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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA CONSEJERÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 10, FRACCIÓN XXI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 32, 35 Y 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. IX. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. XII. AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA PENSIÓN "... Y SERÁ CUBIERTA POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIDAD QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, ..."). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDE

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 332/2023. · Registro digital (IUS): 32242
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-15
Promovente: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo IV, Pág.4019.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 332/2023. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 6 DE DICIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Decreto 867 (ochocientos sesenta y siete), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6185 (seis mil ciento ochenta y cinco), de diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 332/2023, promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de ese Estado.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, a través del buzón judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mireya Gally Jordá, quien se ostentó como Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, promovió controversia constitucional contra el Poder Legislativo de ese Estado.

2. En la demanda se solicitó la declaración de invalidez del Decreto 867 (ochocientos sesenta y siete), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6185 (seis mil ciento ochenta y cinco), de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por el que el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a Blanca Estela Aldana Alejandre, con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

3. Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:

• El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Decreto 579 (quinientos setenta y nueve), por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre dos mil veintitrés, en el que se incluyó la autorización del presupuesto de egresos para ese año del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por un monto de $212,595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 moneda nacional).

• El doce de enero del dos mil veintitrés, el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/007/2023, en el que se determinó la distribución del financiamiento asignado al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para el referido ejercicio fiscal.

• El diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el Decreto 867 (ochocientos sesenta y siete), número 6185 (seis mil ciento ochenta y cinco), por el que se concede la pensión por jubilación, a Blanca Estela Aldana Alejandre, con cargo al Instituto actor.

4. Artículos que se estiman violados y conceptos de invalidez. Los artículos 16, 17, 49, 116, 123, 126 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. En su único concepto de invalidez, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana señala en esencia lo siguiente:

a) El decreto impugnado vulnera en contra del instituto actor los artículos 14, 16, 17, 116, fracción IV, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126 y 127 de la Constitución Federal, así como los artículos 23, fracción V, 83 y 131, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

b) Sostiene que el hecho de que la ley faculte al Poder Legislativo a emitir decretos jubilatorios de trabajadores de organismos constitucionales autónomos, se aparta del principio de autonomía presupuestaria y de gestión, previsto en los artículos 17 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal.

c) El decreto impugnado transgrede el artículo 116 constitucional, en el que se establece que el ejercicio del poder en cada entidad federativa debe estar dividido para su ejercicio.

d) Asimismo, aduce que el decreto impugnado viola el artículo 16 constitucional, al incumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que sustenten su determinación.

e) Toda vez que el instituto actor es un organismo público autónomo, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, el Decreto 6185 (seis mil ciento ochenta y cinco) resulta contrario al principio de autonomía, consagrado en los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Federal y 23, fracción IV, de la Constitución Local.

f) Se vulneran los artículos 123, apartado B, fracción IX, inciso a), y 127 de la Constitución Federal, que establecen la obligación de los poderes de la Unión de otorgar el pago de las pensiones o jubilaciones, la prohibición de concederlas o cubrirlas cuando no estén asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo y la obligación de que se encuentren referidas en los presupuestos de egresos.

g) De igual forma, el decreto impugnado transgrede el principio de congruencia presupuestal de los organismos públicos autónomos previsto en la Constitución local, que establece que corresponde al Consejo Estatal Electoral aprobar su proyecto de presupuesto de egresos, que debe incluirse en el presupuesto de egresos local sin que pueda ser modificado, conforme al artículo 32 del citado ordenamiento.

h) En consecuencia, estima que el Decreto 6185 (seis mil ciento ochenta y cinco) afecta el presupuesto del Instituto, pues impone la obligación de erogar un recurso que no se encuentra previsto y no determina una partida para el pago de la pensión, contrariando los artículos 126 de la Constitución Federal y 131 de la Constitución Local.

i) Añade que el Congreso local no puede determinar en qué casos procede otorgar una prestación cuando ésta nace de las relaciones de trabajo entre un organismo público autónomo y sus trabajadores, pues ello vulnera la autonomía de la gestión presupuestal y el principio de autonomía e independencia garantizado en el artículo 116 constitucional.

j) El Instituto actor también considera que el Congreso local transgrede su independencia y autonomía presupuestal al obligarlo a cubrir una pensión por jubilación sin aprobar una partida para cubrirla, lo que se traduce en una subordinación que entromete y vuelve dependiente al Instituto frente al Congreso demandado.

k) Los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 59, 64, 65 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos otorgan al Congreso local la atribución de ser el órgano resolutor en materia de pensiones; no obstante, el Instituto actor estima que ello lesiona su autonomía presupuestal, pues se prevé que el Congreso fije los casos en que procede otorgar el pago de pensiones de los trabajadores de ese instituto.

l) En la controversia constitucional 75/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos se encuentran constreñidos a entregar los recursos económicos respectivos cuando determinen el pago de una pensión jubilatoria.

6. Trámite. Por acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar, registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 332/2023 y turnarlo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien correspondió la instrucción del asunto.

7. Mediante proveído de veintinueve de junio del año en curso, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como autoridades demandadas a los poderes Legislativo y Ejecutivo (a este último, el Instituto actor lo había señalado como tercero interesado en el escrito inicial de demanda), ambos del Estado de Morelos, a quienes mandó a emplazar para que formularan su contestación; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera, quienes no formularon opinión en el presente asunto.

8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito recibido el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, mediante el Sistema Electrónico de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su Consejera Jurídica y representante legal, contestó la demanda, manifestando, en esencia, lo siguiente:

• Es erróneo que el Poder Ejecutivo haya transgredido el principio de autonomía presupuestal, pues si bien el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tiene la facultad de elaborar y proponer su proyecto de presupuesto de egresos sin injerencia e intervención de ninguna entidad, poder u órgano, lo cierto es que conforme al artículo 40 de la Constitución local al Poder Legislativo es a quien corresponde decidir si se aprueba o no el presupuesto.

• Una vez aprobado el presupuesto del Instituto electoral, este organismo público autónomo tiene autonomía presupuestaria para determinar el manejo de su presupuesto, como se desprende de lo resuelto en la controversia constitucional 31/2016.

• Así, dado que no se configura la restricción presupuestal de la que se duele el instituto actor, no se viola el principio de autonomía presupuestaría como se afirma en el concepto de invalidez.

• Dado que el Poder Ejecutivo no ha violado la autonomía presupuestaria del organismo, sino que, por el contrario, le ha dotado de recursos económicos, es facultad del actor manejar, administrar y ejercer su presupuesto aprobado.

• Para cumplir con sus obligaciones, el Instituto actor puede tomar medidas para reducir y racionalizar el gasto corriente, haciendo uso de los recursos provenientes de las economías que genere, en términos del artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

• El instituto accionante es la autoridad obligada para cubrir el pago de la pensión por jubilación, pues la persona beneficiaria concluyó su relación laboral con dicho órgano constitucional autónomo.

• Debe considerarse la problemática financiera del Estado, porque las pensiones de los trabajadores tienen como única fuente de ingresos el erario, por lo que del presupuesto de egresos de los poderes y municipios debe destinarse una partida para el pago de las pensiones de sus extrabajadores.

• El Poder Ejecutivo no debe considerarse como patrón solidario o sustituto de las obligaciones que tiene el Instituto actor con sus jubilados, y sólo debe hacerse cargo de sus propias obligaciones.

• La promulgación y publicación que llevó a cabo el Ejecutivo local respecto del decreto impugnado fueron apegados al orden constitucional y legal vigente, además de que dichos actos no fueron impugnados por vicios propios, de manera que la impugnación que se formula es notoriamente improcedente e infundada.

• Para el año fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, se otorgó al Instituto actor $212’595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos, 76/100 moneda nacional), cantidad que incluye entre otras cosas, las erogaciones de seguridad social como el pago de jubilados y pensionados, sin que sea dable que un ente público diverso, se sustituya en el cumplimiento de ese deber, y en todo caso, las dificultades del actor para hacer frente al pago es solo atribuible a una indebida planeación, presupuestación y ejercicio de su gasto.

9. Cabe mencionar que con la contestación se exhibieron diversas pruebas documentales públicas, además, se ofreció la presuncional y la instrumental de actuaciones.

10. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por oficio recibido el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, mediante el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, en la que sostuvo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el numeral 21, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, al estimar que la demanda se presentó fuera del plazo legal.

11. Asimismo, expresó argumentos para sostener la validez del decreto impugnado. Así refirió, esencialmente, lo siguiente:

• Son improcedentes e infundados los conceptos de invalidez del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, pues deja de observar que el Congreso local expidió el decreto impugnado en uso de las facultades que le otorga la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que establece que los trabajadores del Estado tienen derecho a una pensión que otorga dicho Congreso mediante decreto cuando se cumplen los requisitos previstos en la propia ley.

• Una vez analizado el caso de Blanca Estela Aldana Alejandre, se consideró que se satisfacían los requisitos de la Ley del Servicio Civil para asignar la pensión solicitada, por lo que mediante el Decreto 867 se concedió la pensión por jubilación.

• Para el año fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, se asignó al Instituto actor la cantidad de $212’595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 moneda nacional), presupuesto dentro del cual se previó cubrir las erogaciones de seguridad social como el pago de jubilados y pensionados, así como de los ex trabajadores que hayan estado a su servicio, sin que ningún ente público diverso se sustituya en el cumplimiento de dicho deber.

• Resulta relevante que Blanca Estela Aldana Alejandre promovió juicio de amparo en el que reclamó la omisión y negativa de proporcionar los recursos económicos para cumplir con el pago de su pensión jubilatoria; por lo que para cumplir con la suspensión definitiva concedida en ese juicio, el Congreso local solicitó al Gobernador del Estado que realizara la transferencia de los recursos al instituto actor para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés.

• En atención a lo anterior, mediante oficio de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el Secretario Técnico de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, señaló que fue otorgado al instituto actor, un incremento a su presupuesto por la cantidad de $79,774,261.76 (setenta y nueve millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 moneda nacional).

• Aunado a lo anterior, de dicho oficio se puede inferir que el Instituto actor no ha ejercido la totalidad de los recursos que le fueron aprobados para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, lo que permite que dicho órgano cuente con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores.

• El Congreso Local ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la subsistencia de Blanca Estela Aldana Alejandre.

12. Con la referida contestación se exhibieron copias certificadas de diversas documentales públicas y CD; asimismo, se ofreció la presuncional e instrumental de actuaciones.

13. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, y el ocho de noviembre del mismo año se cerró la instrucción, por lo que se puso el expediente en estado de resolución.

14. Remisión a la Sala. Previo el dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

15. Avocamiento. Es así, que mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento de ésta para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se devolviera a la ponencia de la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de sentencia.

16. Returno. Derivado de la readscripción de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf a la Primera Sala de este Alto Tribunal, en auto de presidencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó returnar el presente asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales.

I. COMPETENCIA

17. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta competente para conocer de esta controversia constitucional, conforme lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1 de la ley reglamentaria de la materia;(2) 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal,(4) vinculado con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(5) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, publicado el tres de febrero siguiente en el Diario Oficial de la Federación, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año, ya que no se impugnan normas de carácter general, sino que se plantea un conflicto entre el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el Poder Legislativo, ambos del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (Ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS

19. En términos del numeral 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(6) es dable fijar los actos objeto de la controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.

20. En su demanda, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana solicitó la declaración de invalidez del artículo 2 del Decreto 867 (ochocientos sesenta y siete), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6185 (seis mil ciento ochenta y cinco), de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por el que el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Blanca Estela Aldana Alejandre, con cargo al presupuesto del instituto actor.

21. La existencia de dicho acto quedó acreditada con un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6185 (seis mil ciento ochenta y cinco), de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, cuyo contenido textual del artículo impugnado es el siguiente:

"DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR

JUBILACIÓN A BLANCA ESTELA

ALDANA ALEJANDRE

"... ARTÍCULO 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 55% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que se separe de sus labores y será cubierta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Autoridad que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 fracción II inciso j) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ..."

22. En ese sentido, esta Segunda Sala tiene como efectivamente impugnado el citado artículo 2 del Decreto ochocientos sesenta y siete (867), en la porción normativa que dispone del presupuesto del instituto actor. 23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

III. OPORTUNIDAD

24. La demanda de controversia constitucional fue presentada de manera oportuna conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(7) que señala que el plazo para promover controversias constitucionales contra actos será de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al en que de acuerdo a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

25. En la especie, para el cómputo del plazo se tomará la publicación como fecha de conocimiento del decreto impugnado, esto es, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés; lo anterior, porque el Instituto accionante no manifestó tener conocimiento del citado acto en fecha distinta.

26. En ese orden de ideas, se tiene que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del jueves veinte de abril al viernes dos de junio de dos mil veintitrés.(8)

27. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(9) así como en el 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los incisos a), b), g) y h), del Punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(10) relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.

28. Entonces, como se indicó, si la demanda de controversia constitucional se presentó mediante el buzón judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, esto es, el día diecisiete del plazo establecido en la ley reglamentaria de la materia, es claro que su presentación es oportuna.

29. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

30. La demanda fue presentada por parte legítima.

31. El artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(11) establece que los órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa están legitimados para promover el presente medio de control constitucional contra las controversias que se susciten entre éste y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de ese Estado.

32. Asimismo, en términos del artículo 10, fracción I, en relación, con el diverso 11, párrafo primero,(12) ambos de la ley reglamentaria de la materia, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, de conformidad con las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

33. En el caso, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos del artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y 23, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Política de Morelos, es un organismo constitucional autónomo(13) y, por tanto, uno de los entes señalados en la fracción I del artículo 105 constitucional, legitimados para promover una controversia constitucional.

34. Por su parte, el artículo 79, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos(14) atribuye al Consejero Presidente del Instituto Morelense actor, la facultad de representarlo legalmente.

35. Es así que, la controversia constitucional fue suscrita por Mireya Gally Jordá, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, calidad que se le reconoce en el acuerdo de designación de dieciséis de abril de dos mil veintiuno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

36. Bajo tales consideraciones, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su debido representante y se plantea que el decreto impugnado vulnera la esfera de competencias del actor.

37. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

38. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que los órganos demandados tienen legitimación pasiva.

39. En el caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos cuenta con legitimación, toda vez que en su representación acudió Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, Consejera Jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, quien acreditó su personalidad con copia certificada del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de esa entidad, número 6068 (seis mil sesenta y ocho), de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se publicó su nombramiento y cuya atribución para representar al Poder Ejecutivo local se prevé en el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos,(15) en relación con el numeral 74 de la Constitución Política de esa entidad federativa,(16) 10, fracción XXI, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,(17) así como con el "Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos", publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa número 5697 (cinco mil seiscientos noventa y siete), el dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

40. Por otro lado, en cuanto al Poder Legislativo del Estado de Morelos, en su representación compareció Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, personalidad que acreditó con copia certificada del acta de la Sesión Ordinaria de Pleno de catorce de septiembre de dos mil veintidós, en la que consta su designación para el periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil veintidós al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en los artículos 32, 35 y 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(18)

41. Como se aprecia, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer en este juicio, toda vez que a ellos se les atribuye la emisión y publicación, respectivamente, del decreto impugnado y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.

42. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

43. VI.1 Extemporaneidad de la demanda. El Poder Legislativo del Estado de Morelos argumenta que la presente controversia constitucional es improcedente, al haberse presentado la demanda fuera del plazo legal previsto para ello.

44. Dicha causa es infundada, pues, como se analizó en el considerando tercero, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana promovió su escrito de controversia constitucional dentro del plazo establecido en el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, esto es, de manera oportuna.

45. VI.2 Promulgación y publicación. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos aduce que debe sobreseerse la controversia constitucional porque el Instituto actor no le atribuye algún acto de forma directa, esto es, que no se formularon conceptos de invalidez que controviertan su actuar por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.

46. Son infundados los motivos de sobreseimiento antes expuestos, en virtud de que la autoridad demandada mencionada forma parte del proceso de creación del Decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Segunda Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(19)

47. Toda vez que las partes no hicieron valer alguna otra causa de improcedencia y sobreseimiento distintas a las previamente analizadas, y esta Segunda Sala tampoco observa que se actualice alguna otra en forma oficiosa, se procede a realizar el estudio de fondo.

48. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

VII. ESTUDIO DE FONDO

49. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana demanda la invalidez del artículo 2 del Decreto 867 (ochocientos sesenta y siete), por el que el Congreso del Estado de Morelos otorgó pensión por jubilación a Blanca Estela Aldana Alejandre.

50. Criterio jurídico o ratio decidendi: El Decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos que obliga al Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de la entidad federativa a pagar una pensión por jubilación a una persona, sin haberle transferido los recursos económicos para cumplir con dicha obligación, es inconstitucional por vulnerar el principio de independencia financiera y autonomía presupuestal (en el grado más grave de subordinación), previsto en el artículo 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(20)

51. El re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32242-57f741a8/i-controversia-constitucional-el-instituto-morelense-de-procesos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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