que ese principio interpretativo derive siempre en dar la razón al gobernado en sus pretensiones. En ese sentido se ha pronunciado la Primera Sala de esta SCJN en la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de los siguientes rubro y texto:

PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.(19)

49. En consecuencia, en este aspecto no se trata de dos interpretaciones, sino bien, de si la cláusula habilitante contenida en la regla reclamada violenta o no el principio de legalidad. Circunstancia que, como ya se vio, no se actualiza.

50. Por lo tanto, es incorrecto que el tribunal colegiado debía analizar bajo la perspectiva pro persona la resolución miscelánea recurrida, por lo que, el argumento también resulta infundado.

51. En ese aspecto, al haber resultado infundados los agravios vertidos, debe confirmarse la sentencia recurrida y, en consecuencia, negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados.

VI. REVISIÓN ADHESIVA

52. En atención a la conclusión alcanzada, procede declarar sin materia la revisión adhesiva interpuesta por la persona titular de la Dirección General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en ausencia de las personas titulares de las Direcciones Generales de Amparos contra Leyes y de Amparos contra Actos Administrativos, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, dado que, por su naturaleza accesoria, al haberse confirmado la sentencia recurrida, a nada práctico conduciría analizar lo esgrimido por el recurrente adhesivo. En ese sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de esta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33042-6f545031/certificado-de-e-firma-los-requisitos-para-obtenerla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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