I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA CONSEJERA QUE PRESIDA EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 10, FRACCIÓN XXI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO, TODOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS" PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 3 DEL DECRETO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. X. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. XI. AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 3 EN DONDE SE INDICA " ... Y SERÁ CUBIERTA POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INSTANCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, ..."). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LOS PENSIONADOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 3 EN DONDE SE INDICA " ... Y SERÁ CUBIERTA POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INSTANCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES, ..." )
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 449/2023. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 8 DE MAYO DE 2024. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto mil doscientos treinta y seis (1236), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número seis mil doscientos diecinueve (6219), de once de agosto de dos mil veintitrés.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 449/2023, promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de ese Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mireya Gally Jordá, quien se ostentó como Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, promovió controversia constitucional contra el Poder Legislativo de ese Estado. En la demanda se solicitó la declaración de invalidez del Decreto mil doscientos treinta y seis (1236), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número seis mil doscientos diecinueve (6219), de once de agosto de dos mil veintitrés, por el que el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Melody Ivonne Zamudio Solís, con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
2. Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:
• El diez de agosto de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diverso Decreto cuatrocientos treinta y cinco (435), por el que el Congreso del Estado de Morelos concedió pensión por jubilación (a razón del 85 % del último salario percibido) a Melody Ivonne Zamudio Solís, con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
• En contra de dicho decreto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana promovió controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue radicada bajo el expediente 190/2022.
• El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Decreto quinientos setenta y nueve (579), por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, en el que se incluyó la autorización del presupuesto de egresos para ese año del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por un monto de $212,595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 moneda nacional).
• El doce de enero de dos mil veintitrés, el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/007/2023, en el que se determinó la distribución del financiamiento asignado al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para el referido ejercicio fiscal.
• El cinco de julio de dos mil veintitrés, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la mencionada controversia constitucional 190/2022, en el sentido de declarar la invalidez parcial del decreto cuatrocientos treinta y cinco (435) impugnado.
• El once de agosto de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Decreto mil doscientos treinta y seis (1236), por el que se abroga el diverso decreto cuatrocientos treinta y cinco (435) y se otorga pensión por jubilación a Melody Ivonne Zamudio Solís (a razón del 90 % del último salario percibido), con cargo al Instituto actor.
3. Artículos que se estiman violados y conceptos de invalidez. Los artículos 14, 16, 17, 116, fracción IV, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. En su único concepto de invalidez, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana señala, en esencia, lo siguiente:
a) El decreto impugnado vulnera en su contra los artículos 14, 16, 17, 116, fracción IV, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126 y 127 de la Constitución Federal, así como los preceptos 23, fracción V, 83 y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
b) El hecho de que la ley faculte al Poder Legislativo del Estado de Morelos para emitir decretos de pensión por jubilación a trabajadores de organismos constitucionales autónomos, se aparta del principio de autonomía presupuestaria y de gestión, previsto en los artículos 17 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal.
c) El decreto impugnado transgrede el artículo 116 constitucional, en el que se establece que el ejercicio del poder en cada entidad federativa debe estar dividido para su ejercicio.
d) El decreto combatido viola el artículo 16 constitucional, al incumplir con los requisitos de fundamentación y motivación.
e) Toda vez que el Instituto actor es un organismo público autónomo, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, el Decreto mil doscientos treinta y seis (1236) resulta contrario al principio de autonomía, consagrado en los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Federal y 23, fracción IV, de la Constitución local.
f) Se vulneran los artículos 123, apartado B, fracción IX, inciso a), y 127 de la Constitución Federal, que establecen la obligación de los poderes de la Unión de otorgar el pago de las pensiones por jubilación de los trabajadores a su cargo, así como la prohibición de concederlas o cubrirlas cuando no estén asignadas por ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo y si no se encuentran debidamente referidas en los presupuestos de egresos respectivos.
g) El decreto impugnado transgrede el principio de congruencia presupuestal de los organismos públicos autónomos previsto en la Constitución local, que establece que corresponde al Consejo Estatal Electoral aprobar su proyecto de presupuesto de egresos, que deberá ser incluido en el presupuesto de egresos del gobierno estatal, sin que pueda ser modificado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
h) El Decreto mil doscientos treinta y seis (1236) afecta el presupuesto del Instituto, pues impone la obligación de erogar un recurso que no se encuentra previsto y no determina una partida para el pago de la pensión, contrariando los artículos 126 de la Constitución Federal y 131 de la Constitución local.
i) El Congreso estatal no puede determinar en qué casos procede otorgar una prestación cuando esta nace de las relaciones de trabajo entre un organismo público autónomo y sus trabajadores, pues con ello vulnera la autonomía de la gestión presupuestal y el principio de autonomía e independencia garantizado en el artículo 116 constitucional.
j) El Congreso local transgrede la independencia y autonomía presupuestal del actor al obligarlo a cubrir una pensión por jubilación sin aprobar una partida para cubrirla, lo que se traduce en la subordinación del Instituto frente al Congreso demandado.
k) Los artículos 24, fracción XV, 56, 57, párrafo último, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, otorgan al Congreso de esa entidad federativa la atribución de ser el órgano resolutor en materia de pensiones; no obstante, ello lesiona la autonomía presupuestal del actor, ya que se prevé que el Congreso local fije los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores del Instituto, sin otorgar los recursos necesarios para cumplir con dicha obligación.
l) En las controversias constitucionales 75/2021 y 190/2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, se encontraban constreñidos a entregar los recursos económicos respectivos cuando determinaran el pago de una pensión jubilatoria.
5. Trámite. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 449/2023, así como turnarlo al Ministro Luis María Aguilar Morales.
6. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como autoridades demandadas a los poderes Legislativo y Ejecutivo (a este último, el Instituto actor lo había señalado como tercero interesado en el escrito inicial de demanda), ambos del Estado de Morelos, a quienes mandó a emplazar para que formularan su contestación y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Por oficio LV/SSLyP/DJ/3o 13590/2023, depositado el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés en el buzón judicial y recibido el dos de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, en la que expresó diversos argumentos para sostener la validez del decreto combatido y refirió, en síntesis, lo siguiente:
• Son improcedentes e infundados los conceptos de invalidez del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, pues deja de observar que el Congreso local expidió el decreto impugnado en uso de las facultades que le otorga la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que establece que los trabajadores estatales tienen derecho a una pensión que será otorgada por dicho Congreso mediante decreto, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos para ello en la propia ley.
• Una vez analizado el caso de Melody Ivonne Zamudio Solís, se consideró que se satisfacían los requisitos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para asignar la pensión solicitada, por lo que mediante el diverso Decreto cuatrocientos treinta y cinco (435) se le concedió pensión por jubilación (a razón del 85 % del último salario percibido), con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
• Inconforme con lo anterior, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana promovió diversa controversia constitucional que fue radicada con el número 190/2022, bajo la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
• El cinco de julio de dos mil veintitrés, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en la que resolvió declarar la invalidez parcial del decreto impugnado.
• En cumplimiento a dicha sentencia, mediante oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.1/025/2023, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos solicitó al Gobernador de dicha entidad federativa, que realizara las transferencias de los recursos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para el pago de la pensión decretada.
• No obstante, por escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, Melody Ivonne Zamudio Solís promovió juicio de amparo en contra del Congreso del Estado de Morelos y de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del mencionado órgano legislativo, en el que señaló como actos reclamados la aprobación y la expedición del decreto cuatrocientos treinta y cinco (435), así como la elaboración del dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto, respectivamente. Del asunto conoció el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, que admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 1126/2022.
• El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, resolvió conceder el amparo a Melody Ivonne Zamudio Solís, para el efecto de que se dejara insubsistente el decreto cuatrocientos treinta y cinco (435) y se emitiera otro en el que se tomara en consideración la totalidad de años de servicio laborados por la quejosa.
• En cumplimiento a lo anterior, el Congreso del Estado de Morelos expidió el decreto mil doscientos treinta y seis (1236), por el que se abroga el diverso número cuatrocientos treinta y cinco (435) y se otorga pensión por jubilación (a razón del 90 % del último salario percibido), a Melody Ivonne Zamudio Solís, con cargo al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
• Para el año fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, se asignó al Instituto actor la cantidad de $212,595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 moneda nacional), presupuesto dentro del que se previó cubrir las erogaciones de seguridad social, como el pago de jubilados y pensionados, así como de los ex trabajadores que hayan estado a su servicio, sin que ningún ente público diverso pueda sustituirse en el cumplimiento de dicho deber.
• Además, el Instituto actor no ha ejercido la totalidad de los recursos que le fueron aprobados para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, por lo que cuenta con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores.
8. Con la referida contestación se exhibió un disco compacto; asimismo, fueron ofrecidas como pruebas la presuncional y la instrumental de actuaciones.
9. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, mediante el Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su Consejera Jurídica, contestó la demanda y manifestó, en esencia, lo siguiente:
• Es erróneo que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos haya transgredido el principio de autonomía presupuestal, pues si bien el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana tiene la facultad de elaborar y proponer su proyecto de presupuesto de egresos sin injerencia e intervención de ninguna entidad, Poder u órgano; lo cierto es que conforme al artículo 40 de la Constitución local, corresponde al Poder Legislativo estatal decidir si se aprueba o no en los términos en que fue presentado.
• Una vez aprobado el presupuesto del Instituto electoral, dicho organismo público autónomo tiene autonomía presupuestaria para determinar su manejo, administración y ejercicio. Así, toda vez que no se configura la restricción presupuestal de la que se duele el Instituto actor, no se viola el principio de autonomía presupuestaria.
• Dado que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos no ha violado la autonomía presupuestaria del mencionado organismo, sino que, por el contrario, le ha dotado de recursos económicos, es facultad del actor manejar, administrar y ejercer su presupuesto aprobado.
• Para cumplir con sus obligaciones, el Instituto actor puede tomar medidas para reducir y racionalizar el gasto corriente, haciendo uso de los recursos provenientes de las economías que genere, en términos del artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
• El Instituto accionante es la autoridad obligada para cubrir el pago de la pensión por jubilación que le fue otorgada a Melody Ivonne Zamudio Solís.
• Debe considerarse la problemática financiera del Estado de Morelos, porque las pensiones de los trabajadores tienen como única fuente de ingresos el erario, por lo que del presupuesto de egresos de los poderes y municipios debe destinarse una partida para el pago de las pensiones de sus extrabajadores.
• El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos no debe ser considerado como patrón solidario o sustituto de las obligaciones que tiene el Instituto actor con sus jubilados y sólo debe hacerse cargo de sus propias obligaciones.
• La promulgación y publicación que llevó a cabo el Ejecutivo local respecto del decreto impugnado fueron apegados al orden constitucional y legal vigente; además, dichos actos no fueron impugnados por vicios propios, de manera que la impugnación que se formula es notoriamente improcedente e infundada.
• Para el año fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, se otorgó al Instituto actor la cantidad de $212,595,261.76 (doscientos doce millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 76/100 moneda nacional); mientras que para el año fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, se le otorgaron $340,712,314.61 (trescientos cuarenta millones setecientos doce mil trescientos catorce pesos 61/100 moneda nacional) que incluyen, entre otras cosas, las erogaciones de seguridad social, como el pago de jubilados y pensionados, sin que sea dable que un ente público diverso se sustituya en el cumplimiento de ese deber y, en todo caso, las dificultades del Instituto actor para hacer frente al pago es sólo atribuible a una indebida planeación, presupuestación y ejercicio de su gasto.
10. Cabe mencionar que con la contestación se exhibieron diversas pruebas documentales; además, se ofrecieron la presuncional y la instrumental de actuaciones.
11. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el seis de marzo de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia y el ocho siguiente se cerró la instrucción, por lo que se puso el expediente en estado de resolución.
12. Remisión a la Sala. Previo dictamen respectivo, por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.
13. Avocamiento. Es así, que mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento de ésta para conocer de la controversia constitucional y ordenó que el expediente se devolviera a la Ponencia del Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de sentencia.
I. COMPETENCIA
14. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta competente para conocer de esta controversia constitucional, conforme lo establecido en los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1 de la ley reglamentaria de la materia;(2) 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal,(4) vinculado con los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(5) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, publicado el tres de febrero siguiente en el Diario Oficial de la Federación, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año, ya que no se impugnan normas de carácter general, sino que se plantea un conflicto entre el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el Poder Legislativo del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (Ponente), Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS
16. En términos del numeral 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(6) es dable fijar los actos objeto de la controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.
17. En su demanda, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana solicitó la declaración de invalidez del artículo 3 del Decreto mil doscientos treinta y seis (1236), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número seis mil doscientos diecinueve (6219), de once de agosto de dos mil veintitrés, por el que el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Melody Ivonne Zamudio Solís, con cargo al presupuesto del Instituto actor.
18. La existencia de dicho acto quedó acreditada con un extracto del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número seis mil doscientos diecinueve (6219), de once de agosto de dos mil veintitrés, cuyo contenido textual es el que sigue:
"DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS
POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO
NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
(435), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
‘TIERRA Y LIBERTAD’ EL DIEZ DE AGOSTO DE
DOS MIL VEINTIDÓS; SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN A MELODY IVONNE ZAMUDIO SOLÍS.
"...
"ARTÍCULO 3o.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 90 % del último salario mensual de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que se haya separado de sus labores y será cubierta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, instancia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
"... ."
[Énfasis añadido].
Ver Decreto 1236 con énfasis
19. En ese sentido, esta Segunda Sala tiene como efectivamente impugnado el artículo 3 del Decreto mil doscientos treinta y seis (1236), en la porción normativa que dispone del presupuesto del Instituto actor.
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (Ponente), Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
III. OPORTUNIDAD
21. De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
22. En la especie, para el cómputo del plazo se tomará la fecha de la publicación oficial del decreto impugnado como el día en que el Instituto actor tuvo conocimiento de éste, esto es, el once de agosto de dos mil veintitrés, en virtud de que el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" constituye el medio de difusión oficial en el Estado de Morelos y de que el actor no manifestó haber tenido conocimiento del tal acto con anterioridad a esa fecha, por lo que el referido plazo de treinta días para promover el presente medio de control constitucional transcurrió del lunes catorce de agosto de dos mil veintitrés al martes veintiséis de septiembre del mismo año.(7)
23. Entonces, si la demanda se presentó mediante buzón judicial el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés y fue recibida el veinticinco siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.
24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (Ponente), Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
25. El artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) establece que los órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa están legitimados para promover el presente medio de control constitucional contra las controversias que se susciten entre éste y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de ese Estado.
26. Asimismo, en términos del artículo 10, fracción I, en relación, con el diverso 11, párrafo primero,(9) ambos de la ley reglamentaria de la materia, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, de conformidad con las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
27. En el caso, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos del artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y 23, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es un organismo constitucional autónomo(10) y, por tanto, es uno de los entes legitimados para promover controversia constitucional, de acuerdo con lo establecido en el precepto 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
28. Por su parte, el artículo 79, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,(11) atribuye al Consejero Presidente del Instituto actor, la facultad de representarlo legalmente.
29. Ahora bien, la controversia constitucional fue suscrita por Mireya Gally Jordá, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que se reconoce en términos del acuerdo INE/CG374/2021, expedido el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
30. Así, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal, ya que el presente asunto fue promovido por un ente legitimado para ello, a través de su debido representante y se plantea que el decreto impugnado vulnera la esfera competencial del actor.
31. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (Ponente), Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
32. De acuerdo con lo establecido en los artículos 10, fracción II,(12) y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, los poderes o los órganos que emitan o promulguen la norma general, o los que pronuncien el acto o incurran en la omisión que sea objeto de controversia y, como ya se mencionó, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
33. Esta Segunda Sala estima que los demandados, esto es, los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, tienen legitimación pasiva, por las consideraciones que se desarrollan a continuación.
34. En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos, compareció Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la referida entidad federativa, personalidad que acreditó con el acta de la Sesión Ordinaria de Pleno de uno de septiembre de dos mil veintitrés, en la que consta su designación para el período comprendido del uno de septiembre de dos mil veintitrés al treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro, cuya atribución para representar en juicio a dicho órgano legislativo está prevista en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(13)
35. Por lo que hace al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acudió Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, Consejera Jurídica y representante legal del referido Poder, quien acreditó su personalidad con copia certificada de un extracto del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de esa entidad, número 6068 (seis mil sesenta y ocho), de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se publicó su nombramiento y cuya atribución para representar al Poder Ejecutivo local se prevé en el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos,(14) en relación con el numeral 74 de la Constitución Política de esa entidad federativa,(15) 10, fracción XXI, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,(16) así como en el "Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo Acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos", publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa número 5697 (cinco mil seiscientos noventa y siete), el dieciséis de abril de dos mil diecinueve.
36. Como se aprecia, los citados poderes cuentan con legitimación pasiva para comparecer en este juicio, toda vez que a ellos se les atribuye la emisión y la publicación, respectivamente, del decreto impugnado y los funcionarios que comparecieron cuentan con facultades para representarlos.
37. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (Ponente), Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
VI. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
38. Promulgación y publicación. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos aduce que debe sobreseerse en la controversia constitucional
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32532-af7d2b62/i-controversia-constitucional-el-instituto-morelense-de-procesos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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