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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RESPECTIVO DECRETO Y DE QUE ÉSTE NO RESULTA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES (ARTÍCULO 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA CONSEJERÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO DOS MIL NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. X. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. XI. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. XIII. AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO DOS MIL NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA "... DEBIENDO SER PAGADA ... POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. INSTANCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, DEL PRESUPUESTO OTORGADO EN EL DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO, PÁRRAFO DÉCIMO OCTAVO, EN CASO DE QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CONSIGNADAS EN EL DECRETO REFERIDO NO RESULTEN REFERIDAS, EL ENTE PÚBLICO PODRÁ SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS, Y EN CASO DE RESULTAR PROCED

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 276/2024. · Registro digital (IUS): 33602
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 2, Pág.1349.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 276/2024. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 21 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Artículos 2o. y 3o. del Decreto número dos mil nueve (2009) por el que el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó conceder una pensión por viudez, con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, publicado en el Periódico Oficial local el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 276/2024, promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (en adelante “Instituto actor” o IMPEPAC) promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, en la que demandó la invalidez del Decreto número dos mil nueve (2009), mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos otorgó una pensión por viudez a Estela Bello Salgado con cargo al presupuesto del Instituto mencionado.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Instituto actor expuso, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:

• El decreto impugnado vulnera el principio de autonomía en la gestión presupuestal y el principio de división de poderes en su nivel más grave, pues constituye una subordinación del Instituto actor como un órgano constitucional autónomo al Poder Legislativo Local.

• Toda vez que el Instituto actor es un organismo público autónomo, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, el Decreto dos mil nueve (2009) resulta contrario al principio de autonomía, consagrado en los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Federal y 23, fracción IV, de la Constitución local.

• El Congreso local transgrede la independencia y autonomía presupuestal del actor al obligarlo a cubrir una pensión por jubilación sin aprobar una partida para cubrirla e imposible realizar el pago de la misma toda vez que de conformidad con el artículo 126 de la Constitución Federal y el 131, primer párrafo, de la Constitución Local no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto respectivo o determinado por la ley.

• Por lo anterior el Decreto impugnado se traduce en la subordinación del Instituto frente al Congreso demandado y la vulneración de la autonomía en la gestión de los recursos de este órgano electoral.

• Así, dicho Decreto debe declararse inválido en lo relativo a su artículo 2o. al establecer que la pensión por publicación debe pagarse con cargo al Presupuesto que fue asignado al Instituto actor, no obstante que en dicho artículo se establezca que en caso de que las asignaciones consignadas no resulten referidas este Instituto podrá solicitar una ampliación presupuestal ya que se condiciona dicha posibilidad a que se determine por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda si la solicitud resulte procedente o no. Es decir que dicha condición subordina la autonomía del IMPEPAC a la voluntad del Poder Ejecutivo.

• Por otra parte, solicita se declare que el Decreto también resulta inconstitucional ya que en su artículo 3o. dispone que el monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente; lo cual implica que se deja de observar la reforma constitucional de veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

• Si bien el artículo 66, párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece que la cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, dicho incremento es una mera expectativa de derecho y a partir de la reforma constitucional del año dos mil, las pensiones deben cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización.

• Alega también que hay ciertas prestaciones que no deben tomarse en cuenta para calcular el monto de la pensión por viudez de la ciudadana. Al no precisarse claramente cuáles deben considerarse, se vulnera el principio de seguridad jurídica en perjuicio del Instituto actor, lo que a su vez afecta su autonomía presupuestal.

3. Radicación y turno. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 276/2024 y, por razón de turno, se designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

4. Admisión y trámite. Por auto de cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación o a su esfera competencial conviniera.

5. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Las autoridades demandadas manifestaron lo siguiente:

6. Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El Consejero Jurídico en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante escrito ingresado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el tres de enero de dos mil veinticinco, expresó:

• No es verdad que se transgreda el principio de autonomía presupuestal, si bien el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tiene la facultad de elaborar y proponer su proyecto de presupuesto de egresos sin injerencia e intervención de ninguna entidad, poder u órgano, lo cierto es que conforme al artículo 40 de la Constitución local, al Poder Legislativo es a quien corresponde decidir si se aprueba o no el presupuesto.

• Una vez aprobado el presupuesto del Instituto electoral, este organismo público autónomo tiene autonomía presupuestaria para determinar el manejo de su presupuesto, como se desprende de lo resuelto en la controversia constitucional 31/2016. De ahí que, no se configura la restricción presupuestal de la que se duele el Instituto accionante, ni se viola el principio de autonomía presupuestaria.

• El Poder Ejecutivo local demandado no ha violado la autonomía presupuestaria del Instituto promovente, pues le ha entregado y dotado de recursos económicos en términos del artículo 23 de la Constitución local, por lo que es facultad del Instituto actor manejar, administrar y ejercer su presupuesto aprobado.

• Para cumplir con sus obligaciones, el Instituto promovente puede tomar medidas para reducir y racionalizar el gasto corriente, al hacer uso de los recursos provenientes de las economías que genere, en términos del artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

• Debe considerarse la problemática financiera del erario del Estado de Morelos, porque las pensiones de los trabajadores tienen como única fuente de ingresos el erario, por lo que del presupuesto de egresos de los poderes y municipios debe destinarse una partida para el pago de las pensiones de sus extrabajadores.

• El Poder Ejecutivo local no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones que tiene el Instituto electoral con sus jubilados y debe hacerse cargo sólo de sus propias obligaciones.

• Los actos de promulgación y publicación emitidos por el Gobernador del Estado de Morelos fueron apegados al orden constitucional y legal vigente, de tal manera, la parte actora se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combata el decreto impugnado por vicios propios, esto es, respecto de los actos de promulgación y publicación que son los únicos actos que pudieran ser atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se encuentran apegados al orden constitucional, por lo tanto la impugnación resulta improcedente e infundada.

• En el Decreto mil seiscientos veintiuno (1621) por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, el Congreso local autorizó al Instituto promovente la cantidad de $340´712,314.61 (trescientos cuarenta millones setecientos doce mil trescientos catorce pesos 61/100 M.N), con lo cual el Congreso del Estado de Morelos decidió disminuir el monto solicitado en el anteproyecto del presupuesto de egresos de 2024 -lo cual no es imputable al Poder Ejecutivo local-.

• Refiere que no se ha vulnerado la autonomía e independencia presupuestal del Instituto actor, pues es el mismo quien maneja y decide cómo distribuir y aplicar el presupuesto.

• Respecto a los conceptos de invalidez sobre el artículo 3o. del Decreto impugnado, debe señalarse como infundado, pues fue emitido según lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por oficio LV/SSLyP/DJ/2818/2025, depositado el ocho de enero de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, en la que expresó diversos argumentos para sostener la validez del decreto combatido y refirió, en síntesis, lo siguiente:

• Son improcedentes e infundados los conceptos de invalidez del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, pues deja de observar que el Congreso local expidió el decreto impugnado en uso de las facultades que le otorga la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que establece que los trabajadores estatales tienen derecho a una pensión que será otorgada por dicho Congreso mediante decreto, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos para ello en la propia ley.

• Contrario a lo señalado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana éste al ser un órgano autónomo es el encargado de administrar sus finanzas, a fin de cumplir con las metas y acciones previstas para el ejercicio fiscal que corresponda, como lo es en el caso concreto el año dos mil veinticuatro, por lo que tiene lo obligación de considerar en sus anteproyectos de Presupuesto de Egresos, el pago del Decreto impugnado, o realizar las gestiones necesarias para cubrirlo con la cantidad que le fuera asignada por el Congreso para el ejercicio fiscal.

• El Instituto actor cuenta con recursos suficientes para realizar el pago de la pensión otorgada, y que al ocuparse el Congreso del Estado de otorgarle los recursos suficientes en el presupuesto de egresos dos mil veinticuatro, no está en condiciones de alegar una violación a su autonomía financiera.

8. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Ninguna de las instituciones emitió opinión en este asunto.

9. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el doce de marzo de dos mil veinticinco se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y por admitidas las pruebas ofrecidas; luego, por acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.

10. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Luego, por auto de trece de mayo de dos mil veinticinco, el Presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó devolver el expediente a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

I. COMPETENCIA

11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

12. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(7) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(8)

II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO

13. Con fundamento en el artículo 41, fracción I,(9) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.

14. Se aprecia que, en esencia, el Instituto actor se duele de que el Poder Legislativo del Estado de Morelos haya otorgado una pensión por viudez con cargo a su presupuesto, sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.

15. Asimismo, de la lectura integral de la demanda, cuestionó la forma en cómo se deberá integrar el monto de la pensión, es decir, la validez del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, norma que se impugna con motivo del Decreto dos mil nueve (2009).

16. De ahí que el Instituto actor impugnó lo siguiente:

a) El artículo 2o.(10) del Decreto número dos mil nueve (2009), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.

b) El artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,(11) norma que se impugna con motivo del artículo 3o. del Decreto dos mil nueve (2009).

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

17. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Segunda Sala estima que está acreditada la existencia del acto impugnado, toda vez que en autos obra copia certificada de un extracto del ejemplar del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6334, del Estado de Morelos, de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, en el que se publicó el Decreto número dos mil nueve (2009) que contienen los artículos 2o. y 3o., efectivamente controvertidos.

IV. OPORTUNIDAD

18. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria establece en sus fracciones I y II el plazo de 30 días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales. Tratándose de actos, el plazo se computa de la siguiente forma: (a) a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; (b) a partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de los actos o de su ejecución; o (c) a partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos. En el caso de normas generales, el plazo transcurrirá del día siguiente a la fecha de su publicación o, según sea el caso, a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.(12)

19. En el caso que nos ocupa, el Instituto actor impugna dos actos: el Decreto número dos mil nueve (2009) relativo a la falta de asignación de recursos para el pago de la respectiva pensión previsto en el artículo 2o. y el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,(13) con motivo de su aplicación en el artículo 3o. Por ello, conviene dividir el apartado de oportunidad en relación con cada una de estas impugnaciones.

20. En cuanto al primer acto reclamado, el cómputo del plazo se tomará la fecha de la publicación oficial del Decreto impugnado como el día en que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tuvo conocimiento de éste, esto es, el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, en virtud de que no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha distinta, por lo que el referido plazo de treinta días para promover el presente medio de control constitucional transcurrió del jueves uno de agosto al jueves veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.(14)

21. Entonces, si la demanda se depositó el diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.

22. Respecto a la impugnación del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos(15) que impugna la forma de cuantificación de la respectiva pensión, el Instituto actor lo controvierte con motivo del Decreto dos mil nueve (2009).

23. Para verificar la oportunidad, lo primero es corroborar que en el Decreto impugnado sí se haya aplicado la norma cuestionada. Solo si la respuesta es positiva el cómputo de la oportunidad de la demanda puede hacerse de conformidad con la segunda hipótesis prevista por la fracción II del artículo 21 de La Ley Reglamentaria; esto es, a partir de su aplicación. Después de este paso interrogaremos si éste es el primer acto de aplicación o si realmente ya se han aplicado estas normas y debieron ser cuestionadas en un momento anterior.

24. Del Decreto impugnado se advierte que se hizo mención expresa del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuyo contenido versa sobre la forma de cuantificación de la respectiva pensión. Por lo tanto, dicha norma sí fue aplicada.

25. No obstante lo anterior, esta Segunda Sala advierte que el Decreto dos mil nueve (2009) no constituye el primer acto de aplicación de la norma cuestionada. Al menos desde el Decreto mil doscientos treinta y seis (1236), publicado en el Periódico Oficial de la entidad el once de agosto de dos mil veintitrés y que constituye un hecho notorio para esta Sala, el Congreso del Estado ya había otorgado otra pensión con cargo al presupuesto del Instituto actor, fundamentando la forma en cómo se concederá la respectiva pensión en la misma disposición.(16)

26. En esta resolución legislativa, el Congreso local citó expresamente, entre otros, el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil de Morelos. Además, dicho precepto contaba con la misma redacción al momento de expedición del mencionado Decreto mil doscientos treinta y seis (once de agosto de dos mil veintitrés) que del aquí impugnado. 27. Por lo anterior, la norma reclamada fue aplicada en al menos un decreto anterior al ahora reclamado. En esta medida y para efectos del cálculo de la oportunidad de la demanda, no podemos tomar como punto de partida la expedición del Decreto dos mil nueve, sino el día siguiente a la publicación de las normas. Esto es, nos encontramos en el primer supuesto del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria.

28. Conforme a este supuesto, su impugnación es extemporánea. La Ley del Servicio Civil local se publicó el seis de septiembre del dos mil. Desde esta fecha, el artículo 66, por su parte, tuvo sus últimas reformas en el dos mil trece. De este modo, es evidente que la impugnación de dicho precepto se formuló vencido el plazo de treinta días contados a partir de su publicación.

29. A partir de lo dicho hasta aquí y con fundamento en el artículo 19, fracción VII, y 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, se sobresee la presente controversia constitucional respecto al artículo 66 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, norma que se impugna con motivo de aplicación en el artículo 3o. del Decreto dos mil nueve (2009).

30. Esto constituye el sobreseimiento respecto a dicha norma general impugnada y, por ende, al artículo 3o. del Decreto dos mil nueve (2009). De modo que el objeto de la presente controversia se reduce al acto impugnado referente al artículo 2o. del mencionado Decreto.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

31. El artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(17) establece que los órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa están legitimados para promover el presente medio de control constitucional contra las controversias que se susciten entre éste y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de ese Estado.

32. Asimismo, en términos del artículo 10, fracción I, en relación, con el diverso 11, párrafo primero,(18) ambos de la ley reglamentaria de la materia, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, de conformidad con las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

33. En el caso, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos del artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y 23, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es un organismo constitucional autónomo(19) y, por tanto, es uno de los entes legitimados para promover controversia constitucional, de acuerdo con lo establecido en el precepto 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

34. Por su parte, el artículo 79, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,(20) atribuye al Consejero Presidente del Instituto actor, la facultad de representarlo legalmente.

35. Ahora bien, la controversia constitucional fue suscrita por Mireya Gally Jordá, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que se reconoce en términos del acuerdo INE/CG374/2021, expedido el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

36. Así, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, ya que el presente asunto fue promovido por un ente legitimado para ello, a través de su debido representante y se plantea que el decreto impugnado vulnera la esfera competencial del actor.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

37. De acuerdo con lo establecido en los artículos 10, fracción II,(21) y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, los poderes o los órganos que emitan o promulguen la norma general, o los que pronuncien el acto o incurran en la omisión que sea objeto de controversia y, como ya se mencionó, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

38. Esta Segunda Sala estima que los demandados, esto es, los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, tienen legitimación pasiva, por las consideraciones que se desarrollan a continuación.

39. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, comparece Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien conforme al artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(22) acredita el desempeño de su encargo con la copia certificada de su nombramiento fechado el uno de octubre de dos mil veinticuatro y el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo de la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número seis mil trescientos cincuenta y uno (6351), el dos de octubre de dos mil veinticuatro, tiene facultades de representar al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

40. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva(23) de la Quincuagésima Sexta Legislatura, quien acreditó su cargo mediante la copia del acta de la sesión de la junta previa del Congreso de Morelos, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro y conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(24) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.

41. En consecuencia, las referidas autoridades tienen legitimación pasiva, ya que se les atribuye la emisión y la publicación, respectivamente, del decreto impugnado en este asunto y quienes comparecen en su representación cuentan con facultades para ello.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

42. VII.1. Argumentos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. La referida autoridad señala que la controversia constitucional es notoriamente improcedente e infundada, toda vez que en los conceptos de invalidez no se combaten por vicios propios los actos de promulgación y publicación que se le atribuyen, siendo que tanto la Constitución Federal, como la Ley Orgánica de la Administración Pública estatales, le otorgan facultades para promulgar y publicar las leyes y demás disposiciones en el Periódico Oficial de la entidad federativa, así como para hacer cumplir éstas, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia.

43. El anterior motivo de sobreseimiento es infundado, pues, como ya se desarrolló, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, tienen el carácter de demandados en la controversia constitucional la entidad federativa, el poder o el órgano que hubiera pronunciado el acto impugnado; por lo tanto, si el Poder Ejecutivo demandado formó parte del proceso de creación del decreto combatido, tanto su participación como la constitucionalidad de su actuación son susceptibles de analizarse en este medio de control constitucional, a efecto de lograr una adecuada resolución del juicio.

44. Resultan ilustrativas, en lo conducente, las tesis de rubros: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.”(25) y “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.”.(26)

45. Precisado lo anterior, esta Segunda Sala no advierte, en forma oficiosa, que se actualice alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

46. Criterio jurídico o ratio decidendi: El decreto impugnado, por el que el Congreso del Estado de Morelos concedió una pensión por viudez a una persona, con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana sin que previamente le hubiera transferido los fondos necesarios para cumplir dicha obligación, es inconstitucional por vulnerar el principio de independencia financiera y autonomía presupuestal (en el grado más grave de subordinación), previsto en el artículo 116, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(27)

47. Ahora, el Instituto actor en su demanda aduce, en concreto, que el decreto impugnado vulnera su independencia y autonomía de gestión presupuestaria consagrada en el artículo 116 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con el diverso 23, 98 y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el 63 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos toda vez que al otorgar una pensión por viudez con cargo a su presupuesto, le impone una carga económica que no le corresponde, por no haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con la obligación impuesta.

48. Así, a fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al accionante, resulta necesario explicar cómo funciona el sistema de pensiones en el Estado de Morelos, para lo que esta Segunda

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33602-e00cd5c3/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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