I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA CONSEJERA QUE PRESIDA EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 12 Y 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO Y LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA DEL DECRETO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL QUE SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 140/2023. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 5 DE JUNIO DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUAN LUIS HERNÁNDEZ MACÍAS.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al cinco de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 140/2023, promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, demandando la invalidez del artículo décimo noveno y la disposición transitoria quinta del Decreto 579, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, número 6155, por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Ello, dada la omisión de no incluir la asignación presupuestaria a favor del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, derivada del decreto 1095, por el que se concedió la pensión por invalidez a **********.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Decreto 1095. Mediante decreto 1095 –publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 5929, de fecha 31 de marzo de 2021– se concedió la pensión por invalidez al ciudadano **********. En los artículos 2o. y 3o. del decreto se determinó lo siguiente:
“ARTÍCULO 2o.- La cuota mensual de la pensión decretada deberá cubrirse a razón del 59 % del último salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez de conformidad con el artículo 60, fracción II último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado; por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a partir del día siguiente en el que quede firme la determinación de invalidez. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55 y 60, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO 3o.- El porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, dicha pensión se integrará por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo anterior de conformidad con el artículo 66 de la Ley mencionada”.
2. Controversia Constitucional 75/2021. El 10 de junio de 2021, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana –por conducto de su consejera presidenta– promovió controversia constitucional en contra del Decreto 1095.
3. Sentencia dictada en la Controversia Constitucional. El 8 de diciembre de 2021, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en la controversia constitucional 75/2021 considerándola fundada, pues el hecho de que el Congreso Local hubiera ordenado el pago de pensión por invalidez del C. **********, sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con la obligación de pago, vulneraba la autonomía de gestión de los recursos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, declarándose la invalidez parcial del citado decreto.
4. Aprobación de presupuesto de egresos de 2023. El 29 de diciembre de 2022 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6155, el Decreto 579, en el que se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
5. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el 9 de febrero de 2023, Mireya Gally Jordá –consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana– promovió controversia constitucional contra actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, específicamente los siguientes:
a. El artículo décimo noveno y la disposición transitoria quinta, dada la aprobación por el Congreso del Estado de Morelos, la promulgación y su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6155, de fecha 29 de diciembre de 2022, el Decreto 579, en el que se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
b. La omisión de no incluir la asignación presupuestaria a favor de dicho Instituto, derivado del Decreto 1095, por el que se concedió la pensión por invalidez al ciudadano **********, publicado en el “Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5929, de fecha 31 de marzo de 2021. Tal como se aprecia a continuación:
“ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana se asigna la cantidad de $212,595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 M.N), cantidad que incluye el monto para: el Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Ordinario, Financiamiento por Actividades de Representación Política 6 %, el Financiamiento Público a Partidos Políticos por Actividades Específicas, el Apoyo Financiero a Ciudadanos y Consejo Electoral que Apoyen en los Consejos Municipales durante el Proceso Electoral y el Apoyo a Ciudadanos, según se detalla en el Anexo 3 que forma parte integrante de este Decreto
[...]
QUINTA. Se derogan las disposiciones administrativas que provoquen incertidumbre respecto de la entidad que deberá pagar los decretos de pensión, debiendo ser pagadas por las entidades en las cuales el pensionario haya concluido su relación laboral, ello atento a la naturaleza sustantiva de supervivencia, de las prestaciones pensionarias, con el objeto de evitar circunstancias jurídicas o administrativas que comprometan su cumplimiento.”.
6. Conceptos de invalidez. En síntesis, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, señala como único concepto de invalidez el siguiente:
a. La emisión del artículo décimo noveno y la disposición transitoria quinta, que fueron aprobadas por el Congreso del Estado de Morelos, así como la promulgación y su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del “DECRETO 579”, por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, vulnera su autonomía presupuestaria al no haberse asignado recursos para estar en condiciones de dar cumplimiento a los artículos 2o. y 3o., del decreto 1095 por el que se concedió la pensión por invalidez al C. **********.
b. Se vulneran en contra del Instituto los artículos 14, 16, 17, 116, fracción IV, 123 apartado B, fracción XI, inciso a), 126 y 127 de la Constitución Federal; así como los artículos 23, fracción V, 83, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
c. El Congreso del Estado de Morelos obliga al Instituto a realizar pagos por concepto de pensión por invalidez del ciudadano **********, con cargo a su presupuesto, sin contemplar un rubro presupuestario específico para el pago de los decretos pensionatorios.
d. En el Decreto 579, se debió asignar el recurso presupuestario de manera específica, suficiente y necesaria, para garantizar el derecho pensionatorio que previamente había sido determinado por el Congreso del Estado de Morelos, a través del decreto 1095.
e. El Decreto 579 es contrario al principio de autonomía consagrado en los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política Federal y 23, fracción IV, de la Constitución Política Local, toda vez que este organismo público autónomo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, al ser un órgano que también forma parte del poder del gobierno.
f. Se vulnera lo previsto en los artículos 123, apartado B, fracción IX, inciso a) y 127 constitucionales en cuanto reiteran la obligación de los Poderes de la Unión –en su calidad de patrones– a otorgar como prestaciones sociales, el pago de las pensiones o jubilaciones de los trabajadores a su cargo. No obstante, dicha determinación establece que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones etc., sin que se encuentren debidamente referidas en los presupuestos de egresos respectivos.
g. El Congreso del Estado de Morelos no puede determinar libremente los casos en que proceda otorgar prestaciones cuando éstas surjan de las relaciones de trabajo entre un organismo público autónomo y sus trabajadores, por lo que la autonomía de gestión presupuestal tiene el carácter de principio fundamental de la independencia de dichos organismos y no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello conllevaría a la violación del principio de autonomía e independencia que garantiza el artículo 116 constitucional.
7. Trámite. Mediante acuerdo de 28 de febrero de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena por existir conexidad con las diversas controversias 276/2022, 20/2023, 22/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023, 93/2023, 94/2023, 95/2023, 96/2023, 97/2023, 100/2023, 101/2023, 102/2023, 106/2023, 107/2023, 109/2023, 110/2023, 111/2023 y 112/2023, para que instruyera el procedimiento.
8. Admisión. Mediante acuerdo de 12 de junio de 2023, el ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo ambos del estado de Morelos. En el mismo acuerdo, el instructor refirió que tomando en cuenta la conexidad entre la presente controversia constitucional y la diversa 276/2022, por economía procesal, se estimaba innecesario requerir las documentales relacionadas con los antecedentes legislativos. Así mismo, ordenó dar vista de la demanda a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
9. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el 11 de agosto de 2023, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez –consejera jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos– rindió la contestación de demanda en los siguientes términos:
a. No compete al Poder Ejecutivo del Estado la asignación presupuestaria al Instituto actor para dar cumplimiento al Decreto 1095, pues en términos del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Morelos, compete al Poder Legislativo del Estado examinar, discutir, en su caso ajustar, y aprobar el presupuesto de Egresos del Estado.
b. El Instituto actor se abstiene de formular conceptos de invalidez atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado, por lo que resulta evidente que se encuentra llamado a la presente controversia constitucional sólo porque cumple con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido, promulgado o publicado el Decreto impugnado, para la adecuada tramitación y resolución de la controversia constitucional en que se actúa.
c. De lo expuesto se advierte que el Poder Ejecutivo Estatal, en el Proceso Legislativo para la emisión del Decreto que se impugna, llevó a cabo su promulgación y publicación, sin que tales actos hayan sido motivo de impugnación por vicios propios.
d. La autoridad directamente obligada para cubrir el pago de la pensión que le fue otorgada al C. **********, es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, debido a que dicha persona concluyó su relación laboral en dicho órgano autónomo.
e. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones que tiene el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos con sus jubilados, por lo que el Ejecutivo referido solo debe hacerse cargo de sus propias obligaciones, no así de las que deja de cumplir dicho Instituto.
f. Mediante oficio, el secretario ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos presentó ante el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos su anteproyecto de presupuesto de egresos para el año 2023, en el cual solicitó se le asignara la cantidad de $262,595,261.76 (doscientos sesenta y dos millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 M.N). Atento a lo anterior, mediante oficio el Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso del Estado de Morelos, la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del gobierno del estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, en donde se incluyó de manera íntegra la cantidad propuesta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos.
g. Sin embargo, en el Decreto 579, por el que se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, el Congreso autorizó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos $212,595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 M.N), siendo el propio Congreso del Estado quién ejerciendo sus facultades, decidió disminuir el monto solicitado por el Instituto anteriormente en su anteproyecto del presupuesto de egresos de 2023.
10. Contestación del Poder Legislativo. Mediante escrito recibido el 14 de agosto de 2023, Francisco Erik Sánchez Zavala –presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos– rindió contestación de la demanda, donde en síntesis señaló lo siguiente:
a. Con base en los lineamientos establecidos por esta Suprema Corte en la resolución de la controversia constitucional 75/2021, en donde se declaró la invalidez parcial del decreto 1095, por el que se otorgaba pensión por invalidez al C. **********, mediante oficio, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos informó que requería la cantidad de $1,253,883.81 (un millón doscientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos 81/100 M.N).
b. El Congreso del Estado de Morelos, mediante oficio solicitó al Poder Ejecutivo del Estado realizar la transferencia de los recursos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos. Posteriormente, el Poder Ejecutivo del Estado realizó la transferencia de dicha cantidad a favor del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos, a fin de que diera cumplimento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia en la Controversia Constitucional 75/2021.
c. La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos manifestó que, por el momento, tenía la suficiencia presupuestal para pagar el total de las prestaciones que les corresponden a la persona pensionada durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, aduciendo que para los subsecuentes no tenía garantizado el recurso. Respecto a lo anterior, el ministro presidente de la Suprema Corte acordó que el pago de un decreto pensionatorio es una obligación periódica y el cumplimiento de la controversia constitucional debe tener lugar en una solo exhibición, de ahí que el requerimiento no puede extenderse a ejercicios fiscales subsecuentes.
d. Así mediante acuerdo de 22 de noviembre de 2022, el ministro presidente de la Suprema Corte tuvo por cumplida la sentencia dictada en la controversia constitucional 75/2021. Cabe destacar, que la cantidad asignada al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos, fue exactamente la misma que éste solicito para el cumplimento de la sentencia dictada en la controversia constitucional 75/2021, y la misma fue otorgada por el Poder Legislativo.
e. El Instituto actor en términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo primero, último párrafo del artículo décimo sexto; quinto párrafo del artículo Vigésimo Noveno y artículo Quinto transitorio, todos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias que le permitan asegurar el cumplimiento de los compromisos derivados de las relaciones laborales, como el pago de jubilados y pensionados,
11. Tanto la Fiscalía General de la República como la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión alguna en la presente controversia.
12. Audiencia. El 13 de diciembre de 2023 se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes.(1)
13. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de 8 de enero de 2024, el Ministro Instructor declaró cerrada la instrucción para proseguir a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
14. Radicación en Primera Sala. El Ministro Instructor solicitó vía dictamen que el asunto se radicara en esta Primera Sala de esta Suprema Corte. Por lo que una vez radicado en ésta y dictado el avocamiento por parte del Ministro Presidente de esta Primera Sala el 16 de mayo de 2024, se procedió a la elaboración de proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal;(2) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) y 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) por tratarse de un conflicto entre el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana –como organismo autónomo– y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de lo dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023.(5)
II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO
16. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) las sentencias deben fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional.
17. En el caso, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos reclama la invalidez del artículo décimo noveno y la disposición transitoria quinta, del Decreto 579, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6155, de fecha 29 de diciembre de 2022, el Decreto 579, en el que se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. En ese sentido, se transcriben las disposiciones impugnadas a continuación:
“ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana se asigna la cantidad de $212,595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 M.N), cantidad que incluye el monto para: el Financiamiento Público a Partidos Políticos Año Ordinario, Financiamiento por Actividades de Representación Política 6 %, el Financiamiento Público a Partidos Políticos por Actividades Específicas, el Apoyo Financiero a Ciudadanos y Consejo Electoral que Apoyen en los Consejos Municipales durante el Proceso Electoral y el Apoyo a Ciudadanos, según se detalla en el Anexo 3 que forma parte integrante de este Decreto [...]
QUINTA. Se derogan las disposiciones administrativas que provoquen incertidumbre respecto de la entidad que deberá pagar los decretos de pensión, debiendo ser pagadas por las entidades en las cuales el pensionario haya concluido su relación laboral, ello atento a la naturaleza sustantiva de supervivencia, de las prestaciones pensionarias, con el objeto de evitar circunstancias jurídicas o administrativas que comprometan su cumplimiento.”
18. En consecuencia, se tienen como impugnados el artículo décimo noveno y la disposición transitoria quinta del Decreto 579, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
19. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Primera Sala advierte que la existencia del Decreto 579 se encuentra acreditada, al encontrarse publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad” número 6155, sin que en el presente caso se requiera mayor prueba al respecto.
IV, OPORTUNIDAD
20. El artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia(7) establece que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computarán en función del tipo de acto controvertido.
21. Tratándose de actos, el plazo se computa de la siguiente forma: a) a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) a partir del día siguiente al que el actor haya tenido conocimiento de los actos o de su ejecución; o c) a partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
22. En el caso que nos ocupa, de la demanda promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana se advierte que bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento del Decreto 579, en la fecha de su publicación, esto es el 29 de diciembre de 2022.
23. Así, el plazo de treinta días para su impugnación transcurrió del 30 de diciembre de 2022 al 10 de febrero de 2023; en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de la materia,(8) en relación con los diversos 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) así como el Punto Segundo del Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(10) Por tanto, si la demanda se presentó el jueves 9 de febrero de 2023 es evidente que se promovió oportunamente.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
24. El carácter de parte actora lo tiene el instituto que promueve la controversia constitucional, el cual deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarla, de conformidad con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(11)
25. En este caso, quien promovió la demanda fue Mireya Gally Jordá –Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana– personalidad que acreditó con copia certificada del Acuerdo INE/CG374/2021 –emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral– de fecha 16 de abril del año 2021 y con nombramiento, con base en lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
26. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de legitimación activa, pues la presente controversia constitucional fue promovida por un instituto legitimado y mediante su debida representante.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
27. Se reconoció como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos de acuerdo con lo establecido en la fracción II, del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia,(12) que señala que tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional.
28. Por tanto, de conformidad con lo previsto en la Ley Reglamentaria de la materia, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.
29. Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. La representación del Poder Ejecutivo en la presente controversia constitucional está a cargo de la Consejera Jurídica Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Periódico Oficial del Estado de 4 de mayo de 2022, en el que se publicó su nombramiento y cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en el artículo 36, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(13)en relación con los numerales 74 de la Constitución Política,(14) 12 de la citada Ley Orgánica,(15) todos del Estado de Morelos, así como con el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 16 de abril de 2019.
30. Poder Legislativo del Estado de Morelos. El Poder Legislativo compareció al juicio mediante el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala –presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del estado de Morelos– calidad que acreditó con copia certificada del acta de la Sesión Ordinaria de 14 de septiembre de 2022, en donde consta su designación como Presidente de la Mesa Directiva.
31. En esas condiciones, en términos del artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, el Presidente de la Mesa Directiva cuenta con facultades para representar al Poder Legislativo local.(16)
32. Por consiguiente, los funcionarios acreditaron tener facultades para comparecer a la presente controversia constitucional.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
33. Con independencia de las causales de improcedencia hechas valer por las partes en la presente controversia constitucional, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de manera oficiosa que se actualiza la prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia, esto es, la cesación de efectos de los actos y normas reclamados. Se explica.
34. El Instituto actor impugna el artículo décimo noveno y la disposición transitoria quinta, del Decreto 579, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6155, de fecha 29 de diciembre de 2022, en el que se aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Lo anterior, dada la omisión de no incluir la asignación presupuestaria, derivada del decreto 1095, por el que se concedió la pensión por invalidez a **********.
35. Ahora bien, el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia, establece que las controversias constitucionales serán improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto impugnado, esto es, cuando hayan dejado de surtir efectos jurídicos, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en estos juicios se pronuncia no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal. Este criterio se refleja en la tesis de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.”(17)
36. A diferencia del resto de las normas –cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación– las disposiciones contenidas en las leyes de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan. Este principio se advierte del artículo 116, fracción II, cuarto párrafo de la Constitución Federal,(18) que establece, en la parte que interesa, que corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondientes.
37. De conformidad con el artículo 32, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,(19) así como el artículo 40, fracción V, del mismo ordenamiento,(20) el Presupuesto de Egresos del Estado está sujeto a una condición de anualidad. El principio de anualidad implica que el instrumento presupuestal es de vigencia anual y tiene como propósito determinar la aplicación de los ingresos que la entidad federativa haya recaudado o recibido en el año fiscal correspondiente.
38. En ese sentido, se estima que al día de hoy no es posible emitir ningún pronunciamiento sobre las normas presupuestarias impugnadas, toda vez que han cesado sus efectos al estar necesariamente condicionadas al ejercicio fiscal de 2023 que ya concluyó.
39. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial P.9/2004 de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200958-b8953cad/i-controversia-constitucional-la-persona-consejera-que-presida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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