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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA CONSEJERA QUE PRESIDA EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN XVI Y 36, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 2 Y 10 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, AMBAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. VIII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. IX. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SU CREACIÓN SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE ESTABLECER ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA EJERCER UNA FUNCIÓN PROPIA DEL ESTADO CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO SE DEBE GARANTIZAR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES AUTÓNOMOS FRENTE A OTROS PODERES PÚBLICOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN V, APARTADO C Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS A), B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. CUENTAN CON AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA POR LO QUE LES CORRESPONDE ELABORAR, APROBAR, ADMINISTRAR Y EJERCER ANUALMENTE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS, SUJETÁNDOSE A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA. XII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XIII. AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. INSTANCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A DICHO INSTITUTO EN EL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO DECIMOSEXTO DE DICHO DECRETO CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 59, INCISO A), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."]. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIA

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 484/2023. · Registro digital (IUS): 32729
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-27
Promovente: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.241.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 484/2023. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 26 DE JUNIO DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS, LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑEDA BONFIL.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 484/2023, promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en la que demandó la invalidez del decreto mil doscientos cincuenta y siete, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6228, el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual el Poder Legislativo de dicha entidad federativa determinó otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada, con cargo al presupuesto de la parte promovente.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Del escrito de demanda, se advierte que la parte promovente manifestó lo siguiente:

2. Solicitud para el otorgamiento de pensión. El veinticuatro de junio de dos mil trece, ante el Congreso del Estado de Morelos ********** solicitó le fuera otorgada la pensión por cesantía en edad avanzada.

3. Primer dictamen. Luego, el doce de junio de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado de Morelos emitió dictamen mediante el cual negó la procedencia de la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada.

4. Juicio laboral ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En contra del dictamen a la negativa de la solicitud de pensión, el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ********** presentó demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en su momento el referido órgano se declaró incompetente para conocer de la demanda y turnó los autos al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, seguidos los trámites correspondientes (promoción de un conflicto competencial), del asunto correspondió conocer al referido órgano electoral local.

5. Con posterioridad(1) el Tribunal Electoral del Estado de Morelos emitió sentencia en la cual determinó que el actor acreditó su acción y las demandadas no acreditaron sus defensas y excepciones, en consecuencia, se revocó el dictamen por el cual se declaró la improcedencia de la solicitud de pensión y se ordenó al Congreso del Estado de Morelos a dar cumplimiento a los efectos del fallo.

6. Acuerdo IMPEPAC/CEE/160/2022. El veintidós de julio de dos mil veintidós, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto promovente.

7. Aprobación del presupuesto de egresos del Instituto promovente. Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6155, el Decreto quinientos setenta y nueve, por el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

8. Luego, el doce de enero de dos mil veintitrés, el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/007/2023, mediante el cual se determinó la distribución del financiamiento asignado al Instituto promovente, lo cual fue autorizado mediante el decreto quinientos setenta y nueve referido con anterioridad. En ese decreto se autorizó al Instituto actor como presupuesto para dicho año la cantidad de $212'595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 moneda nacional).

9. Decreto impugnado. Luego, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6228 el decreto mil doscientos cincuenta y siete (1257),(2) a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a **********, con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

10. Demanda de controversia constitucional. Mireya Gally Jordá, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, promovió demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) señaló como acto impugnado lo siguiente:

• El decreto número mil doscientos cincuenta y siete (1257), publicado el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6228, a través del cual el Poder Legislativo de dicha entidad federativa determinó otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada a cargo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto impugnado.(4)

11. Conceptos de invalidez. En contra del acto impugnado, el Instituto actor formula un concepto de invalidez, en el cual, en esencia expuso:

• El Decreto mil dos cientos cincuenta y siete vulnera los artículos 16, 17, 116, fracción IV, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126 y 127 de la Constitución Federal; 23, fracción V, y 131 de la Constitución local.

• El Instituto actor es un organismo con autonomía constitucional federal y local, por lo que la obligación del Congreso local de realizar el pago por pensión de cesantía en edad avanzada con cargo a su presupuesto se traduce en una disposición arbitraria en contra de su patrimonio, al tratarse de un aspecto no contemplado presupuestalmente.

• El hecho de que la ley faculte al Poder Legislativo local a emitir decretos de pensión en favor de trabajadores de organismos constitucionales autónomos se aparta del principio de autonomía de la gestión previsto en los artículos 17 y 116, fracción IV, constitucionales.

• El Decreto impugnado transgrede el artículo 116 constitucional, el cual prevé el principio de congruencia entre ingresos y egresos, al referir que el ejercicio del poder en cada entidad federativa debe estar dividido para su ejercicio.

• También, se vulneran los artículos 123, apartado B, fracción IX, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, los cuales establecen la obligación de los Poderes de la Unión de otorgar el pago de las pensiones o jubilaciones, la prohibición de concederlas o cubrirlas cuando no estén asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo y la obligación de que se encuentren referidas en los presupuestos de egresos.

• Se vulnera el principio de congruencia presupuestal de los organismos públicos autónomos previsto en la Constitución local, el cual dispone que corresponde al Consejo Estatal Electoral aprobar su proyecto de presupuesto de egresos, mismo que debe incluirse en el presupuesto de egresos local sin que pueda ser modificado, conforme al artículo 32 del mismo ordenamiento.

• El Decreto impugnado afecta el presupuesto del Instituto electoral local, al imponer la obligación de erogar un recurso que no se encuentra previsto y no determina una partida para el pago de la pensión, en términos de lo previsto en los artículos 126 de la Constitución Federal y 131 de la Constitución local.

• El Poder Legislativo local transgrede la independencia y la autonomía presupuestal de la parte actora al obligarlo a cubrir una pensión por cesantía en edad avanzada sin aprobar una partida para cubrirla, lo cual se traduce en una subordinación que entromete y vuelve dependiente al Instituto accionante frente al Congreso local.

• Se lesiona la autonomía presupuestal del Instituto actor, pues se prevé que el Poder demandado fije los casos en que procede otorgar el pago de pensiones de sus trabajadores.

• La pensión por cesantía en edad avanzada no respetó la autonomía de gestión presupuestal del instituto actor; además, el aumento de la cuantía de la pensión jubilatoria se fijó con base en el salario mínimo, lo cual, debió realizarse de conformidad con la unidad de medida y actualización (UMA).

12. Admisión y trámite. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 484/2023(5) y designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor en el procedimiento.

13. Luego, el Ministro instructor admitió la controversia constitucional,(6) tuvo como demandados a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, y por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación corresponda.

14. Contestaciones de la demanda. Las autoridades demandadas manifestaron lo siguiente:

15. Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. La Consejera Jurídica en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,(7) expresó:

• No es verdad que se transgreda el principio de autonomía presupuestal, si bien el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tiene la facultad de elaborar y proponer su proyecto de presupuesto de egresos sin injerencia e intervención de ninguna entidad, poder u órgano, lo cierto es que conforme al artículo 40 de la Constitución local, al Poder Legislativo es a quien corresponde decidir si se aprueba o no el presupuesto.

• Una vez aprobado el presupuesto del Instituto electoral, este organismo público autónomo tiene autonomía presupuestaria para determinar el manejo de su presupuesto, como se desprende de lo resuelto en la controversia constitucional 31/2016. De ahí que, no se configura la restricción presupuestal de la que se duele el Instituto accionante, ni se viola el principio de autonomía presupuestaria.

• El Poder Ejecutivo local demandado no ha violado la autonomía presupuestaria del Instituto promovente, pues le ha entregado y dotado de recursos económicos en términos del artículo 23 de la Constitución local, por lo que es facultad del Instituto actor manejar, administrar y ejercer su presupuesto aprobado.

• Para cumplir con sus obligaciones, el Instituto promovente puede tomar medidas para reducir y racionalizar el gasto corriente, al hacer uso de los recursos provenientes de las economías que genere, en términos del artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

• El Instituto electoral accionante es la autoridad obligada a cubrir el pago de la pensión otorgada, pues la persona beneficiaria concluyó su relación laboral con dicho órgano constitucional autónomo.

• Debe considerarse la problemática financiera del erario del Estado de Morelos, porque las pensiones de los trabajadores tienen como única fuente de ingresos el erario, por lo que del presupuesto de egresos de los poderes y municipios debe destinarse una partida para el pago de las pensiones de sus extrabajadores.

• El Poder Ejecutivo local no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones que tiene el Instituto electoral con sus jubilados y debe hacerse cargo sólo de sus propias obligaciones.

• Los actos de promulgación y publicación emitidos por el Gobernador del Estado de Morelos fueron apegados al orden constitucional y legal vigente, de tal manera, la parte actora se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combata el decreto impugnado por vicios propios, esto es, respecto de los actos de promulgación y publicación que son los únicos actos que pudieran ser atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se encuentran apegados al orden constitucional, por lo tanto la impugnación resulta improcedente e infundada.

• El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad federativa referida, el Decreto 579 (quinientos setenta y nueve) por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, en el que consta que se le asignó al Instituto actor $212'595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 moneda nacional) –artículo Décimo Noveno–.

• En el Decreto referido se señala también que dentro de los presupuestos asignados a los entes públicos, se deben cubrir erogaciones de seguridad social, como el pago de jubilados, pensionados y ex trabajadores que prestaron sus servicios, para realizar las reasignaciones, economías y demás previsiones que fueran necesarias para cumplir por ellos con tales obligaciones, sin que un ente público distinto se sustituya en el cumplimiento de tal deber, por lo que las dificultades que pudiera enfrentar el Instituto actor para hacer frente al pago respectivo sería atribuible sólo a una indebida planeación, presupuestación y ejercicio de su gasto que generara.

• Además, en el Decreto 1621 (mil seiscientos veintiuno) por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, el Congreso local autorizó al Instituto promovente la cantidad de $340'712,314.61 (trescientos cuarenta millones setecientos doce mil trescientos catorce pesos 61/100 M.N.), con lo cual el Congreso del Estado de Morelos decidió disminuir el monto solicitado en el anteproyecto del presupuesto de egresos de 2024 –lo cual no es imputable al Poder Ejecutivo local–.

• En suma, refiere que no se ha vulnerado la autonomía e independencia presupuestal del Instituto actor, pues es el mismo quien maneja y decide cómo distribuir y aplicar el presupuesto.

16. Poder Legislativo del Estado de Morelos. El Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos,(8) expresó:

• Conceptos de invalidez. Con relación a ellos, el Poder Legislativo manifestó que son improcedentes e infundados, pues la parte actora deja de observar que el Poder Legislativo local expidió el Decreto impugnado en uso de las facultades que le otorga la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual dispone que los trabajadores de dicha entidad federativa tienen derecho a una pensión que otorga el Congreso local mediante decreto cuando se cumplen los requisitos previstos en la misma ley.

• Una vez analizado el caso del pensionado, el Congreso local consideró que se satisfacían los requisitos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para asignar la pensión solicitada, por lo que mediante el Decreto 1257 (mil doscientos cincuenta y siete) se concedió la pensión por cesantía en edad avanzada.

• En el Decreto 579 (quinientos setenta y nueve), por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, el Congreso del Estado de Morelos asignó para el Instituto promovente la cantidad de $212'595,261.75 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 M.N.), al haber ejercido la cantidad de $100'744,754.84 (cien millones setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 M.N.), por lo que la parte promovente cuenta con recursos suficientes para realizar el pago de la pensión.

• En suma, refiere que el Instituto actor cuenta con los recursos suficientes para realizar el pago de la pensión decretada, aunado a que el Congreso local le otorgó los recursos suficientes, por lo tanto, no se está en condiciones de alegar una violación a la autonomía financiera.

17. En atención a lo anterior, el Ministro instructor tuvo a las autoridades demandadas dando contestación; esto es, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos de Morelos.(9)

18. Opinión de la Fiscalía General de la República y del Consejero Jurídico de la Presidencia. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

19. Cierre de la instrucción. Posteriormente, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos;(10) finalmente, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(11)

20. Avocamiento. El Ministro instructor, previo dictamen solicitó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.(12) En atención a lo anterior, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió los autos a la Primera Sala.(13) Finalmente, el Ministro Presidente de la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y remitió los autos al Ministro instructor para la elaboración del proyecto respectivo.(14)

I. COMPETENCIA

21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal,(15) 10, fracción I, y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(16) por tratarse de un conflicto entre el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de lo dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023.(17)

II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO

22. La materia del presente asunto se circunscribe al estudio de los actos y normas que son materia de impugnación.(18) En ese sentido, se advierte que la promovente en la demanda reclamó:

"IV. Acto cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó.

La aprobación por el Congreso del Estado de Morelos, la promulgación y su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, del Decreto número MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE de fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, Sexta Época, ejemplar 6228, en el Periódico oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a ********** ..."

23. Derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda, en específico del concepto de invalidez hecho valer por la parte actora, se advierte que se duele de que se haya otorgado una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.

24. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2 y no en la totalidad del Decreto mil doscientos cincuenta y siete, y es la que constituye la materia de la presente controversia constitucional, lo cual puede advertirse de la siguiente transcripción:

"DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A **********.

ARTÍCULO 1o.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada a **********, quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de Jiutepec y en el Poder Legislativo ambos del Estado de Morelos; así como en el entonces Instituto Electoral (ahora IMPEPAC), desempeñando como último cargo el de: consejero electoral de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4662 de fecha 03 de diciembre de 2008.

ARTÍCULO 2o.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 50%, tomando como base el último salario mensual percibido por **********, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se haya separado de sus labores y será cubierta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Instancia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo al presupuesto asignado a dicho instituto en el Decreto Número Quinientos Sesenta y Nueve por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, en términos de lo señalado por el artículo decimosexto de dicho decreto cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ARTÍCULO 3o.- El monto de la pensión se calcula tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la ley de la materia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al quejoso la presente determinación y notifíquese por oficio al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en cumplimiento a la sentencia pronunciada dentro del expediente número TEEM/LAB/10/2022; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.

TERCERO. El presente decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.

Recinto Legislativo, Sesión Ordinaria de Pleno, iniciada el catorce y concluida el quince de julio del dos mil veintitrés. ..."

25. En consecuencia, para fines del presente asunto, se tiene al artículo 2, del Decreto 1257, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 6228, de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, como acto impugnado, en el que se concede una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al erario del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en la porción normativa que señala: "... y será cubierta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Instancia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo al presupuesto asignado a dicho instituto en el Decreto Número Quinientos Sesenta y Nueve por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, en términos de lo señalado por el artículo decimosexto de dicho decreto cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."

III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

26. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia, esta Primera Sala advierte que la existencia del Decreto 1257 impugnado se encuentra acreditada, al tratarse de Decretos que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, sin que en el presente caso se requiera mayor prueba al respecto.

IV. OPORTUNIDAD

27. De la lectura de las constancias se advierte que la promoción de la demanda de controversia constitucional resulta oportuna.(19)

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

28. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana es un organismo constitucional autónomo en términos de los artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y 23, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que se trata de uno de los entes legitimados que pueden promover controversia constitucional, según se desprende de la fracción I del artículo 105 constitucional.

29. El Instituto actor compareció al juicio por conducto de su consejera presidenta, Mireya Gally Jordá, personalidad que se le reconoció en el acuerdo de designación de diecisiete de abril de dos mil veintiuno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; dicha funcionaria está facultada para promover el presente medio de control en representación del Instituto, conforme a la fracción I, del artículo 79 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.(20)

30. En ese sentido, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa, porque la presente controversia fue promovida por un órgano legitimado y mediante su debido representante.

VI. LEGITIMACIÓN PÁSIVA

31. Por otra parte, los poderes que pronunciaron el acto tienen el carácter de partes demandadas en la controversia,(21) en ese sentido, en el auto de admisión del presente asunto,(22) se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos.

32. Poder Ejecutivo. Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(23) el Gobernador publicará los decretos que el Congreso local expida. A su vez, dicha autoridad puede ser representada por el Consejero Jurídico en las acciones y las controversias constitucionales previstas en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por los numerales 9, fracción XVI y 36, fracciones II y III de dicha ley,(24) así como los artículos 2 y 10 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica de dicho Estado.(25)

33. Además, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez comparece en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo del Estado de Morelos, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento publicado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de dicha entidad federativa. Por tanto, se estima que el Poder Ejecutivo cuenta con la legitimación pasiva para comparecer al presente juicio.

34. Poder Legislativo. Dicha autoridad tiene legitimación pasiva en la presente controversia constitucional.

35. El artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos(26) dispone que es facultad del presidente de la mesa directiva representar legalmente a ese poder.

36. En representación del Poder demandado comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y del Congreso local de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Morelos, lo cual acredita con la copia certificada del acta de sesión ordinaria de catorce de septiembre de dos mil veintidós, en la que se le reconoce tal cargo por el período del catorce de septiembre de dos mil veintidós al treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro.

37. Cargo público que de conformidad con el artículo 36, fracción XVI, de Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos,(27) cuenta con la representación legal, toda vez que conforme a esas normas jurídicas el Presidente tiene la representación legal del Congreso en cualquier asunto del que sea parte. Por tanto, dicho servidor público se encuentra legitimado para comparecer en su representación.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

38. Lo referente a la procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.

39. Promulgación y publicación. Del informe rendido por la Consejera Jurídica, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se advierte que, si bien no formuló expresamente una causa de improcedencia, su intención fue evidenciarla, al exponer lo siguiente:

• Es improcedente la controversia, porque no se formularon conceptos de invalidez por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado, por lo que los actos emitidos en contra del Gobernador del Estado de Morelos resultan notoriamente improcedentes e infundados.(28)

40. Resulta infundado lo alegado, pues, la autoridad referida forma parte del proceso de creación del decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

41. En suma, al no haber otra causa de improcedencia hecha valer por las partes o motivo de sobreseimiento, ni que esta Primera Sala advierta otras de oficio en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 19, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia,(29) se procede a realizar el estudio de fondo.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

42. Esta Primera Sala advierte que el planteamiento de invalidez del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana es fundado, pues el hecho de que el Congreso estatal le ordenara el pago de una pensión por cesantía en edad avanzada a favor de ********** sin haberle transferido los recursos económicos para cumplir con dicha obligación vulnera su autonomía en la gestión de los recursos, como se verá a continuación.

i) Parámetro de regularidad constitucional

43. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado una sólida doctrina respecto del principio de división de poderes, en la cual ha precisado que dicho principio exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas, que opera a través de un sistema de pesos y contrapesos con la finalidad de evitar la preponderancia de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión que desarmonice el sistema de competencias previsto constitucionalmente y que pueda afectar el principio democrático o los derechos fundamentales reconocidos en la Norma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32729-5b207a84/i-controversia-constitucional-el-instituto-morelense-de-procesos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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