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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA CONSEJERÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, ASÍ COMO EL SECRETARIO DE GOBIERNO, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA CUANDO HAYAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE CREACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (DECRETO CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (DECRETO CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS LOCALES (DECRETO CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). X. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. XI. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. XII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SU CREACIÓN SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE ESTABLECER ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA EJERCER UNA FUNCIÓN PROPIA DEL ESTADO CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA. XIII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO SE DEBE GARANTIZAR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES AUTÓNOMOS FRENTE A OTROS PODERES PÚBLICOS EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN V, APARTADO C Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS A), B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIV. AUTONOMÍA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XV. AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA CUOTA MENSUAL DE LA PENSIÓN "... Y DEBE SER CUBIERTA POR

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 190/2022. · Registro digital (IUS): 31780
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-22
Promovente: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo II, Pág.2285.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 190/2022. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 5 DE JULIO DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

INDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de cinco de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 190/2022, promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana contra el Poder Legislativo del Estado de Morelos, demandando la invalidez del artículo 2o. del Decreto Número Cuatrocientos Treinta y Cinco (Decreto 435), publicado el diez de agosto de dos mil veintidós en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Sexta Época, número 6103.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El trece de septiembre de dos mil veintidós, Mireya Gally Jordá, quien se ostentó como consejera presidenta del mencionado instituto promovió la demanda de controversia constitucional.

2. Antecedentes. En síntesis, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (en lo sucesivo "Instituto Electoral") señala los siguientes antecedentes:

a. El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, el Instituto Electoral remitió al Poder Ejecutivo del Estado su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, con el fin de que dicho anteproyecto fuera incluido en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y sometido a la consideración del Congreso Local.

b. El veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Instituto Electoral giró un oficio a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado solicitando que se le precisara el monto que debía considerar para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.

c. El treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral un oficio signado por el titular de la Secretaría de Hacienda Local, en el cual se contestaba que el presupuesto total que le correspondía era el del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.

d. La Secretaría de Hacienda justificaba su determinación en que el presupuesto de egresos local para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós todavía no era aprobado por el Poder Legislativo, por lo que aplicaba lo dispuesto en el artículo 32, párrafo décimo primero, de la Constitución del Estado, en el sentido de que ante la falta de aprobación de las leyes de ingresos y del presupuesto de egresos continúan rigiendo los ordenamientos que hubieren sido aprobados para el ejercicio fiscal del año anterior, con la precisión de que si en el presupuesto de egresos existen recursos aprobados por ser año electoral, se entiende que sólo se autorizan recursos referentes al último año en el que no hubo elecciones.

e. La Secretaría de Hacienda señaló que, entonces, el presupuesto de egresos que debería tomarse en cuenta para el Instituto Electoral sería el del ejercicio fiscal de dos mil veinte, pues el de dos mil veintiuno correspondió a un año electoral; no obstante, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de dos mil veinte habían sido invalidados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 116/2020. Por ello, en opinión de la misma secretaría, aplicaba el presupuesto de egresos para el ejercicio de dos mil diecinueve.

f. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda concluyó que el presupuesto total que se debía considerar para el Instituto Electoral era el previsto en el presupuesto de egresos de dos mil diecinueve, el cual establece una cantidad de $132'821,000.00 (ciento treinta y dos millones ochocientos veintiún mil pesos 00/100 M.N.), del cual están excluidas las prerrogativas de los partidos políticos para el año electoral.

g. El trece de enero de dos mil veintidós, el Instituto Electoral aprobó el acuerdo de distribución del presupuesto de egresos del propio instituto para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós. En la misma fecha, se aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/011/2022, mediante el cual se aprobó la distribución del presupuesto referido.

h. El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, Melody Ivonne Zamudio Solís, hizo del conocimiento del Instituto Electoral el Decreto 435 que contiene una pensión por jubilación a su favor.

i. El dos de septiembre del mismo año, la misma persona presentó un escrito donde por segunda ocasión solicitó que le fuera cubierto el pago correspondiente a la pensión por jubilación, en términos del Decreto 435.

j. Se afirma que en el Decreto 435 el Congreso Local se limitó a señalar que la pensión por jubilación es con cargo al presupuesto del Instituto Electoral, lo que se hizo sin asignar presupuesto para pagar la pensión a partir del día siguiente a aquel en que se separó de sus labores la persona beneficiaria, según se ordena en el artículo 2o. del decreto impugnado.

3. Conceptos de invalidez. En síntesis, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ("Instituto Electoral") señala como único concepto de invalidez lo siguiente:

a. El Decreto 435 vulnera en contra del Instituto Electoral los artículos 14, 16, 17, 116, fracción IV, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126 y 127 de la Constitución Federal, y los artículos 23, fracción V, 83 y 131 de la Constitución Local por las razones siguientes.

b. Que la ley faculte al Poder Legislativo a emitir decretos jubilatorios de trabajadores de organismos constitucionales autónomos se aparta del principio de autonomía de la gestión previsto en los artículos 17 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal.

c. El Decreto 435 transgrede el artículo 116 constitucional, en el cual se establece que el ejercicio del poder en cada entidad federativa debe estar dividido para su ejercicio.

d. El Decreto 435 viola el artículo 16 constitucional, al incumplir con los requisitos de fundamentación y motivación.

e. El Decreto 435 es contrario al principio de autonomía consagrado en los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Federal y 23, fracción IV, de la Constitución Local, pues el Instituto Electoral, en tanto organismo público autónomo, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios.

f. Se vulnera el artículo 123, apartado B, fracción IV, inciso a), y el artículo 127 de la Constitución Federal, los cuales establecen la obligación de los Poderes de la Unión de otorgar el pago de las pensiones o jubilaciones, la prohibición de concederlas o cubrirlas cuando no estén asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, y la obligación de que se encuentren referidas en los presupuestos de egresos.

g. Se vulnera el principio de congruencia presupuestal de los organismos públicos autónomos previsto en la Constitución Local, el cual establece que corresponde al Consejo Estatal Electoral aprobar su proyecto de presupuesto de egresos, mismo que debe incluirse en el presupuesto de egresos local sin que pueda ser modificado, conforme al artículo 32 del mismo ordenamiento.

h. En consecuencia, se estima que el Decreto 435 afecta el presupuesto del Instituto Electoral, pues impone la obligación de erogar un recurso que no se encuentra previsto y no determina una partida para el pago de la pensión, contrariando los artículos 126 de la Constitución Federal y 131 de la Constitución Local.

i. El Congreso Local no puede determinar en qué casos procede otorgar una prestación cuando ésta nace de las relaciones de trabajo entre un organismo público autónomo y sus trabajadores, pues ello vulnera la autonomía de la gestión presupuestal y el principio de autonomía e independencia garantizado en el artículo 116 constitucional.

j. El Congreso Local transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Instituto Electoral al obligarlo a cubrir una pensión por jubilación sin aprobar una partida para cubrirla, lo que se traduce en una subordinación que entromete y vuelve dependiente al Instituto Electoral frente al Congreso demandado.

k. Los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos otorgan al Congreso Local la atribución de ser el órgano resolutor en materia de pensiones; no obstante, ello lesiona la autonomía presupuestal del Instituto Electoral, pues se prevé que el Congreso fije los casos en que procede otorgar el pago de pensiones de los trabajadores del Instituto Electoral.

l. En la controversia constitucional 75/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos se encuentran constreñidos a entregar los recursos económicos respectivos cuando determinen el pago de una pensión jubilatoria.

4. Artículos constitucionales violados. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana estima violados en su perjuicio los artículos 16, 17, 49, 116, 123, 126 y 127 de la Constitución Federal.

5. Registro, turno, admisión y trámite. Mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para instruir el procedimiento.

6. Mediante acuerdo de veinticuatro de octubre del mismo año, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo y al secretario de Gobierno del Estado de Morelos; además, requirió a los dos Poderes para que con sus contestaciones de la demanda remitieran las copias certificadas de los antecedentes legislativos y del ejemplar del Periódico Oficial relacionados con el decreto impugnado. Finalmente, ordenó dar vista con la demanda a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

7. Contestación del Poder Legislativo. Mediante escrito recibido el tres de enero de dos mil veintitrés, Francisco Erik Sánchez Zavala, diputado presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, rindió su contestación de la demanda, donde en resumen señaló lo siguiente:

a. Son improcedentes e infundados los conceptos de invalidez del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ("Instituto Electoral"), pues deja de observar que el Congreso expidió el Decreto 435 en uso de las facultades que le otorga la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece que los trabajadores del Estado tienen derecho a una pensión que otorga el Congreso Local mediante decreto cuando se cumplen los requisitos previstos en la misma ley.

b. Una vez analizado el caso de Melody Ivonne Zamudio Solís, el Congreso Local consideró que se satisfacían los requisitos de la Ley del Servicio Civil para asignar la pensión solicitada, por lo que mediante el Decreto 435 se concedió la pensión por jubilación.

c. El Instituto Electoral promovió ante el Tribunal Electoral del Estado un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al cual correspondió el número de expediente TEEM-JDC-19/2022, y donde reclamó del Congreso Local la falta de respuesta a un oficio de catorce de octubre de dos mil veintidós donde se solicitaba de los Poderes Ejecutivo y Legislativo el cumplimiento del Decreto 435.

d. El doce de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal Electoral del Estado dictó sentencia donde ordenó al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda elevar la petición de ampliación presupuestal solicitada por el Instituto Electoral al Congreso Local, para que el Poder Legislativo pudiera cumplir los plazos ordenados en la resolución.

e. El trece de diciembre del mismo año, el Congreso recibió un oficio donde el titular del Ejecutivo le eleva una petición de ampliación presupuestal solicitada por el Instituto Electoral; este oficio fue conforme a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado en las resoluciones emitidas en los juicios electorales TEEM/JE/13/2022-3 y su acumulado TEEM/JE/14/2022-3, TEEM/JE/15/2022-3 y su acumulado TEEM/JE/16/2022-3, TEEM/JE/17/2022-3, TEEM/JE/18/2022-3 y TEEM/JE/19/2022-1. (página 10 de la contestación del Poder Legislativo)

f. En el oficio recibido en el Congreso Local, el gobernador y el secretario de Hacienda del Estado de Morelos señalaron lo siguiente: (a) es imposible determinar la fuente de ingresos para proveer los recursos económicos al Instituto Electoral en el presupuesto de egresos; (b) es improcedente otorgar las ampliaciones presupuestales solicitadas; (c) es imposible cumplir con las normas que señalan que toda propuesta de aumento o creación de gasto en el presupuesto de egresos debe acompañarse de una iniciativa o identificación de la fuente de ingresos o compensarse con reducciones en otros gastos; (d) deben observarse las disposiciones que obligan a que los ajustes presupuestarios no generen déficit en el gasto público; (e) no es viable realizar un análisis sobre la situación financiera del Instituto Electoral debido a la discrepancia entre la información proporcionada y las cifras que constan en la cuenta pública.

g. En los efectos de las sentencias de los juicios electorales se ordenó al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda que remitieran al Congreso del Estado las peticiones de ampliación presupuestal que hizo el Instituto Electoral, conforme al estudio que dichas autoridades realizaran. Por su parte, se ordenó al Congreso pronunciarse sobre la viabilidad de cada una de las peticiones, e informar al Tribunal Electoral del Estado sobre ello.

h. En consecuencia, dado que el Poder Ejecutivo no presentó la solicitud de ampliación y no señaló una fuente de ingresos para cubrir los recursos solicitados, el Congreso Local afirma que está imposibilitado para realizar el pronunciamiento que se le ordenó, ya que no se cumple con lo previsto en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, según el cual para otorgar ampliaciones se necesita identificar la fuente de ingresos que respalde dicha acción.

8. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el nueve de enero de dos mil veintitrés, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, consejera jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos rindió su contestación de la demanda en los siguientes términos:

a. Es erróneo que el Poder Ejecutivo haya transgredido el principio de autonomía presupuestal, pues si bien el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ("Instituto Electoral") tiene la facultad de elaborar y proponer su proyecto de presupuesto de egresos sin injerencia e intervención de ninguna entidad, Poder u órgano, lo cierto es que conforme al artículo 40 de la Constitución Local al Poder Legislativo es a quien corresponde decidir si se aprueba o no el presupuesto.

b. Una vez aprobado el presupuesto del Instituto Electoral, este organismo público autónomo tiene autonomía presupuestaria para determinar el manejo de su presupuesto, como se desprende de lo resuelto en la controversia constitucional 31/2016.

c. Así, dado que no se configura la restricción presupuestal de la que se duele el Instituto Electoral, no se viola el principio de autonomía presupuestaría como se afirma en el concepto de invalidez.

d. En lo que va del año se le han otorgado al Instituto Electoral ampliaciones presupuestales que ascienden a $21'997,619.01 (veintiún millones novecientos noventa y siete mil seiscientos diecinueve pesos 01/100 M.N.), así como los recursos aprobados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve.

e. Se aclara que tuvo que aplicarse el presupuesto de egresos de dos mil diecinueve porque la Legislatura Local no aprobó la ley de ingresos ni el presupuesto de egresos de dos mil veintidós y porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del presupuesto de egresos de dos mil veinte.

f. Dado que el Poder Ejecutivo no ha violado la autonomía presupuestaria del organismo, e incluso le ha dotado de recursos económicos, es facultad del Instituto Electoral manejar, administrar y ejercer su presupuesto aprobado.

g. Para cumplir con sus obligaciones, el Instituto Electoral puede tomar medidas para reducir y racionalizar el gasto corriente, haciendo uso de los recursos provenientes de las economías que genere, en términos del artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

h. El Instituto Electoral es la autoridad obligada a cubrir el pago de la pensión por jubilación, pues la persona beneficiaria concluyó su relación laboral con dicho órgano constitucional autónomo.

i. Debe considerarse la problemática financiera del Estado, porque las pensiones de los trabajadores tienen como única fuente de ingresos el erario, por lo que del presupuesto de egresos de los Poderes y Municipios debe destinarse una partida para el pago de las pensiones de sus extrabajadores.

j. El Poder Ejecutivo no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones que tiene el Instituto Electoral con sus jubilados, y sólo debe hacerse cargo de sus propias obligaciones.

k. Los actos de promulgación y publicación emitidos por el gobernador del Estado fueron apegados al orden constitucional y legal vigente, de tal manera la impugnación que formula el Instituto Electoral es notoriamente improcedente e infundada.

9. Contestación del secretario de gobierno. Mediante escrito enviado el nueve de enero de dos mil veintitrés mediante Correos de México(1) y recibido el dieciséis del mismo mes y año en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Samuel Sotelo Salgado, secretario de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos rindió su contestación de la demanda, señalando esencialmente lo siguiente:

a. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana no impugnó por vicios propios la publicación del Decreto 435 impugnado, el cual es el único acto atribuible al secretario de Gobierno.

b. El Poder Ejecutivo está facultado para publicar y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones y para promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso; y por su parte, al secretario de gobierno le corresponde refrendar el decreto promulgatorio con fundamento en lo establecido en la Constitución Local y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Por ello, se sostiene la constitucionalidad de dichos actos.

c. La impugnación es notoriamente improcedente e infundada, porque los actos apuntados no invaden el ámbito de facultades constitucionales del Instituto Electoral, sino que, por el contrario, la actuación del secretario fue apegada a las leyes.

10. Opinión del fiscal general de la República y del consejero jurídico del Gobierno Federal. Dichas autoridades no emitieron opinión.

11. Audiencia. El treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ley reglamentaria de la materia),(2) donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas por las partes.

12. Cierre de la instrucción. El once de abril de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del presente proyecto de sentencia.

13. Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor, el asunto quedó radicado en la Primera Sala.

I. COMPETENCIA

14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal;(3) 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con lo dispuesto en los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario Número 1/2023,(5) ya que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana no impugna una norma general, por lo que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno. II. PRECISIÓN DE LA LITIS

15. Es requisito indispensable fijar de manera breve y precisa las normas generales, actos u omisiones que sean materia de la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia.(6)

16. En su demanda, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana impugnó el artículo 2o. del Decreto 435, porque establece una pensión por jubilación a favor de Melody Ivonne Zamudio Solís, con cargo al erario del propio instituto y sin que se le hayan transferido los recursos económicos para enfrentar dicha carga.

17. El decreto impugnado establece literalmente lo siguiente:

Ver decreto impugnado

18. Por lo tanto, esta Primera Sala tiene como efectivamente impugnada la porción normativa del artículo 2o. del Decreto 435, que a la letra dice: "y debe ser cubierta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso d), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en vigor", pues en dicha porción se encuentra lo impugnado por el instituto promovente.

III. OPORTUNIDAD

19. El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia(7) dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan en función del tipo de acto controvertido.

20. En el expediente no consta la fecha en que se haya notificado el Decreto 435 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el cual, sin embargo, manifestó que tuvo conocimiento del decreto el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, fecha en la cual Melody Ivonne Zamudio Solís le presentó una copia certificada de dicho acto y le solicitó el pago de la pensión por jubilación que le había sido concedida. En ese entendido, el plazo de treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional transcurrió del jueves veinticinco de agosto al lunes diez de octubre de dos mil veintidós.(8)

21. En consecuencia, dado que la demanda se presentó el trece de septiembre de dos mil veintidós, su promoción fue oportuna.

22. Esta Primera Sala resolvió en los mismos términos la controversia constitucional 75/2021, resuelta en la sesión de ocho de diciembre de dos mil veintiuno por mayoría de votos.(9)

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

23. El carácter de parte actora lo tiene el Poder que promueve la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarla, de conformidad con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.(10)

24. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ("Instituto Electoral") es un organismo constitucional autónomo en términos de los artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y 23, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución del Estado, por lo que se trata de uno de los entes legitimados que pueden promover una controversia constitucional, según se desprende de la fracción I del artículo 105 constitucional.

25. El Instituto Electoral compareció al juicio por conducto de su consejera presidenta, Mireya Gally Jordá, personalidad que se le reconoce en el acuerdo de designación de diecisiete de abril de dos mil veintiuno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; dicha funcionaria está facultada para promover el presente medio de control en representación del instituto, conforme a la fracción I del artículo 79 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.(11)

26. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación activa, porque la presente controversia fue promovida por un órgano legitimado y mediante su debido representante.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

27. Los Poderes que pronunciaron el acto tienen el carácter de partes demandadas en la controversia, y deberán comparecer al juicio por conducto de los funcionarios legalmente facultados para representarlas, conforme a los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.(12)

28. En este caso, desde el acuerdo de admisión de la demanda el Ministro instructor reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo y al secretario de Gobierno del Estado de Morelos, porque se les atribuye, respectivamente, la emisión, publicación y refrendo del Decreto 435 impugnado.

29. V.1. Poder Ejecutivo. Ahora bien, Dulce Marlene Reynoso Santibáñez compareció al juicio en su carácter de consejera jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, calidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, publicada el cuatro de mayo de dos mil veintidós en el medio oficial local. Esta funcionaria cuenta con la facultad de representación legal conforme al artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.(13)

30. V.2. Poder Legislativo. El Poder Legislativo compareció al juicio mediante el diputado Francisco Érik Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, calidad que acreditó con la copia certificada de la sesión de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno en la que fue electo para el cargo por el periodo que comprende del primero de septiembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Su facultad de representación legal consta en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.(14)

31. V.3. Secretario de gobierno. Samuel Sotelo Salgado compareció al juicio en su carácter de secretario de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, calidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, publicada el cuatro de mayo de dos mil veintidós en el medio oficial local. Su legitimación pasiva deviene de que refrendó el decreto impugnado.(15)

32. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de la legitimación pasiva, pues dos Poderes y la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos acuden como partes demandadas a la presente controversia mediante sus debidos representantes.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

33. Lo referente a la procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas.

34. VI.1. Extemporaneidad. El Poder Legislativo del Estado de Morelos afirma que la presente controversia es improcedente en términos del artículo 19, fracción VII, en relación con el 21 de la ley reglamentaria de la materia,(16) porque la demanda se presentó fuera del plazo legal. No obstante, para esta Primera Sala dicha causa de improcedencia es infundada, porque tal como se analizó en el apartado tercero de esta sentencia, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana promovió su demanda dentro del plazo establecido en la ley reglamentaria de la materia, por lo que su presentación sí fue oportuna.

35. VI.2. Promulgación, publicación y refrendo. El Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno del Estado de Morelos señalaron que la controversia es improcedente, porque los actos de publicación y promulgación y de refrendo fueron realizados en apego a lo establecido en las normas locales. Sin embargo, para esta Sala esta causa de improcedencia es infundada, porque ambas autoridades forman parte del proceso de creación del decreto impugnado, por lo que tanto su participación como la consiguiente constitucionalidad de su actuación es susceptible de analizarse en este medio de control, conforme al artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(17)

36. VI.3. Principio de definitividad. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia,(18) que establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.

37. El Poder Ejecutivo señala que en términos del artículo 321 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,(19) el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ("Instituto Electoral") promovió ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos un juicio electoral, radicado con el número de expediente TEEM/JE/19/2022-1, en el que el propio instituto señaló como acto impugnado el oficio SH/CPP/DGPGP/2845-GH/2022 de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, donde la Secretaría de Hacienda del Estado señaló que era imposible ministrarle la ampliación presupuestal requerida mediante dos oficios para dar cumplimiento a la pensión por jubilación prevista en el Decreto 435.

38. El doce de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal Electoral emitió sentencia donde declaró fundados e infundados los agravios, y en los efectos ordenó (i) al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda remitir en un plazo de veinticuatro horas al Congreso Local la petición de ampliación presupuestal del Instituto Electoral, conforme al estudio que para tal efecto realicen y señalando la fuente de ingre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31780-aacae8e8/i-controversia-constitucional-el-instituto-morelense-de-procesos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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