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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE ALGÚN OTRO PODER DE LA MISMA ENTIDAD [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA REGLA DE LA MAYORÍA LEGISLATIVA SÓLO ADQUIERE VALOR CONSTITUCIONAL SI SE RESPETAN LAS CONDICIONES DE DELIBERACIÓN GARANTIZADAS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS QUE DISCIPLINAN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, NUMERAL 8.1.3., DE LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TERCER PÁRRAFO DEL TRIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO DEL TRIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO NOVENO, AL IGUAL QUE LOS ANEXOS 11-A Y 11-B Y LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LA OPINIÓN DE LAS MAYORÍAS Y MINORÍAS PARLAMENTARIAS, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DELIBERATIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, NUMERAL 8.1.3., DE LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, ASÍ COMO DE LOS ARTICULOS DÉCIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TERCER PÁRRAFO DEL TRIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO DEL TRIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO NOVENO, AL IGUAL QUE LOS ANEXOS 11-A Y 11-B Y LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE MORELOS. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, NUMERAL 8.1.3., DE LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TERCER PÁRRAFO DEL TRIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO DEL TRIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO NOVENO, AL IGUAL QUE LOS ANEXOS 11-A Y 11-B Y LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA OMISIÓN DE EXPONER LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UNA INICIATIVA DE LEY CON CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CON POTENCIAL INVALIDANTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 1, NUMERAL 8.1.3., DE LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO, VIGÉSIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO PRIMERO, TERCER PÁRRAFO DEL TRIGÉSIMO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO DEL TRIGÉSIMO SÉPTIMO, TRIGÉSIMO NOVENO, AL IGUAL QUE LOS ANEXOS 11-A Y 11-B Y LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 276/2022. · Registro digital (IUS): 32378
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-26
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo I, Pág.1148.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 276/2022. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 29 DE AGOSTO DE 2023. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas impugnadas: La Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés y el Decreto número Quinientos Setenta y Nueve por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 276/2022, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en contra del Poder Legislativo de esa misma entidad.

El problema jurídico a resolver por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio de dos mil veintitrés, se encuentran afectados de un vicio de invalidez suficiente con motivo de las irregularidades en su procedimiento de creación legislativa.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, quien se ostentó como Consejera Jurídica y Representante Legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de la misma entidad del cual reclamó los siguientes instrumentos publicados en el Periódico Oficial de esa entidad del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós:

a. La Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dos mil veintitrés.

b. El Decreto número quinientos setenta y nueve por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

c. El incremento aprobado por el Congreso del Estado al "Fondo de Fomento Municipal", específicamente, el realizado en el número 8.1.3. del artículo 1 de la Ley de Ingresos destacada.

d. Los artículos 15, 26, 28, 31, 35, párrafo tercero, 37, párrafo primero, 39 y el transitorio séptimo del Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés.

e. Los artículos 33 Bis y 33 Ter, así como los Anexos 11-A y 11-B relativos al "Fondo de Infraestructura Regional Municipal" y a las "Acciones de Fomento Municipal" correspondientes, todos los cuales son y forman parte del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés.

f. Los efectos, consecuencias, u órdenes contenidas o derivadas de los artículos, disposiciones transitorias y anexos específicos del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés.

2. En su escrito de demanda, la parte actora señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1, 2, 14, 16, 25, 26, 39, 40, 41, párrafo primero, 73, fracción VIII, numeral 3o., 115, 116, 117, fracción VIII, 120, 124, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y registró del presente asunto con el número 276/2022 y turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que fungiera como instructor en el procedimiento.

4. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, el Ministro Instructor admitió la demanda, negó el reconocimiento del carácter de terceros interesados a los Municipios referidos en la demanda y ordenó emplazar como parte demandada al Poder Legislativo del Estado de Morelos. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Por último, en atención a la solicitud de suspensión, se abrió el cuaderno incidental respectivo.

5. Incidente de suspensión y recurso de reclamación. Por auto de misma fecha, el Ministro Instructor determinó negar la suspensión solicitada. En contra de lo cual la parte actora presentó recurso de reclamación, recurso que fue admitido por la Presidencia de este Alto Tribunal, y registrado bajo el número 23/2023-CA.

6. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, determinó que era parcialmente fundado el recurso y, por ende, modificó el auto recurrido y concedió la medida cautelar para el efecto de que se suspendiera la transferencia de los recursos municipales consagrados en el Anexo 11-A del Presupuesto de Egresos impugnado, correspondientes a los meses de junio a noviembre del presente año, es decir, aquellos correspondientes al Fondo de Infraestructura Regional Municipal.

7. Recurso de reclamación. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, a través del que se admitió la demanda.

8. Dicho recurso fue admitido a trámite por la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado bajo el número 24/2023-CA.

9. En sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó como infundado el recurso, por lo que confirmó el auto impugnado.

10. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, a través del Diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva, dio contestación a la demanda.

11. Cierre de la instrucción. Agotada la secuela procesal correspondiente, el diez de julio de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, en la cual se relacionaron las pruebas aportadas por las partes y se tuvieron por recibidos los alegatos del Poder Legislativo. Encontrándose debidamente instruido el procedimiento, mediante acuerdo de primero de agosto de dos mil veintitrés, el Ministro instructor determinó el cierre de instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h),(1) de la Constitución General, 1o. de la Ley Reglamentaria de la materia y 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que el conflicto planteado es entre dos poderes de una entidad federativa, a saber, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ambos del Estado de Morelos.

III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

13. Conforme al artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y con apoyo en la tesis P./J. 98/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXX, julio de 2009, página 1536, con número de registro digital: 166985, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.", se procede a determinar los actos y normas efectivamente impugnadas.(3)

14. De una lectura integral de la demanda, se desprende que el Poder actor acude a demandar al Poder Legislativo del Estado de Morelos la invalidez de:

a. La Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

b. El Decreto número quinientos setenta y nueve por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

c. El incremento aprobado por el Congreso del Estado al "Fondo de Fomento Municipal", específicamente, el realizado en el número 8.1.3. del artículo 1 de la Ley de Ingresos destacada.

d. Los artículos 15, 26, 28, 31, 35, párrafo tercero, 37, párrafo primero, 39 y el transitorio séptimo del Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés.

e. Los artículos 33 Bis y 33 Ter, así como los Anexos 11-A y 11-B relativos al "Fondo de Infraestructura Regional Municipal" y a las "Acciones de Fomento Municipal" correspondientes, todos los cuales son y forman parte del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés.

f. Los efectos, consecuencias, u órdenes contenidas o derivadas de los artículos, disposiciones transitorias y anexos específicos del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés.

15. Ahora bien, este Pleno estima que, atendiendo a la cuestión efectivamente planteada, deben tenerse como impugnados en su totalidad la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, así como el decreto 579, que contiene el Presupuesto de Egresos del mismo gobierno de esa entidad, ambos para el dos mil veintitrés, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, ya que sobre ellos se formulan conceptos de invalidez dirigidos a demostrar violaciones al procedimiento legislativo.

16. Sin embargo, de no prosperar el planteamiento genérico de vulneración a las reglas del procedimiento legislativo, la litis en el presente asunto se delimitaría al estudio de aquellas disposiciones combatidas en el resto de los conceptos de invalidez, por lo que en esa hipótesis, el estudio de fondo sólo abarcaría la evaluación del artículo 1, numeral 8.1.3., de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el dos mil veintitrés, así como de los artículos décimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo octavo, trigésimo primero, párrafo tercero del trigésimo quinto, párrafo primero del trigésimo séptimo, trigésimo noveno y séptimo transitorio del Decreto 579, y los artículos trigésimo tercero bis, trigésimo tercero ter y los anexos 11-A y 11-B, también de este último decreto.

17. Finalmente, deben excluirse de la litis del presente asunto la impugnación de los efectos, consecuencias, u órdenes contenidas o derivadas de los artículos, disposiciones transitorias y anexos específicos del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés porque no se trata de actos autónomos, susceptibles de evaluarse por vicios propios.

IV. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

18. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tienen por acreditada la existencia de las normas y actos impugnadas en virtud que todas ellas se encuentran publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Morelos en la edición del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós.

V. OPORTUNIDAD

19. Para determinar la regla que rige la oportunidad del presente juicio es necesario determinar previamente si lo impugnado reviste la naturaleza de una norma o de un acto. Así, este Tribunal Pleno adopta como propio el análisis realizado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, al resolver el recurso de reclamación 23/2023-CA en sesión del diecisiete de mayo de dos mil veintitrés.

20. En dicho asunto, la Segunda Sala analizó la validez de la negativa de la suspensión en el presente juicio, y respecto de la naturaleza de la materia de la impugnación, se obtuvieron las siguientes conclusiones.

21. Se determinó que el artículo 1, numeral 8.1.3., de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés (que regula el concepto de "Fondo de Fomento Municipal") se trata de una norma general que "establece un monto de ingresos cuyas consecuencias son las que permiten entre otras cuestiones, generar un sustento para el propio Presupuesto de Egresos que aprueba el Congreso del Estado."

22. Los artículos Décimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Octavo, Trigésimo Quinto, en su tercer párrafo, Trigésimo Séptimo, en su primer párrafo y Trigésimo Noveno del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, también son normas generales, "puesto que se trata de disposiciones generales, abstractas e impersonales que disponen reglas para realizar adecuaciones presupuestales y mandatan que cuando existan ingresos excedentes, ahorros presupuestarios o economías, tales recursos podrán aplicarse, según sea el caso, a corregir desviaciones del balance presupuestario negativo a programas prioritarios, previa autorización del Congreso del Estado."

23. En contraste, los artículos trigésimo tercero bis y trigésimo tercero ter, en relación con los anexos 11-A y 11-B, del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés deben clasificarse como actos porque determinan la asignación de recursos por concepto de "Fondo de Infraestructura Regional Municipal" y "Acciones de Fomento Municipal."

24. El Anexo 11-A del Fondo de Infraestructura Regional Municipal, detalla las obras y acciones que deberán ser ejecutadas directamente por los Municipios con los recursos asignados, los cuales se componen por recursos federales (no etiquetados) y recursos fiscales locales que serán entregados por el Poder Ejecutivo Estatal mediante diez ministraciones mensuales iguales, a realizarse dentro de los primeros cinco días hábiles durante febrero a noviembre del dos mil veintitrés.

25. Por su parte, el Anexo 11-B correspondiente al apartado de Acciones de Fomento Municipal detalla las acciones a realizar por los Municipios con los recursos asignados, los cuales, a diferencia del Fondo de Infraestructura Regional Municipal se componen únicamente por recursos fiscales locales y deben ser entregados por el Poder Ejecutivo local a más tardar el treinta de abril del presente año.

26. Conforme al artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo tratándose de actos u omisiones es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforma a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ello o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

27. Por su parte, la fracción II del referido artículo 21 de la misma Ley Reglamentaria establece que el plazo para promover controversia constitucional en contra de normas generales es de treinta días a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.(4)

28. Así, en el caso se tiene que la Ley de Ingresos y el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos, ambos del Gobierno del Estado de Morelos para el dos mil veintitrés, fueron publicados en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, fecha que este Pleno fija como inicio del cómputo tanto para las normas como para los actos, por lo que el plazo de treinta días hábiles para la interposición de la demanda transcurrió del día treinta de diciembre de dos mil veintidós al nueve de febrero de dos mil veintitrés.(5)

29. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria,(6) y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) en relación con los incisos a), b) y d) del Punto Primero del Acuerdo General Número 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.(8)

30. De ahí que si la demanda fue interpuesta el treinta de diciembre de dos mil veintidós debe concluirse que su presentación fue oportuna.

VI. LEGITIMACIÓN ACTIVA

31. En términos del inciso h), fracción I, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Poderes de las entidades federativas están legitimados para interponer la demanda de controversia constitucional en contra de algún otro poder de la misma entidad. Por tanto, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos está legitimado constitucionalmente para hacer uso del presente medio de control de regularidad constitucional.

32. Como representante del Poder actor compareció Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, lo que acreditó con copia certificada del acta de su nombramiento, de fecha tres de mayo de dos mil veintidós, expedida por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo.

33. Al respecto, los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, ambos de la Ley Reglamentaria, establecen que tendrá el carácter de actor la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional, asimismo, que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

34. Del contenido de los artículos 74, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Morelos; 9, fracción XVI, 13, fracciones I y VI, y 36, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 1, 2, 9 y 10, fracciones XX, XXI, XXII, XXIV, XXV y XXVII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, se desprende que la Consejera Jurídica tiene la facultad para representar jurídicamente al Gobernador del Estado, por lo que en el caso en concreto, la demanda fue presentada por órgano y persona legitimada.

VII. LEGITIMACIÓN PASIVA

35. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de parte demandada en este procedimiento al Poder Legislativo del Estado de Morelos.

36. El Poder Legislativo del Estado de Morelos cuenta con legitimación pasiva en la causa, en términos de lo establecido en el inciso h) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia. De ellos, de los que se advierte que tendrá el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere emitido el acto que sea objeto de la controversia, quien deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos. Asimismo, de conformidad con el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el Presidente de la Mesa Directiva está legalmente facultado para representar a dicho poder en cualquier asunto en el que éste sea parte. 37. En este tenor, el Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció a través del Diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, cuya personalidad y facultades quedaron acreditadas con la copia certificada del acta de Sesión Ordinaria de catorce de septiembre dos mil veintidós, de la que se desprende que fue designado como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos para el periodo de primero de septiembre de dos mil veintidós al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.(9)

38. Así, el mencionado Diputado se encuentra facultado para acudir en representación del Poder Legislativo local, en consecuencia, el poder demandado cuenta con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio.

VIII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

39. Previo al estudio de fondo, se procede al análisis de las causales de improcedencia invocadas por la parte demandada.

VIII.1. Falta de interés legítimo

40. El Poder demandado manifestó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria en relación con la fracción I, inciso h) del artículo 105 de la Constitución Federal, consistente en la falta de interés legítimo para promover el presente medio de control constitucional.(10)

41. Ello, porque en opinión de la parte demandada, no se produce ninguna afectación a la esfera competencial del Poder Ejecutivo con la emisión del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el Estado de Morelos, lo que se demuestra porque los conceptos de invalidez se limitan a combatir la regularidad de las asignaciones presupuestales otorgadas a los municipios; y, por otro lado, a alegar afectaciones a las minorías parlamentarias del Congreso. Por lo que a su entender, deberían ser los Municipios y las minorías parlamentarias, respectivamente, quienes acudan por el cauce correspondiente a defender sus intereses.

42. El Poder Legislativo local concluye que el examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos es una competencia exclusiva del Congreso y, que ni siquiera bajo las hipótesis planteadas por la parte actora, se demuestra la relación entre la afectación al principio de deliberación democrática y su esfera jurídica.

43. Por último, respecto de la violación a los principios de claridad y especialidad en materia presupuestaria el Poder Legislativo sostiene que tales principios no forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, por lo que no existe una afectación constitucional en ese caso.

44. Debe calificarse de infundada dicha causal de improcedencia.

45. En la controversia constitucional 9/2000, resuelta el dieciocho de junio de dos mil uno, este Tribunal Pleno consideró que el interés legítimo se traduce en la afectación que las entidades, poderes u órganos resienten en su esfera de atribuciones en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo.(11)

46. Posteriormente, en la controversia constitucional 91/2012, resuelta en sesión de cuatro de diciembre de dos mil trece,(12) la Primera Sala determinó que para acreditar el interés legítimo, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución General, como las garantías institucionales establecidas en su favor, o bien de otro tipo de prerrogativas como las relativa a cuestiones presupuestales.(13)

47. De ahí que el Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 117/2014, haya establecido el criterio de que una controversia constitucional sólo será improcedente cuando las partes aleguen exclusivamente cláusulas sustantivas o de estricta legalidad, por lo que en caso contrario, es decir, si dichos planteamientos se encuentran entremezclados con alegatos a violaciones asociadas a las órbitas competenciales de las partes en contienda, por mínimo que sea el principio de afectación, el juicio debe ser precedente y ha de estudiarse en su integridad la cuestión efectivamente planteada, aunque ello implique conexamente el estudio de violaciones sustantivas a la constitución o de estricta legalidad.(14)

48. Así, este Pleno hace suya la conclusión de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, alcanzada al resolver el recurso de reclamación 24/2023-CA, en sesión del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en cuya ejecutoria, aprobada por unanimidad de votos, se determinó que debía desestimarse el planteamiento de la parte demandada en el presente caso, de que la parte actora no tenía interés legítimo para impugnar las normas combatidas.

49. Ello, al estimarse que se acreditaba un principio de agravio por tres razones: el Poder Ejecutivo de un Estado puede alegar violaciones al procedimiento legislativo de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos porque dicho Poder participa en ese procedimiento de producción normativa. En otras palabras, la aprobación de esos dos instrumentos supone una participación de ambos poderes, en la cual el Poder Ejecutivo desempeña una función técnica.

50. En segundo lugar, se determinó que distintas de las disposiciones impugnadas establecían facultades al Poder Ejecutivo, consagradas como requisitos para lograr la habilitación del ejercicio de los recursos económicos, por lo que debía concluirse que el contenido de los artículos impugnados trasciende a la esfera jurídica de la parte actora. Y, en tercer lugar, se determinó que la asignación de partidas presupuestales genera una afectación en el ejercicio de funciones de gobierno, por lo que debe reservarse para el estudio de fondo, la cuestión si esas funciones invaden competencias del Poder Ejecutivo.

51. Si bien se señaló que lo anterior no condicionaba la libertad de apreciación de este Pleno para determinar la definitiva procedencia del juicio al emitirse la sentencia respectiva, no existen razones que ameriten modificar las conclusiones de la Primera Sala, las cuales, se insisten, se adoptan por este Pleno y se utilizan de base para desestimar la misma causal de improcedencia allá invocada.

VIII.2. Legitimación activa

52. En otra parte de escrito de contestación se observa que el Poder Legislativo local insiste en la falta de legitimación de la parte actora, pero variando la argumentación, al afirmar que debe declararse la improcedencia del juicio porque el Poder Ejecutivo local no puede acudir en representación de los Municipios de la entidad federativa de Morelos para combatir normas que sólo les afectan a ellos.

53. Este planteamiento también debe desestimarse porque el argumento de la parte demandada descansa en una premisa que fue desvirtuada en el punto anterior, a saber, que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos acude sólo a defender los intereses de terceros, como lo serían los Municipios de esa entidad.

54. Como se precisó, el Poder Ejecutivo local acude a esta instancia acreditando un principio de afectación suficiente sobre su esfera de atribuciones, lo que colma el presupuesto procesal de su legitimación activa.

55. De esta manera, debe reservarse al fondo del asunto la calificación de los conceptos de invalidez, en específico, de aquellos que luego de analizarse, pudieran referirse solamente a defender las facultades de terceros, como lo podrían algunos Municipios del Estado de Morelos.

56. No habiendo otras causales invocadas por las partes, ni al advertirse alguna otra de oficio por parte de este Tribunal Pleno, debe confirmarse la procedencia del presente juicio y proceder al estudio de fondo del asunto.

IX. ELEMENTOS PARA RESOLVER

57. Conceptos de invalidez. La parte actora formula los siguientes conceptos de invalidez.

58. Primer concepto de invalidez. Aquí se alega que las disposiciones impugnadas son inconstitucionales por ser el producto de diversas violaciones al procedimiento legislativo.

59. En su demanda, la parte actora considera relevante realizar un recuento de las fases del procedimiento legislativo y, en primer lugar, destaca que la sesión del Pleno del Congreso local correspondiente tuvo lugar originalmente el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, pero que ésta fue interrumpida y continuada el veintiséis siguiente. Del desarrollo de esa sesión, subraya que al reanudarse la sesión, uno de los integrantes de la Legislatura solicitó la dispensa del trámite legislativo del dictamen que contenía las disposiciones combatidas, dispensa que fue aprobada, por lo que los contenidos introducidos no se sujetaron a las reglas del procedimiento legislativo.

60. La parte actora alega que el dictamen fue calificado de urgente resolución, sin que se desprenda motivación alguna que lo justificara, con lo cual se transgreden los artículos 112 y 134 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Agrega que la urgencia no se podría justificar tácitamente, ni por una apremiante necesidad de aprobar tales instrumentos porque el Congreso local contaba con un mayor plazo cuyo límite finalizaba hasta el quince de diciembre de dos mil veintitrés.

61. No pasa inadvertido que la calificativa de urgente y obvia resolución fue votada por unanimidad de las y los diputados presentes en sesión pero ello es insuficiente para convalidar la falta de motivación, máxime cuando incide negativamente en los principios democráticos que deben sustentar el actuar del Poder Legislativo. Sirve como apoyo a su argumento la tesis jurisprudencial de rubro: "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE."

62. En segundo lugar, se alega violación al procedimiento legislativo porque los dictámenes respectivos no fueron dados a conocer a los integrantes del Congreso local con la anticipación que se desprende de los artículos 82, 107 y 108 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, el cual dispone de un plazo mínimo de veinticuatro horas previas a la sesión. En contravención a lo anterior, el conte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32378-4896ff31/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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